Diario Público.es.
P. CORTINA / J. BENAVENTE - BARCELONA - 01/10/2009 12:00
El Ministerio de Justicia sólo ha recibido 776 solicitudes de certificados de Declaración de reparación y reconocimiento personal, uno de los principales instrumentos previstos en la Ley de Memoria Histórica para la restitución de las víctimas del franquismo. Desde la aprobación de la ley, en diciembre de 2007, el Ministerio de Justicia ha concedido y notificado este documento a un total de 153 familias, entre los muchos millares de potenciales destinatarios.
El dato resulta particularmente irrisorio si se compara, por ejemplo, con las cerca de 40.000 peticiones que hubo sólo en Catalunya cuando se ampliaron en 2000 los supuestos de la Ley de Amnistía para reconocer e indemnizar a ex presos del Franquismo. De éstas 25.000 se resolvieron positivamente.
En este sentido, la percepción general es que la reparación propuesta por el Estado no satisface el deseo de los represaliados y sus familias de ver anulados los juicios realizados por los tribunales franquistas durante la posguerra.
El vicepresidente y cofundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Santiago Macías, asevera que se trata de un certificado "ridículo", del que "casi ni se habla porque no se le da importancia". Y apostilla: "No hace falta decirles que son víctimas, porque ya lo saben".
Sin compensación económica
Por su parte, Miquel Caminal, presidente del Memorial Democràtic la institución impulsada desde la Generalitat para recuperar la memoria histórica, opina que tal vez la escasa demanda se deba a la juventud de la Ley y aboga por "dar a la gente algo más de tiempo" para solicitar los certificados. Aun así, Caminal entiende que lo que dispone la ley renquea en más de un aspecto. El primero, la ausencia de compensación económica alguna para las víctimas.
En segundo lugar, Caminal señala que el Estado no debería esperar a recibir las solicitudes de los ciudadanos máxime cuando "se preveían miles de ellas", sino ejercer de promotor y no esperar a las peticiones de los familiares de las víctimas.
Ley de mínimos
El presidente de la Asociación Catalana de ex presos políticos del Franquismo, Enric Pubill, apuesta por una ley de mínimos: "Los certificados deberían expedirse por decreto ley y de una tacada".
Más allá va el secretario de esta misma asociación, Lluís Martí Bielsa, quien carga contra la Ley de Memoria Histórica: "La hemos aceptado porque es lo máximo que han hecho y lo mínimo que podíamos recibir. Pero hay que ir más allá".
"Una medida que sí tendría aceptación sería el apoyo en la búsqueda de los desaparecidos durante la guerra y la represión posterior, o facilitar la devolución de los patrimonios incautados" durante el Franquismo, añade Macías. Es sólo una de las múltiples sugerencias vertidas sobre una ley que, según concluye Caminal, "ha demostrado ser insuficiente".
El Ministerio de Justicia sólo ha recibido 776 solicitudes de certificados de Declaración de reparación y reconocimiento personal, uno de los principales instrumentos previstos en la Ley de Memoria Histórica para la restitución de las víctimas del franquismo. Desde la aprobación de la ley, en diciembre de 2007, el Ministerio de Justicia ha concedido y notificado este documento a un total de 153 familias, entre los muchos millares de potenciales destinatarios.
El dato resulta particularmente irrisorio si se compara, por ejemplo, con las cerca de 40.000 peticiones que hubo sólo en Catalunya cuando se ampliaron en 2000 los supuestos de la Ley de Amnistía para reconocer e indemnizar a ex presos del Franquismo. De éstas 25.000 se resolvieron positivamente.
En este sentido, la percepción general es que la reparación propuesta por el Estado no satisface el deseo de los represaliados y sus familias de ver anulados los juicios realizados por los tribunales franquistas durante la posguerra.
El vicepresidente y cofundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Santiago Macías, asevera que se trata de un certificado "ridículo", del que "casi ni se habla porque no se le da importancia". Y apostilla: "No hace falta decirles que son víctimas, porque ya lo saben".
Sin compensación económica
Por su parte, Miquel Caminal, presidente del Memorial Democràtic la institución impulsada desde la Generalitat para recuperar la memoria histórica, opina que tal vez la escasa demanda se deba a la juventud de la Ley y aboga por "dar a la gente algo más de tiempo" para solicitar los certificados. Aun así, Caminal entiende que lo que dispone la ley renquea en más de un aspecto. El primero, la ausencia de compensación económica alguna para las víctimas.
En segundo lugar, Caminal señala que el Estado no debería esperar a recibir las solicitudes de los ciudadanos máxime cuando "se preveían miles de ellas", sino ejercer de promotor y no esperar a las peticiones de los familiares de las víctimas.
Ley de mínimos
El presidente de la Asociación Catalana de ex presos políticos del Franquismo, Enric Pubill, apuesta por una ley de mínimos: "Los certificados deberían expedirse por decreto ley y de una tacada".
Más allá va el secretario de esta misma asociación, Lluís Martí Bielsa, quien carga contra la Ley de Memoria Histórica: "La hemos aceptado porque es lo máximo que han hecho y lo mínimo que podíamos recibir. Pero hay que ir más allá".
"Una medida que sí tendría aceptación sería el apoyo en la búsqueda de los desaparecidos durante la guerra y la represión posterior, o facilitar la devolución de los patrimonios incautados" durante el Franquismo, añade Macías. Es sólo una de las múltiples sugerencias vertidas sobre una ley que, según concluye Caminal, "ha demostrado ser insuficiente".
No hay comentarios:
Publicar un comentario