EL PAÍS / EP - Madrid - 24/08/2009
El Gobierno va a solicitar al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que los documentos con valor histórico relativos a la investigación que el juez inició el año pasado sobre las víctimas y represaliados de la Guerra Civil y del franquismo sean trasladados al Centro Documental de la Memoria de Salamanca. Así figura en una respuesta parlamentaria enviada por el Ejecutivo el pasado 23 de julio al diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, quien preguntó si el Gobierno había previsto archivar aquellas notas de interés nacional recabadas por el juez durante la instrucción del sumario.
El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero recuerda a Llamazares que la documentación que manejó el juez Garzón "está incorporada a un proceso judicial en curso y, por lo tanto, no se encuentra disponible".
A renglón seguido, anuncia que "una vez concluido el proceso, [la Administración] solicitará al órgano judicial el desglose de los documentos con valor histórico con el fin de que puedan ser remitidos al Centro Documental de la Memoria o a otros archivos con competencia en la materia".
El problema es que no está claro cuándo estará "concluido" ese proceso judicial, porque Garzón se inhibió del caso en favor de 62 juzgados territoriales el pasado noviembre, días antes de que la Audiencia Nacional le declarase incompetente para juzgar los crímenes del franquismo. Los juzgados territoriales tienen que decidir si asumen o no ese caso: unos lo han hecho ya, otros quizá no lo hagan nunca. El Gobierno, en su respuesta a Izquierda Unida, no aclara cuándo daría el proceso judicial por "concluido".
La investigación sobre los represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista fue iniciada por Baltasar Garzón el 1 de septiembre de 2008 a partir de las denuncias presentadas por diversas asociaciones de recuperación de la memoria histórica.
Una de las primeras medidas adoptadas por el juez de la Audiencia Nacional hace casi un año fue ordenar la elaboración de un censo sobre los desaparecidos en la guerra y en la dictadura posterior. Ese listado, completo o no, podría poseer el "valor histórico" al que se refiere el Gobierno, pero eso aún no está determinado. Según las asociaciones de familiares de víctimas, el censo contendría referencias de aproximadamente 150.000 represaliados.
En el auto del 16 de octubre en el que Garzón se declaró competente para investigar los hechos, el juez eximió de cualquier responsabilidad sobre estos crímenes a casi 40 altos mandos del régimen franquista, comenzando por Francisco Franco. También exculpó a generales como Mola, Yagüe o Queipo de Llano. El magistrado alegó que todos ellos habían fallecido -pidió las actas de defunción- y que su culpabilidad, de existir, ya estaría prescrita.
Finalmente, Baltasar Garzón se inhibió el pasado 18 de noviembre en favor de los juzgados territoriales. El 29 de ese mes, la Audiencia impuso el veto a la investigación del golpe franquista. La fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Javier Zaragoza, defendió desde el principio que la Audiencia Nacional no era el órgano competente para entender de estos hechos.
A renglón seguido, anuncia que "una vez concluido el proceso, [la Administración] solicitará al órgano judicial el desglose de los documentos con valor histórico con el fin de que puedan ser remitidos al Centro Documental de la Memoria o a otros archivos con competencia en la materia".
El problema es que no está claro cuándo estará "concluido" ese proceso judicial, porque Garzón se inhibió del caso en favor de 62 juzgados territoriales el pasado noviembre, días antes de que la Audiencia Nacional le declarase incompetente para juzgar los crímenes del franquismo. Los juzgados territoriales tienen que decidir si asumen o no ese caso: unos lo han hecho ya, otros quizá no lo hagan nunca. El Gobierno, en su respuesta a Izquierda Unida, no aclara cuándo daría el proceso judicial por "concluido".
La investigación sobre los represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista fue iniciada por Baltasar Garzón el 1 de septiembre de 2008 a partir de las denuncias presentadas por diversas asociaciones de recuperación de la memoria histórica.
Una de las primeras medidas adoptadas por el juez de la Audiencia Nacional hace casi un año fue ordenar la elaboración de un censo sobre los desaparecidos en la guerra y en la dictadura posterior. Ese listado, completo o no, podría poseer el "valor histórico" al que se refiere el Gobierno, pero eso aún no está determinado. Según las asociaciones de familiares de víctimas, el censo contendría referencias de aproximadamente 150.000 represaliados.
En el auto del 16 de octubre en el que Garzón se declaró competente para investigar los hechos, el juez eximió de cualquier responsabilidad sobre estos crímenes a casi 40 altos mandos del régimen franquista, comenzando por Francisco Franco. También exculpó a generales como Mola, Yagüe o Queipo de Llano. El magistrado alegó que todos ellos habían fallecido -pidió las actas de defunción- y que su culpabilidad, de existir, ya estaría prescrita.
Finalmente, Baltasar Garzón se inhibió el pasado 18 de noviembre en favor de los juzgados territoriales. El 29 de ese mes, la Audiencia impuso el veto a la investigación del golpe franquista. La fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Javier Zaragoza, defendió desde el principio que la Audiencia Nacional no era el órgano competente para entender de estos hechos.
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