La futura norma establece la realización de un inventario de símbolos de la dictadura y un calendario para su retirada. También se creará un censo de personas desaparecidas tras el golpe militar del 18 de julio de 1936
El monolito en homenaje a Primo de Rivera, en el centro de Granada. // CHARO VALENZUELA
Las instituciones y organismos que mantengan símbolos de exaltación de la dictadura en espacios públicos serán sancionados con una multa que va desde los 300 euros, en una primera amonestación, hasta los 30.000. La futura Ley andaluza de Memoria Democrática, que está en fase de anteproyecto, fija sanciones para quienes infrinjan la norma, y da postead a la Junta de Andalucía para proceder a la retirada de los símbolos franquistas. Se trata de “evitar hacer trampas, como están haciendo algunos con la simbología franquista”, explica el parlamentario socialista por Granada Javier Aragón.
La nueva norma también establece la realización de un inventario de símbolos de la dictadura que aún permanecen en las calles y un calendario para su retirada. “Pretendemos que se haga de manera consensuada y que todos los demócratas estemos de acuerdo en que deben retirarse los elementos que hacen apología al franquismo”, señala el parlamentario socialista.
La ley andaluza pretende así enmendar la ley estatal de 2007, cuya ambigüedad en parte de su articulado ha permitido que se mantengan en la vía pública monumentos que hacen apología al fascismo. Es el caso del monolito a Primo de Rivera, una escultura dedicada al fundador de la Falange que preside desde 1972 la plaza de Bibataubín, en pleno centro de Granada, que el gobierno municipal (PP) se niega a retirar acogiéndose al supuesto valor artístico de la obra.
Asociaciones memorialistas y organizaciones de izquierdas vienen criticando el cinismo del presidente del PP y de la Diputación, Sebastián Pérez, que es el principal defensor de la escultura fascista por homenajear al mismo tiempo a García Lorca y a sus verdugos. El monolito representa el saludo fascista. Consta de cinco brazos, coronados por unas alas de águila con el yugo y las flechas, y una dedicatoria: “Granada a José Antonio”.
“No queremos que se incumpla la ley por la puerta de atrás”, dice Aragón al explicar las novedades de la Ley Andaluza de Memoria Democrática. La normativa, que entrará en el Parlamento andaluz a finales de octubre o principios de noviembre, pretende acabar con los resquicios legales de la ley estatal y ampliar la obligación de retirar los símbolos de exaltación del franquismo a las fachadas de los edificios privados.
La nueva norma, que forma parte del acuerdo de gobierno suscrito por el PSOE e IU, establece que “los gastos derivados de cualquier intervención serán abonados por la Junta en parte o en su totalidad”, señala el diputado socialista. También prevé la localización, identificación y, en su caso, la exhumación de fosas comunes, la elaboración de un censo desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura y de un censo de víctimas de la represión, la creación de un banco de ADN y de un catálogo de lugares de memoria. Además, reconoce el derecho a conocer la verdad de lo sucedido durante la Guerra Civil y la Dictadura y a incluir dichos contenidos en el currículo escolar y establece planes de resarcimiento y reconocimiento a los represaliados.
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