Francisco Espinosa Maestre. Historiador
Decía hace poco el obispo de Tarragona, Jaume Pujol, que cuando “ve la memoria histórica” se da cuenta de que le faltan “sus sacerdotes y el obispo”. Según él, se dijo que en esa lista iban a estar “los dos bandos”. Pero rápidamente añade que los suyos “no son de un bando, son otra cosa…”, ya que hay que distinguir entre la persecución religiosa y la guerra civil. Mantiene Pujol que la persecución religiosa venía ya de antes, de los años treinta, aunque tenga que afinar más y dejarlo en “los años 34”, donde dice que ya hubo más de cien muertos. De ahí que se permitan hablar de “los mártires del siglo XX”. Al contrario que otros, la Iglesia, por supuesto, no abre heridas sino que las cura. Pero hay más. Según el obispo, los asesinos de los 522 mártires no han pedido aún perdón, al contrario que la Iglesia: “El papa Juan Pablo II ya pidió perdón en el 2.000 por toda la Iglesia”, lo cual parece que incluye, aunque no nos enteráramos, a la Iglesia española.
Por su parte, el jesuita y jesuítico exportavoz Martínez Camino se mostró partidario de abrir las fosas comunes. Sería “una obligación de piedad y humanidad”, declaró. Y añadió: “Y lo decimos con toda el alma: no se debe olvidar a ninguna víctima inocente”. Martínez Camino también ha dejado perlas como estas: “[El acto de Tarragona es] ejemplo de perdón al enemigo”, “Los cristianos no queremos tener enemigos” o “La Iglesia no olvida ninguna de las víctimas de los totalitarismos”.
Uno lee con cierto asombro estas declaraciones. No solo debemos soportar que la Conferencia Episcopal organice actos como el de Tarragona sino las justificaciones que dan sus responsables, amplificadas por sus múltiples medios. El obispo debe saber que los religiosos asesinados, tanto durante la revolución de Asturias como a partir del golpe militar del 18 de julio de 1936, no tienen por qué estar en lista alguna de la memoria histórica, porque esto sería repetir sus nombres. Además rebosa cinismo al echar de menos en dichas listas a “sus” sacerdotes y al obispo. A todas las víctimas de la Iglesia se las lleva conmemorando como mínimo desde 1939. Todas las diócesis y órdenes publicaron sus martirologios y la Iglesia se encargó a lo largo de la dictadura de que sus nombres no se olvidaran. Lo que llama la atención es que el señor obispo no eche de menos al diezmado rebaño. Precisamente a sus ovejas degolladas, olvidadas durante décadas, va dedicada la memoria histórica. ¿De dónde saca que “en la lista” iban a estar “los dos bandos”? Los suyos, Sr. Obispo, ya estaban en las listas de la memoria histórica del franquismo, mucho más antigua que la que surgió la década pasada. Esa es su memoria y allí sí que solo estaban los suyos.
Los que de verdad no hemos olvidado a nadie somos los historiadores. No los eclesiásticos como Montero, García Cárcel o Martín Rubio, que como Pujol solo tienen ojos para los suyos, sino los que hemos sacado a la luz la matanza fundacional del fascismo español, bendecida por la Iglesia. En nuestras obras constan también las víctimas de derechas y, por tanto, las de la Iglesia. Sabemos por otro obispo, el citado Antonio Montero, que el número de víctimas que la Iglesia considera suyas anda en torno a las seis mil ochocientas en todo el país. Un número altísimo sin duda que representa el 14 % del total de víctimas de derechas. Pero, en todo caso, un número similar al número de víctimas causado por el fascismo en una provincia como Huelva, inferior al de Córdoba o la mitad o menos del que hubo en Sevilla o Badajoz. El terror rojo acabó con más de doscientas religiosas, muchas de ellas beatificadas. Pero sólo entre las cuatro provincias mencionadas el fascismo católico acabó con más de dos mil mujeres, incluidas embarazadas. ¿Las recordarán alguna vez, Sr. Obispo?
El montaje de la Iglesia española con sus “mártires del siglo XX”, que viene de lejos, exige separarlos de la “guerra civil” y convertirlo en un fenómeno especial ajeno a esta. La Iglesia prefiere hablar de “persecución religiosa” y asociarla a la República, más por el intento de modernización que se llevó a cabo en relación con la Iglesia y en el campo de la enseñanza que por la persecución religiosa en sí. Pujol habla de más de cien muertos antes del golpe militar pero, si nos atenemos a la investigación histórica, no hay manera de pasar de los 34 causados por la revolución asturiana. Y en este caso, la mayor parte de los historiadores, incluso los más moderados, coinciden en que fueron hechos puntuales que no respondían a ningún plan establecido ni a persecución alguna. De hecho, la inmensa mayoría del personal religioso fue respetada.
Lo que busca la Iglesia al llevar el origen de la “persecución” al 34 es lo mismo que los “Moas” al trasladar el “origen de la guerra civil” a octubre de ese mismo año: despegarse del golpe militar y de sus complicidades. La Iglesia sabe que desde el momento en que se produjo la sublevación tuvo lugar un doble proceso: en la zona en que fracasó provocó un movimiento revolucionario que en unos meses se llevó por delante la vida de miles de personas, y en la zona en que se impuso y en los territorios que las columnas van ocupando un calculado plan de exterminio que deja pequeño al otro. En este plan la Iglesia participa de diferentes formas y eso es lo que nunca ha reconocido. La Iglesia solo admite que fue víctima y sigue ocultando y negando que también fue verdugo.
La agresión vino del fascismo y fue con este con el que la Iglesia se alineó. La guerra civil fue consecuencia del fracaso parcial del golpe. La Iglesia formaba parte del poder, era mantenida por el Estado y controlaba desde el siglo XIX sectores básicos de la enseñanza. Este orden fue el que vino a trastocar la República. Para nadie era un secreto la ideología política de la Iglesia ni el privilegiado estatus de que había gozado hasta entonces. La República, al poner fin a la monarquía, acabó con la vieja alianza entre el Trono y el Altar y convirtió la religión en un asunto privado al que cada uno era libre de dar la importancia que quisiera. El panorama resultó alarmante para la Iglesia. Sólo que en vez de reflexionar sobre las razones por las que tanta gente vivía ajena por completo a ella y a sus preceptos, prefirió culpabilizar a la República. En 1931 eclosionó una moral laica que se había ido forjando desde finales del XIX. Pero esta situación, acorde con los tiempos, suponía una provocación para la Iglesia, que no podía ver cómo la sociedad seguía su marcha sin tenerla en cuenta para nada.
Pujol dice que los religiosos asesinados no son de un bando, pero al obispo hay que decirle que, quisieran o no quisieran, el hecho de pertenecer a la Iglesia los convertía en parte principal del único bando que existió: el de los sectores que propiciaron, alimentaron y se sumaron al golpe militar cuyo objetivo no era otro que acabar con la República. Fueron muchos en todo el país los religiosos detenidos tras el fracaso del golpe. Pero no por la “persecución religiosa”, sino dentro de las medidas que los comités tomaron para controlar la situación. Parroquias, sacristías y depósitos varios albergarán a propietarios, derechistas destacados, falangistas, curas, obreros serviles, etc. Y allí donde se abrió la vía al crimen morirán todos juntos. Sus asesinos los matan por ser enemigos de clase y por representar una institución reaccionaria. Pero le diré algo al Sr. Obispo: si todos los curas detenidos tras el golpe hubieran sido asesinados, el número de víctimas religiosas habría que duplicarlo al menos. ¿Y sabe por qué no llegó a ocurrir tal cosa? Porque el respeto por la vida estuvo más cerca de los comités que se constituyeron para la defensa de la República que de los que se sublevaron y contribuyeron a su destrucción, Iglesia inclusive. Enerva que con este pasado la Iglesia ejerza de defensora de la vida.
