Si lo estimas oportuno, ¡¡¡ PASALA!!!
La Vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, resaltó a finales del mes de agosto la importancia de los “seis meses apasionantes” que tiene por delante el Ejecutivo hasta las elecciones generales de marzo. El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó hace unos meses que entre las Leyes por aprobar estaba la de “memoria histórica”; pero en una entrevista publicada el pasado domingo en El País no ha hecho referencia alguna a ella y sólo ha dicho que “quedan 30 leyes pendientes en el Parlamento” y que “tenemos que aprovechar la legislatura hasta el último minuto”.
¿Aprovechará el Gobierno “hasta el último minuto” estos “seis meses apasionantes” para aprobar la Ley de “Memoria Histórica” que los familiares de las víctimas de la represión franquista esperan desde hace tantos años?
No lo sabemos; pero el hecho es que desde la constitución de la Comisión interministerial en 2004 se sucedieron las promesas y los aplazamientos, y que no fue hasta julio de 2006 que el Consejo de Ministros aprobó y presentó el Proyecto de Ley.
Después, este Proyecto quedó aparcado al no llegarse a un consenso sobre la anulación de las sentencias pronunciadas por los tribunales franquistas, y sólo a mediados del pasado mes de abril el PSOE e IU-ICV llegaron a un acuerdo para desbloquearlo al acordar incluir en el texto la “ilegitimidad de los tribunales y los procesos judiciales llevados a cabo por motivos ideológicos durante la guerra civil y el franquismo”. Pero los otros Partidos no asumieron este acuerdo y el Proyecto siguió arrastrándose por el Parlamento.
El Gobierno creyó poder contar finalmente con CiU; pero este partido ha pedido, el 30 del pasado mes, que la Ley haga mención a los 'abusos' cometidos por el bando republicano durante la guerra. A esta exigencia ha respondido la Vicepresidenta primera del Gobierno que la Ley pretende reconocer derechos vulnerados a las víctimas del conflicto, no establecer una 'valoración histórica de lo ocurrido'. En estas estamos y los plazos son cada vez más cortos para que la Ley más polémica de la legislatura pueda salir del Congreso y vuelva del Senado antes de que el Gobierno disuelva las Cortes para convocar elecciones.
No sabemos si la negativa a incorporar la propuesta de CiU puede “dificultar” aún más la aprobación del “Proyecto de Ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura”; pero lo que si sabemos TODOS es que, si se deja pasar esta oportunidad, la rehabilitación y los derechos de “quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura”, por haber luchado para conseguir las libertades que hoy son constitucionales, quedarán aparcados indefinidamente.
Ante tan vergonzosa perspectiva, y puesto que la pretensión del Ejecutivo - según la Vicepresidenta- no es la de establecer con esta Ley una 'valoración histórica de lo ocurrido' sino la de resarcir a las personas “que perdieron el derecho al reconocimiento después de la guerra”, consideramos que el deber de TODOS es el de alcanzar este objetivo antes de que sea demasiado tarde.
Allá el Gobierno socialista y los Partidos con su responsabilidad política y moral de no haber sido capaces -más de 30 años después de la desaparición del Dictador- de poner fin al deshonor de una Democracia que valida los crímenes de la Dictadura. Y ello pese a que la reparación integral - sin paliativos- de la victimas del franquismo es un clamor entre los sectores más democráticos de la sociedad española. Tenían la ocasión de hacerlo en esta legislatura y de ganarse la consideración de todos los demócratas. Esta posición ha sido previamente asumida por el Consejo de Europa en un solemne y rotunda declaración que el gobierno socialista español hasta la fecha no ha tenido en cuenta.
Allá ellos si sólo son capaces de proponer una declaración general de “ilegitimidad” de los procesos judiciales franquistas. Los responsables de tal cobardía tendrán que asumirla ante los españoles y la historia. Sí, allá ellos si se conforman con declarar “ilegítimas” las sentencias de los consejos de guerra y de los órganos penales represivos de la dictadura franquista, pues son ellos, el Gobierno y los Partidos, quienes debían sentirse más concernidos por esta vergonzosa continuidad institucional de la Dictadura en la Democracia.
Nosotros hemos cumplido con nuestro deber denunciándolo. El suyo era y aún es ponerle fin. Por eso, lo que debe preocuparnos de verdad, a nosotros y a todos los colectivos de memoria histórica, es que las personas “que perdieron el derecho al reconocimiento después de la guerra” puedan obtener YA el reconocimiento de los derechos que por diversas “razones” administrativas no les ha sido reconocidos hasta ahora. De ahí que nuestra principal exigencia deba ser ahora la de instar al Gobierno y a los Grupos parlamentarios a hacerlo posible YA. Sus cobardías y demagogias han quedado suficientemente en evidencia a lo largo de este proceso de recuperación de la memoria histórica. Un proceso que les ha obligado a asumir, después de tantos años de amnesia, la deuda moral y política que tenían con las víctimas de la represión franquista. Esta deuda no será totalmente saldada con la declaración institucional de “ilegitimidad”, del tribunal que condenó a muchas de estas víctimas, y de “injusticia”, para aquellas que fueron condenadas sin juicio; pero tampoco se salda con considerar este reconocimiento insuficiente.
