lunes, 29 de septiembre de 2008

HEMEROTECA

EN ESTA SECCIÓN , INSERTAREMOS ARTÍCULOS APARECIDOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN , QUE CREAMOS OPORTUNO DIFUNDIR.

En esta ocasión insertamos un artículo de opinión , aparecido en el Diarío Publico el 28/9/08



Fusilados por la Justicia Nacional
Los expedientes del Centro de la Memoria Histórica revelan cómo se certificaban los asesinatos políticos
FÉLIX POBLACIÓN - 28/09/2008 10:27
Entre la copiosa y valiosa documentación conservada en el que fuera Archivo General de la Guerra Civil en Salamanca, hoy Centro Documental de la Memoria Histórica, figuran miles de expedientes de los ciudadanos españoles represaliados por el franquismo durante el conflicto armado y la subsiguiente y larga dictadura.
Ya fuera por su adscripción a sindicatos, organizaciones o partidos políticos proscritos ulteriormente por el régimen del llamado Glorioso Movimiento Nacional (GMN) del 18 de Julio, o por simpatizar simplemente con un ideario progresista, sus vidas quedaron marcadas por el delito de pensar, expresarse y asociarse libremente durante el régimen republicano, precedente del actual régimen democrático.
El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo actuó, una vez terminada la Guerra Civil, con toda contundencia. De su puntual, detallada y rigurosa ejecutoria tenemos hoy constancia gracias al fondo documental consultable en el CDMH.
Si, como dijo en este mismo periódico hace unas fechas Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, "los archivos garantizan los derechos y las libertades de los muertos y los vivos", la aportación del mencionado centro ante el genocidio franquista será fundamental.
Una lectura minuciosa de la documentación allí depositada que incumbe a ese tribunal nos permite observar que en muchos de los expedientes se da como razón del sobreseimiento definitivo del encausado el fallecimiento de éste.
En no pocos de esos casos la muerte pudo deberse a la aplicación del conocido como Bando de Guerra por parte del Ejército rebelde, aunque en ocasiones se pretende disimular esa ejecución con expresiones como "muerto por arma de fuego, hemorragia cerebral o hemorragia interna".
A veces, incluso, se da como único motivo, sin más, el "haberse opuesto al GMN", en cuyo caso procede afirmar según los ejecutores que la víctima fue "fusilada por la Justicia Nacional".
El profesor Juan Antonio Ferrer Benimeli señala como caso más ilustrativo de esas falacias tergiversadoras el del periodista masón Manuel Marín Sancho, profesor de Literatura y archivero del Ayuntamiento de Zaragoza.
Marín Sancho, fundador de la revista naturista Amanecer y del club también naturista Helios, fue fusilado el 1 de diciembre de 1936, pero al día siguiente su inscripción en el Registro Civil de Defunciones constaba así: "Falleció y fue autopsiado en el día de hoy, a consecuencia de fractura de cráneo y hemorragia interna, según resulta de certificación facultativa y reconocimiento practicado".
Hace algunas semanas, el juez Baltasar Garzón dictó una providencia para que, después de haber procedido la Audiencia Nacional en investigar durante años las desapariciones de ciudadanos durante los regímenes dictatoriales de América Latina, y hasta en China y Ruanda, se deje por fin de ignorar las que tuvieron lugar durante la contienda de 1936 y el franquismo en España, más de treinta años después del inicio formal del vigente periodo democrático.
Las listas recientemente entregadas cifran el número de víctimas en torno a 140.000. Se da la paradoja de que el juez Garzón no se apoyó en la llamada Ley de Memoria Histórica para tomar esa tardía y necesaria decisión, sino en las incongruencias e insuficiencias jurídicas de la misma, pues el objetivo perseguido por la citada providencia quedaba hasta la fecha, en virtud de esa ley, en manos de los particulares, no en las del Estado democrático al que debería competer.
Es de suma coherencia con la razón y objetivos de la entidad que el nuevo Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, con la recién inaugurada y al parecer ambiciosa proyección que lo define, colabore en la investigación y búsqueda de los desaparecidos más olvidados de una dictadura de casi 40 años por parte de una democracia de más de 30.
No faltan en el CDMH expedientes en los que las víctimas mortales del franquismo tienen como ficha descriptiva de su desaparición, además de una defunción no certificada, unas palabras mecanografiadas que indican escueta y desoladoramente "muerto en la carretera o en el camino" de tal o cual localidad. Tal referencia puede ser quizá la seña más flagrante que podamos tener por escrito de un asesinato impune y de la posterior desaparición de la víctima durante la represión fascista en la Guerra Civil.
Que esos y otros muchos nombres, enterrados durante decenios en las cunetas y las fosas del olvido, hayan tenido que esperar tanto tiempo para asomarse a la luz de la justicia es una deuda difícilmente justificable, porque, como dijo mi admirado escritor y poeta Mario Benedetti, con relación a otros desaparecidos más jóvenes que hablaban nuestro mismo idioma al otro lado del Océano, "es posible que hayan extraviado la brújula/ y hoy vaguen preguntando/ dónde carajo queda el buen amor/ porque vienen del odio".
El pasado 26 de diciembre las Cortes Generales aprobaron la Ley de la Memoria Histórica, que en su artículo 15 especifica que "es obligación de las administraciones públicas tomar las medidas oportunas para la retirada de escudos insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura".
Salamanca, a través de su CDMH, puede prestar una valiosa colaboración en el hallazgo de las víctimas desaparecidas como consecuencia de aquel periodo histórico.
Por eso, que permanezcan expuestos en aquella capital hasta veinticuatro símbolos franquistas resulta cuando menos un desatino, máxime si para colmarlo sigue siendo Francisco Franco hijo adoptivo y alcalde honorario de la ciudad.