Entre las afirmaciones de Pujol una de las más provocadoras es la de que los asesinos de los 522 mártires no pidieron perdón, pero el papa polaco sí. El obispo debe saber que por cada muerte de estas cayó luego mucha gente y que el sistema judicial franquista no se caracterizaba precisamente por el respeto a las garantías procesales. ¿Sabe acaso lo que dijeron antes de morir los culpables que fueron ejecutados? ¿Ha pensado alguna vez el obispo cuántos inocentes cayeron por cada uno de sus mártires? ¿No se ha fijado nunca en el apartado de la Causa General dedicado a los culpables y su paradero? El perdón pedido por Wojtyla en nombre de toda la Iglesia, ¿se refería a las barbaridades cometidas por la Iglesia en el siglo XX o a lo largo de su historia, en Europa o en el mundo? Pues sí que le salen baratos los pecados a la Iglesia. Y para colmo salen los de aquí diciendo que ese perdón incluía el mal que pudo hacer la Iglesia en España. Asunto resuelto. A algunos nos hubiera gustado que el perdón lo hubiera solicitado la Conferencia Episcopal no sin antes haber especificado los pecados cometidos a partir de julio de 1936. Así, en relación con la Iglesia, además de sus “mártires del siglo XX”, podríamos hablar de sus “pecados del siglo XX”.
Sorprende la llamada que hizo el ya exportavoz Martínez Camino a favor de la apertura de fosas comunes. Pues desde su cargo de secretario de la CEE y como experto en los “mártires del siglo XX” podría haber sido de gran utilidad favoreciendo el acceso a la documentación eclesiástica relacionada con la represión franquista. Por ejemplo, las memorias e informes de carácter interno y los expedientes personales de capellanes, párrocos, obispos, etc. Al fin y al cabo son archivos cuyo mantenimiento pagamos todos y que deberían regirse por la Ley de Patrimonio Histórico. Y digo que deberían porque hasta la fecha ellos deciden qué y quién lo puede ver.
La Iglesia española tiene la creencia de que todas sus víctimas eran inocentes, de lo cual yo no dudo, si bien en lo referente a las provincias que he estudiado hay casos en los que podría aportar inquietantes matices. Sin embargo, los enemigos de la memoria histórica, entre ellos algunos eclesiásticos, han planteado más de una vez dudas sobre la inocencia de las víctimas del franquismo. Dejando caer: ¿y quién dice que estos que estáis recuperando fueron víctimas inocentes? Ya dijo el cura falangista Martín Rubio que la justicia franquista siempre castigaba por delitos concretos. En definitiva estamos ante lo de siempre. La inocencia de unos se da por supuesto; la de los otros habría que probarla.
Finalmente asombra que Martínez Camino afirme que la Iglesia nunca olvida a las víctimas de los totalitarismos. Se ve que el jesuita debe ser de la escuela del sociólogo Juan José Linz, al que tanto debe el franquismo, y que lo que ha querido decir es que no olvidan a las víctimas del nazismo y del comunismo. Como el franquismo, según Linz, fue un régimen autoritario, pues no hace falta recordar a sus víctimas. Quizás por eso la Iglesia no lo ha hecho nunca. Olvidan la frase con la que el historiador Herbert Southworth cerraba su obra El mito de la cruzada de Franco: “Sí, caballeros, tenéis razón; era una cruzada. Pero la cruz era gamada”.
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lunes, 9 de diciembre de 2013
domingo, 30 de septiembre de 2012
El Gobierno del PP ha eliminado la partida para la búsqueda de desaparecidos de la represión franquista
Extraido de El Plural.com
El Gobierno del PP ha eliminado la partida para la búsqueda de desaparecidos de la represión franquista pese a la promesa, en abril de la vicepresidente Soraya Sáez de Santamaría, de que esta ayuda se mantendría. Las asociaciones de memoria histórica que en la mañana del día 29 reivindicaban la creación de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes contra la humanidad del franquismo, se indignaban por la tarde ante lo que para algunos representantes de estas entidades como Matías Alonso de la ARMH de Valencia “es un ajuste de cuentas del más puro estilo mafioso contra la historia. Ya lo anunció Rajoy en 2008 cuando dijo que no iba a dar ni un euro para las fosas de la guerra”, manifestó a ELPLURAL.COM
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“En los Presupuestos Generales del Estado presentados por Cristobal Montoro en el Congreso de los Diputados desaparecen varias partidas. Entre ellas la dedicada a ayudar a los familiares de los desaparecidos, un acto de clara inhumanidad que no se compensa por parte del Estado con la responsabilidad que tiene en la erradicación de las desapariciones forzadas, que son los delitos más graves que se pueden cometer contra una persona”, denunciaba la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que preside Emilio Silva, que añade en un comunicado: La ARMH que lleva doce años exhumando fosas comunes y ayudando a familiares de desaparecidos, lamenta la decisión pero considera que la actitud de todos los gobiernos desde la muerte de franco hacia las víctimas de la dictadura ha sido inhumana y maltratadora, por no asistirlas y reparar el daño padecido.
“Declaraciones gubernamentales para lavarse la cara”
La asociación recuerda que sus miembros estuvieron “entre los años 2000 y 2007 realizando decenas de exhumaciones sin ninguna ayuda estatal, con la aportación de los socios y socias y la ayuda de arqueólogos, forenses, psicólogos y otros voluntarios y profesionales que han dedicado su tiempo, su conocimiento y sus recursos a ayudar a los familiares”. Añaden: “La ARMH continuará con sus exhumaciones con o sin ayuda del Gobierno, gracias al compromiso de mucha gente que tiene más sentido de Estado y compromiso con los derechos humanos que el Ejecutivo. Resulta lamentable además que el Gobierno de España se quiera lavar la cara con declaraciones como la que llevó a cabo el pasado 24 de agosto, para conmemorar el día internacional de la desaparición forzada y en realidad se lave las manos ante un gravísimo problema de derechos humanos que afecta a miles de familias”.
El Consejo de ministros “con los desaparecidos forzosos”
Se refiere la ARMH al documento aprobado por el Consejo de ministros que fue difundido por la dirección de Comunicación de Moncloa y denominado “declaración con motivo del día de las víctimas de desapariciones forzadas” en el que el Gobierno efectuaba declaraciones tales como: “La promoción y el respeto de los derechos humanos y lucha por erradicar de la sociedad toda violación a los derechos humanos y, muy específicamente, las desapariciones forzadas, constituye una absoluta prioridad del Gobierno de España…” O en otro párrafo: “En este día el Gobierno de España quiere rendir homenaje a las víctimas, los defensores de los derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales y otras personas y grupos que trabajan para denunciar los casos de desaparición forzada y erradicar esta práctica”. Concluyendo: “En consecuencia, el Gobierno de España sigue trabajando en todos los ámbitos en la prevención y la lucha contra las desapariciones forzadas, de manera que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar así de una ciudadanía democrática verdadera y plena”.
“Una estafa, una mentira más del PP”
Apenas un mes después, las intenciones declaradas han demostrado ser un engaño, en opinión de los representantes de las asociaciones, “una mentira más, otra estafa del Gobierno popular”, comentaban a Diario 16. Más contundente se mostraba Matías Alonso representante de la Asociacion para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia, quien manifestaba a ELPLURAL.COM: “Esto es un ajuste de cuentas del mas puro estilo mafioso contra la historia y mucha gente mayor no verá nunca cerradas sus heridas. Hablamos de exhumaciones lo único a lo que estas personas podían aspierar. Muchos de ellos ya no podrán recuperar los restos de sus familiares porque el tiempo no les llegará. Ya lo anuncio Rajoy en el 2008 diciendo que no pensaba aportar ni un euro para las fosas de la guerra”.
“Ajuste mafioso”
Continúa Alonso: “Ya lo avisamos cuando el Gobierno empezó eliminando las referencias al portal de la memoria, fue lo primero que hicieron. Luego desapareció la oficina de la victima y llega ahora el golpe final, no destinar un euro a las fosas de la guerra. Hablamos de una cantidad que no puede hacer caer a la nación, apenas dos millones y medio para todos los proyectos y que daba trabajo a forenses, a especialistas, a arqueólogos, a un colectivo amplio y complejo. Rajoy ha ido paso a paso cumpliendo esas amenazas. Con la excusa de la crisis, este es el paso final, al mas puro ajuste mafioso porque tienen ellos el poder. Habrá que averiguar si también han eliminado las subvenciones al Valle de los Caídos, a los curas que viven allí, a la Fundación Francisco Franco y a otras similares. Está claro que lo relativo a la memoria histórica les molesta mucho”.
