La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido autorizar la contratación por parte de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) del juez Baltasar Garzón, suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional la semana pasada, aunque no le concedió la situación de servicios especiales que había solicitado el magistrado.
Según informó la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, la Comisión Permanente, reunida para analizar exclusivamente la petición de Garzón, ha estimado que "no se aprecian razones legales que impidan la contratación del magistrado para prestar servicio de consultoría en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional", por lo que "permite tal contratación".
Esta decisión ha sido adoptada por tres votos a favor y dos en contra. La han apoyado el presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo, Carlos Dívar, y los vocales Manuel Almenar (del sector conservador) y Margarita Robles (del progresista). Mientras tanto, Almudena Lastra y Antonio Dorado han emitido sendos votos particulares en contra.
En concreto, la vocal del sector progresista se ha opuesto por entender que en el acuerdo "no se resuelve lo solicitado". A su juicio, lo procedente hubiera sido "acceder a lo que pide el magistrado Baltasar Garzón y declararle en situación de servicios especiales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 351.b de la Ley Orgánica del Poder Judicial".
Mientras tanto, el vocal del sector conservador fundamenta su rechazo en que "puesto que la Comisión Permanente deniega la declaración de servicios especiales, dicho acuerdo debería haberse limitado a esta declaración, sin perjuicio de que en una nueva petición de Baltasar Garzón de naturaleza distinta hubiera podido ser desestimada".
Tras informar del acuerdo adoptado por la Comisión Permanente, la portavoz de Consejo no respondió a las preguntas de los periodistas para aclarar en qué circunstancias se marcha el juez a La Haya y qué efectos pueden tener para su plaza al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
La Comisión Permanente se reunió esta tarde en la sede del Consejo en Madrid para analizar los últimos cinco informes que se habían solicitado para estudiar la petición del juez Garzón. Bravo explicó que en la decisión adoptada esta tarde se han tenido en cuenta "los informes favorables" emitidos por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores.
También se ha estudiado la contestación de la Fiscalía del TPI, que en el último de sus documentos enviados al CGPJ indica que "comprende que de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de España" Garzón "debía ser suspendido de sus funciones", pero no advierte "razones para modificar la decisión de contratar a Baltasar Garzón para desempeñar en calidad de asesor legal". El quinto informe era uno elaborado por el propio CGPJ.
El magistrado solicitó permiso al máximo órgano de gobierno de los jueces para trasladarse a La Haya un día antes de que el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela dictara el auto de apertura de juicio oral que le sentará en el banquillo por sus investigaciones del franquismo. Esta decisión del juez del Supremo llevó al CGPJ a convocar un Pleno extraordinario, en el que sus 21 miembros decidieron por unanimidad suspender cautelarmente a Garzón de sus funciones hasta que se resuelva esta causa.Europa Press (Madrid)
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