La jueza a su llegada a Marchena. // F. A.
La justicia española continúa poniendo obstáculos a la investigación de los crímenes del franquismo. El juzgado de instrucción 9 de Málaga no ha permitido a la jueza argentina María Servini realizar esta mañana la visita al monolito en homenaje a las víctimas del franquismo ubicado en el cementerio de San Rafael, según ha confirmado a Andalucesdiario.es Máximo Castex, abogado de la querella argentina. El juez de Málaga ha fijado la fecha de la visita para el próximo 18 de junio, cuando Servini ya habrá regresado a su país. “Es ridículo”, afirma entre la sorpresa y la indignación Castex.
La jueza, que llevaba esperando desde la nueve de la mañana, había solicitado la semana pasada, a través de exhorto, la visita al recientemente inaugurado monumento, donde descansan los restos de 2.840 cuerpos que pudieron ser recuperados de aquella masacre perpetrada por el régimen de Franco hace 70 años. Es la fosa más grande de España que ha sido exhumada y es simbólica, además, porque contó con el consenso y el apoyo del PP. “Tenemos constancia de que tanto el juzgado como la Fiscalía tenían constancia del exhorto desde el viernes”, asegura el abogado.
El propio secretario del juzgado de Sevilla donde declaró el pasado viernes otra víctima, Francisco Marín, se puso en contacto telefónico con su homólogo en Málaga para intentar cerrar un horario de la visita al cementerio. Pero ni hubo respuesta entonces ni esta mañana, hasta la una de la tarde, cuando los secretarios judiciales de la jueza argentina han regresado hasta el hotel donde esperaba Servini con la mala noticia.
Castex entiende esta decisión como falta de voluntad y obstrucción, porque el juez tenía también la opción de firmar una autorización para que la visita se realizara sin él. “Pero no, el juez irá, si va, el 18 de junio y hará un informe que enviará a la jueza dos meses después que, por muy exhaustivo que sea no podrá suplir el contacto directo de la jueza en el lugar, interesada en conocer de primera mano cómo fue la exhumación, cuántos cuerpos faltan por identificar, etc…”, insiste el abogado, que contrapone la enorme colaboración que ha recibido la jueza en Sevilla y el País Vasco con las dificultades encontradas en Málaga. La decisión pone más que en evidencia el maltrato que reciben a diario las víctimas de la represión en este país.
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