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La asociación recuerda que sus miembros estuvieron “entre los años 2000 y 2007 realizando decenas de exhumaciones sin ninguna ayuda estatal, con la aportación de los socios y socias y la ayuda de arqueólogos, forenses, psicólogos y otros voluntarios y profesionales que han dedicado su tiempo, su conocimiento y sus recursos a ayudar a los familiares”. Añaden: “La ARMH continuará con sus exhumaciones con o sin ayuda del Gobierno, gracias al compromiso de mucha gente que tiene más sentido de Estado y compromiso con los derechos humanos que el Ejecutivo. Resulta lamentable además que el Gobierno de España se quiera lavar la cara con declaraciones como la que llevó a cabo el pasado 24 de agosto, para conmemorar el día internacional de la desaparición forzada y en realidad se lave las manos ante un gravísimo problema de derechos humanos que afecta a miles de familias”.
El Consejo de ministros “con los desaparecidos forzosos”
Se refiere la ARMH al documento aprobado por el Consejo de ministros que fue difundido por la dirección de Comunicación de Moncloa y denominado “declaración con motivo del día de las víctimas de desapariciones forzadas” en el que el Gobierno efectuaba declaraciones tales como: “La promoción y el respeto de los derechos humanos y lucha por erradicar de la sociedad toda violación a los derechos humanos y, muy específicamente, las desapariciones forzadas, constituye una absoluta prioridad del Gobierno de España…” O en otro párrafo: “En este día el Gobierno de España quiere rendir homenaje a las víctimas, los defensores de los derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales y otras personas y grupos que trabajan para denunciar los casos de desaparición forzada y erradicar esta práctica”. Concluyendo: “En consecuencia, el Gobierno de España sigue trabajando en todos los ámbitos en la prevención y la lucha contra las desapariciones forzadas, de manera que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar así de una ciudadanía democrática verdadera y plena”.
“Una estafa, una mentira más del PP”
Apenas un mes después, las intenciones declaradas han demostrado ser un engaño, en opinión de los representantes de las asociaciones, “una mentira más, otra estafa del Gobierno popular”, comentaban a Diario 16. Más contundente se mostraba Matías Alonso representante de la Asociacion para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia, quien manifestaba a ELPLURAL.COM: “Esto es un ajuste de cuentas del mas puro estilo mafioso contra la historia y mucha gente mayor no verá nunca cerradas sus heridas. Hablamos de exhumaciones lo único a lo que estas personas podían aspierar. Muchos de ellos ya no podrán recuperar los restos de sus familiares porque el tiempo no les llegará. Ya lo anuncio Rajoy en el 2008 diciendo que no pensaba aportar ni un euro para las fosas de la guerra”.
“Ajuste mafioso”
Continúa Alonso: “Ya lo avisamos cuando el Gobierno empezó eliminando las referencias al portal de la memoria, fue lo primero que hicieron. Luego desapareció la oficina de la victima y llega ahora el golpe final, no destinar un euro a las fosas de la guerra. Hablamos de una cantidad que no puede hacer caer a la nación, apenas dos millones y medio para todos los proyectos y que daba trabajo a forenses, a especialistas, a arqueólogos, a un colectivo amplio y complejo. Rajoy ha ido paso a paso cumpliendo esas amenazas. Con la excusa de la crisis, este es el paso final, al mas puro ajuste mafioso porque tienen ellos el poder. Habrá que averiguar si también han eliminado las subvenciones al Valle de los Caídos, a los curas que viven allí, a la Fundación Francisco Franco y a otras similares. Está claro que lo relativo a la memoria histórica les molesta mucho”.
miércoles, 7 de octubre de 2009
ABRIR LAS FOSAS CURA ( Artículo aparecido en El País, por J. Ruiz Mantilla)
EL PAIS.COM. 3/10/2009
El 'caso Lorca' recuerda el miedo de algunas familias a recuperar a sus muertos - Pero, superados los fantasmas, llega el alivio
JESÚS RUIZ MANTILLA 03/10/2009
La tierra no bendecida y los fantasmas tienen en estos últimos tiempos un gran poder de convocatoria. España, un país donde según los cálculos más suaves, todavía existen 120.000 muertos en fosas y cunetas esperando sepultura, vive en las últimas semanas un estado de nervios exaltado. Faltan pocos días -los que estime el juez tras ver alegaciones- para que se remueva en Alfacar (Granada) la tierra donde descansa el gran símbolo de la represión, Federico García Lorca. Cuando las excavadoras y los equipos técnicos hurguen en el suelo donde, según todas las investigaciones de peso, se hallan sus restos junto a los de tres víctimas más -los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas y el maestro de escuela Dióscoro Galindo- lo más probable es que al miedo, a la reserva, a las dudas y a la emoción las sustituya otra sensación poderosa: el alivio.
En España todavía hay 120.000 muertos en hoyos y cunetas esperando sepultura
"No he visto ninguna reacción rencorosa, de revancha", dice un antropólogo
Antes de la liberación los familiares han sufrido la culpa, la injusticia
La Ley de Memoria Histórica no ha sido contundente, según algunos expertos
El 'caso Lorca' es difícil porque es un símbolo, pero hay ejemplos similares
Se ha podido probar que es mejor vivir con la verdad que con el silencio
Hasta ahora, en el caso de Lorca, lo que reina es la confusión. El lunes, la familia hará un nuevo comunicado ante la siguiente fase del proceso. Es urgente saber qué harán con los restos. Cómo enterrarán el cadáver una vez recuperado. Cómo resolverán asuntos sobre los que todo el mundo se plantea preguntas: las que despierta el gran símbolo universal de la represión franquista. Laura García Lorca, sobrina carnal del poeta, remite al lunes. "Con la apertura de la fosa, se abre un nuevo ciclo y la semana que viene anunciaremos cuál es nuestra posición", asegura. También anunciarán las alegaciones presentadas ayer al proceso de exhumación.
Quienes durante toda la última década llevan comprobando sobre el terreno las reacciones y el comportamiento de los familiares de aquellos represaliados durante la Guerra Civil y el Franquismo, lo saben: tras el horror, casi inmediatamente, llega una especie de paz interior. No es una descripción literaria. Es una constatación científica. Lo han comprobado a pie de fosa los que han pasado casi una década levantando aquellas tumbas indignas, sin nombre, y en muchos casos humilladas hasta el sacrilegio. Aquellos que han dado el último gran impulso a la recuperación de la memoria sangrienta del siglo XX.
Así lo ve Francisco Ferrándiz, antropólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que desde 2003 ha presenciado y levantado acta testimonial de 20 exhumaciones públicas. "Se vive una tremenda tensión previa, pero después, aparece la paz, el alivio y algo casi más importante: no he presenciado ninguna reacción rencorosa, de revancha, sencillamente, todos quieren enterrar con dignidad a sus muertos", asegura Ferrándiz.
También lo relata de esa forma Guillermo Fouce, miembro de Psicólogos Sin Fronteras, testigo desde 2003 de 60 desenterramientos: "Estos procesos, bien llevados, cierran heridas. Son terapéuticos. No hay signos de odio, ni de rabia, ni deseos de venganza", asegura.
¿Qué hay de los discursos contrarios a eso? ¿De los que claman que no conviene hurgar en el pasado, que a nadie le interesa, que no trae nada bueno? "Sencillamente, todos esos argumentos son mentira", concluyen los dos. Pero no sólo se produce eso en España. Priscilla Hayner, autora de Verdades innombrables (Fondo de Cultura Económica), un libro que acaba de aparecer y que cuenta la experiencia de la autora en procesos de recuperación de la memoria de la represión en 21 países del mundo, insiste en lo mismo. "Sobre todo, en aquellos lugares con fuertes raíces religiosas, principalmente cristianas, donde la muerte cuenta con un fuerte ritual, he observado esas reacciones. Aunque el miedo a remover las cosas es algo profundo".
Sin embargo, todos estos procesos deben hacerse, según Hayner, con una máxima. "Con el respeto absoluto a las víctimas por encima de cualquier cosa. Los procesos de recuperación de la memoria y de justicia transacional son algo nuevo, que se está construyendo, pero tratan ni más ni menos que de devolverles la dignidad a todos los que sufrieron represión, de repararlos", afirma la autora.
Antes del alivio, como dice Heyner, hay que negociar con el miedo. Antes del desahogo y de la liberación, los familiares de las víctimas han experimentado hasta sus últimas consecuencias la culpa, la injusticia, la impunidad de los asesinos. No es fácil reaccionar contra eso. Sus muertos no son muertos. Son una especie de fantasmas que en cualquier momento pueden reaparecer, como le ocurrió a Esther Montoto.
