La nueva norma andaluza, impulsada por IU y fraguada durante el gobierno de coalición con el PSOE, sale adelante sin el rechazo del PP, que se ha abstenido junto a Ciudadanos. Mucho más avanzada que la estatal, parte de que los crímenes son imprescriptibles.
La nueva ley andaluza gira en torno a tres cuestiones clave. La primera: la obligación del Estado de dar a conocer la verdad, hacer justicia y reparar a las personas que fueron represaliadas por el franquismo, es decir, es el Estado, en este caso la Junta, quien asume como una política pública más la recuperación de la memoria y, en concreto, las exhumaciones, tal y como venían reclamando el colectivo memorialista, el derecho internacional y la ONU. La segunda: la aceptación de esa parte de la historia -silenciada, ninguneada e incluso negada con insistencia en los últimos años- a través de una especie de comisión de la verdad, incluida a propuesta de Podemos. Y la tercera: la extensión de ese relato a las aulas. Esta última parte es la que no ha terminado de convencer ni a PP ni a Ciudadanos, que apelan igualmente para no haber votado a favor el cuestionamiento de la ley de amnistía que el texto recoge en su preámbulo y el periodo de aplicación: desde 1931 a 1982. Es decir, desde Blas Infante a Manuel José García Caparrós, asesinado en la Transición, como resumió el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, con los colores republicanos en su solapa.
La norma parte de que los crímenes son imprescriptibles y debe asegurarse, en consecuencia, su persecución universal: “Por lo que no puede aplicarse a ellos la prescripción de la acción penal o de la pena mediante el establecimiento de leyes de amnistía o de cualquier otro modo”, sostiene. Ésta es una de las principales diferencias con respecto a la ley estatal, que apelaba al “espíritu de la Transición” y a la ley de amnistía, defendida por el propio Zapatero para rechazar una comisión de la verdad, como proponía Baltasar Garzón. “Abre un camino que se aleja de una injusta equidistancia”, afirmó Maíllo. En el texto andaluz, no obstante, no se hace un relato antitransición: “La transición a la democracia, vista desde la perspectiva del tiempo transcurrido, dio unos resultados políticos positivos, ya que permitió superar la división creada por la Guerra Civil y la Dictadura, institucionalizó la vida democrática y creó espacios de convivencia”. La diputada del PSOE que defendió la ley, María Márquez, también insistió en ello: “No tienen que contarle la historia a quienes la protagonizaron. Claro que la Transición fue buena, pero tiene asignaturas pendientes con estas familias”. Ella misma, nieta de jornalero y sirvienta de terratenientes, aseguró haber visto el horror y el miedo en los ojos de sus abuelos y reprochó al PP que no apoyara una ley que ni ofende ni hace daño a nadie: “La política española sigue teniendo portavoces de aquel régimen. No responsabilice a la izquierda de que ustedes no hayan votado a favor”, concluyó.
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