OFRENDA FLORAL EN EL CEMENTERIO DE MARCHENA

OFRENDA FLORAL EN EL CEMENTERIO DE MARCHENA

Como cada 1 de Noviembre, festividad de los Difuntos, convocamos a nuestros soci@s y amig@s en la puerta del cementerio de Marchena a las 12 de la mañana.


Realizaremos una ofrenda floral y dedicaremos unos minutos al homenaje de nuestros familiares asesinados.



Salud y Memoria.

D I M E.

ENTREVISTA AL HISTORIADOR FRANCISCO ESPINOSA

ENTREVISTA CON FRANCISCO ESPINOSA

El"PP y PSOE han estado en contra de la búsqueda de los desaparecidos"

El historiador extremeño Francisco Espinosa repasa los avances y retrocesos que en materia de memoria histórica se han hecho en nuestro país

PÚBLICO.ES/ ISABELA VALLE Sevilla 30/10/2013 07:30 Actualizado: 30/10/2013 10:03

El historiador extremeño Francisco Espinosa

Francisco Espinosa (Villafranca de los Barros, Badajoz, 1954) comenzó a investigar el golpe militar, la represión y la guerra civil en los años ochenta, antes de que surgiera el movimiento memorialista. Los familiares de los desaparecidos le propusieron como asesor en el frustrado sumario abierto por el juez Baltasar Garzón. Sigue reivindicando la historia ante la ocultación. La memoria frente a la impunidad del olvido.

¿Cómo valora la visita del Grupo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU?
Es importante que haya estado en  España. La noticia ha recorrido todos los medios y aunque el Gobierno haya intentado no hablar del asunto, quiera o no, se ha visto tocado por ello. Creo que la representante del Grupo, Jasminska Dzumhur, después de lo que vio y escuchó, y del material que se le proporcionó, se podrá hacer una idea de lo ocurrido. El informe que publicaron tras la visita fue contundente. Ahora lo que queda por ver es la efectividad que puede tener este Grupo en un caso como el español, ya que la normativa de la ONU le impide tratar casos anteriores a su creación en 1945. Lo sabremos el año que viene. 

¿La conciencia social ha sido paralela a la labor de los historiadores?
No. A finales de los setenta, cuando se dieron los primeros pasos para acceder a los archivos, la sociedad no estaba interesada. Sin embargo, cuando se publicaban libros sobre el golpe y la represión, se agotaban, porque versaban sobre un tema que se consideraba prohibido. También influyó el hecho de que, con la llegada del PSOE al poder en el 82, y al contrario de lo que se podía esperar, se produjo una reafirmación de que había que olvidarse del pasado. Ese mensaje se impuso durante años. El cambio de signo coincidió con la salida del PSOE y la llegada del PP. El movimiento memorialista se formó entre 1997 y 2002, y es entonces cuando se gestó cierta colaboración entre la historia y la memoria. Su eclosión alcanzó hasta 2008, cuando el Poder Judicial cortó de raíz la iniciativa de las organizaciones que se involucraron en el auto dictado por el juez Garzón. El movimiento asociativo quedó muy dañado.

Los testigos de aquel periodo son ahora muy mayores 
Esta idea de que lo que nos importaba era el futuro evitó que los propios protagonistas dieran abiertamente su testimonio. Recuerdo que tras la publicación de algunos de mis trabajos, antes de la irrupción del movimiento en pro de la memoria, la gente se asombraba de poder ver listados con sus familiares y vecinos asesinados. Allí estaba a la vista el pasado que se había silenciado, y para ellos estos libros tenían un valor parecido al de un acta de defunción. Los historiadores sabemos que la memoria forma parte de la historia. Cuando consultas informes o sumarios de los consejos de guerra, te das cuenta de que aquello era la punta de un iceberg, y sólo a veces logras acceder a la zona oculta. En España, el momento de hablar nunca llegó. Muchos testigos han muerto sin poder contar sus vivencias.

¿Por qué se continúa guardando silencio? Existen una serie de razones, algunas muy claras. Cuando se produce el final del fascismo en Europa, en España no ocurrió nada, y posteriormente, con la guerra fría, el régimen se perpetuó. Aunque existió una fuerte crítica de la ONU, se permitió que la dictadura prosiguiera, y que al final fueran el propio dictador y la oligarquía beneficiada por el régimen, con la supervisión de la CIA, los que trazaran por dónde iba a ir el futuro. En España no ha habido posibilidades de plantearse las cosas como se hicieron en Europa, donde sí hubo una catarsis y un cierre. Esa situación aquí no se ha dado, ni durante la Transición, ni después de ella. Por eso existe una derecha que nunca ha reconocido el franquismo. Incluso algunos de sus dirigentes han realizado declaraciones en el sentido de que fue un régimen que, a pesar de que no permitía elecciones, tuvo elementos positivos. Desde esta posición, no hay posible evolución, porque no ha habido ruptura. Se trata de una continuidad permanente, y no se plantea la validez y la legalidad de este proceso. Así ha sido hasta ahora, cuando ha empezado a cambiar.

¿Y qué hizo la izquierda?
No hizo nada. Simplemente, se adaptó. Intercambiaron poder por legitimidad. Los que vivimos aquella época sabíamos, evidentemente, que la dictadura era muy potente todavía. Fue un intercambio desigual. La derecha proporcionaba poder, y la  izquierda dilapidó la fuerza y la dignidad acumuladas en la dictadura. Las voces discrepantes fueron neutralizadas.

El número de desaparecidos oscila entre 100.000 y 150.000. ¿Es una cifra fiable? 
Moverse con números siempre es fácil, y se requiere bastante esfuerzo para que esa cifra represente algo. En un trabajo que coordiné en 2010 para la editorial Crítica recogí todo lo que se había ido publicando sobre represión en distintas regiones del país, desde los ochenta hasta ahora. Después de extraer toda esta información llegué a 130.199 víctimas. Una cifra que aumentará si se sigue investigando. Sin embargo, los números de la represión que sufrió la derecha van a cambiar poco, porque se conocen. Son 49.000 personas, y existe una amplia documentación que puede confirmar caso por caso, pueblo por pueblo y comunidad por comunidad. Se pueden conocer los nombres de las víctimas, los testimonios de los familiares, y hasta los nombres de los culpables. Sin embargo, el problema es la represión que afectó a los otros. La dictadura intentó que quedara el menor rastro posible y todavía hoy no está claro qué fondos documentales existen, ni dónde se encuentran.

Entonces, ¿es más peligroso el silencio o la ocultación?
Vivimos en un país en el que no sabemos qué hay realmente en los archivos. Por ejemplo, parte de los documentos que tenían los militares en las auditorías de guerra y la información de la que disponía la Policía y la Guardia Civil en sus archivos, aún no han aparecido. Un acuerdo secreto del Consejo de Ministros tomado en tiempos de Zapatero y Moratinos mantiene que no se puede solicitar documentación considerada peligrosa, y remiten a la Ley de Secretos Oficiales de 1968 que, aunque modificada, sigue siendo básicamente la misma. Otro caso fue el de la desclasificación de 10.000 documentos militares, fechados entre 1936 y 1968. Los historiadores nos preguntamos cómo era posible que todavía estuviesen clasificados, cuando eso va contra la Ley de Patrimonio Histórico Español, que marca un plazo de 50 años a partir de su fecha para la consulta. Ese proyecto lo inició la ministra de Defensa Carme Chacón, pero no llegó a pasar por el Congreso y tras la llegada del PP, el nuevo ministro dijo que si su antecesora en el cargo no lo había considerado oportuno, por qué había de hacerlo él. ¿Qué documentos pueden ser éstos, de los años 36, 37, o 38, que atentan contra los intereses del Estado o a la seguridad nacional? Estamos intentando llegar a ellos a través de una abogada especializada en acceso a la información, pero todavía no sabemos el final de este asunto. Diversos partidos han preguntado al Gobierno y lo último que hemos leído es que parece que se está pensando en desclasificarlos. A ver si es cierto.

