Escritor y periodista
Leo que el Gobierno ha normalizado la situación de excepcionalidad que vivía el Valle de los Caídos desde su cierre al público hace casi tres años, en diciembre de 2009, fecha en que, por decisión de Patrimonio Nacional y debido a la necesidad de realizar una obras, se optó por la clausura del monumento. El pasado 1 de junio el actual ejecutivo decidió abrir la basílica donde están enterrados el dictador Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, y poner precio a la entrada de los visitantes, 5 euros, sin que nada haya cambiado con relación a lo previsto para el Valle de los Caídos en la timorata Ley de Memoria Histórica (LMH), aprobada por el gobierno de Rodríguez Zapatero hace casi seis años.
Ni el lugar ha adquirido otro significado para la conciencia colectiva del país, desde el espíritu de reconciliación y respeto al pluralismo del pacto constitucional -tal como señala dicha ley-, ni se ha tenido en cuenta la disposición adicional sexta, que insta a ejercer actuaciones que contribuyan a convertir ese lugar en un ámbito de memoria colectiva democrática, de reparación, verdad y reconciliación. Tampoco se ha eliminado, por supuesto, la simbología propia del viejo régimen, según se dictamina en la LMH y que también permanece en muchos otros edificios del país.
No se ha tenido en consideración, asimismo, la decisión de la comisión de expertos, creada por acuerdo del consejo de ministros de 27 de mayo de 2011, que aconsejaba el traslado de los restos mortales del dictador a otro lugar, siendo como era objetivo de esa comisión convertir el Valle de los Caídos en un centro de memoria que dignifique y rehabilite a las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista posterior. No hay que olvidar que miles de víctimas republicanas están enterradas en la propia basílica, contra la voluntad o sin conocimiento de sus familias, junto a los caídos del bando rebelde.
La Ley de Memoria Histórica, en su artículo 16, dispone que el Valle de los Caídos “se regirá por las normas aplicables a los lugares de culto y a los cementerios públicos”, y en él “no podrán celebrarse actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo”. Asimismo, la disposición adicional sexta establece que “la fundación gestora del Valle incluirá entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todos los fallecidos en la Guerra Civil” y durante “la represión política que la siguió, con objeto de profundizar en el conocimiento de este período histórico y de los valores constitucionales”. Del mismo modo, “fomentará las aspiraciones de reconciliación y convivencia que hay en nuestra sociedad, todo ello con plena sujeción a lo dispuesto en el artículo 16”.
Como dijo en su día el exdiputado Carlos María Bru, resulta intolerable que en la vigente España democrática, cuando ya casi se iguala el actual periodo democrático con el de la dictadura franquista, se perpetúe un homenaje monumental a un genocida al que se le imputan como jefe del Estado más de 114.000 ejecuciones después de su victoria militar, así como masivos encarcelamientos y depuraciones impuestos retroactivamente a los republicanos, y cuyo régimen mantuvo secuestrada durante más de tres decenios la voluntad de los españoles.
A juzgar por la decisión tomada por el Gobierno del Partido Popular, partido que en su día se opuso a la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, nada cambiará en el Valle de Franco, por lo que no sería aventurado pensar que hasta el artículo 16 de la mencionada ley, que prohíbe los actos políticos o exaltadores de la Guerra Civil o el franquismo, se pueda convertir también en papel mojado. Habiendo lugar para el culto no faltará ocasión -si las circunstancias lo propician y la ultraderecha renaciente en algunos países de Europa lo requiere- para que lo visiten y ensalcen sus nostálgicos o futuribles feligreses, privilegio con el que ningún dictador del pasado puede contar en ningún país del mundo.
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