Fue un caso que impresionó a Emilio Silva, uno de los líderes de este proceso, responsable de la Asociación para la Recuperación de la Memoria. "Aquella mujer se presentó en Aranda de Duero cuando anunciamos que abriríamos allí una fosa en la que supuestamente estaba su padre. Cuando le pregunté cómo es que había venido desde Estados Unidos, me dijo: 'Cada vez que escuchaba el timbre de la puerta de mi casa me sobrecogía y pensaba: es él. Me ha encontrado".
Resulta algo muy común. Medido y meditado por la represión. Toda una técnica de amedrantamiento propia del caso español, tal y como lo ha estudiado Ferrándiz. "Las fosas son secretos públicos. En los pueblos, la gente sabe a quién se mató, cómo y dónde están enterrados. Haciéndolo cómo lo hacían, acudiendo a las casas, sacándolos a la fuerza y disparándolos en lugares cercanos, donde se oían las ejecuciones, fomentaban el miedo. Así quedaban en un limbo. Eran cuasi desaparecidos. Fueron expulsados de la comunidad de los vivos, pero también de la de los muertos".
Resulta todo un drama para las generaciones posteriores. Muchos han vivido en la ignorancia y quienes experimentaron el trauma, callan. "Por eso, los antropólogos también ayudamos a crear un lenguaje para que acepten lo que pasó", asegura Ferrándiz. La técnica es montar una mesa cerca del enterramiento, mostrarse dispuesto a escuchar cada historia y registrarla documentalmente. Muchas se cuentan por primera vez. Es difícil dar el paso del silencio a la palabra. "Muchas veces, es difícil encontrar las expresiones correctas", afirma Ferrándiz.
Algo que ayude a aceptar ese espacio ajeno a la vida y a la muerte. Un lugar extraño del que tienen todo el derecho a salir con el apoyo del Estado. En eso, quienes trabajan sobre el terreno en estos asuntos, creen que todavía existe un desamparo escandaloso. "La ley de memoria histórica no ha sido suficientemente contundente", cree Ferrándiz. "El modelo de subcontratas es lamentable, da lugar a que se hagan muchas chapuzas, recuperaciones de restos de los que nadie se responsabiliza. De eso, al no estar bien regulado, tiene la culpa el Estado".
No se espera que sea así en el caso del cadáver de Lorca y las víctimas que lo acompañan. Desde hace meses, un equipo de la Universidad de Granada comandado por el forense Miguel Botella espera la orden de intervenir. Todo está preparado. La familia busca garantías de privacidad, pero será difícil. Las dudas sobre sus posiciones y los desencuentros con las otras familias y las asociaciones de Memoria Histórica han caldeado el ambiente.
Pocos entienden las evasivas y los recelos. Aunque comprenden lo difícil que puede resultar gestionar un símbolo así con la cabeza fría. Pero hay algo en lo que familia y expertos están de acuerdo. "El interés mediático ha sido fundamental en todo este último periodo. La exhumación del cadáver del poeta será un pico de interés en el proceso difícil de superar. A partir de ahí, caerá. Sólo podrá volver a impactar en la opinión con alguna acción en El Valle de los Caídos, pero eso no lo veo a corto plazo", pronostica Ferrándiz. La iniciativa aprobada esta semana en las cortes, que acuerda la creación de un censo sobre quienes allí reposan, abre una puerta a las familias de las decenas de miles de republicanos enterrados allí. Lo mismo opina Emilio Silva en cuanto al interés de la opinión pública. Aunque en el caso de Lorca, pese a que teme que se enfríe el proceso, "es alguien que merece un funeral de Estado". Pero, ¿qué se hará con sus restos fuera de la fosa?
Solventar las dudas de su asesinato sería también conveniente por parte de la familia. Hasta ahora se negaban a buscar sus restos porque decían que representaba un símbolo arropador para todos los que descansan allí y en el barranco de Viznar. Temían también que una vez aclarado su asunto, se acabara todo el interés sobre las demás víctimas, como ha explicado Laura García Lorca.
Pero para otros es preferible ahuyentar teorías escabrosas, esclarecer la terrible verdad con el cadáver en manos de los forenses y los científicos. "Existen bulos, tergiversaciones, leyendas que es preciso aclarar. Lo primero si está realmente allí. ¿Alguien puede pensar que sea normal que no sepamos dónde se halla el mayor símbolo de la locura de la guerra?", pregunta Ian Gibson. Él firmó la investigación sobre el asesinato que ha servido como referencia mundial durante 40 años y no comprende cómo la familia no ha liderado el proceso de recuperación de la memoria con el estandarte del poeta. Hoy es el día en que, por la actitud reacia que muestran los Lorca, Gibson duda. "Tiendo a pensar que está dónde me llevó en su día Manuel Castilla Blanco [el enterrador del poeta]. Pero hay muchas cuestiones en el aire", asegura. Por lo pronto, en el examen previo que han hecho estos días los georadares, han comprobado que la tierra ha sido removida en ese lugar.
Tratar con un símbolo es muy complicado. Pero es algo que se ha hecho con naturalidad y tino en el caso de Víctor Jara, por ejemplo. Lo sabe muy bien Francisco Echeverría, profesor titular de medicina forense del País Vasco, el hombre que ha realizado un examen minucioso al cadáver del cantautor chileno asesinado por Pinochet. En Chile se ha abierto una investigación judicial y un proceso que se está llevando a cabo con total normalidad. Echeverría está a punto de entregar su informe sobre Jara al juez. No ve por qué no se puede abrir un proceso igual con Lorca.
"Comprendo que es complicado, pero es necesario convencer a la familia de que su caso es de interés público y no sólo privado", afirma. Multitud de procesos han probado que es mejor convivir con la verdad antes que con el silencio. No es tan simple como reabrir heridas. "Como médico, la metáfora me sirve. Las heridas que se reabren es que están mal curadas. Lo que hay que hacer es cerrarlas de una vez, pero bien", asegura el forense.
JESÚS RUIZ MANTILLA 03/10/2009
La tierra no bendecida y los fantasmas tienen en estos últimos tiempos un gran poder de convocatoria. España, un país donde según los cálculos más suaves, todavía existen 120.000 muertos en fosas y cunetas esperando sepultura, vive en las últimas semanas un estado de nervios exaltado. Faltan pocos días -los que estime el juez tras ver alegaciones- para que se remueva en Alfacar (Granada) la tierra donde descansa el gran símbolo de la represión, Federico García Lorca. Cuando las excavadoras y los equipos técnicos hurguen en el suelo donde, según todas las investigaciones de peso, se hallan sus restos junto a los de tres víctimas más -los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas y el maestro de escuela Dióscoro Galindo- lo más probable es que al miedo, a la reserva, a las dudas y a la emoción las sustituya otra sensación poderosa: el alivio.
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Se ha podido probar que es mejor vivir con la verdad que con el silencio
Hasta ahora, en el caso de Lorca, lo que reina es la confusión. El lunes, la familia hará un nuevo comunicado ante la siguiente fase del proceso. Es urgente saber qué harán con los restos. Cómo enterrarán el cadáver una vez recuperado. Cómo resolverán asuntos sobre los que todo el mundo se plantea preguntas: las que despierta el gran símbolo universal de la represión franquista. Laura García Lorca, sobrina carnal del poeta, remite al lunes. "Con la apertura de la fosa, se abre un nuevo ciclo y la semana que viene anunciaremos cuál es nuestra posición", asegura. También anunciarán las alegaciones presentadas ayer al proceso de exhumación.
Quienes durante toda la última década llevan comprobando sobre el terreno las reacciones y el comportamiento de los familiares de aquellos represaliados durante la Guerra Civil y el Franquismo, lo saben: tras el horror, casi inmediatamente, llega una especie de paz interior. No es una descripción literaria. Es una constatación científica. Lo han comprobado a pie de fosa los que han pasado casi una década levantando aquellas tumbas indignas, sin nombre, y en muchos casos humilladas hasta el sacrilegio. Aquellos que han dado el último gran impulso a la recuperación de la memoria sangrienta del siglo XX.
Así lo ve Francisco Ferrándiz, antropólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que desde 2003 ha presenciado y levantado acta testimonial de 20 exhumaciones públicas. "Se vive una tremenda tensión previa, pero después, aparece la paz, el alivio y algo casi más importante: no he presenciado ninguna reacción rencorosa, de revancha, sencillamente, todos quieren enterrar con dignidad a sus muertos", asegura Ferrándiz.