Ha afirmado que la represión no fue una consecuencia de la guerra, sino que formaba parte del proyecto de la sublevación. 
El primer objetivo del golpe fue el terror y la paralización de la población, para que no opusiera resistencia. Pero no lo consiguieron, y el golpe derivó en guerra. Lo que parece claro es que los cinco años de República significaron tal provocación por las medidas que intentó tomar, y por las reformas que afrontó, que decidieron acabar con ella. Esto se percibe cuando se contempla la parte del país en la que triunfa el golpe: todo el occidente peninsular, desde Galicia hasta Cádiz, toda la zona de Aragón, Navarra, Baleares, Canarias. Ahí no se produjo ninguna guerra civil, porque lo que se dio fue un golpe que arrasó poblaciones y eliminó a alcaldes, concejales, cargos sindicales y a todas aquellas personas que consideraron contrarias. Hasta los nazis les aconsejaron realizar consejos de guerra, que se establecieron de forma generalizada a partir de febrero de 1937, y se prolongaron hasta 1945, e incluso más, por la resistencia guerrillera de finales de los cuarenta.

La ley de Memoria Histórica supedita la búsqueda de los desaparecidos a la iniciativa civil. ¿Por qué no la asume el Estado?
Porque se tendría que asumir la matanza fundacional del franquismo: que aquí sucedió como en Chile y en Argentina, en Honduras y El Salvador. Un golpe de Estado que para imponerse acabó con la vida de miles de personas, y que el franquismo se edificó sobre esa base. Muchos, incluidos del ámbito intelectual, están de acuerdo en que los restos de los desaparecidos deben exhumarse y entregarse a los familiares. Pero al mismo tiempo, han estado en contra de todo el movimiento de memoria y la investigación de la represión. La negativa a que se tomen medidas de sentido común no sólo viene desde el PP, sino también desde el PSOE. Esa es también una de las razones por las que no se ha avanzado realmente, porque tanto unos como otros están de acuerdo en cuestiones básicas. La primera de ellas es que la Transición es un valor permanente fuera de duda. Tratar de establecer lazos con la última experiencia democrática, la Segunda República, está vetado, porque el único referente debe ser la Transición.

¿La actuación de las administraciones en el cementerio malagueño de San Rafael es un ejemplo a seguir?
Allí no lo han hecho mal. Pero el caso del cementerio de Málaga es peculiar. Esa ciudad se ocupa en febrero del 37, y fue la primera en la que actuó la Fiscalía del Ejército de Ocupación con sus consejos de guerra. Constituían una farsa, pero al menos dejaban rastro: sentencias, certificados médicos, oficios a los juzgados, actas de defunción. En Málaga se sabe quienes murieron en San Rafael, y lo que se va a hacer es dignificar sus restos con la colaboración de los familiares. La Fiscalía actuó en todas las ciudades a partir de entonces. Pero, en general, toda la primera fase del golpe, de julio del 36 a enero del 37, se hizo a partir de bandos de guerra. Es posible identificar a las víctimas cuando se trata de fosas con muy pocas personas, como ha sucedido en localidades pequeñas de Castilla y León. Pero en pueblos extremeños y andaluces, de 15.000 o 20.000 habitantes, con cientos de desaparecidos, no se puede.

¿Confía en que la Plataforma por la Comisión de la Verdad o la querella argentina cristalicen?
Uno procura no ser demasiado pesimista, porque la propia realidad te lleva a ello. Las iniciativas que se han emprendido en este sentido han fracasado todas. Primero aquí, porque el caso Garzón se cerró con la negativa del Tribunal Supremo a que en España se pudiera revisar la justicia franquista. Tampoco en los tribunales europeos ha prosperado. En cuanto a la Comisión de la Verdad, espero que se llegue a hacer. Sobre la conexión argentina, y la posible solución que podría venir por ahí, hay tantas esperanzas como dudas. Parece realmente complicado que en un Estado como el español se puedan producir fisuras que permitan revisar los crímenes de los golpistas y de la dictadura.

Presentación en Marchena del libro " Morón, consumatum, est"

El próximo marte, 5 de noviembre de 2013 a las 19,30 horas tendrá lugar en la sede de la Asociación Dignidad y Memoria DIME- MARCHENA, sita en C/ Carrera , la presentación del libro "  MORON, CONSUMATUM EST", editado por Planta Baja y con más de ochocientas páginas, fruto de una intensa investigación. Este libro no pretende reabrir ni hurgar en viejas heridas sino dignificar la memoria de aquéllos que han sido olvidados por la guerra civil  y  posterior represión.

El acto contará con la presentación de Paco Narváez, coordinador del evento y contará con la presencia del coautor Miguel Guardado Rodríguez.

El Sindicato de Estudiantes se unirá a la causa argentina que investiga los crímenes del franquismo

La organización presentará una querella por el asesinato de, entre otros, Enrique Ruano y Arturo Ruiz. "Nos sentimos herederos de todos los que lucharon contra la dictadura y por una Educación Pública, laica y de calidad", explica Ana García, secretaria general del Sindicato

Público.es /ALEJANDRO TORRÚS Madrid 24/10/2013 08:10 Actualizado: 24/10/2013 12:0561 Comentarios

• 
  

  El Sindicato de Estudiantes se unirá a la causa argentina que investiga los crímenes del franquismo y presentará una querella por los estudiantes asesinados por fuerzas del Estado y grupos de ultraderecha entre 1969 y 1977. La organización estudiantil pedirá que se investiguen las responsabilidades por los asesinatos, entre otros jóvenes, de Enrique Ruano, que cayó por un séptimo piso; Arturo Ruiz y Francisco Javier Verdejo, estudiante de Biología de 19 años que fue abatido por la Guardia Civil mientras huía por pintar en una pared "Pan, trabajo y libertad". Sólo llegó a escribir: "Pan, T...".

"Nos sentimos herederos de todos los que lucharon contra la dictadura y por una Educación Pública, laica y de calidad. Si hoy podemos salir a la calle a defender unos derechos conquistados como la Educación y la Sanidad es precisamente gracias a todos los que lucharon y defendieron un modelo de sociedad diferente", señala a Público Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes, que este jueves celebra su tercera jornada de huelga consecutiva.

La fecha de presentación de la querella, no obstante, aún no está definida aunque tanto desde el Sindicato como desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella aclaran que se empezará a trabajar de manera "más intensa" en el mes de septiembre. De momento, ambas partes han cerrado un compromiso verbal de colaboración, que será apreciable en las manifestaciones que este jueves se producirán en varias ciudades españolas y que contará con víctimas de la dictadura, que explicarán su lucha contra la impunidad del franquismo.

"Luchábamos, como vosotros, por un país más justo" 

De hecho, Chato Galante, miembro de la Coordinadora y militante del movimiento estudiantil en la época de la dictadura, participó ayer, miércoles, en la manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes en Madrid. "El movimiento estudiantil fue un pilar clave para la lucha contra el franquismo. Luchábamos por lo mismo que vosotros y, probablemente, contra la misma gente. Hemos tenido que ir a Argentina para denunciar a la gente que nos detuvo y nos torturó. Luchábamos, como vosotros, por un país más justo", aseveró Galante a la multitud desde el micrófono del Sindicato.

De momento, la lista de estudiantes asesinados por grupos de extrema derecha o fuerzas del Estado entre 1969 y 1980 que manejan ambas organizaciones y que está preparando la Coordinadora asciende a catorce víctimas, aunque solamente nueve de ellas podrán ser incluidas en la querella ya que la causa argentina investiga los crímenes cometidos hasta el 15 de junio de 1977.

Entre las víctimas que se quedan fuera de la investigación destaca el caso de Yolanda González, cuyo asesino, el ultraderechista Emilio Hellín Moro, fue contratado hasta en 15 ocasiones por el Ministerio del Interior en 15 ocasiones entre 2006 y 2011 facturando 140.000 euros por sus servicios, según desveló una investigación de El País.

Estudiantes asesinados hasta 1977

Enrique Ruano Casanova. Estudiante miembro del Frente de Liberación Popular de España (FELIPE), grupo político que luchó contra el franquismo. Fue detenido el 17 de enero de 1969 por arrojar propaganda de su partido en la calle y trasladado a Comisaría. Tres días más tarde, Ruano fue llevado a un edificio de la calle Príncipe de Vergara (entonces General Mola) de Madrid, para efectuar un registro de su vivienda, y allí se 'cayó' por una ventana del séptimo piso, mientras estaba custodiado por tres policías de la Brigada Político Social de Franco. Era el 20 de enero de 1969, en Madrid.