miércoles, 24 de septiembre de 2008

RECOMENDACIONES: DOCUMENTAL




Este sábado a partir de las 21.10 horas (después del informativo) en Canal Sur Televisión se emite el documental "Siempre en silencio" que protagonizan Francisca Adame y María González. Se trata de la primera entrega de la serie documental Andaluzas, dirigida por Antonio Ramos.




Francisca Adame Hens es una activa militante de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.Su vida es la de las niñas que perdieron dos veces la Guerra Civil Española: por ser rojas y por ser mujeres. Su ejemplo, el de cuantos se afanan, por razones de justicia histórica y sin Ánimos de revancha, por rescatar del olvido a quienes perdieron la vida o la libertad, o fueron ofendidos por defender la democracia.La historia de Señá Francisca, como la conocen en el pueblo donde vive, Fuente Palmera, es un ejemplo de lucha y coraje ante la persecución padecida por su familia al término de la guerra civil. Persecución que convirtió su infancia y juventud en un ir y venir de las cárceles y de los campos de concentración en los que durante largos años estuvieron encerrados su padre, un guardia civil que luchó con la milicia republicana, y su hermano.Hasta los 65 años se dedicó a trabajar y a cuidar de su familia y de su casa. A esa edad pudo ir a la escuela para adultos y aprender a leer y a escribir. Desde entonces, utiliza la poesía como arma de paz para luchar contra las sombras que ahogaron su luz, para no olvidar esos años de miedo y falta de libertad, para recordarlos con la esperanza de que no vuelvan a repetirse nunca.

¿ Es posible hallar a las víctimas?


Insertamos artículo publicado en Público por nuestro compañero en la lucha por la memoria, Ángel del Río:



Diario público 23-9-08
ÁNGEL DEL RÍO SÁNCHEZ
Las providencias dictadas por el juez Garzón y su enorme repercusión mediática han disparado el número de personas que desean saber el paradero de sus seres queridos desaparecidos en los años de la Guerra Civil. Se cuentan por miles las personas que en las últimas semanas han manifestado este deseo, especialmente a las asociaciones memorialistas y a los ayuntamientos. Conviene aclarar, para no crear falsas expectativas entre los familiares, que la localización de los desaparecidos y su recuperación no siempre, ni siquiera en una proporción alta, es posible. Por diversas razones. Porque, llegado el caso hipotético de conocer de manera rigurosa el número y la identidad de las víctimas asesinadas, es muy difícil que se esclarezca el lugar donde fueron enterradas. Además, muchas de las fosas donde yacen sus restos, después de más de setenta años de abandono, han sufrido todo tipo de inclemencias que las han llevado a su destrucción parcial o definitiva.Buena parte de las fosas existentes se originan en el período comprendido entre julio de 1936 y febrero de 1937, en el que el instrumento principal de la represión son los bandos de guerra que instaban al asesinato sin procedimiento alguno. Este hecho provoca que apenas existan fuentes documentales sobre los desaparecidos y las fosas. En los libros de defunciones de los registros civiles, sólo hay inscritos una parte, a veces ínfima, de los asesinados y sólo en algunos casos se especifica el lugar de enterramiento. Apenas si se encuentran libros de registros de los cementerios en la mayoría de las localidades y la información de los archivos locales, militares y estatales, salvo excepciones, es escasa. De este modo, la historia oral es, todavía, la herramienta más útil para ubicar las fosas e identificar a las víctimas. No en vano, la inmensa mayoría de las 170 que se han abierto en los últimos años ha sido posible gracias a los testimonios de personas quefueron testigos de la represión.
A través de los testimonios, hemos conocido la mecánica de la desaparición forzosa: desde la detención ilegal de un individuo o grupo hasta su asesinato en las tapias de un cementerio o en un paraje desconocido, por lo general fuera de la localidad de vecindad. Esto complica la localización de muchas de las fosas que se ubican en campo abierto, pues la gente mayor, depositaria de los miedos introyectados por el franquismo, todavía se muestra reacia a hablar, aunque esta actitud poco a poco se está quebrando de la misma manera que cada vez son menos los testigos disponibles. También el masivo proceso emigratorio de los años cincuenta y sesenta que diezmó numerosas poblaciones rurales y que afectó, principalmente, a las familias de los vencidos, ha contribuido a una visible pérdida de la memoria colectiva en nuestros pueblos. Los miedos y el olvido han provocado que muchos de estos enterramientos clandestinos que no fueron de alguna manera señalados y protegidos por los familiares, hayan sido destruidos por un sinfín de motivos: corrimientos de tierras, construcción y ampliación de carreteras, urbanización de terrenos rústicos, acción de las alimañas…
Las fosas que se ubican en el interior de los cementerios no han corrido mejor suerte. Desde que fueron creadas, constituían un lugar degradado del cementerio sin señalización alguna y convertidas en auténticos vertederos. En los años de la Transición, se produjo un interesante movimiento en un significativo número de localidades, auspiciado por familiares y ayuntamientos de izquierdas, que acota y dignifica esos espacios con placas, lápidas y monolitos, o directamente se procede a la exhumación de las víctimas y su posterior inhumación en nichos y mausoleos. Estas acciones apenas cuentan con publicidad y se realizan en la intimidad familiar o, a lo sumo, adquieren una dimensión local. Pero la tónica mayoritaria es el abandono y el olvido, lo que ocasiona que la zona que ocupan las fosas comunes, normalmente junto a las tapias, sea la primera que se vea afectada por cualquier tipo de obra de ampliación del cementerio. De este modo, en una proporción muy alta, han quedado sepultadas bajo la construcción de bloques de nichos y de nuevas sepulturas. Por otra parte, desde 1936 hasta nuestros días han sido clausurados multitud de cementerios trasladándose los restos a otro nuevo. En algunos casos, los restos cadavéricos de las víctimas fueron depositados en los osarios confundiéndose con otros y destruyéndose con el tiempo. En otros, quedaron olvidados y acabaron sepultados en los cimientos de nuevas edificaciones. Las acciones destructivas que se han efectuado –y se continúan efectuando– sobre multitud de fosas durante siete décadas, incluidas las tres de democracia constitucional, suponen la prueba más inequívoca de que el olvido y la negación, cuando no el desprecio más absoluto, ha sido la posición hegemónica que las distintas administraciones han tenido hacia la memoria de las víctimas republicanas y antifascistas. Nunca ha existido una consigna –y menos aún una política– de protección de las fosas comunes. Toda medida efectuada en este sentido dependía de la sensibilidad y el empecinamiento de los familiares y, a veces, hasta de los propios sepultureros.
Ahora le corresponde a la Administración verificar la localización de las fosas detectadas y su protección ante nuevas agresiones. Y brindar a los familiares y a la sociedad la posibilidad de la exhumación de las víctimas que soliciten sus deudos, o la señalización y monumentalización de esos cementerios clandestinos para convertidos en “lugares de la memoria”. Desgraciadamente, para muchos familiares no va a ser posible averiguar el paradero ni rescatar los restos de sus seres queridos, pero les asiste el legítimo derecho de reclamar justicia, de pedir información y esperar una respuesta. Las decenas de miles de personas desaparecidas, después de tantos años de silencio y olvido, merecen, al menos, nuestro cariño y consideración.

