Restos hallados en la fosa de Encinasola. // Juanma Guijo y Amhyja
Ésta fue la petición de María Dolores Nepomuceno, familiar de víctima del franquismo y miembro de la Asociación de El Castillo de las Guardas (Sevilla), al relator especial de la ONU, hace dos semanas: ”El objetivo final de todos ellos es poder ver a los suyos, aunque sea en una cajita pequeña. Y aunque haya leyes de las instituciones, que colaboren con las asociaciones para poder hacer la exhumaciones porque somos los familiares los que las promovemos. Que no nos pongan tantas trabas. Que cuando los tengamos localizados, no tengamos que explicarles a nuestros familiares que no los podemos sacar todavía porque hay que esperar una respuesta que no sabemos cuál será. Es justo denunciar y necesario pero también se puede hacer después de sacar los cadáveres. Porque en este caso hemos traído a ellas que son las más jovenes, las hay más mayores y no aguantan, no les queda tiempo”. Las dos mujeres a las que se refiere -una de ellas su madre- tienen 80 años.
La nueva ley de memoria que prepara la Junta de Andalucía, cuya aprobación se ha retrasado por discrepancias entre los socios de gobierno (PSOE e IU), está generando preocupación entre colectivos de familiares de víctimas, que han visto distintos borradores desde que comenzó a tramitarse en la Dirección General de Memoria Democrática, dependiente de IU. Lo que más inquieta al colectivo es precisamente el corazón de la futura norma: las exhumaciones. Según confirman fuentes de IU y PSOE, la ley establecerá la obligatoriedad de la Junta a estar presente en todos los procesos de exhumación e identificación de víctimas, una idea que venían reclamando los propios familiares -el deber del Estado de asumir esta labor, una política pública de memoria-. El temor, sin embargo, de las víctimas es no poder intervenir en las fosas de modo particular, sin la supervisión de la Administración, como se ha producido hasta ahora en la mayoría de los casos, y la obligatoriedad de presentar la denuncia ante los juzgados una vez localizados los restos. Esto último, consideran, puede causar situaciones como la que se vive en Encinasola (Huelva): los huesos se están mojando a la espera de una respuesta del juzgado. Y, hasta el momento, todos los jueces han archivado las denuncias.
“Que colaboren con las asociaciones, que no nos pongan tantas trabas”, piden los familiares, que ven necesario participar en el trámite de la nueva ley para que no ocurra como con la de 2007
“Quedan prohibidas la localización, exhumación y, en su caso, la identificación que no hayan sido autorizadas por la Consejería competente en materia de Memoria Democrática”, rezaba el artículo 8.2 de un viejo borrador elaborado por IU que circuló entre los colectivos memorialistas. El artículo también atribuía a la Consejería la responsabilidad del seguimiento de los trabajos y su obligatoriedad de ponerlo en conocimiento de los jueces. Ese mismo borrador, que, según fuentes de ambos partidos, ha sido ya modificado en algunos de sus artículos, también incluía multas por excavar fosas sin la autorización expresa de la Junta, considerado como una infracción muy grave.
En el fondo de todo ello, el nerviosismo de estos familiares es que las exhumaciones se retrasen aún más en una cuestión en la que el tiempo juega absolutamente en contra. “¿Va a poder exhumar la Junta las 600 fosas que quedan por abrir? ¿Con qué dinero?”, se preguntan. Exhumaciones como la de El Marrufo, en Cádiz, donde fueron localizados 28 restos de cadáveres, identificados con las pruebas de ADN 13 de ellos y enterrados con dignidad hace apenas un mes, no hubieran sido posibles sin la ayuda privada. Salvo el proceso de investigación y cata, financiado por el Gobierno de Zapatero, todo lo demás en este proceso ha sido costeado por los familiares y la ayuda de voluntarios, entre ellos arqueólogos.
CELERIDAD
La propia Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), presidida por Emilio Silva, ha prestado de forma desinteresada su ayuda en la exhumación de algunas fosas en Andalucía. La semana pasada también manifestó sus quejas al propio director general de Memoria Democrática de la Junta, Luis Naranjo. A través de una carta, le expresó su preocupación por la “pasividad” con que su departamento “deja pasar el tiempo sin exhumar e identificar a los cientos de desaparecidos andaluces, que es algo que según la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada del 20 de diciembre de 2006, deben acometer las instituciones con la máxima celeridad”, informa Europa Press. La ARMH reclama, por tanto, celeridad en la elaboración de la norma andaluza, que es probable que finalmente este mismo martes sea aprobada por el Consejo de Gobierno.
El pasado 30 de enero, el Grupo de trabajo de memoria histórica de CGT-A también pidió al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que traslade al Gobierno andaluz y al Parlamento la necesidad de que sean convocados todos los expertos, entidades, asociaciones y organizaciones que tengan algo que decir sobre el tema. “Es fundamental, para este grupo de trabajo, que esta nueva ley sea debatida en profundidad antes de su votación y aprobación para así evitar que ocurra como con la ley de memoria histórica de 2007, donde no se escuchó a la sociedad civil en sede parlamentaria y ante los responsables de los grupos parlamentarios, lo que provocó que no se tuvieran en cuenta importantes áreas y se quedó obsoleta antes, incluso, de que se publicara en el BOE”, informa el grupo en una nota. Fuentes del PSOE aseguran que la ley pasará por un amplio debate en el trámite parlamentario con el asesoramiento de todo el colectivo memorialista. Algunos familiares, aseguran, han sido ya llamados.
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