El atestado del juez recogía: "El cadáver está en decúbito supino, con los brazos encogidos, así como las piernas flexionadas, habiendo a la altura de la cabeza y hacia el lado derecho un charco de sangre... Se encuentra vestido con ropa interior blanca, jersey azul oscuro, pantalón gris, calcetines verdes y zapatos marrones". La versión oficial del régimen sostiene que el estudiante de Derecho, miembro del Frente de Liberación Popular, se había suicidado. Ruano, según esta versión, había conseguido liberarse de los tres policías que le custodiaban y que previamente le habían torturado y había atravesado corriendo el piso donde se encontraban arrojándose por la ventana.

José Luis Sánchez-Bravo Sollas. Estudiante universitario de 21 años y miembro del FRAP fue condenado a muerte en el último Consejo de Guerra de la dictadura por su supuesta participación en el asesinato de un Guardia Civil. Fue fusilado el 27 de septiembre de 1975 en Hoyo de Manzanares el 27 de septiembre de 1975 esperando un indulto que nunca llegó.

Silvia Carretero, viuda de José Luis Sánchez Bravo, ya presentó en 2010 una demanda en Buenos Aires para exigir una reparación "con todas las consecuencias". Carretero tenía 21 años y estaba embarazada cuando fue detenida y torturada por la Guardia Civil en la localidad española de Badajoz por su militancia en la sección universitaria de la organización armada FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota).

Francisco Javier Verdejo Lucas. Estudiante de Biología de 19 años, fue sorprendido por la Guardia Civil mientras realizaba una pintada en una pared de que decía: "Pan, trabajo y libertad". Tras ser descubierto, Verdejo huyó corriendo siendo abatido por un disparo de un miembro de la Guardia Civil. Solo llegó a escribir: "Pan, T...".

La Dirección General de la Guardia Civil hizo pública al día siguiente de la muerte de Verdejo la siguiente nota informativa: "Sobre las 24 horas del día 13, cuando una pareja de la Guardia Civil de vigilancia del puesto del Zapillo estaba de servicio, sorprendió a cuatro individuos que, al observar su presencia, salieron corriendo. Ante esta actitud sospechosa, la pareja les persiguió y dio repetidas veces la voz de 'alto a la Guardia Civil'. Durante la persecución, uno de los guardias tropezó y el arma, un Z-62, se le disparó causando la muerte de uno de los que huían que resultó ser el joven de 19 años Francisco Javier Verdejo Lucas, soltero, estudiante".

Carlos González Martínez. Estudiante de Psicología de 21 años de edad. Fue asesinado en Madrid por un grupo ultraderechista durante una manifestación con motivo del primer aniversario de los cinco últimos fusilamientos de Franco. Era lunes 27 de septiembre de 1976.

Juan Manuel Iglesias. Estudiante de 15 años, El domingo 9 de enero de 1977, muere de un infarto de miocardio en Sestao (Bizkaia) cuando huía de una carga policial tras una manifestación pro- amnistía.

Arturo Ruiz García. Estudiante. Fue asesinado por la "Triple A", (Alianza Anticomunista Argentina otros la llaman Alianza Apostólica Anticomunista) cuando participaba en una manifestación pro-amnistía. En relación con este asesinato fue identificado José Ignacio Fernández Guaza como autor directo de los disparos que provocaron la muerte del joven estudiante. Fernández Guaza, según se informó en una nota hecha pública por la Jefatura Superior de Policía de Madrid, huyó a Francia tras el crimen. También fue implicado el argentino Jorge Cesarsky Goldenstein.

La muerte de Ruiz ocurrió la mañana del 23 de enero de 1977, cuando la victima en unión de otros compañeros se encontraba en una manifestación que transcurría por la calle Estrella de Madrid. A la altura de la confluencia con la calle Silva, un grupo de individuos de ideología fascista amenazaron a los jóvenes y durante la confrontación Ruiz recibió un disparo efectuado por los ultraderechistas.

María Luz Nájera Julián. Estudiante de tercer curso de Ciencias Políticas y Sociología. Murió el lunes 24 de enero de 1977 en una manifestación de protesta por el asesinato de Arturo Ruiz. Fue alcanzada por un bote de humo lanzado a bocajarro contra ella.

Serafín Holgado de Antonio. Estudiante de Derecho. El 24 de enero de 1977 se encontraba en el despacho de los abogados de Atocha, donde hacía las practicas, cuando entró el comando fascista.

"Nos agruparon en una esquina del hall del despacho y sin mediar palabra se liaron a tiros con nosotros. Era evidente que fueron a matarnos. Los altos teníamos tiros en el corazón y los bajos en la cabeza. Una vez que estábamos en el suelo nos intentaron dar el tiro de gracia. Yo salvé la vida porque tenía un bolígrafo en la camisa y me rebotó la bala. Me abrió una herida pero no tocó hueso y cuando nos dieron los tiros de gracia a mi sólo me hirieron en la pierna derecha porque era lo único que no ocultaba el cuerpo de mi compañero Enrique Valdevira, cuyo cadáver tuvo que levantar para sobrevivir", rememoró para Público Alejandro Ruiz, abogado superviviente de la matanza de Atocha.

José Luis Aristizábal Lasa. Estudiante de 20 años. El 13 de marzo de 1977 fue alcanzado por una pelota de goma disparada por la Policía en una manifestación pro-amnistía en San Sebastián.

Marchena:Presentación de Moción en defensa de la Memoria Histórica y adhesión a la querella argentina

El grupo municipal de IU de Marchena, ha oido a la asociación Dignidad y Memoria, DIME Marchena y familiares de la represión franquista y ha actuado en consecuencia, presentando en registro en el día de hoy una Moción, que se presentará en próximo pleno Municipal en Defensa de La Memoria y Justicia Histórica y apoyo y adhesión a la querella argentina que lleva adelante la magistrada Maria Servini por delitos de genocidio y lesa humanidad contra los responsables de la conculcación de los derechos humanos durante el franquismo.

Desde DIME nos congratulamos por ello y esperamos que en fecha tan señalada de primero de Noviembre, el acto simbólico de homenaje a las víctimas, vaya este año con la adhesión a la querella por parte  de la institución democrática municipal.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACTUALIZADO: Hoy 25 de Octubre se presentó la moción por el grupo de IU en pleno,ante ella el PSOE pidió esgrimiendo motivos económicos que pudieran aparecer, que quedará en APOYO, y no adhesión..con ete matiz la moción salió adelante con votos de PSOE e IU , los grupos PA y PP se abstuvieron.

Las fotos de las que Hipólita jamás quiso hablar

ANDAUCESDIARIO.ES OLIVIA CARBALLAR / Sevilla / 19 Oct 2013 

Emilio y Benito.

Cuando empezaron a buscar a Emilio, sólo tenían una foto. La foto que vieron desde siempre, en la cómoda, bajo el espejo, nada más entrar en la casa de la abuela Hipólita. Con esa imagen en color sepia crecieron Santi y Rafael, hoy con 37 y 36 años. “Ese es el tío Emilio”. Había una imagen más, impactante, el rostro de un hombre con mirada fuerte, entrecejo poblado y camisa blanca levemente abierta. “El tío Benito era muy bueno”. Nada más. Nunca la abuela Hipólita se atrevió a hablar de ellos. Nunca la oyeron decir que los tíos Emilio y Benito, sus hermanos, habían sido asesinados.

Con aquella foto, Santi, Rafael y el padre de ambos, Santiago Fernández, hoy con 64 años, terminaron delante de un agujero, delante de una fosa en la cuneta en un pueblecito de Sevilla, El Álamo. La exhumaron en 2011, sin subvenciones, en familia, con la ayuda desinteresada de la ARMH de León y el apoyo incondicional de personas como Cecilio Gordillo, coordinador del grupo de trabajo sobre memoria histórica de CGT-A. Este mismo sábado, los restos encontrados en aquel agujero, los de Emilio, minero, y un compañero que yacía con él, han sido enterrados junto a la abuela Hipólita en el cementerio de Osuna (Sevilla). También en familia.