ÁNGEL DEL RÍO SÁNCHEZ es coordinador del proyecto Mapa de Fosas de Sevilla

martes, 23 de septiembre de 2008

ACONSEJAMOS DOCUMENTAL

Arturo Carrasco,
en “Los Reporteros” de Canal Sur.
Viernes 26 a las 21 horas.
El reportaje trata única y exclusivamente sobre
los distintos archivos ( militares, registros
civiles, Salamanca, cementerios, municipales,
etc...) y su importancia en el rescate de la
Memoria Histórica. Dos historiadores,
Francisco Moreno Gómez y Francisco
Espinosa Maestre, narran los muchos
problemas que han tenido a lo largo de tres
décadas para recabar datos fidedignos sobre
los represaliados desde el golpe de Estado
hasta 1945 ( archivos dispersos, archiveros
recelosos, permisos imposibles de cumplir,
datos perdidos, lagunas documentales, sin
apoyo institucional...)y reclaman la apertura a
la sociedad de todos los fondos documentales
que tengan algo que decir sobre ese periodo.
En el reportaje además conocemos la historia
de Arturo Carrasco, un auxiliar de juzgado
jubilado, que de forma altruista rescató de la
quema y de su olvido total decenas de
expedientes que resumen parte de la represión
en la comarca minera de Huelva.
DIVULGA
Alcalde Isacio Contreras 2b local 8
41003 Sevilla
spcgta@cgt.es

domingo, 21 de septiembre de 2008

NOTA DE PRENSA DE AMHYJA Y GRUPO RMHS CGT ANDALUCÏA




22.208 serán –definitivamente y si no abre un nuevo plazo la Audiencia Nacional- los nombres de asesinados/fusilados, perfectamente documentados, que se entregarán el próximo lunes al juez Baltasar Garzón, por parte de los letrados (abogados y procuradores) de las organizaciones promotoras de http://www.todoslosnombres.org/; Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA) y la Confederación General del Trabajo (CGT.A), y que en estos momentos está patrocinada por el Ministerio de la Presidencia.

El pasado día 10 de Septiembre se remitió un primer envío de 21.951, al que se le han sumado desde entonces 357 nombres procedentes de varias localidades de Cádiz (Algodonales, Jerez de la Frontera, ..) de Málaga (Estepona) y de la sierra sur de Sevilla (Aguadulce, Lora de Estepa, El Rubio, Herrera, Casariche, Gilena, Marinaleda....). Además de 20 diputados de grupo parlamentario socialista naturales, vecinos o relacionados con Andalucía.

Estos 22.208 nombres, según algunos cálculos, puede significar –no más- del 30% del total de las víctimas de los territorios de donde tenemos datos.

El reparto geográfico de las víctimas es el siguiente:

Provincia
www.todoslosnombres.org
Otras fuentes
Jaén
1.749
3.040
Córdoba
557
10.000
Sevilla
3.159
11.400
Huelva
3.805
6.019
Cádiz
1.665
3.500
Málaga
2.894
7.000
Granada
25
7.000
Almería
367
373
Total Andalucía
14.223
48.332



Badajoz
7.524
7.603
Ceuta Melilla y norte de África
457
457
Otros
7

Total no andaluces
7.985
8.060
TOTAL
22.208
56.392

En el día de hoy (20.09.2008) la Base de Datos de http://www.todoslosnombres.org/ consta de 36.390 nombres de represaliados de la dictadura (cárceles, campos de concentración, exilio, deportados en campos nazis, procesados por el TOP, etc.) nos han sido cedidos por más de 200 colaboradores (investigadores, historiadores, familiares, entidades, asociaciones, etc.).

Ambas organizaciones (AMHyJA y CGT) están personadas en la denuncia que se interpuso ante el juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional el 18 de Julio de 2007.