También lo relata de esa forma Guillermo Fouce, miembro de Psicólogos Sin Fronteras, testigo desde 2003 de 60 desenterramientos: "Estos procesos, bien llevados, cierran heridas. Son terapéuticos. No hay signos de odio, ni de rabia, ni deseos de venganza", asegura.
¿Qué hay de los discursos contrarios a eso? ¿De los que claman que no conviene hurgar en el pasado, que a nadie le interesa, que no trae nada bueno? "Sencillamente, todos esos argumentos son mentira", concluyen los dos. Pero no sólo se produce eso en España. Priscilla Hayner, autora de Verdades innombrables (Fondo de Cultura Económica), un libro que acaba de aparecer y que cuenta la experiencia de la autora en procesos de recuperación de la memoria de la represión en 21 países del mundo, insiste en lo mismo. "Sobre todo, en aquellos lugares con fuertes raíces religiosas, principalmente cristianas, donde la muerte cuenta con un fuerte ritual, he observado esas reacciones. Aunque el miedo a remover las cosas es algo profundo".
Sin embargo, todos estos procesos deben hacerse, según Hayner, con una máxima. "Con el respeto absoluto a las víctimas por encima de cualquier cosa. Los procesos de recuperación de la memoria y de justicia transacional son algo nuevo, que se está construyendo, pero tratan ni más ni menos que de devolverles la dignidad a todos los que sufrieron represión, de repararlos", afirma la autora.
Antes del alivio, como dice Heyner, hay que negociar con el miedo. Antes del desahogo y de la liberación, los familiares de las víctimas han experimentado hasta sus últimas consecuencias la culpa, la injusticia, la impunidad de los asesinos. No es fácil reaccionar contra eso. Sus muertos no son muertos. Son una especie de fantasmas que en cualquier momento pueden reaparecer, como le ocurrió a Esther Montoto.
Fue un caso que impresionó a Emilio Silva, uno de los líderes de este proceso, responsable de la Asociación para la Recuperación de la Memoria. "Aquella mujer se presentó en Aranda de Duero cuando anunciamos que abriríamos allí una fosa en la que supuestamente estaba su padre. Cuando le pregunté cómo es que había venido desde Estados Unidos, me dijo: 'Cada vez que escuchaba el timbre de la puerta de mi casa me sobrecogía y pensaba: es él. Me ha encontrado".
Resulta algo muy común. Medido y meditado por la represión. Toda una técnica de amedrantamiento propia del caso español, tal y como lo ha estudiado Ferrándiz. "Las fosas son secretos públicos. En los pueblos, la gente sabe a quién se mató, cómo y dónde están enterrados. Haciéndolo cómo lo hacían, acudiendo a las casas, sacándolos a la fuerza y disparándolos en lugares cercanos, donde se oían las ejecuciones, fomentaban el miedo. Así quedaban en un limbo. Eran cuasi desaparecidos. Fueron expulsados de la comunidad de los vivos, pero también de la de los muertos".
Resulta todo un drama para las generaciones posteriores. Muchos han vivido en la ignorancia y quienes experimentaron el trauma, callan. "Por eso, los antropólogos también ayudamos a crear un lenguaje para que acepten lo que pasó", asegura Ferrándiz. La técnica es montar una mesa cerca del enterramiento, mostrarse dispuesto a escuchar cada historia y registrarla documentalmente. Muchas se cuentan por primera vez. Es difícil dar el paso del silencio a la palabra. "Muchas veces, es difícil encontrar las expresiones correctas", afirma Ferrándiz.
Algo que ayude a aceptar ese espacio ajeno a la vida y a la muerte. Un lugar extraño del que tienen todo el derecho a salir con el apoyo del Estado. En eso, quienes trabajan sobre el terreno en estos asuntos, creen que todavía existe un desamparo escandaloso. "La ley de memoria histórica no ha sido suficientemente contundente", cree Ferrándiz. "El modelo de subcontratas es lamentable, da lugar a que se hagan muchas chapuzas, recuperaciones de restos de los que nadie se responsabiliza. De eso, al no estar bien regulado, tiene la culpa el Estado".
No se espera que sea así en el caso del cadáver de Lorca y las víctimas que lo acompañan. Desde hace meses, un equipo de la Universidad de Granada comandado por el forense Miguel Botella espera la orden de intervenir. Todo está preparado. La familia busca garantías de privacidad, pero será difícil. Las dudas sobre sus posiciones y los desencuentros con las otras familias y las asociaciones de Memoria Histórica han caldeado el ambiente.
Pocos entienden las evasivas y los recelos. Aunque comprenden lo difícil que puede resultar gestionar un símbolo así con la cabeza fría. Pero hay algo en lo que familia y expertos están de acuerdo. "El interés mediático ha sido fundamental en todo este último periodo. La exhumación del cadáver del poeta será un pico de interés en el proceso difícil de superar. A partir de ahí, caerá. Sólo podrá volver a impactar en la opinión con alguna acción en El Valle de los Caídos, pero eso no lo veo a corto plazo", pronostica Ferrándiz. La iniciativa aprobada esta semana en las cortes, que acuerda la creación de un censo sobre quienes allí reposan, abre una puerta a las familias de las decenas de miles de republicanos enterrados allí. Lo mismo opina Emilio Silva en cuanto al interés de la opinión pública. Aunque en el caso de Lorca, pese a que teme que se enfríe el proceso, "es alguien que merece un funeral de Estado". Pero, ¿qué se hará con sus restos fuera de la fosa?
Solventar las dudas de su asesinato sería también conveniente por parte de la familia. Hasta ahora se negaban a buscar sus restos porque decían que representaba un símbolo arropador para todos los que descansan allí y en el barranco de Viznar. Temían también que una vez aclarado su asunto, se acabara todo el interés sobre las demás víctimas, como ha explicado Laura García Lorca.
Pero para otros es preferible ahuyentar teorías escabrosas, esclarecer la terrible verdad con el cadáver en manos de los forenses y los científicos. "Existen bulos, tergiversaciones, leyendas que es preciso aclarar. Lo primero si está realmente allí. ¿Alguien puede pensar que sea normal que no sepamos dónde se halla el mayor símbolo de la locura de la guerra?", pregunta Ian Gibson. Él firmó la investigación sobre el asesinato que ha servido como referencia mundial durante 40 años y no comprende cómo la familia no ha liderado el proceso de recuperación de la memoria con el estandarte del poeta. Hoy es el día en que, por la actitud reacia que muestran los Lorca, Gibson duda. "Tiendo a pensar que está dónde me llevó en su día Manuel Castilla Blanco [el enterrador del poeta]. Pero hay muchas cuestiones en el aire", asegura. Por lo pronto, en el examen previo que han hecho estos días los georadares, han comprobado que la tierra ha sido removida en ese lugar.
Tratar con un símbolo es muy complicado. Pero es algo que se ha hecho con naturalidad y tino en el caso de Víctor Jara, por ejemplo. Lo sabe muy bien Francisco Echeverría, profesor titular de medicina forense del País Vasco, el hombre que ha realizado un examen minucioso al cadáver del cantautor chileno asesinado por Pinochet. En Chile se ha abierto una investigación judicial y un proceso que se está llevando a cabo con total normalidad. Echeverría está a punto de entregar su informe sobre Jara al juez. No ve por qué no se puede abrir un proceso igual con Lorca.
"Comprendo que es complicado, pero es necesario convencer a la familia de que su caso es de interés público y no sólo privado", afirma. Multitud de procesos han probado que es mejor convivir con la verdad antes que con el silencio. No es tan simple como reabrir heridas. "Como médico, la metáfora me sirve. Las heridas que se reabren es que están mal curadas. Lo que hay que hacer es cerrarlas de una vez, pero bien", asegura el forense.
domingo, 27 de septiembre de 2009
Hemeroteca: Diario Público Hoy:«Todavía se oculta que el franquismo fue terrorista»
Diario El Público.
PURA RAYA - GRANADA - 27/09/2009 08:00
La falta de una condena sin paliativos del franquismo fue quizás la principal asignatura pendiente de la Transición. Y España, según Cristina Moreiras-Menor, crítica, experta en Historia cultural y catedrática de la Universidad de Michigan (EE UU), aún arrastra ese suspenso. "Se oculta que el franquismo fue una herramienta política que diezmó la libertad, un aparato de represión y un acto terrorista en muchos sentidos. Y hasta que eso no se enseñe en los colegios, España no va entender su pasado", afirma.