Es el final de un proceso que comenzó con una promesa a Hipólita un instante después de morir, hace más de diez años. Santiago padre volcó desde entonces su vida a encontrar los restos de su tío Emilio. El testimonio de un familiar emigrante -la tía Esperanza- que había regresado de Bruselas al pueblo fue clave para localizar la fosa. “A esos hombres los mataron, no murieron en una trinchera, como mucha gente todavía hoy nos intenta hacer creer diciendo que son cosas que pasan en las guerras. No, no. Mi tío Emilio, que pertenecía a la CNT, fue a entregarse porque le dijeron que no le pasaría nada y lo fusilaron. Por motivos políticos”, reflexiona Santi. Su hermano Rafael, que acudió por primera vez a un acto de memoria histórica en 2004, en el cementerio de la Almudena de Madrid, “casi sin ganas” porque tuvo que madrugar, entiende ahora muchas cosas. Entiende por qué cuando él se declaró insumiso, y estuvo en búsqueda y captura, y fue a la cárcel, su abuela Hipólita sintió tantísimo miedo.

Santiago Fernández con fotos de sus familiares. // LAURA LEÓN

Santiago padre, con 64 años, no puede ocultar su emoción: “Jamás, jamás. Mi madre jamás habló de ello. Ni odio, ni rencor, ni venganza, ni reproche. Ella tenía 18 años cuando asesinaron a su hermano Benito y 20 cuando mataron a Emilio”. Cada día de los difuntos, ponía unas velitas sobre un recipiente con aceite delante de las fotos y, 24 horas después, las apagaba. “A veces, la veía a ella junto a sus hermanas Ricarda y Plácida, la mayor, hablando. Sólo entre ellas hablaban de eso”, cuenta Santiago padre, que no para de investigar, leer y escudriñar cualquier documento que llega a sus manos.  “La verdad está oculta. Las cosas son muy diferentes de cómo nos las contaron”, afirma.

Desde que fueron exhumados, los restos de su tío Emilio y su compañero minero, José María Martín, han permanecido en Astorga (León). Los ácidos del suelo donde estuvieron tirados como perros más de 70 años han impedido identificarlos mediante el ADN. Pero tienen la certeza, por las investigaciones, de que son ellos. “Esto nos ha cambiado la vida”, continúa Santiago padre. Han enterrado al tío Emilio. Sí. Pero la lucha continúa: “Buscaré también a mi tío Benito, aunque es más complicado porque la finca donde supuestamente está enterrado, también en las proximidades de El Álamo, es muy extensa“. “La República fue un régimen democrático. Ya fueron vencidos, asesinados, esclavizados… como para tener que seguir callando”, concluye.

Sus hijos Santi y Rafael, la nueva generación que seguirá reivindicando los valores por los que fueron asesinados sus tíos, comprenden hoy las historias que escondían aquellas dos fotografías antiguas, a las que la abuela Hipólita, en silencio, iba sumando la de sus nietos, en color, vestidos de comunión.

El cementerio de Osuna acogerá los restos de dos mineros asesinados por los fascistas.

Para DIME/ AMHyJA

El cementerio de Osuna acogerá los restos de dos mineros asesinados por los fascistas.

• Los cuerpos de Nicomedes Emilio Fernández Rubiano y Jose María Martín García han sido exhumados a instancias de los  familiares del primero.

• Su compromiso sindical y político les costó la vida en los albores de la Guerra Civil

• El entierro de sus restos en el cementerio de la localidad 77 años después de los asesinatos es un acto de reparación y justicia

• Unas jornadas los días 18 y 19 de octubre, convocadas por el ayuntamiento de Osuna y diversas asociaciones memorialistas, contribuiran a la contextualización de los hechos

Osuna (Sevilla), 17 de octubre de 2013 · Setenta y siete años después de su asesinato y sin que las fuerzas de seguridad ni la justicia se hayan tomado el más mínimo interés por el esclarecimiento de los hechos, los restos de Nicomedes Emilio Fernández Rubiano y de Jose María Martín García reposarán en un lugar digno, distinto a aquel al que los arrojaron sus asesinos. Eran vecinos de Nerva y trabajaban en las minas de Riotinto.

Ambos cuerpos fueron exhumados de una fosa en El Alamo (Sevilla) en noviembre de 2011 gracias al trabajo de voluntarios de la ARMH. En esa aldea de El Madroño habían sido asesinados el 10 de febrero de 1938 y arrojados a la fosa.

Sólo el compromiso de su familia, especialmente el de su sobrino Santiago Fernández Fernández, y el de algunos amigos de León y Sevilla han propiciado la exhumación de estas personas.

Será en Osuna, el cementerio municipal acogerá un entierro que a la vez es un acto de dignidad, ya que sus asesinos arrebataron la vida de estas personas, pero pese a intentarlo no pudieron ni podrán arrebatar ni su dignidad ni su memoria.

Nicomedes Emilio Fdez. Rubiano tenía un hermano, Benito, también asesinado por similares motivos y por asesinos igual de implacables. Instamos a las autoridades a que se comprometan en la búsqueda de su cuerpo. La familia seguirá haciéndolo (e igual que con Emilio, su cuerpo terminará apareciendo), pero queremos recordar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni pueden ser amnistiados y que es obligación de los estados investigar dichos crímenes y hacer justicia.

Paralelamente a la inhumación de estas personas se celebrarán unas jornadas memorialistas los días 18 y 19 de octubre, incluyendo la exposición de Todos los Nombres, esto ha sido posible gracias a la iniciativa de la familia de Nicomedes Emilio Fdez. Rubiano y a la colaboración del Ilmo. Ayuntamiento de Osuna,  la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, el grupo de Trabajo de la CGT “Recuperando la Memoria Social de Andalucía” y a la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía

Beatos y Cínicos

Extraído de Público.es

JOSÉ MARÍA GARCÍA MÁRQUEZ* 14/10/2013 18:12

Vaya por delante que en mis investigaciones no me he tropezado nunca con ninguno de los religiosos beatificados el pasado 12 de octubre en Tarragona. Y de veras que lo lamento, aunque de todas formas existe un problema operativo: las declaraciones de los testigos en las causas de beatificación son secretas y los historiadores no pueden verlas. De tal forma que sería imposible contrastarlas con otras y con diversas fuentes documentales. Ese secretismo, que sería inadmisible en una disciplina científica como la historia, sigue siendo practicado por la Iglesia católica. Así, por ejemplo, si la Iglesia nos dice que fulanito murió "perdonando a sus verdugos", tendremos que utilizar la "fe" para creerlo, pues no podremos contrastar al testigo que supuestamente presenció la muerte del beato y, por tanto, contradecir o negar su testimonio. Es una práctica vieja esta del secretismo en la Iglesia. Siempre les ha ido bien con ella y no tienen, por tanto, que cambiarla.

Además, esas cosas para la Iglesia son terrenales y es cuestión de darles tiempo. A veces, incluso, consideran que deben de reconocer algo y entonces no tienen inconveniente en confesar ciertos errores de la Iglesia, como ocurrió con Galileo. El problema, claro, es que cuando llegó esta confesión de la mano del papa Wojtyla, Galileo llevaba más de tres siglos muerto y, no obstante, la comisión que creo el mismo papa determinó que la postura de la Iglesia había sido la correcta y que Galileo anduvo equivocado, postura que el siguiente papa Ratzinger ratificó íntegramente. Y eso en el caso de Galileo. No sabemos que habría hecho el papa Francisco que, en otro gran ejercicio de fe para los contrarios, nos dice ahora que nunca ha sido de derecha.