Por eso es un compromiso ético inaplazable hacer todo lo posible que las víctimas puedan hacer valer sus derechos antes de que sea demasiado tarde.
Madrid, el 4 de septiembre de 2007.
Por el “Grupo pro-revisión del proceso Granado-Delgado”
Octavio Alberola y Antonio Martín.
¿Aprovechará el Gobierno “hasta el último minuto” estos “seis meses apasionantes” para aprobar la Ley de “Memoria Histórica” que los familiares de las víctimas de la represión franquista esperan desde hace tantos años?
No lo sabemos; pero el hecho es que desde la constitución de la Comisión interministerial en 2004 se sucedieron las promesas y los aplazamientos, y que no fue hasta julio de 2006 que el Consejo de Ministros aprobó y presentó el Proyecto de Ley.
Después, este Proyecto quedó aparcado al no llegarse a un consenso sobre la anulación de las sentencias pronunciadas por los tribunales franquistas, y sólo a mediados del pasado mes de abril el PSOE e IU-ICV llegaron a un acuerdo para desbloquearlo al acordar incluir en el texto la “ilegitimidad de los tribunales y los procesos judiciales llevados a cabo por motivos ideológicos durante la guerra civil y el franquismo”. Pero los otros Partidos no asumieron este acuerdo y el Proyecto siguió arrastrándose por el Parlamento.
El Gobierno creyó poder contar finalmente con CiU; pero este partido ha pedido, el 30 del pasado mes, que la Ley haga mención a los 'abusos' cometidos por el bando republicano durante la guerra. A esta exigencia ha respondido la Vicepresidenta primera del Gobierno que la Ley pretende reconocer derechos vulnerados a las víctimas del conflicto, no establecer una 'valoración histórica de lo ocurrido'. En estas estamos y los plazos son cada vez más cortos para que la Ley más polémica de la legislatura pueda salir del Congreso y vuelva del Senado antes de que el Gobierno disuelva las Cortes para convocar elecciones.
No sabemos si la negativa a incorporar la propuesta de CiU puede “dificultar” aún más la aprobación del “Proyecto de Ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura”; pero lo que si sabemos TODOS es que, si se deja pasar esta oportunidad, la rehabilitación y los derechos de “quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura”, por haber luchado para conseguir las libertades que hoy son constitucionales, quedarán aparcados indefinidamente.
Ante tan vergonzosa perspectiva, y puesto que la pretensión del Ejecutivo - según la Vicepresidenta- no es la de establecer con esta Ley una 'valoración histórica de lo ocurrido' sino la de resarcir a las personas “que perdieron el derecho al reconocimiento después de la guerra”, consideramos que el deber de TODOS es el de alcanzar este objetivo antes de que sea demasiado tarde.
Allá el Gobierno socialista y los Partidos con su responsabilidad política y moral de no haber sido capaces -más de 30 años después de la desaparición del Dictador- de poner fin al deshonor de una Democracia que valida los crímenes de la Dictadura. Y ello pese a que la reparación integral - sin paliativos- de la victimas del franquismo es un clamor entre los sectores más democráticos de la sociedad española. Tenían la ocasión de hacerlo en esta legislatura y de ganarse la consideración de todos los demócratas. Esta posición ha sido previamente asumida por el Consejo de Europa en un solemne y rotunda declaración que el gobierno socialista español hasta la fecha no ha tenido en cuenta.
Allá ellos si sólo son capaces de proponer una declaración general de “ilegitimidad” de los procesos judiciales franquistas. Los responsables de tal cobardía tendrán que asumirla ante los españoles y la historia. Sí, allá ellos si se conforman con declarar “ilegítimas” las sentencias de los consejos de guerra y de los órganos penales represivos de la dictadura franquista, pues son ellos, el Gobierno y los Partidos, quienes debían sentirse más concernidos por esta vergonzosa continuidad institucional de la Dictadura en la Democracia.
Nosotros hemos cumplido con nuestro deber denunciándolo. El suyo era y aún es ponerle fin. Por eso, lo que debe preocuparnos de verdad, a nosotros y a todos los colectivos de memoria histórica, es que las personas “que perdieron el derecho al reconocimiento después de la guerra” puedan obtener YA el reconocimiento de los derechos que por diversas “razones” administrativas no les ha sido reconocidos hasta ahora. De ahí que nuestra principal exigencia deba ser ahora la de instar al Gobierno y a los Grupos parlamentarios a hacerlo posible YA. Sus cobardías y demagogias han quedado suficientemente en evidencia a lo largo de este proceso de recuperación de la memoria histórica. Un proceso que les ha obligado a asumir, después de tantos años de amnesia, la deuda moral y política que tenían con las víctimas de la represión franquista. Esta deuda no será totalmente saldada con la declaración institucional de “ilegitimidad”, del tribunal que condenó a muchas de estas víctimas, y de “injusticia”, para aquellas que fueron condenadas sin juicio; pero tampoco se salda con considerar este reconocimiento insuficiente.
Por eso es un compromiso ético inaplazable hacer todo lo posible que las víctimas puedan hacer valer sus derechos antes de que sea demasiado tarde.
Madrid, el 4 de septiembre de 2007.
Por el “Grupo pro-revisión del proceso Granado-Delgado”
Octavio Alberola y Antonio Martín.
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