La mitificación de la Transición ha sido objeto de atención preferente durante las ponencias del II Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea, celebrado la semana pasada en la Facultad de Filosofía y Letras de Granada. Al encuentro asistieron historiadores como Moreiras-Menor o Israel San Martín.
Moreiras-Menor afirma que existe aún una percepción "un tanto inquietante" de este episodio histórico porque se ve como "modélico", cuando "borró la idea de que la dictadura fue cruel, intensa y que fue el propio Franco el que gestionó el paso hacia la democracia".
Jorge Marco, de la Universidad Complutense, apoya las teorías de Moreiras-Menor. Según Marco, la enseñanza aborda de una manera muy "light" el franquismo. "Muchos docentes se saltan estos temas", afirma". "Por suerte", dice Marco, "la perspectiva sobre la Transición está cambiando". "Sus protagonistas, los hijos de la guerra, han sido acríticos. Ahora, los nietos hacemos crítica y ponemos el foco sobre los verdugos", concluye.
PURA RAYA - GRANADA - 27/09/2009 08:00
La falta de una condena sin paliativos del franquismo fue quizás la principal asignatura pendiente de la Transición. Y España, según Cristina Moreiras-Menor, crítica, experta en Historia cultural y catedrática de la Universidad de Michigan (EE UU), aún arrastra ese suspenso. "Se oculta que el franquismo fue una herramienta política que diezmó la libertad, un aparato de represión y un acto terrorista en muchos sentidos. Y hasta que eso no se enseñe en los colegios, España no va entender su pasado", afirma.
La mitificación de la Transición ha sido objeto de atención preferente durante las ponencias del II Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea, celebrado la semana pasada en la Facultad de Filosofía y Letras de Granada. Al encuentro asistieron historiadores como Moreiras-Menor o Israel San Martín.
Moreiras-Menor afirma que existe aún una percepción "un tanto inquietante" de este episodio histórico porque se ve como "modélico", cuando "borró la idea de que la dictadura fue cruel, intensa y que fue el propio Franco el que gestionó el paso hacia la democracia".
Jorge Marco, de la Universidad Complutense, apoya las teorías de Moreiras-Menor. Según Marco, la enseñanza aborda de una manera muy "light" el franquismo. "Muchos docentes se saltan estos temas", afirma". "Por suerte", dice Marco, "la perspectiva sobre la Transición está cambiando". "Sus protagonistas, los hijos de la guerra, han sido acríticos. Ahora, los nietos hacemos crítica y ponemos el foco sobre los verdugos", concluye.
jueves, 17 de septiembre de 2009
Los banderilleros piden sepultura digna, para sus compañeros enterrados con Lorca.
Público.es
RAÚL BOCANEGRA – Sevilla – 17/09/2009 12:30
La unión de picadores y banderilleros españoles ha solicitado a la Junta de Andalucía que los restos de Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, ambos banderilleros, que se cree están enterrados junto al poeta Federico García Lorca en Alfacar (Granada), sean “enterrados dignamente”.
En una misiva enviada el pasado 16 de septiembre a Juan Gallo, comisario andaluz de memoria histórica, el presidente de la Unión, Fernando Galindo, le comunica: “Enterados de que [Arcollas] no tiene descendientes directos, esta entidad quiere mostrar su solidaridad e interés en que sus restos sean recuperados”.
La Consejería andaluza de Justicia ha asumido la exhumación de la fosa de Alfacar, donde se consideraba que estában enterrados tras ser asesinados en 1936 el poeta Federico García Lorca, Galadí, Arcollas y el maestro Dióscoro Galindo. Desde que la Junta anunció su decisión, han aparecido dos personas más, el inspector de tributos Fermín Roldán y el restaurador granadino Miguel Cobo’.
La petición de la unión de picadores y banderilleros se une a la que esta semana presentó la CGT para lograr una sepultura digna también para Arcollas. El sindicato se quejaba de que el banderillero “casi no cuente” en los debates sobre la pertinencia o no de la apertura de la fosa y sobre el tratamiento que deban tener sus restos en caso de proceder a la exhumación.
La CGT aclaró en un comunicado que, pese a que sabe que la legitimidad para intervenir en el proceso está reservada por la legislación a los familiares de forma exclusiva, alega que está “justificado” que, en casos como éste, el concepto “familia” se amplíe a “familia ideológica” para de esta forma no quedar desprotegido de sus derechos como víctima. Los banderilleros, compañeros de oficio, también cuidan de Arcollas.
La unión de picadores y banderilleros españoles ha solicitado a la Junta de Andalucía que los restos de Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, ambos banderilleros, que se cree están enterrados junto al poeta Federico García Lorca en Alfacar (Granada), sean “enterrados dignamente”.
En una misiva enviada el pasado 16 de septiembre a Juan Gallo, comisario andaluz de memoria histórica, el presidente de la Unión, Fernando Galindo, le comunica: “Enterados de que [Arcollas] no tiene descendientes directos, esta entidad quiere mostrar su solidaridad e interés en que sus restos sean recuperados”.
La Consejería andaluza de Justicia ha asumido la exhumación de la fosa de Alfacar, donde se consideraba que estában enterrados tras ser asesinados en 1936 el poeta Federico García Lorca, Galadí, Arcollas y el maestro Dióscoro Galindo. Desde que la Junta anunció su decisión, han aparecido dos personas más, el inspector de tributos Fermín Roldán y el restaurador granadino Miguel Cobo’.
La petición de la unión de picadores y banderilleros se une a la que esta semana presentó la CGT para lograr una sepultura digna también para Arcollas. El sindicato se quejaba de que el banderillero “casi no cuente” en los debates sobre la pertinencia o no de la apertura de la fosa y sobre el tratamiento que deban tener sus restos en caso de proceder a la exhumación.
La CGT aclaró en un comunicado que, pese a que sabe que la legitimidad para intervenir en el proceso está reservada por la legislación a los familiares de forma exclusiva, alega que está “justificado” que, en casos como éste, el concepto “familia” se amplíe a “familia ideológica” para de esta forma no quedar desprotegido de sus derechos como víctima. Los banderilleros, compañeros de oficio, también cuidan de Arcollas.
miércoles, 26 de agosto de 2009
Andalucía pone orden en la apertura de fosas( Hemeroteca Diario público hoy)
En la imagen Juan Gallo. Comisario de RMH.Diario Público
PABLO FRAILE - SEVILLA - 25/08/2009 23:00
La Junta de Andalucía acelera su plan para dar más rigor a la política de exhumación de fosas, ordenando las prioridades y poniendo en primer plano a los familiares de las víctimas y a las asociaciones de memoria histórica. Juan Gallo, comisario de la Memoria Histórica de Andalucía, avanzó ayer a Público que la próxima semana se publicará en el boletín oficial de la comunidad el protocolo que marcará las pautas fijas para todas las exhumaciones.
Con el objetivo de "racionalizar" los procedimientos, la Junta procederá en una primera fase a la apertura, si hay demanda, de una fosa en cada una de las ocho provincias andaluzas "antes de empezar con la segunda", según Gallo. "Las asociaciones o familias serán las que propongan las exhumaciones. Como hemos hecho en el cementerio de San Rafael, en Málaga [la fosa más grande de Andalucía] o en La Puebla de Cazalla [Sevilla], nuestro criterio es el de colaborar, mediante convenio, con todas las partes implicadas", añade el comisario.
La selección de las fosas se basará en criterios tales como la solidez y viabilidad del proyecto. "Las prioridades serán la vitalidad de la asociación, que el caso esté documentado, que haya medios técnicos o que la familia esté detrás", explica Gallo, que justifica la exhaustividad del protocolo en la necesidad de marcar con claridad las reglas del juego. "En Andalucía es donde más fosas hay. La guerra empieza de Despeñaperros para arriba. Aquí hay un genocidio, un ejército contra la población desarmada", argumenta.
Plazo de alegaciones
El protocolo marca el itinerario para la fosa de Alfacar (Granada), donde supuestamente se encuentran los restos de Federico García Lorca, el maestro Dióscoro Galindo, los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas y el inspector de tributos Fermín Roldán.