En nuestro país tampoco la Iglesia fue nunca de derecha durante la Segunda República y la dictadura. Es cierto. Su posición se situó en la extrema derecha y así continuó durante años hasta que la descomposición de su gran aliado, el franquismo, le hizo adoptar precipitadamente posturas más acordes con los tiempos que se avecinaban. Como decía el historiador Ricard Vynes: la Iglesia no colaboró con el franquismo, la Iglesia formó parte del franquismo. La beligerancia de la Iglesia la colocó con claridad junto a los militares golpistas y terratenientes y, como ellos, recibió la violenta contestación de la exacerbación popular desatada por el golpe. No había ninguna diferencia en la fe de los militares golpistas, los falangistas, requetés o patronos y terratenientes con los religiosos. ¿Y estos serán llamados mártires y aquellos simplemente muertos? Fueron más, muchos más aquellos que los religiosos muertos. ¿Por qué después de conspirar unidos, de combatir unidos a la República, ese interés en diferenciar sus muertos de otros?

Como les decía, no he podido investigar esos religiosos beatificados en Tarragona, no es el ámbito territorial en el que desarrollo mi trabajo, pero sí he tropezado con otros casos de religiosos muertos, incluso algunos de ellos también beatos.

Constantina, por ejemplo, fue el pueblo sevillano donde más se atentó contra la vida de religiosos. De los catorce religiosos que murieron en la provincia de Sevilla (menos de los que los franquistas mataron en el País Vasco), tres fueron asesinados en aquel pueblo. El problema es cómo explicar por qué dos sacerdotes más (uno de ellos especialmente querido en el pueblo por su amistad con los pobres) y las religiosas del convento de la Doctrina Cristiana, fueron respetados sin que nadie atentara contra ellos. ¿Es que la fe de los tres primeros era distinta de los demás? No. Por supuesto que no. La "persecución" no se llevó a cabo contra la Iglesia o contra la fe, sino contra algunos miembros de la Iglesia, que es bastante diferente. En Morón de la Frontera, después del golpe, se llevó a cabo la detención de más de treinta derechistas y entre ellos tres salesianos. Un cuarto no fue molestado, al igual que los otros ocho religiosos que había en el pueblo y tampoco sufrieron agresión física alguna las monjas Jerónimas del convento de Santa María, las Concepcionistas del convento de San Juan de Dios y las monjas de la Caridad del Hospital Municipal. ¿Se estaba persiguiendo la "fe" de los tres salesianos detenidos únicamente? ¿Y el resto? ¿Eran descreídos, quizá? Las medias verdades siempre suelen terminar en grandes mentiras. Pero hay más.

Dos de los salesianos que resultaron muertos (el tercero sobrevivió) fueron declarados mártires de la fe en la masiva beatificación de 2007. Pero no murieron por su fe, ni mucho menos, incluso uno de ellos, el salesiano José Blanco Salgado, estuvo disparando contra los trabajadores desde el cuartel de la Guardia Civil (es obvio que pese a lo que diga el papa Francisco, no es muy imitable este mártir). Su muerte fue miserablemente provocada por el teniente de la Guardia Civil José Chamizo para intentar él mismo salvarse con los suyos, obligando a un grupo a salir del cuartel para poder escapar a fuego limpio por otra calle. ¿Dónde están los testimonios de la beatificación de estas personas? Me gustaría verlos, porque la información de la que disponemos (publicada y documentada) no guarda relación alguna con el martirio de estos hombres. Y estos casos en absoluto pueden negar que otros religiosos hayan sido asesinados por el mero hecho de serlo, pero evidencian la forma en que se han llevado a cabo los masivos procedimientos de beatificación. Los crímenes cometidos contra religiosos, como contra cualquier persona, fueron abominables, pero hay que saber medir el alcance y la utilización de todos ellos. Los debates tienen que ser claros, públicos y documentados, lo demás es historia sagrada, no historia.

Por cierto, todavía la Iglesia de Morón tiene pendiente una deuda, una gran deuda con los cuatrocientos cuarenta vecinos muertos y ochenta y cinco en paradero desconocido identificados que ocasionaron los sublevados. Total, algunos dirán que qué son 525 víctimas moronenses comparadas con la inmensidad del océano. Pues yo les diré lo que son: tres más que los 522 beatos del 12 de octubre, y estamos hablando solamente de un pueblo andaluz, con beatos y todo, donde la Iglesia sigue en silencio. ¿Olvido? ¿Cinismo? Será sencillamente que necesitan más de tres siglos como con Galileo. Y dicho sea de paso, ¿qué hace un ministro de justicia en un acto como ese cuando el gobierno que representa no cumple una Ley como la de Memoria Histórica? ¿No quedamos que es un acto exclusivamente "religioso" como dice la Conferencia Episcopal?

¿Para cuándo la Iglesia arrodillada ante las víctimas de la sublevación y la dictadura? Señor Rouco ¿está usted ahí?

*Investigador e historiador
 

La Iglesia española, pesadilla permanente

Extraído de andaluces.es. 

La Iglesia española, pesadilla permanente

"Algunos mantienen que la Iglesia debe pedir perdón, sin pensar que nadie pide perdón por hechos que considera entre los más gloriosos de su historia"

FRANCISCO ESPINOSA / Sevilla / 13 Oct 2013

El dictador Francisco Franco bajo palio.

Hay quienes piensan que un criminal de guerra como Queipo no debería estar enterrado en la basílica de La Macarena o que la propia imagen de la virgen, cuando llega la semana santa, no debería salir con el “fajín de honor” regalo del militar golpista. Otros creen que los procesos de beatificación, reabiertos por la Iglesia española ante el cambio que supuso la llegada al papado del ultrarreaccionario Woytila, resultan excesivos e impropios de nuestro tiempo. Me refiero, entre otros, a procesos como el de 2007 en Roma y el que tendrá lugar ahora en Tarragona, con 498 y 522 beatificados respectivamente.

Sin embargo, otros pensamos que Queipo está donde debe estar, en lugar principal y celebrado por los suyos, y que se hizo mal en ocultar hace unos años bajo el manto de “Hermano Mayor Honorífico” las referencias que en la lápida había a la fecha del golpe militar y al cargo que usurpó. ¿Hay alguna razón para que la misma hermandad que entregó la corona de oro de la virgen para financiar el golpe no utilizara ahora el fajín de Queipo? Lo lógico es que lo lleve. Como si quieren ponerle alguno de los regalos que le hizo otro sujeto clave en la represión: el auditor de la Segunda Región Francisco Bohórquez, hermano mayor durante años y cuyos restos también reposan en la basílica. Las firmas de Queipo y Bohórquez son las últimas que aparecen en los miles de expedientes y sumarios de la gran farsa seudojudicial con que los sublevados destrozaron la vida a miles de personas. Queipo y Bohórquez, unidos en la vida y en la muerte, en la propia y… en la ajena. En realidad Queipo, aparte de por su esposa, enterrada a su lado, debería tener al otro lado a Bohórquez. La historia de la basílica, un pastiche típico del franquismo, levantada de espaldas al barrio que masacraron y sobre un popular bar obrero, está íntimamente unida a esos dos individuos. ¿Por qué no habrían de estar allí enterrados? Como si quieren poner en la entrada uno de los cañones que bombardearon el barrio en el 36…

¿Y qué decir de las beatificaciones? ¿Extrañan a alguien? Sabemos hace ya muchos años con todo detalle la identidad y el número de víctimas que tuvo la Iglesia. Sin embargo, durante la dictadura, en los papados de Juan XXIII y Pablo VI, se consideró oportuno frenar la posible oleada de beatificaciones. En esta decisión debió contar el sentido común y la sensibilidad de algunos. ¿Quién mejor que la propia Iglesia, y sin duda el Vaticano, sabía que, además de víctima, había sido verdugo? La Iglesia fue pieza clave en la represión, parte del núcleo duro del fascismo español y componente esencial del andamiaje ideológico de la dictadura. ¿Por qué habían de interesarle los vencidos y sus víctimas? Para ellos solo contaban los morbosos martirologios que dedicaron a los suyos, todos los cuales murieron entre horribles torturas, gritando “¡Viva Cristo Rey!” y perdonando a sus asesinos. Los suyos no eran vulgares víctimas como las de los rojos sino “mártires de la fe” y naturalmente no podían morir como los rojos. Estos eran fusilados, mientras que ellos eran vilmente asesinados. Sin embargo, lo único de lo que sí fueron testigos como confesores, las palabras de las personas asesinadas por los suyos, lo olvidaron. De eso no dieron testimonio.