Paralelamente, y ante la fuerte demanda de información desde el ámbito familiar http://www.todoslosnombres.org/ “...han comenzado a recomendar que, al menos, los vecinos y/o naturales de los municipios de Sevilla, Granada Málaga y Córdoba entreguen los datos a los alcaldes de dichas ciudades”, pues entre otras razones, ellos tienen esas responsabilidad y están requeridos por el Juez Garzón para ello, además de que tienen más medios técnicos y recursos humanos para hacerse cargo, y tramitar, dichos datos.

En cuanto a la provincia de Granada, también se recomienda la entrega de esos mismos datos al Rector de la Universidad de Granada, también requerido por Garzón, por este mismo motivo.

De la entrega de esos datos, ya sea a los ayuntamientos o a la Universidad de Granada, los “...interesados deben de quedarse con una copia sellada por esas instituciones como prueba de la gestión”.

Por otra parte www.todoslosnombres.org espera que las asociaciones, no personadas en la causa, pero que se han comprometido públicamente a la entrega de los datos que poseen a la Audiencia Nacional, se acerque a la cifra que nosotros calculamos en torno a los 56.392 nombres.

Por último y tras el llamamiento a la colaboración realizado a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz para que inste a las administraciones públicas andaluzas no requeridas por la Audiencia Nacional (Ayuntamientos y Gobierno Andaluz) que entreguen, al menos, los resultados de las investigaciones –publicadas o inéditas- financiadas con dinero público. La idea es que “.. no se quede, ningún ciudadano, sin la posibilidad de que un familiar (fusilado/desaparecido) suyo no figure en los listados de víctimas de la dictadura”.

Sevilla 20 Septiembre 2008
Paqui Maqueda, Coord. por AMHyJA y Cecilio Gordillo, Coord. por CGT.A

AMHyJA. Blas Infante 4-8º. 41010 Sevilla. todoslosnombres.andalucia@yahoo.es


CGT.A. Alcalde Isacio Contreras 2b local 8. 41003 Sevilla. todoslosnombres@cgt.es

miércoles, 17 de septiembre de 2008

NUEVO COMISARIO DE MEMORIA HISTÓRICA EN ANDALUCÍA


El alcalde de Montellano nombrado comisario de Memoria Histórica.

correoandalucia.com/ C. Rengel

Tras un verano con la plaza vacante, la Consejería de Justicia acaba de designar a Francisco Salazar, alcalde de Montellano, como comisario de Memoria Histórica. Será el tercero en ocupar el sillón de interlocutor esencial que reclaman las asociaciones de represaliados. Y ése es su propósito: estar “más cerca” de las familias. “Tremendamente ilusionado, dispuesto a trabajar al máximo, agradecido por el nombramiento”. Así, con una mezcla de entusiasmo y responsabilidad, se encontraba ayer el aún regidor Francisco José Salazar Rodríguez (Montellano, 1968), después de que se hiciera público su nombramiento. Dice que no se lo pensó cuando la consejera, Evangelina Naranjo, le propuso el cargo. “Estoy encantado, porque conozco bien la legislación nacional y la andaluza, siempre me han interesado estos temas y creo que los políticos tenemos un compromiso con las peticiones legítimas de los familiares que no saben qué ha sido de los desaparecidos”, resume el alcalde. El comunicado hecho público por la Junta informa de que se ha optado por Salazar porque ha impulsado “numerosas acciones políticas” para recuperar la memoria histórica en su municipio, como la digitalización de sus archivos, la colocación de un monolito o la participación en seminarios sobre la materia. Ha impulsado la edición de un libro sobre el movimiento obrero, anarquista y sindical de su comarca y una biografía de Juan Pérez Mendoza, alcalde republicano de Montellano. Ingeniero técnico agrícola de profesión, Salazar no va a poder compatibilizar su nuevo cometido con la Alcaldía, por lo que “en estos días” preparará su relevo en Montellano. Desde hoy, su reto será “contactar cuanto antes con las asociaciones, que merecen un trato respetuoso y digno para que nadie condene a los suyos al olvido”; también completará su ronda de entrevistas con los ayuntamientos, diputaciones y demás organismos que investigan los años de la Guerra Civil y la posguerra.“Se me ha encargado que trabaje con celeridad y agilidad, pero también con rigor y planificación, en contacto con las universidades, con forenses. Ya se ha hecho un trabajo enorme con el mapa de fosas de la región y en esa línea debemos seguir”, sostiene. Salazar es el tercer comisario nombrado desde 2005, tras José María Romero y Fernando Soto que, denuncian las asociaciones, se fueron por falta de apoyo. El nuevo comisario no tiene miedo a las carencias: “Sé que la consejera –dice– está haciendo las cosas bien, dotando a la oficina de medios humanos y técnicos y dando ayudas con el decreto de subvenciones a los represaliados, por ejemplo. El esfuerzo de Justicia es importante”. Rafael López, presidente de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, una de las denunciantes ante la Audiencia Nacional, reconoció que “desconocía” la labor de Salazar pero que “confiaba” en su “sensibilidad” para con las víctimas. “Vemos por su currículum que tiene ganas de trabajar, pero lo que pedimos es que se dote de contenido a su oficina y que cuente, de una vez por todas, con apoyo económico y político”, concluyó.