El procedimiento seguido hasta ahora en esta fosa fija la pauta de futuras actuaciones. La Consejería de Justicia, que actúa a demanda de las familias de Galindo, Alcóllar y Roldán, sólo tratará de identificar estos restos humanos. En cambio, los descendientes de Lorca prefieren dejar las cosas como están, lo que ha llevado a la Junta a extremar sus cautelas para hacer compatibles los deseos de todas las familias.
El nuevo protocolo, según Gallo, incluirá la apertura de un plazo de alegaciones antes de cualquier exhumación, algo que se hizo por vez primera el pasado lunes con el caso de la fosa de Alfacar. Ahora, la familia de Lorca tiene 15 días para presentar sus objeciones. Varios de los descendientes del poeta se encuentran en estos momentos de viaje, lo que demorará hasta después de sus vacaciones la decisión.
No obstante, "en principio" la familia no tiene intención de alegar contra la exhumación, según ha reiterado la sobrina-nieta del poeta, Laura García Lorca. El comisario para la Memoria Histórica, Juan Gallo, subrayó ayer la intención de la Junta de estudiar a fondo "todas las alegaciones que se presenten", tanto en este caso como en el resto.
La Junta de Andalucía acelera su plan para dar más rigor a la política de exhumación de fosas, ordenando las prioridades y poniendo en primer plano a los familiares de las víctimas y a las asociaciones de memoria histórica. Juan Gallo, comisario de la Memoria Histórica de Andalucía, avanzó ayer a Público que la próxima semana se publicará en el boletín oficial de la comunidad el protocolo que marcará las pautas fijas para todas las exhumaciones.
Con el objetivo de "racionalizar" los procedimientos, la Junta procederá en una primera fase a la apertura, si hay demanda, de una fosa en cada una de las ocho provincias andaluzas "antes de empezar con la segunda", según Gallo. "Las asociaciones o familias serán las que propongan las exhumaciones. Como hemos hecho en el cementerio de San Rafael, en Málaga [la fosa más grande de Andalucía] o en La Puebla de Cazalla [Sevilla], nuestro criterio es el de colaborar, mediante convenio, con todas las partes implicadas", añade el comisario.
La selección de las fosas se basará en criterios tales como la solidez y viabilidad del proyecto. "Las prioridades serán la vitalidad de la asociación, que el caso esté documentado, que haya medios técnicos o que la familia esté detrás", explica Gallo, que justifica la exhaustividad del protocolo en la necesidad de marcar con claridad las reglas del juego. "En Andalucía es donde más fosas hay. La guerra empieza de Despeñaperros para arriba. Aquí hay un genocidio, un ejército contra la población desarmada", argumenta.
Plazo de alegaciones
El protocolo marca el itinerario para la fosa de Alfacar (Granada), donde supuestamente se encuentran los restos de Federico García Lorca, el maestro Dióscoro Galindo, los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas y el inspector de tributos Fermín Roldán.
El procedimiento seguido hasta ahora en esta fosa fija la pauta de futuras actuaciones. La Consejería de Justicia, que actúa a demanda de las familias de Galindo, Alcóllar y Roldán, sólo tratará de identificar estos restos humanos. En cambio, los descendientes de Lorca prefieren dejar las cosas como están, lo que ha llevado a la Junta a extremar sus cautelas para hacer compatibles los deseos de todas las familias.
El nuevo protocolo, según Gallo, incluirá la apertura de un plazo de alegaciones antes de cualquier exhumación, algo que se hizo por vez primera el pasado lunes con el caso de la fosa de Alfacar. Ahora, la familia de Lorca tiene 15 días para presentar sus objeciones. Varios de los descendientes del poeta se encuentran en estos momentos de viaje, lo que demorará hasta después de sus vacaciones la decisión.
No obstante, "en principio" la familia no tiene intención de alegar contra la exhumación, según ha reiterado la sobrina-nieta del poeta, Laura García Lorca. El comisario para la Memoria Histórica, Juan Gallo, subrayó ayer la intención de la Junta de estudiar a fondo "todas las alegaciones que se presenten", tanto en este caso como en el resto.
lunes, 17 de agosto de 2009
HEMEROTECA: DIARIO PÚBLICO. : LA PUEBLA DE CAZALLA (SEVILLA). LA EXHUMACIÓN MÁS DIFICIL DE 160 REPRESALIADOS DEL 36
LA PUEBLA DE CAZALLA (SEVILLA): LA EXHUMACIÓN MÁS DIFíCIL DE 160 REPRESALIADOS DEL 36
La excavación de la fosa de La Puebla de Cazalla se frena por segunda vezPúblico/ MARÍA SERRANO - SEVILLA - 15/08/2009
La exhumación de la fosa común de La Puebla de Cazalla (Sevilla), que alberga unos 160 restos de represaliados del franquismo durante 1936, parece maldita. La excavación, que comenzó en verano de 2006, se tuvo que paralizar en marzo de 2008 por falta de fondos tras haber recuperado 17 cuerpos. Tras recibir una nueva subvención, se logró reanudar el trabajo en mayo. Sin embargo, un nuevo obstáculo ha obligado a frenar otra vez la excavación. Dos bloques de nichos de 140 personas que fallecieron en el decenio de 1950 y en el de 1980 se encuentran encima de la fosa. Si se cava, podrían derrumbarse.Cuando habían sacado otros 23 cuerpos, hallaron tres más que sólo pudieron exhumar parcialmente porque estaban debajo de la línea de seguridad de la excavación. Además, "se han hallado otros cinco cuerpos (son visibles dos cráneos y tres pares de zapatos o botas) que no podemos extraer", detallan varios familiares de los represaliados en un escrito enviado a la Junta de Andalucía, que financia con 40.000 euros (de los que ha entregado 30.000) los trabajos. La historiadora y portavoz de los parientes, María del Carmen España, agregó a Público que debajo hay restos óseos de otras 11 personas más en esta zona. La exhumación de la fosa común de La Puebla de Cazalla parece malditaEl escrito remitido por el colectivo de familiares a la Consejera andaluza de Justicia, reitera que la situación no es "insalvable" si las administraciones toman medidas. El arquitecto municipal de La Puebla tras una reunión con los familiares y representantes de la Junta de Andalucía, elaboró un informe en el que fijó en 62.000 euros el coste para el traslado de los nichos a otra ubicación, la solución que se ha buscado. Los familiares han solicitado una nueva subvención por ese importe al Gobierno, la Junta y la Diputación de Sevilla que les permita rematar una exhumación maldita.Rafael López, presidente de la Asociación Memoria Histórica y Justicia, que coordina los trabajos, indicó que se trata de una fosa "con una complejidad técnica singular" al formar parte de una cantera natural con cuatro metros de profundidad. "Los perfiles que forma la tierra", añade López, "hacen que los cuerpos estén en varios niveles, lo que dificulta las labores de exhumación". Las dos actitudes de IUIU gobierna en La Puebla de Cazalla y también en Córdoba, donde está enterrado tras ser asesinado en 1936 el diputado socialista de la II República, Luis Dorado Luque. Sus familiares llevan años tratando de que se exhumen los restos, que al igual que en La Puebla, están debajo de un grupo de nichos más modernos. Sin embargo, mientras el ayuntamiento sevillano hace todo lo posible para resolver el problema, el de Córdoba se niega en redondo a tratar el asunto, a pesar de que los parientes del diputado cuentan con una subvención del Gobierno para exhumar. Cecilio Gordillo, responsable de memoria histórica de CGT, afirmó que "el trabajo del Ayuntamiento de La Puebla deja sin argumentos al consistorio cordobés".
miércoles, 29 de julio de 2009
HEMEROTECA: DIARIO PÚBLICO. : Entrevista a Francisco Espinosa
La justicia se ha quitado la careta con Garzón"
El autor de ‘Callar al mensajero' cree que el "núcleo conservador" de la justicia frena cualquier intento de deslegitimar el franquismo. Francisco Espinosa acaba de llevar a las librerías la investigación Callar al mensajero (Península).
El autor de ‘Callar al mensajero' cree que el "núcleo conservador" de la justicia frena cualquier intento de deslegitimar el franquismo. Francisco Espinosa acaba de llevar a las librerías la investigación Callar al mensajero (Península).
ÁNGEL MUNÁRRIZ - SEVILLA - 29/07/2009 08:00
Tras reconstruir en sus obras el avance del bando nacional y la represión en Huelva, Sevilla y Badajoz, el historiador Francisco Espinosa lleva a las librerías Callar al mensajero (Península), donde documenta 12 casos de víctimas del franquismo, testigos, documentalistas o historiadores cuyas voces fueron silenciadas en plena democracia, en ocasiones con la complicidad del Estado.