Algunos mantienen que la Iglesia debe pedir perdón, sin pensar que nadie pide perdón por hechos que considera entre los más gloriosos de su historia. ¿Se imagina alguien al jesuita Martínez Camino y al cardenal Rouco pidiendo perdón por no haber obrado en aquellas circunstancias conforme a la religión que supuestamente representan y al mensaje evangélico? ¿Qué se puede esperar de una institución que no solo no levantó la voz sino que, de pleno acuerdo con los golpistas, colaboró de diversas maneras en el exterminio de miles de hombres y mujeres? ¿Qué tendrá que ver una estructura de poder al servicio permanente de la reacción con una religión que tiene por lema el amor al prójimo?

Para una entidad con más de dos mil años de existencia el tiempo siempre juega a favor. En los años sesenta y setenta tuvieron que aplacar sus ansias beatificadoras, pero en los ochenta todo cambió. Había llegado el momento. Y desde entonces para acá los vientos políticos del mundo occidental no han hecho más que empujarnos hacia la derecha, con la Iglesia católica en vanguardia. Por su parte la Iglesia española, desde los tiempos gatopardescos de Tarancón hasta los de Suquía y Rouco no ha hecho más que superarse a sí misma. Y mientras más se le aleja el rebaño, peor. “Hay que reevangelizar España”, dijo Ratzinger hace unos años. Al pobre le habían informado de que España estaba volviendo a los años treinta. No me cabe duda de que si pudieran volverían a las “misiones” de los años cuarenta y cincuenta. La dosis de clericalismo que estoicamente soportamos les debe parecer poca. Pero ellos solo ven el anticlericalismo, que confunden con cualquier crítica que se haga al intrusismo permanente de la cúpula episcopal en la vida española. La Iglesia es la institución que nos hace más presente que el franquismo sigue ahí, como el dinosaurio de Monterroso.

Ante esta interminable deriva y dado el panorama nacional, solo queda esperar que escampe y llegue la calma. Y que sigan en la misma onda: que Queipo repose en la basílica, que la virgen lleve su fajín, que sigan beatificando a los “mártires de la cruzada” y, sobre todo, que sigan sin darle la más mínima importancia a que lo hacen con el dinero de todos, incluidos los agnósticos, los ateos y los anticlericales. Que se alegren de contar con esa derecha que, como ellos, nunca ha roto amarras con el franquismo y que den las gracias al PSOE que, cuando ocupó el poder, les mantuvo y aumentó el dineral que se les regala anualmente. Y que sigan disfrutando, como si fuera suyo, del inmenso patrimonio artístico y monumental que poseen, por más que, de nuevo, sea el dinero de todos el que lo mantiene.

Solo cuando la sociedad tome conciencia de lo que supuso el golpe militar del 36 será posible afrontar ese pasado. Entonces, de forma natural y por puro sentido común, la hermandad sacará de allí a Queipo y a Bohórquez, el fajín será entregado a la familia y la Iglesia pedirá perdón por todo el daño hecho al país a lo largo del siglo XX y organizará misas en memoria de las víctimas del fascismo. Será el momento oportuno para que la Conferencia Episcopal se autodisuelva humildemente. Nuestra única esperanza es que, por pura dignidad y decencia democrática, la sociedad se vaya alejando de ellos y pasando de todo lo que representan. Una cosa es segura: mientras no monten otra cruzada podremos hacerlo.

La iglesia fue verdugo, no víctima

La iglesia fue verdugo, no víctima

Extraido de Público.es

Vicenç NavarroCatedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas Universidad Pompeu Fabra

Estos días ha sido noticia la beatificación de 522 personas, referidas en la narrativa de la Iglesia Católica como mártires de la Guerra Civil, individuos considerados inocentes de cualquier mal que dieron su vida “en defensa de la fe católica y del mensaje de Cristo”. Las autoridades eclesiásticas católicas se han movilizado para señalar que en ningún momento debe interpretarse esta beatificación –que es un homenaje a tales personas y reconocimiento del valor de su sacrificio- como un acto político. Tanto Monseñor Angelo Amato, cardenal prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, como Monseñor Josep M. Soler, Abad de Montserrat, subrayan este hecho en La Vanguardia (06.10.13, páginas 50 y 51).

Ahora bien, es difícil aceptar que, incluso en el caso de que no fuera la intención de estas autoridades (incluyendo el Vaticano, liderado por el nuevo Papa, que escogió llamarse Francisco y que Monseñor Amato representa) realizar un acto político, el hecho es que tal acto es un acto profundamente político que contribuye a la tergiversación de la historia que se ha escrito en este país, subrayando que la Iglesia fue víctima de una intolerancia y persecución religiosa por parte de las fuerzas republicanas. Se acentúa y se presenta a la Iglesia y a sus mártires como víctimas, cuando en realidad la Iglesia fue la que agredió la vida y el bienestar de la mayoría de la población de los distintos pueblos y naciones que constituyen España, causando más de un millón de muertos y miles de desaparecidos, muertes de personas asesinadas por las fuerzas de represión, incluidas las de la Iglesia, y cuyos familiares no saben el paradero de sus cuerpos. Según las estimaciones de la única investigación sobre los desaparecidos que ha realizado el Estado español (consecuencia de las gestiones del juez Baltasar Garzón, miembro de la Audiencia Nacional antes de que se le expulsara de dicho tribunal precisamente por su investigación sobre los asesinatos por parte del régimen, del cual la Iglesia Católica fue el eje central), el número de desaparecidos es de más de 114.000 personas, que fueron asesinadas por defender al gobierno democráticamente elegido. La Iglesia no solo no ha hecho nada para encontrarlos, sino que se ha opuesto a que se recuperara su memoria mediante la Ley de la Memoria Histórica. Mientras que homenajea a sus muertos, se opone y dificulta el encontrar a los muertos, de los cuales dicha institución es responsable.

Es más, es difícil creer que la Iglesia no sea consciente de la falta de veracidad de sus acusaciones frente a la República. No es cierto que hubiera en España persecución religiosa en tiempos de la República. Las iglesias protestantes y la religión judía continuaron sin ninguna intervención por parte del Estado y/o por movimientos sociales o fuerzas políticas afines a la República. No fue la religión el sujeto de animosidad, sino la Iglesia Católica, hecho que a la Iglesia Católica todavía le cuesta aceptar, ya que si lo acepta, tendría que contestar por qué la Iglesia Católica y no las otras religiones fue sujeto del enfado popular. No es cierto que los sacerdotes y los monjes fueran asesinados por sus ideas religiosas, tal como Monseñor Soler escribe en su artículo “Montserrat y los beatos en Tarragona” en La Vanguardia. Fueron asesinados por su pertenencia a una institución que había pedido que el Ejército se sublevara, conociéndose su animosidad a la República. En realidad, el Monasterio de Montserrat, supongo que en nota de agradecimiento, hizo un monumento, más tarde, a los “caídos por Dios y por la Patria”, que estaba en la entrada del Monasterio hasta que más tarde fue desplazado a la parte trasera, con un monumento a los requetés carlistas de la Virgen de Montserrat.

La historia, marginada y ocultada por la propia Iglesia, muestra claramente el porqué de esta hostilidad, hostilidad que fue iniciada por la Iglesia. Fue la Iglesia Católica la que celebró y apoyó la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Y fue la Iglesia la que se opuso por todos los medios al establecimiento de la República, alentando a los católicos a rebelarse frente a esta. Las pastorales de la jerarquía católica explícitamente llamaban a tal rebelión; documentos (firmados por el cardenal Segura y por su sucesor, el cardenal Gomà) son muy representativos, y seguro que la jerarquía actual de la Iglesia y el Vaticano los conocen. ¿Cómo puede afirmar la jerarquía católica que la Iglesia era apolítica, cuando animó a los católicos a que se rebelaran, pidiendo explícitamente que el Ejército se levantara en contra del gobierno democráticamente elegido?

