La visita a España del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas es calificada de "espaldarazo importante" para el movimiento memorialista por el ex magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que en una entrevista concedida al programa 'La Memoria' de Radio Andalucía Información analiza con detalle la creciente proyección exterior de la memoria histórica española. El actual asesor del Tribunal Penal Internacional arremete una y otra vez contra el poder judicial y en especial contra el Tribunal Supremo, a cuyos magistrados acusa de haber dejado desamparadas a las víctimas del franquismo. "Es la deuda que cada uno de ellos tendrá que llevar siempre", dice al tiempo que pide la anulación de la Ley de Amnistía, aunque considera que su vigencia no impediría juzgar el genocidio franquista.
Garzón apela a la dignidad y a la ética para que los jueces se personen en las exhumaciones de fosas comunes. "Tienen que ir, estar, identificar y ordenar que practique lo que proceda. Lo que no pueden hacer es inhibirse. Y eso es lo que han propiciado resoluciones como la del Tribunal Supremo". El juez que abanderó en los años 90 la aplicación del principio de jurisdicción universal contra las dictaduras argentina y chilena espera que el Gobierno español tome nota de las recomendaciones de los funcionarios de la ONU y cree que "la eliminación de la connotación fascista del Valle de los Caídos sería el mayor acto de reparación colectiva integral".
Trece años después de la primera exhumación de una fosa común en España con metodología científica homologada a nivel internacional, el movimiento para la recuperación de la memoria histórica atraviesa un momento procesal de máxima proyección exterior. Y va 'in crescendo' ¿no?
El problema es que durante muchos años esto se olvidó. Desde septiembre de 2013 este movimiento ha recibido un espaldarazo importante por la visita del grupo de trabajo de desapariciones arbitrarias de Naciones Unidas, que ha tenido la ocasión de comprobar la realidad española. En su informe preliminar ha dicho que España tiene que hacer frente a una deuda histórica, tiene que proteger a las víctimas y hacer todo lo necesario para anular la Ley de Amnistía.
Estos expertos de la ONU han puesto el dedo en la llaga principal desde el punto de vista jurídico-político, la Ley de Amnistía de 1977, principal pretexto que se utilizó contra la investigación judicial que usted abrió hace ahora 5 años con su auto en el otoño de 2008. Ellos coinciden con usted en que las desapariciones forzadas son crímenes que no pueden estar sujetos a la amnistía.
"Un juez al que se le dice que hay restos humanos no puede decir: bueno, sáquenlos ustedes"
Recuerdo las expresiones entonces del juez Luciano Varela sobre la Ley de Amnistía diciendo que hacíamos aberraciones. Creo que es una ley que no debería impedir que se investigaran esos crímenes de lesa humanidad y sistémicos porque no está ni fue hecha para garantizar esa impunidad.
Los expertos han reconocido su trabajo de entonces y recomiendan al Gobierno de Rajoy que ponga a disposición pública la base de datos de los 114.000 desaparecidos con las listas que le entregaron historiadores y asociaciones memorialistas.
Los 1 14.000 desaparecidos fueron fruto del primer esfuerzo de recuento que hicieron las asociaciones de víctimas en 2008. Luego acordé un dictamen pericial y se creó un sistema y una base de datos con una horquilla que como mínimo contabilizaba 136.000 víctimas y como máximo entre 150.000 y 156.000 víctimas, con una tendencia que iría en aumento.
¿Qué hacer entonces con la Ley de Amnistía, derogarla o interpretarla de otra manera, como sucede en Chile, donde la ley de punto final no fue derogada y, sin embargo, hay 800 militares encarcelados tras haber sido condenados? Los expertos de la ONU sostienen que aquí también se podría juzgar con la Ley de Amnistía vigente.
