Comunicado de equipo todoslosnombres.org
El 22 de Septiembre de 2008 varias decenas de entidades, asociaciones, investigadores e historiadores, depositaban en el Registro de la Audiencia Nacional en torno a 114.000 nombres de víctimas mortales del franquismo. En menor medida (se desconocen los datos) algunas instituciones del Estado (Ministerios, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Universidades como la de Granada) hacían lo mismo previa demanda del juez y no precisamente por voluntad propia.
La página http://www.todoslosnombres.org/ era la entidad (AMHyJA y CGT.A) que más datos suministró, superando los 22.400 nombres de víctimas mortales (fusilados, muertos en cárceles, etc.) producto de las donaciones de más de doscientos colaboradores, después de años de investigaciones (algunas de ellas inéditas) de campo –testimonios- pero sobre todo el origen de esos nombres han sido los archivos del propio Estado (registros civiles, militares, municipales, cárceles, etc..) en el territorio donde trabajamos (Andalucía, Badajoz y norte de Africa).
Por primera vez un Poder del Estado (judicial), pero más concretamente un juez tenía la SUERTE de tener en su poder – SIN TRABAJARLO- el primer listado, no definitivo, de víctimas del franquismo realizado desde la sociedad civil.
Nos encontramos, tres meses después, que, una vez inhibido ese mismo poder judicial, nuestro trabajo –esos 114.000 nombres- están o van a estar, circulando por los diferentes juzgados territoriales, abogados personados en la causa –y, algunos, no casualmente- para terminar quién sabe donde. Lo que sí sabemos es que ese trabajo de cruzar los datos que ordenó el juzgado a una empresa privada nunca va a llegar a las propias familias de las víctimas al no ser accesibles directamente.
No entendemos por qué, tras la inhibición, todo (iniciativa, comité de expertos, policía judicial) haya quedado muerto menos ESO. ¿Quién lo pagará? ¿Por qué lo ha de conservar la Audiencia si quien llevaba este asunto se ha reconocido incompetente para ello? ¿Es acaso incompetente para todo menos para quedarse con esa información? ¿Por qué ha de pasarla completa a los abogados personados en el caso? Si el caso ha acabado de esta manera lo que debe hacerse es devolver el material a quienes lo enviaron y archivar en lugar seguro lo que haya hecho el equipo informático. Es posible que sirva para otra ocasión. Lo que no es de recibo es que algunos, sin comerlo ni beberlo, se hagan del trabajo ajeno. ¿Quién controlará ahora su destino?.
Cecilio Gordillo (28501266B), Francisco Espinosa Maestre y Fernando Romero
equipo www.todoslosnombres.org
Alcalde Isacio Contreras 2b local * 41003 Sevilla
Tlf: 695.276656 / todoslosnombres@cgt.es
La página http://www.todoslosnombres.org/ era la entidad (AMHyJA y CGT.A) que más datos suministró, superando los 22.400 nombres de víctimas mortales (fusilados, muertos en cárceles, etc.) producto de las donaciones de más de doscientos colaboradores, después de años de investigaciones (algunas de ellas inéditas) de campo –testimonios- pero sobre todo el origen de esos nombres han sido los archivos del propio Estado (registros civiles, militares, municipales, cárceles, etc..) en el territorio donde trabajamos (Andalucía, Badajoz y norte de Africa).
Por primera vez un Poder del Estado (judicial), pero más concretamente un juez tenía la SUERTE de tener en su poder – SIN TRABAJARLO- el primer listado, no definitivo, de víctimas del franquismo realizado desde la sociedad civil.
Nos encontramos, tres meses después, que, una vez inhibido ese mismo poder judicial, nuestro trabajo –esos 114.000 nombres- están o van a estar, circulando por los diferentes juzgados territoriales, abogados personados en la causa –y, algunos, no casualmente- para terminar quién sabe donde. Lo que sí sabemos es que ese trabajo de cruzar los datos que ordenó el juzgado a una empresa privada nunca va a llegar a las propias familias de las víctimas al no ser accesibles directamente.
No entendemos por qué, tras la inhibición, todo (iniciativa, comité de expertos, policía judicial) haya quedado muerto menos ESO. ¿Quién lo pagará? ¿Por qué lo ha de conservar la Audiencia si quien llevaba este asunto se ha reconocido incompetente para ello? ¿Es acaso incompetente para todo menos para quedarse con esa información? ¿Por qué ha de pasarla completa a los abogados personados en el caso? Si el caso ha acabado de esta manera lo que debe hacerse es devolver el material a quienes lo enviaron y archivar en lugar seguro lo que haya hecho el equipo informático. Es posible que sirva para otra ocasión. Lo que no es de recibo es que algunos, sin comerlo ni beberlo, se hagan del trabajo ajeno. ¿Quién controlará ahora su destino?.
Cecilio Gordillo (28501266B), Francisco Espinosa Maestre y Fernando Romero
equipo www.todoslosnombres.org
Alcalde Isacio Contreras 2b local * 41003 Sevilla
Tlf: 695.276656 / todoslosnombres@cgt.es
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