Llegan tres representantes de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina que litigan en la causa radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No 1, a cargo de la jueza Servini de Cubría.
Por Adrián Pérez
El pedido de justicia por los crímenes cometidos en tiempos del dictador Francisco Franco desanda nuevamente la senda argentina. Carlos Slepoy, uno de los abogados que lleva adelante la demanda por esos delitos, llega hoy a Buenos Aires, desde Madrid, acompañado por tres representantes de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina que, además, litigan en la causa radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No 1, a cargo de María Romilda Servini de Cubría. La próxima semana, Soledad Luque Delgado, titular de la Asociación Todos los niños robados son también mis niños, presentará una denuncia ante la magistrada por el secuestro de su hermano mellizo Francisco, apropiado presuntamente en febrero de 1965 de la Maternidad Provincial de O’Donnell. Se trata de la primera declaración por bebés robados en España. El lunes por la tarde, Luque Delgado será recibida por Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. José María “Chato” Galante y Josu Ibargutxi completan el grupo.
La comitiva española tiene por delante una agenda colmada de encuentros con legisladores, funcionarios y referentes de organismos de derechos humanos. Slepoy afirma, en diálogo con Página/12, que el motivo de este viaje es revitalizar el desarrollo de una acusación que ya lleva tres años, luego de que las videoconferencias entre Servini de Cubría y los querellantes –que iban a comenzar a principios de mayo– fueran suspendidas por una queja del Ministerio de Asuntos Exteriores español interpuesta ante el embajador Carlos Bettini. El abogado adelanta además que presentará una proposición para que el Congreso argentino se pronuncie a favor de la querella por genocidio y crímenes de lesa humanidad perpetrados por el franquismo entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.
“Hablé con algunos legisladores argentinos que lo van a promover”, confía el letrado, y destaca que esta iniciativa busca generar el mayor consenso posible. La única alternativa judicial abierta en el mundo por esos delitos ya cosechó en la Península Ibérica la adhesión del Parlamento vasco y actualmente persigue el apoyo de los Parlamentos asturiano y andaluz. Aunque la querella busca también el consentimiento del Congreso español, el abogado argentino vaticina que eso no va a prosperar por la mayoría del Partido Popular en ambas cámaras.
A su vez, el grupo español mantendrá una reunión con integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense. “Nos interesa especialmente este tema para generar una colaboración estrecha con los antropólogos españoles, en relación con la exhumación de los cuerpos que aún se encuentran en fosas comunes”, afirma el abogado. Esta semana, la Junta de Andalucía puso en conocimiento de la Justicia el hallazgo de restos humanos y armas de fuego en cinco fosas encontrados en el barranco de Víznar, ubicado a 800 metros del lugar donde, supuestamente, habría sido enterrado el cuerpo del escritor Federico García Lorca. La denuncia recayó finalmente en el Juzgado de Instrucción No 2 de Granada, que ahora debe iniciar una investigación.
En un intento por lanzar a la capital española como sede de las Olimpíadas de 2020, los príncipes Felipe y Letizia de Borbón, acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, viajarán en septiembre a Buenos Aires para mantener un encuentro con el Comité Olímpico Internacional, confirmó el diario El País en las últimas horas. En este sentido, una de las cuestiones que se barajan, señala Slepoy, tiene que ver con denunciar la impunidad vigente en España a través de la consigna “Madrid, capital olímpica de la impunidad”, lema que será discutido en los próximos días con los organismos de derechos humanos argentinos. Para octubre o noviembre, además de otros denunciantes, se espera el arribo al país de una delegación de legisladores españoles que presentarán, entre otras cuestiones, una querella por el asesinato de Lluís Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña.
“Los concretos pedidos que vamos a hacerle a la jueza es que fije fecha, eventualmente, para que se hagan las doce videoconferencias suspendidas, y de modo muy especial, para que responda sobre las imputaciones que hemos hecho”, sostiene el abogado. Servini de Cubría debe expedirse aún sobre el pedido de captura internacional hecho por la querella contra los funcionarios franquistas Rodolfo Martín Villa, Fernando Suárez González, Rafael Gómez Chaparro Aguado, Jesús Cejas Mohedano, Juan Antonio González Pacheco, José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal, Jesús Muñecas Aguilar y José Utrera Molina, suegro del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
El miércoles pasado, mientras ultimaban los detalles del viaje en Madrid, Luque Delgado, Ibargutxi y Galante –también la abogada Ana Messuti y Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica– escucharon en el salón de la casa de Slepoy en silencio, tal vez transportados a estas tierras con su música, los rasguidos que brotaban de la guitarra melodiosa de Jorge Cafrune y su “Zamba de mi esperanza”.
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