Estoy absolutamente de acuerdo con el grupo de expertos de la ONU en que la Ley de Amnistía permitiría investigar los crímenes del franquismo. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo, de forma arbitraria, ha hecho una interpretación contraria en una decisión corporativa que va en contra de la tendencia mayoritaria en el derecho internacional y los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos son meridianamente claros en el sentido contrario. Yo citaba mucha jurisprudencia apoyando mis resoluciones de entonces. Es decir, que nunca puedes interpretar la Ley de Amnistía como el obstáculo que impida la investigación de crímenes de sistema, de lesa humanidad, de genocidio, que son crímenes permanentes e imprescriptibles. Esta tendencia arranca a comienzos del siglo XX. Ahora el país que fue abanderado a finales de los 90 en la lucha por la jurisdicción universal es el país más restrictivo, precisamente en la interpretación de la Ley de Amnistía cuando previamente se mostró en contra de esa interpretación respecto a Argentina en el 'caso Scilingo'.
¿Puede tener algo que ver en esto la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de 2009, en la última etapa de Gobierno socialista, que redujo la competencia de los tribunales españoles para la aplicación del principio de jurisdicción universal?
Creo que son ámbitos distintos. La decisión del Supremo de no tocar la Ley de Amnistía, que también es una posición política consolidada después de la Transición, va más en la dirección de que no queremos enfrentarnos a nuestro propio pasado. Después de más de 70 años desde la Guerra Civil y casi de 40 de democracia, no hemos asumido ni digerido los 40 años de dictadura. Es un elemento nuclear pendiente que tenemos que superar. En la decisión de reducir el principio de jurisdicción universal, en una votación en que coincidieron PSOE y PP, creo que influyeron otros factores: económicos, políticos y diplomáticos. Porque hubo unos precedentes preocupantes en los que desde la Audiencia Nacional se estaba investigando casos de Israel, China y Estados Unidos.
También insta el grupo de expertos a tipificar específicamente el delito de desapariciones forzadas en el Código Penal, con un mensaje implícito que pretendería ir más allá de las interpretaciones de los jueces y que perseguiría legislar, cambiar la ley.
Si se reconoce como delito autónomo, el problema vendrá después por considerar después que la ley es irretroactiva y eso impedirá el conocimiento. Sin embargo, si se califica como delito permanente, estará reconociendo que al día de hoy se sigue cometiendo y por tanto existe la obligación de investigar esos delitos y de dar protección a las víctimas e incluso, si hubiera realmente intención, reparar a las víctimas.
"El mayor acto de reparación a sería la eliminación de la connotación fascista del Valle de los Caídos"
El Tribunal Supremo tuvo la oportunidad histórica de decir que la investigación de los jueces debería continuar para buscar en su caso las responsabilidades que hubiera, describir los delitos cometidos, localizar los cuerpos y definir finalmente la reparación integral de las víctimas. Esa oportunidad la desaprovechó el Tribunal Supremo en plena democracia y esa es la deuda que cada uno de los magistrados tendría que llevar siempre porque dejaron desamparadas a las víctimas.
Y ahora viene el grupo de expertos de la ONU diciendo: ustedes no han hecho lo que deben, no protegen a las víctimas, háganlo. Es muy duro cuando no hay nada que lo impida hacer aquí, porque por el tiempo transcurrido, quién se va a sentir ahora alterado en sus derechos y demás.
Los expertos de la ONU se habrán extrañado al tener que venir a un país desarrollado como España, que presume de ser la 10 potencia económica del mundo y que quiere estar en el G20, a comprobar si aquí se respetan los derechos humanos. Ellos que suelen viajar a países menos desarrollados, como Cambodia que, por cierto, es el único que nos gana en víctimas de la represión política desaparecidas y enterradas en fosas comunes. Una auténtica vergüenza, ¿no cree?
En la época reciente, sí. Porque también hay otro genocidio, el armenio, que también está inmaculado en cuanto a investigación. Pero es verdad que el grupo de trabajo de la ONU que ha estado aquí una semana y el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, que también va a examinar a España en noviembre en Ginebra, se tiene que haber sorprendido tras oír los testimonios de las víctimas, de los expertos entre ellos los de la fundación que yo presido. Les habrá impresionado también que aún tengamos normas que no nos permiten hacer una lucha efectiva contra el terrorismo si no es recurriendo a normas exorbitantes como la incomunicación o establecer mecanismos para prevenir la práctica de la tortura y los malos tratos, como los que intentamos establecer algunos jueces desde 2006. Es tiempo ya de que el poder judicial en España haga una reflexión profunda de lo que ha sido una falta de compromiso de muchos jueces en la persecución de ese tipo de delitos.
