jueves, 16 de marzo de 2017

Una ley (de memoria) histórica





La nueva norma andaluza, impulsada por IU y fraguada durante el gobierno de coalición con el PSOE, sale adelante sin el rechazo del PP, que se ha abstenido junto a Ciudadanos. Mucho más avanzada que la estatal, parte de que los crímenes son imprescriptibles.
La nueva ley andaluza gira en torno a tres cuestiones clave. La primera: la obligación del Estado de dar a conocer la verdad, hacer justicia y reparar a las personas que fueron represaliadas por el franquismo, es decir, es el Estado, en este caso la Junta, quien asume como una política pública más la recuperación de la memoria y, en concreto, las exhumaciones, tal y como venían reclamando el colectivo memorialista, el derecho internacional y la ONU. La segunda: la aceptación de esa parte de la historia -silenciada, ninguneada e incluso negada con insistencia en los últimos años- a través de una especie de comisión de la verdad, incluida a propuesta de Podemos. Y la tercera: la extensión de ese relato a las aulas. Esta última parte es la que no ha terminado de convencer ni a PP ni a Ciudadanos, que apelan igualmente para no haber votado a favor el cuestionamiento de la ley de amnistía que el texto recoge en su preámbulo y el periodo de aplicación: desde 1931 a 1982. Es decir, desde Blas Infante a Manuel José García Caparrós, asesinado en la Transición, como resumió el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, con los colores republicanos en su solapa.
La norma parte de que los crímenes son imprescriptibles y debe asegurarse, en consecuencia, su persecución universal: “Por lo que no puede aplicarse a ellos la prescripción de la acción penal o de la pena mediante el establecimiento de leyes de amnistía o de cualquier otro modo”, sostiene. Ésta es una de las principales diferencias con respecto a la ley estatal, que apelaba al “espíritu de la Transición” y a la ley de amnistía, defendida por el propio Zapatero para rechazar una comisión de la verdad, como proponía Baltasar Garzón. “Abre un camino que se aleja de una injusta equidistancia”, afirmó Maíllo. En el texto andaluz, no obstante, no se hace un relato antitransición: “La transición a la democracia, vista desde la perspectiva del tiempo transcurrido, dio unos resultados políticos positivos, ya que permitió superar la división creada por la Guerra Civil y la Dictadura, institucionalizó la vida democrática y creó espacios de convivencia”. La diputada del PSOE que defendió la ley, María Márquez, también insistió en ello: “No tienen que contarle la historia a quienes la protagonizaron. Claro que la Transición fue buena, pero tiene asignaturas pendientes con estas familias”. Ella misma, nieta de jornalero y sirvienta de terratenientes, aseguró haber visto el horror y el miedo en los ojos de sus abuelos y reprochó al PP que no apoyara una ley que ni ofende ni hace daño a nadie: “La política española sigue teniendo portavoces de aquel régimen. No responsabilice a la izquierda de que ustedes no hayan votado a favor”, concluyó.

martes, 14 de marzo de 2017

Declaración por una Comisión de la Verdad sobre los Crímenes del Franquismo.




La Plataforma por la Comisión de la Verdad y las organizaciones abajo firmantes nos dirigimos a las instituciones, entidades sociales y ciudadanos partidarios de que se reconozca el derecho de las víctimas del franquismo a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación, y se establezcan, por los poderes públicos, las garantías de no repetición en nuestro país. Cuarenta  años de brutal dictadura no pueden ser ignorados y nuestra sociedad necesita construir su futuro en libertad, aprendiendo y condenando las múltiples y graves violaciones de los derechos humanos cometidos en España por el régimen franquista entre 1936, fecha de la sublevación militar, hasta 1977, año de las primeras elecciones. Por ello, creemos que ha llegado el momento de aplicar las recomendaciones de las Naciones Unidas y, en concreto, la constitución de una Comisión de la Verdad sobre los Crímenes del Franquismo por el Congreso de los Diputados. Petición que viene, además, avalada por más de 108.000 firmas, más de 100 entidades sociales y diversos representantes de organizaciones y grupos políticos autonómicos y estatales.

E. Silva: "En este país hace falta una derecha que condene un golpe militar de fascistas"



Antes que el PP accediera al gobierno, se retiraron 570 de los 705 vestigios señalados en la ley de la Memoria Histórica. El resto, desde entonces, está “en tramitación”. Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica asegura que se trata de "una cuestión política" y habla de "falta de fortaleza democrática". "En este país hace falta una derecha que condene un golpe militar de fascistas, como la ha habido en toda Europa. El día que hagan eso, le harán un gran favor a la democracia", comenta en 'Las Mañanas'.

cuatro.com

Las víctimas del franquismo piden nuevamente a la Fiscalía que investigue a Rafael Hernando

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha presentado un escrito ante la Fiscalía General del Estado en el que pide que se investigue al portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, "por realizar unas declaraciones extremadamente despectivas contra las víctimas" del franquismo.
Se refiere a una respuesta de Hernando a una pregunta sobre el rechazo del Tribunal Supremo a extraer los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, afirma el escrito.
"La verdad es que no me lo he planteado. A mí me gusta que los muertos descansen en paz y esto de estar todos los días con los muertos para arriba y para abajo supongo que será el entretenimiento de algunos", señaló el portavoz del PP el pasado 28 de febrero de acuerdo a este documento.
En base a estas declaraciones, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se dirige a la Fiscalía General del Estado para que investigue si estas palabras son constitutivas de un delito de odio, que conlleva penas de prisión de entre uno a cuatro años y multa de seis a doce meses
No es la primera vez que esta asociación se dirige al Ministerio Público para que investigue declaraciones de políticos, si bien la Fiscalía General del Estado ya rechazó en agosto de 2015 investigar a políticos por haber hecho declaraciones que atentarían contra las víctimas del franquismo.
La Asociación presentó un informe con declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando "celebra que la Audiencia Nacional prohíba las exhumaciones del juez Garzón en 2008" y del portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que dijo, según la asociación, que "las víctimas de la dictadura únicamente se acordaban de sus familiares cuando había dinero".

El Pleno del Parlamento celebra el miércoles el debate final de la Ley de Memoria Histórica y Democrática




El Pleno del Parlamento de Andalucía acogerá este miércoles el debate final del proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que establece el régimen jurídico de las iniciativas para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista en la comunidad autónoma, bajo los principios de verdad, justicia y reparación.
Cabe recordar que fue en octubre del 2015 cuando el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía, un texto que resultó ser el mismo que se remitió al Parlamento andaluz en el 2014 por el gobierno de coalición de PSOE-A e IULV-CA, que no pudo ser aprobado al agotarse la legislatura. Finalmente el dictamen final fue aprobado en febrero.
El proyecto normativo se adapta y supera la legislación estatal en vigor, además de ampliar su horizonte temporal. Así, además de la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura franquista, incluye la Transición a la democracia hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, con un periodo total que abarca desde el 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982.