lunes, 15 de septiembre de 2008

NUEVO ENLACE A LA PLATAFORMA POR VÍCTIMAS DESAPARICIÓN FORZADA DEL FRANQUISMO

Desde hoy contamos con un nuevo enlace :
PLATAFORMA POR VICTIMAS DESAPARICION FORZADA DEL FRANQUISMO
Este blog se crea por la Plataforma por Víctimas de Desaparición Forzada del Franquismo. La plataforma está constituida por las Asociaciones del Estado Español personadas en la Causa presentada en los Tribunales cuyo principal objetivo es la búsqueda y la recuperación de los restos de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo víctimas de la represión.

Para acceder: Picar en linK: Plataforma Desaparecidos

sábado, 13 de septiembre de 2008

ENTREVISTA A PAQUI MAQUEDA VICEPRESIDENTA DE AMHJ DE ANDALUCIA

PETICIÓN DE COLABORACIÓN AL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ



Piden al Defensor del Pueblo Andaluz que haga un llamamiento a la colaboración de los ayuntamientos, y otras instituciones públicas, para documentar, ante Garzón, las victimas del franquismo.

En el día de hoy se ha celebrado una reunión, en la sede del Defensor del Pueblo Andaluz, entre su responsable José Chamizo y su adjunto Luis Pizarro, con Cecilio Gordillo, Coordinador de “RMHSA” de CGT.A a petición de este último.

En la reunión se le ha trasladado al Defensor la escasa –casi nula- colaboración de las corporaciones locales de Andalucía y Junta de Andalucía, a fin de suministrar información al titular del juzgado nº de 5 de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ya sea por iniciativa propia o suministrando documentación a las entidades denunciantes o personadas, todo ello a pesar de ser invitadas para hacerlo, todo bajo el argumento de que “...nosotros no hemos recibido ninguna notificación del juez para remitir información/documentación sobre el asunto”.

Asimismo se le ha trasladado que haga gestiones directas con los Ayuntamientos de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, así como con el rector de la Universidad de Granada para que recojan la información que los familiares de los fusilados en dichas localidades y provincia (caso del Rector) desean sean remitidas a Garzón, ya que personalmente no pueden hacerlo, al no estar personadas y no tener garantías de que las cartas remitidas directamente a la Audiencia sean tenidas en cuenta y añadidas a la documentación que está siendo remitida por las organizaciones personadas y que en estos días se encuentran desbordadas.

Para “RMHSA” de CGT.A “...es fundamental que no se quede, ningún ciudadano, sin la posibilidad de que un familiar –fusilado/desaparecido- suyo no figure en los listados de víctimas de la dictadura”.

