“¿Qué queda ya a los familiares de las víctimas del franquismo, a las que fueron asesinadas, condenadas, sometidas a humillación, a torturas?”. La pregunta, enfatizada este lunes por el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, sólo contiene una posible respuesta para los diputados de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV), Gaspar Llamazares y Núria Buenaventura: nada, a los que sufrieron en sus carnes la brutal represión de la dictadura, no les queda nada.
Villarejo explicó por qué. La Fiscalía General del Estado, por un lado, “no está dispuesta” a plantear un recurso de revisión de todas las sentencias del régimen dictadas “por motivos políticos, ideológicos o de creencia”, alegando que la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, ya las declara “ilegítimas, por vicios de forma y fondo”. Por otro, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo se niega a analizar de nuevo las condenas para anularlas.
Llamazares avisa al Gobierno de que se agota la legislatura, pero hay "tiempo"
Y las administraciones públicas, censuró, no “asumen su responsabilidad” de ayudar a los particulares en la exhumación de los restos que yacen en “1.197 fosas comunes”. Y eso que en mayo de 2010 el PSOE pactó en el Congreso con todos los grupos, salvo el PP, mejorar la protección de las víctimas de la dictadura.
La situación es, pues, de “boicot institucional”, según la definición aplicada por Llamazares. De modo que IU-ICV se ha puesto manos a la obra y registró su proposición de reforma de la Ley de Memoria, en cuya redacción ha colaborado Villarejo.
La modificación toca cuatro artículos de la norma. Exige que se declaren ilegales los tribunales de guerra y represión del franquismo y que sean “nulas de pleno derecho” las sentencias emitidas por ellos. Y también que las administraciones públicas asuman “la indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas”.A fin de cuentas, resaltó el diputado, la nulidad es lo que los parlamentarios socialistas Amparo Valcarce y Jesús Caldera reclamaban al Gobierno del PP en 2003 vía moción en la Cámara baja. El texto entonces fue derrotado por la mayoría absoluta de los conservadores.
¿Qué herencia quiere el PSOE?
Villarejo: "Si no hay nulidad, los condenados serán aún delincuentes"
En la rueda de prensa en el Congreso, Villarejo y Llamazares –no pudo acudir Buenaventura– convirtieron su ruego en una señal de alarma, porque la legislatura se agota y lo que se avecina es un Gobierno del PP que guardará la norma en un cajón. “Estamos aún a tiempo de aprobar esta asignatura pendiente, a tiempo de que la memoria no sea traicionada y la ley no sea boicoteada”, subrayó el diputado, quien avisó al PSOE de que tiene ante sí “el reto” de dejar como “herencia” una “memoria satisfecha” o la “ambigüedad”. Es decir, que si el Gobierno quiere, puede tramitar con rapidez la iniciativa de IU-ICV en el próximo periodo de sesiones y subsanar sus errores. Enmendar el “fiasco” de la ley 52/2007, su “absoluta insuficiencia”, abundó el exfiscal.
Villarejo reiteró que la actual norma deja lagunas. “Mientras no se anulen las sentencias, los condenados siguen siendo delincuentes, culpables de rebelión militar”. No basta con decir que esas condenas eran “ilegítimas”, como admite la Ley de Memoria: “Es una declaración educada. Toda la Justicia de la dictadura fue una farsa. No eran tribunales, sino un grupo de facciosos. No eran legítimos, ni independientes ni imparciales”.
“¡Basta ya de artimañas de leguleyos!”, tronó el exfiscal, visiblemente indignado por la “ofensa” que ha supuesto la norma de 2007. Se afanó en explicar que los procesos franquistas conservan aún su validez, aunque la Ley de Memoria haya borrado su vigencia. Por tanto, remarcó, hay que anularlos sin más. Porque, como dice el texto, "lo que es ilegal en su raíz no puede resultar protegido por el principio de seguridad jurídica sobre la base del transcurso del tiempo". El principio de seguridad jurídica fue el esgrimido por el Gobierno durante la tramitación de la ley 52/2007 para no admitir la anulación de los procesos del régimen.
Llamazares y Villarejo emplazaron al PSOE a recoger el guante, a dar una “respuesta contundente” y que la memoria “recupere su papel”. Que no pase como con el Diccionario biográfico español, una muestra de cómo subsiste la “equiparación entre demócratas y facciosos”. Por cierto que el exfiscal aportó su definición de Francisco Franco: "Criminal de guerra y dictador sanguinario".
LAS ÚLTIMAS TRABAS
El portazo al poeta Miguel Hernández
“Radicalmente injusta” // La prueba de las trabas a la recuperación de la memoria es, para IU-ICV, que el Supremo, en febrero, se negara a autorizar a la familia de Miguel Hernández a interponer un recurso de revisión contra la sentencia por la que el poeta fue condenado a muerte en enero de 1940. El TS entendió que, en virtud de la Ley de Memoria, esa condena ya fue reconocida como “radicalmente injusta”, por lo que carece de vigencia jurídica.
La postura de la Fiscalía
La Fiscalía se opuso a la revisión. En 2010 ya se negó a plantear ante el Supremo un nuevo análisis de la sentencia a muerte contra Lluís Companys, como habían pedido la Generalitat y la familia del president catalán fusilado en 1940.
No hay comentarios:
Publicar un comentario