Era predecible que la gran mayoría de la ciudadanía, que apoyó el establecimiento de la República, primero, y la elección del gobierno del Frente Popular, después, tuvieran animosidad hacia la Iglesia Católica, pues esta, abiertamente, alentaba al Ejército a que hiciera un golpe militar frente a ese Estado y frente a ese gobierno. De ahí que es comprensible y predecible que cuando ocurrió el golpe militar, que la Iglesia Católica inmediatamente apoyó (definiéndolo más tarde como una Cruzada Nacional), grandes sectores de las clases populares expresaran su hostilidad hacia tal institución. La quema de iglesias (no hubo ninguna iglesia protestante o ninguna mezquita o ninguna sinagoga quemadas) y el asesinato de clérigos y personas identificadas con la Iglesia Católica eran la respuesta popular que ocurrió en los primeros tres meses cuando el golpe creó un vacío de poder. No fue una represión guiada por el Estado republicano. En realidad, una vez recuperado el control, en las zonas que continuaban bajo el gobierno republicano se interrumpieron estos actos.

Por el contrario, los asesinatos, mucho más numerosos, llevados a cabo en el lado golpista, fueron cometidos por los aparatos represivos del Estado fascista, que contó con la entusiasta colaboración, en su represión, de la Iglesia Católica. ¿No creen las jerarquías católicas españolas que esta actitud enormemente represiva iba en contra del mensaje de Jesús? ¿Creen, en realidad, que Jesús, que es, en teoría, su supuesta inspiración, hubiera apoyado tanto asesinato, premeditado y programado, para eliminar a personas cuyo único delito era haber apoyado a un Estado y a un gobierno democráticamente elegidos? ¿No creen que es de una crueldad suprema que los familiares de los muertos republicanos todavía hoy no sepan dónde están enterrados? ¿No creen que es profundamente injusto que ellos puedan homenajear a sus muertos cuando los vencidos todavía no saben dónde están los suyos? Y si en verdad los sacerdotes asesinados eran inocentes, ¿no cree la Iglesia Católica que deberían pedir perdón a los familiares de sus propios muertos, pues el comportamiento golpista de su jerarquía católica fue el responsable de que el enfado popular se canalizara en ellos, precisamente por su identificación con la Iglesia?

La respuesta descontrolada en contra de la Iglesia era lógica, pues la Iglesia era culpable de un comportamiento que podía predecirse que causaría miles de muertes. Debe condenarse tal expresión de enfado popular, pero su comportamiento no puede homologarse al del lado golpista, que fue una represión metódica de todos los aparatos del Estado, con el apoyo activo de la Iglesia. Acentuar el victimismo de la Iglesia como hacen las beatificaciones es, además de una tergiversación de la historia que todavía se reproduce en España, una ofensa a los perdedores de la Guerra Civil, que eran los que defendieron la democracia, y que debería crear incomodidad a toda persona con sensibilidad democrática. Mi esperanza es que el Papa Francisco lo vea así y que, en nombre de la Iglesia, pida perdón, no solo a su Dios, sino al pueblo español, al que hizo tanto daño.

Hoy, mientras la Iglesia y las derechas homenajean a sus muertos, la ONU acaba de enviar una delegación denunciando al Estado español por no estar haciendo nada para encontrar a los desaparecidos republicanos. Y el mismo Estado, sin lugar a dudas, estará representado en los actos homenajeando a los “mártires de la Iglesia”. ¿No se avergüenzan de su comportamiento los representantes de un Estado que se presenta como democrático? ¿No se da cuenta la Iglesia de su incoherencia? ¿No ven la falsedad de su llamada a la reconciliación? Está claro que no se dan cuenta. Y que no se den cuenta es un indicador de que continúan siendo reacios a reconocer que la Iglesia Católica no fue víctima sino verdugo en aquel periodo de nuestra historia.

Garzón: "La eliminación de la connotación fascista del Valle de los Caídos sería el mayor acto de reparación colectiva"

Acusa a los magistrados del Tribunal Supremo de haber dejado desamparadas a las víctimas del franquismo: "Es la deuda que cada uno de ellos tendrá que llevar siempre"

RAFAEL GUERRERO Sevilla 05/10/2013 08:00 Actualizado: 06/10/2013 12:11

sar Garzón.

• El TC confirma a Garzón que su presidente puede militar en el PP aunque un juez de pueblo no pueda

• Garzón, a la jueza argentina: "En España no hay ninguna posibilidad de investigar el franquismo"

• Garzón, recibido en Buenos Aires por simpatizantes de ETA al grito de "torturador"

• El juez del accidente de Santiago rechaza la petición de Baltasar Garzón de imputar a personal de Renfe

• Cayo Lara sobre Garzón de candidato: "No creo en los salvadores"

VER TODAS

La visita a España del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas es calificada de "espaldarazo importante" para el movimiento memorialista por el ex magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que en una entrevista concedida al programa 'La Memoria' de Radio Andalucía Información analiza con detalle la creciente proyección exterior de la memoria histórica española. El actual asesor del Tribunal Penal Internacional arremete una y otra vez contra el poder judicial y en especial contra el Tribunal Supremo, a cuyos magistrados acusa de haber dejado desamparadas a las víctimas del franquismo. "Es la deuda que cada uno de ellos tendrá que llevar siempre", dice al tiempo que pide la anulación de la Ley de Amnistía, aunque considera que su vigencia no impediría juzgar el genocidio franquista.

Garzón apela a la dignidad y a la ética para que los jueces se personen en las exhumaciones de fosas comunes. "Tienen que ir, estar, identificar y ordenar que practique lo que proceda. Lo que no pueden hacer es inhibirse. Y eso es lo que han propiciado resoluciones como la del Tribunal Supremo". El juez que abanderó en los años 90 la aplicación del principio de jurisdicción universal contra las dictaduras argentina y chilena espera que el Gobierno español tome nota de las recomendaciones de los funcionarios de la ONU y cree que "la eliminación de la connotación fascista del Valle de los Caídos sería el mayor acto de reparación colectiva integral".

Trece años después de la primera exhumación de una fosa común en España con metodología científica homologada a nivel internacional, el movimiento para la recuperación de la memoria histórica atraviesa un momento procesal de máxima proyección exterior. Y va 'in crescendo' ¿no?

El problema es que durante muchos años esto se olvidó. Desde septiembre de 2013 este movimiento ha recibido un espaldarazo importante por la visita del grupo de trabajo de desapariciones arbitrarias de Naciones Unidas, que ha tenido la ocasión de comprobar la realidad española. En su informe preliminar ha dicho que España tiene que hacer frente a una deuda histórica, tiene que proteger a las víctimas y hacer todo lo necesario para anular la Ley de Amnistía.

Estos expertos de la ONU han puesto el dedo en la llaga principal desde el punto de vista jurídico-político, la Ley de Amnistía de 1977, principal pretexto que se utilizó contra la investigación judicial que usted abrió hace ahora 5 años con su auto en el otoño de 2008. Ellos coinciden con usted en que las desapariciones forzadas son crímenes que no pueden estar sujetos a la amnistía.

"Un juez al que se le dice que hay restos humanos no puede decir: bueno, sáquenlos ustedes"

Recuerdo las expresiones entonces del juez Luciano Varela sobre la Ley de Amnistía diciendo que hacíamos aberraciones. Creo que es una ley que no debería impedir que se investigaran esos crímenes de lesa humanidad y sistémicos porque no está ni fue hecha para garantizar esa impunidad.

Los expertos han reconocido su trabajo de entonces y recomiendan al Gobierno de Rajoy que ponga a disposición pública la base de datos de los 114.000 desaparecidos con las listas que le entregaron historiadores y asociaciones memorialistas.

Los 1 14.000 desaparecidos fueron fruto del primer esfuerzo de recuento que hicieron las asociaciones de víctimas en 2008. Luego acordé un dictamen pericial y se creó un sistema y una base de datos con una horquilla que como mínimo contabilizaba 136.000 víctimas y como máximo entre 150.000 y 156.000 víctimas, con una tendencia que iría en aumento.

¿Qué hacer entonces con la Ley de Amnistía, derogarla o interpretarla de otra manera, como sucede en Chile, donde la ley de punto final no fue derogada y, sin embargo, hay 800 militares encarcelados tras haber sido condenados? Los expertos de la ONU sostienen que aquí también se podría juzgar con la Ley de Amnistía vigente.