En este sentido ya se viene recomendando -por las entidades andaluzas personadas (AMHyJA y CGT)- a los vecinos y/o naturales, o de aquellos que fueron fusilados en los municipios de Sevilla, Granada y Córdoba entreguen los datos a los alcaldes de dichas ciudades, pues entre otras razones, ellos tienen esas responsabilidad y están requeridos por el Juez Garzón para ello, además de que tienen más medios técnicos y recursos humanos para hacerse cargo, y tramitar, dichos datos.

lunes, 1 de septiembre de 2008

Garzón quiere saber los nombres de los enterrados en fosas comunes durante la Guerra Civil y el franquismo



Extraido de El Público. 1/9/2008



El juez del Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha pedido al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que le notifique los nombres de las personas que fueron enterradas en fosas comunes durante la guerra civil y el franquismo. La petición del juez también se extiende a los alcaldes de Granada, Córdoba y Sevilla y reclama, además del nombre de esas personas, su fecha y lugar de nacimiento, residencia y filiación.
En una providencia, Garzón pide también al abad del Valle de los Caídos, al Archivo General de la Administración, a la Conferencia Episcopal y al Centro Documental de la Memoria Histórica que le informen sobre el número de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, con el fin de determinar si es competente para investigar estos hechos.
En concreto, a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial les reclama que le proporcionen los nombres de las personas que están enterradas en este lugar.
La Conferencia Episcopal deberá permitir el acceso a los libros de difuntos de todas las parroquias españolas
Por su parte, la Conferencia Episcopal deberá permitir que la Policía Judicial acceda a todas las parroquias de España (un total de 22.827) para que les faciliten los libros de difuntos de los que disponen con el fin de identificar a las posibles víctimas desaparecidas a partir de aquella época.
Se dirige también al Archivo General de la Administración para que le emita un informe o le identifique el organismo que pueda dictaminar sobre la cifra de desaparecidos, y al Centro Documental de la Memoria Histórica le pide que le haga llegar los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo de los que disponga. Otro de los organismos a los que se remite es la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Garzón requiere a una de las partes personadas -hay un total de ocho asociaciones de familiares de desaparecidos- que aporte los datos que tenga sobre las personas que estén realizando exhumacones de víctimas de desapariciones forzadas, con el fin de que estas actuaciones puedan ser controladas por su juzgado "tanto en su ejecución como en su resultado, una vez que se resuelva sobre la competencia".
Ocho denuncias hasta ahora
A finales del mes de junio, el magistrado ya pidió informes a los Ministerios del Interior y de Defensa sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo con el fin de determinar si es competente para investigar estos hechos. Entonces también solicitó a los denunciantes de estos casos que aporten las identificaciones correspondientes a estas personas de cuyo paradero aún no se sabe nada, y las circunstancias, si se puede, en que se produjeron.
Asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo han presentado hasta ahora ocho denuncias en el juzgado de Garzón por diferentes casos en Navarra, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Andalucía y un caso individual de un diputado socialista, y, de forma genérica, han denunciado la desaparición de unas 30.000 personas durante esa época.

MICROBIOGRAFÍA DE NUESTRO PAISANO MARIANO MORENO MATEO EN TLN


Micro Biografía descargada de www.todoslosnombres.org Moreno Mateo, Mariano
Autor: Aurelio Martín Nájera
Nació en Marchena (Sevilla) el 10 de abril de 1895.
Abogado. Doctor en Derecho. Diplomado por el Instituto Español Criminológico (1922). Cuatro años de prácticas de psiquiatra forense. Licenciado en Historia Antigua y Media por la Universidad de Madrid.
Ingresó en el PSOE en 1926 perteneciendo sucesivamente a las agrupaciones socialistas de Marchena, Sevilla y Madrid. Por su participación en la huelga general de diciembre de 1930 tuvo petición de pena de muerte siendo su proceso sobreseído con la proclamación de la República.
Alcalde de Marchena. Delegado de Trabajo en Andalucía, Extremadura y África. Vicepresidente de la Asamblea de Mancomunidades de la provincia de Sevilla. Abogado de la Federación Nacional del Transporte y del Sindicato de Obreros Mineros de Asturias. En septiembre de 1933 fue nombrado por las Cortes de la República, fiscal de la acusación contra el banquero Juan March.
Masón. Iniciado en 1932 con el nombre simbólico de "Luciano" perteneció a las logias "Mare Nostrum" n° 11 de Madrid e "Independencia" n° 30, alcanzando el grado 33.
Diputado por Sevilla-provincia en las elecciones de 1931 y por Oviedo en las de 1936.
Especializado en materias penales, defendió a numerosos socialistas implicados en la revolución de octubre de 1934. En diciembre de 1935 fue procesado acusado de haber extraviado documentación de la causa seguida contra los hermanos médicos Barreiro, que habían sido condenados a muerte. Fue sobreseído con el triunfo del Frente Popular tras ser elegido diputado.
Durante la guerra civil fue Presidente del Comité de Abastos en Asturias, Magistrado del Tribunal Popular de Responsabilidades Civiles en Barcelona, Secretario de Embajada y Jefe de la Sección de Asuntos Judiciales del Ministerio de Estado.
En 1939 se exilió a México, donde trabajó como periodista colaborando y siendo corresponsal de las revistas Tiempo y El Noticiero Mexicano. Murió en dicha ciudad el 28 de mayo de 1971.
Fuente: Aurelio Martín Nájera: Segunda República. El Grupo Parlamentario Socialista. Fundación Pablo Iglesias, 2000.

DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVOS MILITARES: LOS CONSEJOS DE GUERRA PRACTICADOS EN HUELVA DESDE 1936-1943

Un archivo digital de Huelva reúne 5.067 casos de represaliados.El País. Andalucía: MANUEL J. ALBERT - Huelva - 01/09/2008 Investigar la Guerra Civil española y la represión franquista en los archivos militares puede ser un infierno. Los hay herméticos, como el de Granada, como señalan expertos consultados; o colaboradores, como el de Sevilla. La Diputación de Huelva ha permitido que el investigador José María García Márquez ordene y digitalice la documentación sobre los consejos de guerra practicados en Huelva entre 1936 y 1943 a 5.067 personas y que terminaron con el fusilamiento de 386 de ellas. Los casos documentados suponen un 80% del total. El archivo de Sevilla, a diferencias de otros, ha satisfecho las necesidades de García Márquez. A su vez, se ha visto beneficiado, ya que este especialista ha catalogado más de 8.000 procedimientos militares que no estaban en ficheros. Y es que el desorden y la propia desaparición de conjuntos enteros de documentación son los principales problemas a los que se enfrentan a diario aquellos que consiguen acceder a alguno de los archivos militares existentes en España.Estos archivos están cerrados a los investigadores y sus responsables se defienden de éstos imponiendo demoras eternas en la concesión de permisos. "El archivo de Madrid ha llegado a dar plazos de 18 meses para entregar un expediente", recuerda García Márquez.Con la iniciativa de digitalizar el archivo de Huelva -gracias a un convenio de 2006 entre la Diputación de Huelva y el Archivo Militar de Sevilla por iniciativa del historiador Francisco Espinosa y del entonces presidente provincial, José Cejudo-, además de preservar su existencia, se trata de agilizar al máximo el acceso de todos aquellos, investigadores o familiares, que deseen saber lo ocurrido en la provincia con los represaliados que pasaron por los consejos de guerra."El fin último que nos propusimos fue que toda la documentación, además de ser digitalizada y puesta a disposición de la Diputación, se mandase a todos los ayuntamientos y se colgase en Internet", recuerda Cecilio Gordillo, coordinador del proyecto Todos los nombres.Los investigadores están ahora a la espera de que la Diputación de Huelva lleve a cabo estos últimos pasos. Además, las familias también esperan, pues estos fondos suponen un viaje sentimental al corazón del drama de muchas de ellas, ya que entre la documentación abundan panfletos, cartas manuscritas y fotografías de encausados y fusilados. "Para muchas familias, son lo único que les queda de sus seres queridos que perdieron en la guerra", destaca García Márquez.Cuando finalmente el archivo de Huelva esté a disposición de todos en la Red, los expertos tendrán un filón de información a su alcance para conocer una parte de los horrores de la Guerra Civil en Huelva. Una provincia que, según las últimas estimaciones, sufrió el fusilamiento de al menos 6.019 personas, 386 condenadas por consejos de guerra y el resto por bandos de guerra, es decir, fusilamientos sin juicio alguno."Estudiando a fondo la documentación militar que hemos catalogado y digitalizado, se pueden conocer otros muchos datos de personas fusiladas de las que, hasta ahora podíamos no tener constancia. Pero hasta que no abran a los investigadores los archivos de las comandancias de puesto de la Guardia Civil, los de los Gobiernos Militares y los de la policía, nunca se sabrá a ciencia cierta el volumen de la represión en España y todas las cifras serán estimativas", recalca García Márquez.