A lo mejor esos colores que nos están sacando los organismos internacionales facilitan esa autocrítica.
Al menos han puesto de relevancia que en Argentina se está haciendo un intento por investigar estos hechos y se le ha pedido al Gobierno español que colabore y que no bloquee.
Los expertos también instan a Gobierno a tomar la iniciativa con un plan de búsqueda promovido de oficio y la actualización del mapa de fosas. Por mucho que diga el ministro de Exteriores García Margallo que el Gobierno estudiará con detenimiento las recomendaciones de la ONU cuando el año que viene sean definitivas, las impresiones preliminares parecen distanciarse mucho de la política del Ejecutivo de Rajoy, que ha dejado sin un euro esta Ley de Memoria Histórica "de alcance limitado" a juicio de estos funcionarios internacionales.
"La Ley de Amnistía no debería impedir que se investigaran esos crímenes porque no fue hecha para garantizar esa impunidad"
Yo empezaría a creer que hay una cierta voluntad en el momento en que una partida presupuestaria del Estado -y seguro que el país no se arruinaría- fuese destinada a la recuperación de la memoria histórica, a una comisión de la verdad, a las exhumaciones de fosas y al mayor acto de reparación colectiva integral que sería la eliminación de esa connotación fascista que tiene el Valle de los Caídos, que es defendida por todo ese sector que dice ahora que se va a pensar lo de las recomendaciones. No hay que pensar nada. Hay que cumplir la ley que implica proteger a las víctimas.
También se han sorprendido de que aquí no se hayan juzgado nunca las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo. Instan a hacerlo y de manera urgente, dada la avanzada edad de las víctimas supervivientes y de los testigos. La justicia en los casos argentino y chileno fue más cercana en el tiempo. ¿Hasta qué punto el factor tiempo es un problema añadido en el caso español?
- Es una omisión gravísima y una continua revictimización de las víctimas que ven frustrado su derecho hasta el punto de que van a perder la vida por razones naturales sin una respuesta. Desde luego, el tiempo no es ningún problema porque hay muchos esfuerzos que se pueden hacer: en los archivos, la recopilación de información deslabazada, iniciativas de protección a las víctimas, la recogida de testimonios o, simplemente la presencia de los jueces... Mire, una víctima es reparada a veces por el simple hecho de estar ante un juez que la trate con justicia y delicadeza y que oiga su historia.
Lo grave de aquí es que el único momento hasta hoy en que siete u ocho víctimas han tenido oportunidad de declarar ante un tribunal fue en el juicio contra mí en el Tribunal Supremo y porque nosotros lo pedimos. Es terrible. Fíjese la contradicción de que tenga que ser en el juicio que le hacen al juez que quiere investigar y que sea el juez el que llame a las víctimas para que declaren ante el tribunal.
Andalucía prepara una Ley de Memoria Democrática que pretende implicar a los jueces en las exhumaciones, al menos según el anteproyecto que estudia el Gobierno de coalición PSOE-IU. Usted que ha sido juez, ¿se imagina a los jueces presenciando a pie de fosa cómo afloran restos humanos con signos evidentes de torturas y muerte violenta?
A los jueces no me los imagino de otra forma. Mi idea de justicia no es la de omisión de esas obligaciones. Un juez al que se le dice que hay restos humanos no puede decir: bueno, sáquenlos ustedes. Hay un mínimo de dignidad y de cumplimiento ético y legal. Tiene que ir, tiene que estar, tiene que identificar y tiene que ordenar que practique lo que proceda. Lo único que no puede hacer es inhibirse. Y eso es lo que han propiciado resoluciones como la del Tribunal Supremo.
Emilio y Benito.
