El Ejecutivo dedica 5,7 millones a subvenciones de memoria histórica. Presidencia pospone el proyecto para sacar a los republicanos del Valle de los Caídos por el mal estado del mausoleo
El Gobierno aprobó ayer el reparto provisional de 5,78 millones de euros en subvenciones para 189 proyectos relacionados con la memoria histórica. Tal y como se ha comprometido repetidamente el Ejecutivo en el último curso político, las exhumaciones de víctimas del franquismo han sido impulsadas en esta convocatoria. De los 28 proyectos relacionados con fosas comunes y financiados por 1,1 millones en 2009 se ha pasado a 54 por 2,2 millones. Aun así, el Ejecutivo no asume la iniciativa y ejecución que le exigen las familias de las víctimas de la Dictadura y serán las asociaciones las que, con la ayuda de voluntarios, busquen a sus desaparecidos.
Los fondos de las subvenciones que el Ministerio de Presidencia publicó ayer han cumplido con la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado pactada entre el Gobierno e IU el pasado 4 de noviembre de 2009. El diputado Gaspar Llamazares reclamó un aumento de dos millones en la partida presupuestarias dedicadas a este tipo de proyectos para cumplir con la "plena responsabilidad" del Gobierno en la búsqueda de las personas que el franquismo hizo desaparecer.
El Ejecutivo ha financiado en los últimos cinco años 613 proyectos
El Ejecutivo mantiene la frontera de su compromiso en la búsqueda, exhumación e identificación de las víctimas del franquismo en las subvenciones que Presidencia reparte desde 2006. El departamento que dirige la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, repartió aquel año dos millones de euros para 49 proyectos. Tan solo 12 estaban dedicados a las fosas.
Las asociaciones que reciben las subvenciones denuncian que el Gobierno, a través de las ayudas, otorga a las familias la responsabilidad fundamental de la reparación. Los proyectos tienen un tope presupuestario de 60.000 euros anuales que no siempre cubren el coste de un trabajo riguroso en los trabajos de excavación de una fosa común, en los que una simple prueba de ADN cuesta 400 euros.
Presidencia ha financiado en los últimos cinco años 613 proyectos promovidos por las "víctimas de la guerra civil y del franquismo". Entre ellos se incluyen jornadas, libros, documentales y, exhumaciones. De esos proyectos, tan solo 139 están relacionados con las fosas comunes. De hecho, en la convocatoria del pasado año, sólo estaban dedicados a exhumaciones el 21% de los proyectos aprobados, lo que provocó la protesta de las asociaciones de víctimas.
En 2009, la partida para abrir fosas fue de 1,1 millones que ahora pasan a 2,2
La Ley de la Memoria Histórica, aprobada en diciembre de 2007, un año después de que se entregaran las primeras ayudas, otorga a las administraciones un papel colaborador en la búsqueda de los cientos de miles de fusilados bajo las cunetas y los bordes de las tapias de los cementerios.
Negativa en Cuelgamuros
El Ministerio de Presidencia ha denegado la subvención al proyecto presentado por los familiares de los republicanos trasladados, sin el consentimientos de sus familias, al Valle de los Caídos. El Gobierno se había comprometido el pasado octubre a cumplir con la exigencia del Congreso de los Diputados de "facilitar" a estas familias el traslado de los restos. Fuentes de Presidencia y de Patrimonio Nacional aseguraron a Público que el "mal estado" de la instalación requiere hacer unos "trabajos previos" a la concesión del proyecto.
El principal impulsor de este proyecto es Fausto Canales, quien descubrió en 2003 que su padre había sido trasladado en 1959 desde una fosa común de Aldeaseca (Ávila) al lugar donde 26 años después fue enterrado el líder de sus verdugos, Francisco Franco junto al golpista José Antonio Primo de Rivera. Canales estaba ayer indignado: "¿Por qué no han aprovechado el equipo técnico propuesto en el proyecto para verificar ante nosotros, los únicos y directos interesados, que el estado de los restos no permite su entrega e investigación?".
Presidencia envió una carta a Canales, y al resto de las nueve familias que exigían la exhumación en Cuelgamuros, explicando las dificultades técnicas que impiden el visto bueno al proyecto. "Las circunstancias con que se procedió al traslado y la acumulación de restos en los osarios de la Basílica de la Santa Cruz determinan, en el estadio en que nos encontramos, la necesidad de acometer unos trabajos previos", dice la misiva. Presidencia asegura que los trabajos ya están en marcha.
Los restos robados por las autoridades franquistas en toda España desde la inauguración del mausoleo en 1959 fueron acumulados en cajas individuales y colectivas en las que se inscribió el nombre del pueblo de procedencia: hay más de 30.000. Estos féretros improvisados fueron almacenados y aislados en los columbarios laterales de la entrada a la basílica. Fuentes de Presidencia aseguran que el deterioro de los restos es importante y eso dificulta la exhumación y la identificación. Pese a ello, Fausto Canales lamenta que el Gobierno no haya enseñado in situ a los familiares el supuesto deterioro de las cajas.
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, manifestó su sorpresa por la negativa del Gobierno. Junto con los diputados Joan Herrera (ICV) y Joan Tardá (ERC) consiguió impulsar en octubre el compromiso del Gobierno a sacar los restos de los republicanos. "El caso del Valle de los Caídos es un gesto simbólico que obedece a la actitud del Gobierno, que incumple otra resolución que le obliga a asumir la plena responsabilidad de las exhumaciones", denunció.
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