Estoy absolutamente de acuerdo con el grupo de expertos de la ONU en que la Ley de Amnistía permitiría investigar los crímenes del franquismo. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo, de forma arbitraria, ha hecho una interpretación contraria en una decisión corporativa que va en contra de la tendencia mayoritaria en el derecho internacional y los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos son meridianamente claros en el sentido contrario. Yo citaba mucha jurisprudencia apoyando mis resoluciones de entonces. Es decir, que nunca puedes interpretar la Ley de Amnistía como el obstáculo que impida la investigación de crímenes de sistema, de lesa humanidad, de genocidio, que son crímenes permanentes e imprescriptibles. Esta tendencia arranca a comienzos del siglo XX. Ahora el país que fue abanderado a finales de los 90 en la lucha por la jurisdicción universal es el país más restrictivo, precisamente en la interpretación de la Ley de Amnistía cuando previamente se mostró en contra de esa interpretación respecto a Argentina en el 'caso Scilingo'.

¿Puede tener algo que ver en esto la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de 2009, en la última etapa de Gobierno socialista, que redujo la competencia de los tribunales españoles para la aplicación del principio de jurisdicción universal?

Creo que son ámbitos distintos. La decisión del Supremo de no tocar la Ley de Amnistía, que también es una posición política consolidada después de la Transición, va más en la dirección de que no queremos enfrentarnos a nuestro propio pasado. Después de más de 70 años desde la Guerra Civil y casi de 40 de democracia, no hemos asumido ni digerido los 40 años de dictadura. Es un elemento nuclear pendiente que tenemos que superar. En la decisión de reducir el principio de jurisdicción universal, en una votación en que coincidieron PSOE y PP, creo que influyeron otros factores: económicos, políticos y diplomáticos. Porque hubo unos precedentes preocupantes en los que desde la Audiencia Nacional se estaba investigando casos de Israel, China y Estados Unidos.

También insta el grupo de expertos a tipificar específicamente el delito de desapariciones forzadas en el Código Penal, con un mensaje implícito que pretendería ir más allá de las interpretaciones de los jueces y que perseguiría legislar, cambiar la ley.

Si se reconoce como delito autónomo, el problema vendrá después por considerar después que la ley es irretroactiva y eso impedirá el conocimiento. Sin embargo, si se califica como delito permanente, estará reconociendo que al día de hoy se sigue cometiendo y por tanto existe la obligación de investigar esos delitos y de dar protección a las víctimas e incluso, si hubiera realmente intención, reparar a las víctimas.

"El mayor acto de reparación a sería la eliminación de la connotación fascista del Valle de los Caídos" 

El Tribunal Supremo tuvo la oportunidad histórica de decir que la investigación de los jueces debería continuar para buscar en su caso las responsabilidades que hubiera, describir los delitos cometidos, localizar los cuerpos y definir finalmente la reparación integral de las víctimas. Esa oportunidad la desaprovechó el Tribunal Supremo en plena democracia y esa es la deuda que cada uno de los magistrados tendría que llevar siempre porque dejaron desamparadas a las víctimas.

Y ahora viene el grupo de expertos de la ONU diciendo: ustedes no han hecho lo que deben, no protegen a las víctimas, háganlo. Es muy duro cuando no hay nada que lo impida hacer aquí, porque por el tiempo transcurrido, quién se va a sentir ahora alterado en sus derechos y demás.

Los expertos de la ONU se habrán extrañado al tener que venir a un país desarrollado como España, que presume de ser la 10 potencia económica del mundo y que quiere estar en el G20, a comprobar si aquí se respetan los derechos humanos. Ellos que suelen viajar a países menos desarrollados, como Cambodia que, por cierto, es el único que nos gana en víctimas de la represión política desaparecidas y enterradas en fosas comunes. Una auténtica vergüenza, ¿no cree?

En la época reciente, sí. Porque también hay otro genocidio, el armenio, que también está inmaculado en cuanto a investigación. Pero es verdad que el grupo de trabajo de la ONU que ha estado aquí una semana y el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, que también va a examinar a España en noviembre en Ginebra, se tiene que haber sorprendido tras oír los testimonios de las víctimas, de los expertos entre ellos los de la fundación que yo presido. Les habrá impresionado también que aún tengamos normas que no nos permiten hacer una lucha efectiva contra el terrorismo si no es recurriendo a normas exorbitantes como la incomunicación o establecer mecanismos para prevenir la práctica de la tortura y los malos tratos, como los que intentamos establecer algunos jueces desde 2006. Es tiempo ya de que el poder judicial en España haga una reflexión profunda de lo que ha sido una falta de compromiso de muchos jueces en la persecución de ese tipo de delitos.

A lo mejor esos colores que nos están sacando los organismos internacionales facilitan esa autocrítica.

Al menos han puesto de relevancia que en Argentina se está haciendo un intento por investigar estos hechos y se le ha pedido al Gobierno español que colabore y que no bloquee.

Los expertos también instan a Gobierno a tomar la iniciativa con un plan de búsqueda promovido de oficio y la actualización del mapa de fosas. Por mucho que diga el ministro de Exteriores García Margallo que el Gobierno estudiará con detenimiento las recomendaciones de la ONU cuando el año que viene sean definitivas, las impresiones preliminares parecen distanciarse mucho de la política del Ejecutivo de Rajoy, que ha dejado sin un euro esta Ley de Memoria Histórica "de alcance limitado" a juicio de estos funcionarios internacionales.

"La Ley de Amnistía no debería impedir que se investigaran esos crímenes porque no fue hecha para garantizar esa impunidad" 

Yo empezaría a creer que hay una cierta voluntad en el momento en que una partida presupuestaria del Estado -y seguro que el país no se arruinaría- fuese destinada a la recuperación de la memoria histórica, a una comisión de la verdad, a las exhumaciones de fosas y al mayor acto de reparación colectiva integral que sería la eliminación de esa connotación fascista que tiene el Valle de los Caídos, que es defendida por todo ese sector que dice ahora que se va a pensar lo de las recomendaciones. No hay que pensar nada. Hay que cumplir la ley que implica proteger a las víctimas.

También se han sorprendido de que aquí no se hayan juzgado nunca las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo. Instan a hacerlo y de manera urgente, dada la avanzada edad de las víctimas supervivientes y de los testigos. La justicia en los casos argentino y chileno fue más cercana en el tiempo. ¿Hasta qué punto el factor tiempo es un problema añadido en el caso español?

- Es una omisión gravísima y una continua revictimización de las víctimas que ven frustrado su derecho hasta el punto de que van a perder la vida por razones naturales sin una respuesta. Desde luego, el tiempo no es ningún problema porque hay muchos esfuerzos que se pueden hacer: en los archivos, la recopilación de información deslabazada, iniciativas de protección a las víctimas, la recogida de testimonios o, simplemente la presencia de los jueces... Mire, una víctima es reparada a veces por el simple hecho de estar ante un juez que la trate con justicia y delicadeza y que oiga su historia.

Lo grave de aquí es que el único momento hasta hoy en que siete u ocho víctimas han tenido oportunidad de declarar ante un tribunal fue en el juicio contra mí en el Tribunal Supremo y porque nosotros lo pedimos. Es terrible. Fíjese la contradicción de que tenga que ser en el juicio que le hacen al juez que quiere investigar y que sea el juez el que llame a las víctimas para que declaren ante el tribunal.

Andalucía prepara una Ley de Memoria Democrática que pretende implicar a los jueces en las exhumaciones, al menos según el anteproyecto que estudia el Gobierno de coalición PSOE-IU. Usted que ha sido juez, ¿se imagina a los jueces presenciando a pie de fosa cómo afloran restos humanos con signos evidentes de torturas y muerte violenta?

A los jueces no me los imagino de otra forma. Mi idea de justicia no es la de omisión de esas obligaciones. Un juez al que se le dice que hay restos humanos no puede decir: bueno, sáquenlos ustedes. Hay un mínimo de dignidad y de cumplimiento ético y legal. Tiene que ir, tiene que estar, tiene que identificar y tiene que ordenar que practique lo que proceda. Lo único que no puede hacer es inhibirse. Y eso es lo que han propiciado resoluciones como la del Tribunal Supremo.