dimemarchena/Rafael Espino. pte. AREMHEISA
DESAPARECIDOS SIN DOCUMENTAR
Hoy por hoy, trascurridos ya más de 73 años de los acontecimientos ocurridos, durante la represión ejercida en el golpe de estado del año 1936, parece inconcebible que nuestros políticos sigan sin mover ni un solo dedo para devolver la reparación y la dignidad a las personas desaparecidas en aquellos oscuros días y que fueron pioneros en la defensa de las libertades y la democracia que actualmente todos nosotros disfrutamos. A esa desaparición física, también se unió la desaparición documental, pues solo y en el mejor de los casos se registró un tercio de los asesinatos cometidos. Y como consecuencia de ello cintos de miles de personas todavía tras mas de siete décadas siguen sin tener su “desaparición documentada”. A todos los efectos legales son “desaparecidos”. Personas con fecha y documentación de nacimiento que carecen del más absoluto y único documento de defunción. Cientos de miles de personas, de familias, de familiares que deben de seguir soportando la desaparición documental de sus abuelos, de sus esposos o de sus padres, la desaparición física y legal a la que el franquismo les condeno de por vida ( y también en muerte). Nuestras leyes siguen amparando esa desaparición documental al no permitir la inscripción de su muerto en los registros civiles, un acto execrable de desprecio por la mas elemental moralidad. A nuestras abuelas se les pudo permitir realizar esas inscripciones, durante la dictadura, a todas y cada una de ellas, que de forma insistente fueron acercándose a los distintos juzgados para que su situación de viudedad se legalizara. Y todas y cada una de ellas se negó rotundamente a inscribir la desaparición de su marido, el asesinato de su esposo como “muerte natural” , aún a riesgo de padecer la intimidación y el chantaje al que fueron sometidas. Sus hijos hubieron de hacer el servicio militar, no se pudieron librar del mismo por ser “hijos de viuda” , y ellas jamás pudieron acceder al cobro de la mísera pensión a la que el estado después de décadas de olvido y abandono las hizo beneficiarias de su condición. No, jamás renunciaron a la dignidad y la valentía, jamás se sometieron a la humillación y la postración de permitir que el asesinato ilegal fuese encubierto y consentido por ellas mismas en un documento legal. Fue quizás su último acto de justicia con sus muertos., con sus desaparecidos. Unos desaparecidos, que hoy más que nunca claman su derecho dejar de serlo. Su derecho constitucional, su derecho legal a que sus muertes se documenten. Su inscripción ya hoy no se realizara bajo actos de chantaje o intimidación , pero si de justicia y dignidad. Una justicia que tarda mucho, demasiado en llegar y una dignidad, que solo sus familias han sabido conservar. Hora es ya de que el estado democrático les reconozca ese derecho, de que el estado actual termine de una vez por todas con esa amnesia documental. Las familias, las asociaciones, los colectivos implicados así se lo reclaman. Seguir obviando el problema, seguir ignorándolo y mirando para otro lado, no hace sino aumentar el sufrimiento y el dolor de las familias.
Familias, que aún hoy, siguen llamando a las puertas de las juzgados para inscribir a “sus muertos” , setenta y tres años después de que estos comenzasen a serlo. Es dantesco, es nunca mejor empleado el término “ de juzgado de guardia”. Sigue siendo vergonzoso y humillante, pero esta vez la humillación y la vergüenza habrían de hacer sonrojarse al país, al país que les vio nacer y también morir y que se jacta internacionalmente de ser un ejemplo de libertad y tolerancia pero también de impunidad y olvido.
Aguilar de la Frontera, 6 de febrero del 2009.-
Rafael Espino Navarro.- Presidente de AREMEHISA
Hoy por hoy, trascurridos ya más de 73 años de los acontecimientos ocurridos, durante la represión ejercida en el golpe de estado del año 1936, parece inconcebible que nuestros políticos sigan sin mover ni un solo dedo para devolver la reparación y la dignidad a las personas desaparecidas en aquellos oscuros días y que fueron pioneros en la defensa de las libertades y la democracia que actualmente todos nosotros disfrutamos. A esa desaparición física, también se unió la desaparición documental, pues solo y en el mejor de los casos se registró un tercio de los asesinatos cometidos. Y como consecuencia de ello cintos de miles de personas todavía tras mas de siete décadas siguen sin tener su “desaparición documentada”. A todos los efectos legales son “desaparecidos”. Personas con fecha y documentación de nacimiento que carecen del más absoluto y único documento de defunción. Cientos de miles de personas, de familias, de familiares que deben de seguir soportando la desaparición documental de sus abuelos, de sus esposos o de sus padres, la desaparición física y legal a la que el franquismo les condeno de por vida ( y también en muerte). Nuestras leyes siguen amparando esa desaparición documental al no permitir la inscripción de su muerto en los registros civiles, un acto execrable de desprecio por la mas elemental moralidad. A nuestras abuelas se les pudo permitir realizar esas inscripciones, durante la dictadura, a todas y cada una de ellas, que de forma insistente fueron acercándose a los distintos juzgados para que su situación de viudedad se legalizara. Y todas y cada una de ellas se negó rotundamente a inscribir la desaparición de su marido, el asesinato de su esposo como “muerte natural” , aún a riesgo de padecer la intimidación y el chantaje al que fueron sometidas. Sus hijos hubieron de hacer el servicio militar, no se pudieron librar del mismo por ser “hijos de viuda” , y ellas jamás pudieron acceder al cobro de la mísera pensión a la que el estado después de décadas de olvido y abandono las hizo beneficiarias de su condición. No, jamás renunciaron a la dignidad y la valentía, jamás se sometieron a la humillación y la postración de permitir que el asesinato ilegal fuese encubierto y consentido por ellas mismas en un documento legal. Fue quizás su último acto de justicia con sus muertos., con sus desaparecidos. Unos desaparecidos, que hoy más que nunca claman su derecho dejar de serlo. Su derecho constitucional, su derecho legal a que sus muertes se documenten. Su inscripción ya hoy no se realizara bajo actos de chantaje o intimidación , pero si de justicia y dignidad. Una justicia que tarda mucho, demasiado en llegar y una dignidad, que solo sus familias han sabido conservar. Hora es ya de que el estado democrático les reconozca ese derecho, de que el estado actual termine de una vez por todas con esa amnesia documental. Las familias, las asociaciones, los colectivos implicados así se lo reclaman. Seguir obviando el problema, seguir ignorándolo y mirando para otro lado, no hace sino aumentar el sufrimiento y el dolor de las familias.
Familias, que aún hoy, siguen llamando a las puertas de las juzgados para inscribir a “sus muertos” , setenta y tres años después de que estos comenzasen a serlo. Es dantesco, es nunca mejor empleado el término “ de juzgado de guardia”. Sigue siendo vergonzoso y humillante, pero esta vez la humillación y la vergüenza habrían de hacer sonrojarse al país, al país que les vio nacer y también morir y que se jacta internacionalmente de ser un ejemplo de libertad y tolerancia pero también de impunidad y olvido.
Aguilar de la Frontera, 6 de febrero del 2009.-
Rafael Espino Navarro.- Presidente de AREMEHISA
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