"Estamos ante un gran momento de la querella", celebra el abogado de las víctimas de la dictaduraMáximo Castex. El viaje que ha realizado la jueza argentina María Servini de Cubría en el marco de la causa sobre los crímenes del franquismo comienza una nueva etapa. La magistrada ya conoce el terreno. Ha vuelto a Argentina con el testimonio de ocho víctimas del franquismo, con nuevos documentos, y con la predisposición de algunas instituciones que prometen dar más información.
La querella espera ahora nuevas medidas judiciales que hagan avanzar la causa. Castex, que acompañó a Servini durante todo el viaje, destaca que por primera vez víctimas del régimen franquista han podido declarar ante una jueza.
"Llevaban toda su vida esperando para poder hablar. Pero se notaba el miedo que tenían durante las declaraciones: no precisaban muchos datos en algunas ocasiones, y evitaban dar nombres", reveló Castex a Público, todavía sorprendido. "Una de las víctimas reconoció al final su reticencia: Lo hago para no manchar a la familia. Pese a todo lo que vivieron, siendo víctimas, tienen respeto para los familiares de los victimarios".
Hito para las víctimas del franquismo
"Éramos conscientes, desde Argentina, de que había un gran grupo de víctimas que no podía declarar", reveló más tarde Castex, durante una conferencia de prensa celebrada en Buenos Aires. "Eran víctimas que rondaban los 90 años, que ni siquiera podían trasladarse a Madrid para participar en las videoconferencias, y mucho menos viajar a Argentina para declarar directamente ante la jueza Servini", contó.
La única manera de acercar la Justicia a este grupo de víctimas, entonces, era hacer que la jueza viajara a España para tomarles declaración. "Esto se hizo en el marco del Tratado Bilateral de Cooperación entre España y Argentina. La jueza argentina, ante un pedido concreto de la querella, pidió a la Corte Suprema la diligencia judicial de viajar durante 15 días con la colaboración de dos de sus secretarios", añadió el abogado. "En la última semana del viaje tomamos conocimiento de la participación de un nuevo fiscal en la causa, que también fue autorizado para viajar".
La querella no contaba hasta hace pocas semanas con el apoyo del fiscal público argentino designado para la causa, que por aquel entonces era Federico Delgado. Antes de solicitarse el viaje, Delgado pidió su
excusación, que fue aceptada por Servini, y de un nuevo sorteo resultó elegido Ramiro González, quien solicitó su inclusión en el viaje para participar en las audiencias testimoniales en España.
Incertidumbre sobre la reacción española
Las dudas sobre los resultados del viaje comenzaron desde principio, porque la primera consulta que realizó la jueza para realizar una audiencia en Miranda del Ebro (Burgos) aFélix Padín, de 97 años, no fue respondida. "No llegaba respuesta del juzgado local, y después nos enteramos de que además se había complicado el estado de salud del testigo que íbamos a entrevistar", contó el letrado. "En cualquier caso, la jueza se acercó al hospital donde estaba ingresado y estuvo con él casi una hora".
El siguiente tramo del viaje los llevó a Gernika, en el País Vasco, donde el equipo jurídico tomó las declaraciones de los hermanos Julen y Elisa Calzada, hijos de un fusilado por las tropas franquistas en Busturia en 1937. "El juzgado de esa localidad fue el primero que diligenció, y además de un día para otro, una cédula de citación para que víctimas de la dictadura declararan por primera vez", expuso Castex.
Surgieron entonces un interés institucional por aproximarse a la jueza. Se reunieron con la magistrada representantes de varias organizaciones vascas de derechos humanos, el presidente del Parlamento vasco, Bakardo Tejeria, y el alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre. Servini recibió también documentación sobre el bombardeo de Guernica.
Después llegaría el turno de Andalucía, en donde se declararon tres testigos: Antonia Parra, de 78 años, y Francisco Rodríguez, de 88, víctimas de la represión en las localidades sevillanas de Marchena y Carmona. También ofreció su testimonio en SevillaFrancisco Marín, de 94 años de edad.
Castex manifestó su desencanto por las dificultades que pusieron las autoridades de Málaga para permitir la visita de la jueza al cementerio de San Rafael en Málaga, que alberga la mayor fosa común del país. "El propio juzgado de Málaga anunció que la visita al cementerio se haría el 18 de junio, cuando sabían que para esa fecha la jueza ya se habría vuelto a Buenos Aires", comentó. "Nos dejaron toda la mañana esperando en el hotel, esperando una respuesta".
En ese ínterin, comenzaron a llamar otras víctimas del franquismo para intentar declarar ante la jueza. "Decidimos entonces salir de la diligencia judicial e ir nosotros, como abogados, a Palma de Mallorca para visitar a varias víctimas. "Allí vimos de nuevo el miedo a declarar. Como pasó en Andalucía, no respondían de manera concreta a alguna de las preguntas. Y todo ello pese a la crudeza de los relatos. Escuchamos testimonios de gente quemada viva en actos públicos en plazas, de gente arrojada al mar con piedras", reconoció el abogado.
No por ello las víctimas ocultaban su emoción. Muchas terminaron llorando y agradeciendo la visita, por ser la primera vez que declaraban. Ante la pregunta de qué esperaban de la querella, las víctimas coincidían en una cosa: querían exhumar a sus seres queridos. No obstante, la querella espera que la jueza concrete nuevas videoconferencias a partir del 20 de junio. Declararían unas quince víctimas.
Última sorpresa del viaje
En la última etapa del viaje, que encontró a los argentinos en Madrid, sucedió algo imprevisto. Un juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, aceptó recibir a las víctimas Teresa Álvarez Alonso (93 años) y Faustina Romeral Cervantes (90). "Éste es el día más feliz de mi vida", expresó Álvarez a la jueza al término de su declaración.
La paradoja era notable. La misma Audiencia Nacional que negó las extradiciones del exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar y del exinspector Antonio González Pacheco, aliasBilly el Niño, era la que por primera vez aceptaba escuchar a dos víctimas de la dictadura. "A diferencia de las otras, esas declaraciones fueron filmadas y grabadas, por lo que serán remitidas vía cancillería argentina a la jueza en el transcurso de 15 días", precisó Castex.
El viaje culminó con una visita institucional al Archivo Histórico Nacional. La jueza podrá ahora pedir documentación sobre la entrada de las víctimas en las distintas comisarías y delegaciones policiales del país. "Lo que vemos es que no sólo la jueza tomó declaraciones, sino que éstas se podrán canalizar a través de medidas concretas, como exhumaciones y pedidos de ADN", adelantó el representante de las víctimas.
Otra esperanza se abre en torno al fiscal público argentino Ramiro González, "que ha tomado contacto directo con la realidad de España", en palabras de Castex, quien espera que se sume a los pedidos concretos de la querella sobre nuevas imputaciones y exhumaciones.
u más enérgica repulsa a la decisión tomada y realizará cuantas acciones sean necesarias con un único objetivo: EL MONUMENTO NO SE TOCA.
réplica a los obispos de Rocafull. // Andalucía en la Historia