Tras reconstruir en sus obras el avance del bando nacional y la represión en Huelva, Sevilla y Badajoz, el historiador Francisco Espinosa lleva a las librerías Callar al mensajero (Península), donde documenta 12 casos de víctimas del franquismo, testigos, documentalistas o historiadores cuyas voces fueron silenciadas en plena democracia, en ocasiones con la complicidad del Estado.
¿Sigue habiendo tabúes sobre la represión?
Sí, pero se han roto muchos. Ya desde ante del inicio del movimiento de memoria, hubo desde los 80 varias investigaciones importantísimas, porque constituían el acta de desaparición del abuelo, el padre...
¿Garzón quiso entrar en un jardín prohibido?
Es evidente. Pero su intento tiene un mérito: puso en términos jurídicos lo que estaba dicho en palabras de historia sobre lo ocurrido tras el 18 de julio. La justicia se ha quitado la careta, como cada vez que ha hecho falta. Ya lo hizo con Ruiz Vergara [autor de la película Rocío, censurada por el Supremo en el 84]. Entonces era abiertamente franquista. Ahora, aunque disimulado, tiene un núcleo conservador.
¿Hay miedo en la derecha a deslegitimar el franquismo?
La derecha española no puede ser como la alemana porque tiene conciencia de ganadora. A diferencia de Alemania, Italia o Austria, en España el fascismo ganó y se perpetuó, controlando la transición mediante el ejército. Aquí se ha logrado evitar que Garzón demostrase la criminalidad del franquismo con la lógica jurídica.
¿Cree que no hubo un cambio democrático real?
¿Cuándo? Franco murió en el 75. ¿Fue entonces, o en el 78? ¿Fue con la Constitución, con el harakiri de las Cortes? No hay punto de cambio. La gente se quita la camisa azul, se pone la otra y se presenta como demócrata de toda la vida.
¿Lo atribuye al vínculo familiar de la clase política con el franquismo?
Pero eso pasa a todos los niveles, y mientras a un nivel más alto te muevas, más. ¿Quién estudiaba en España? La mayoría era de familia burguesa, es de cajón. Mira la judicatura. La mayoría, incluso de los que hemos investigado la represión, somos de familias de derechas. Incluso los jueces progresistas lo son. Se puede saltar ese condicionante.
¿Ha hecho mella en la percepción de la historia el repunte del revisionismo?
No sé dónde hubiera llegado si el PP gana en 2004, porque tras los primeros síntomas a finales de los 90, en 2000 se quitaron la careta con una recuperación del franquismo y una crítica absoluta de la experiencia democrática republicana, sirviéndose de propagandistas como Pío Moa o César Vidal.
¿Qué supondría una sentencia en Estrasburgo favorable a la familia de Luis Dorado Luque?
¿Qué supondría una sentencia en Estrasburgo favorable a la familia de Luis Dorado Luque?
Sería muy importante y abriría nuevas puertas. Es algo que se puede conseguir en cualquier momento, o también que no se consiga nunca. Pasa como con la inhibición de Garzón, que a mí me parece fatal, peroque puede hacer que hayas jueces que abran otras vías.
¿Qué suscita su interés por las voces acalladas, recogido en Callar al mensajero?
Es algo que conocemos de sobra los investigadores. Recuerdo el impacto que produjo la película Rocío, de Fernando Ruiz Vergara. La pantalla se quedaba en negro varias veces por una sentencia de 1984 Supremo que obligaba a suprimir las partes en que se identificaba a José María Reales, con nombres y apellidos, como el principal represor en Almonte. En cuanto empezó a circular, su familia, de terratenientes, lo cortó.
La película se exhibió otra vez en Huelva en 2005.
Pero no íntegra. Le hacíamos un homenaje a Ruiz Vergara, que traía las dos versiones: la original y la otra. La hermandad del Rocío y el Partido Andalucista empezaron a movilizarse en contra. Los medios le ponían el micrófono a la familia Reales, clientes de El Monte, en cuya sala se iba a exhibir la película.
Usted tuvo problemas para presentar La justicia de Queipo en Sevilla. ¿Hubo ocultación?
Hubo un deseo de no presentarlo. Fue un libro que hice con materiales del archivo militar, abierto en el 97. Los pocos historiadores que entramos vimos que lo que había era impresionante. Por entonces, el archivo no ponía trabas de acceso, algo impensable. Cuando lo leíamos entonces, pensábamos: Esto nunca va a salir. Al final busqué una imprenta y lo edité yo mismo. Para presentarlo, contacté con la Casa de la Provincia [Diputación]. Primero parecía que sí, pero al final lo leerían y no les haría gracia, supongo. Empezaron a darme largas. Y no se presentó. En 2006 lo recuperó Crítica.
¿Existe suficiente libertad de acceso a los archivos?
Se ha abierto mucho, pero falta una política archivística racional. Cuando incorporaron archivos militares a la estructura civil, permitieron que los siguieran controlando los militares. Sigues dependiendo de ellos.
¿La Iglesia ha aportado su información disponible?
Por la Ley de Patrimonio Documental, debería. Pero hay un problema: la documentación la controlan y catalogan ellos, y no personal del Cuerpo de Archiveros del Estado, que para eso está. De la otra forma, cuando hay un papel delicado, lo ponen en la caja B. O lo pueden quemar perfectamente.
Queda poco para que desaparezca la generación que vivió la guerra. ¿Qué supone eso para España?
Es una pérdida de memoria absoluta. La actitud del poder durante los años 80 y 90 ha sido fundamental para tapar su testimonio. Había mucha gente que tenía escritas memorias, pero las tiraron al ver que el tema no interesaba. Da la impresión de que la Ley de Memoria Histórica se hizo para cerrar el tema. No se tocaron los aspectos básicos, como que el Estado asuma las exhumaciones.
martes, 14 de julio de 2009
HEMEROTECA: DIARIO PÚBLICO. HOY: El Policía que defiende la Memoria Histórica
PAULA CORROTO - ENVIADA ESPECIAL GIJÓN - 13/07/2009 22:30
Es un hombre fornido. Sus ojeras dicen que no duerme todo lo que necesita. A primera vista, no lleva pistola, aunque viene desde la comisaría de Gijón, donde cada día dirige las operaciones de la Policía local. No llega para hablar de delitos, sino de literatura. Alejandro M. Gallo acaba de publicar Operación exterminio (Ediciones B), su quinta novela y segunda que le dedica a la guerrilla antifranquista, el grupo de milicianos que tras el fin de la Guerra Civil mantuvo resistencia.
Su conversación seca y su gesto adusto le confieren la etiqueta de la autoridad. Pero Gallo no es un policía convencional. Al menos no responde al estereotipo. Empezó a escribir a los 16 años, estudió Filosofía y se confiesa un lector "de los filósofos de la sospecha, Freud, Marx y Nietzsche, que fueron los que pusieron patas arriba la modernidad". Él da relativa importancia a sus estudios: "Creo que ya acabó la época del policía opresor y sin estudios. Ahora se necesita más un pedagogo".
El interés de Gallo por la guerrilla antifranquista procede del desconocimiento que existe "de todas estas personas que aún siguen vivas y que siguen luchando", afirma. Para su última novela, basada en hechos reales, partió de un episodio de Maquis, el libro del catedrático de Historia Secundino Serrano, en el que se cuenta cómo empezó el principio del fin de estos guerrilleros. "En los años 1945 y 1946, Franco vio que los aliados ya no intervendrían en España. Se sintió fuerte y decidió acabar con estas personas. Se emprendió una operación de exterminio porque era así, no se quería sólo detenerlos sino acabar con ellos", cuenta Gallo. Lo hizo engañándoles con una venta ficticia de armas. "Consiguió que acudieran a las playas y allí les cazaron", apunta.
La tragedia para este policía fue que, en ese momento, el Gobierno en el exilio de Indalecio Prieto decidió evacuarlos por el puerto de Luanco y dictaminó la guerrilla como una forma obsoleta de lucha. ¿Una traición? "No, ellos no se sintieron traicionados porque tampoco había una posición clara en el Gobierno del exilio sobre la guerrilla. El problema es que mientras se decidían, Franco intentó acabar con ellos. Por eso a nadie le gusta hablar de esto", señala.
Para las mujeres
El peso de esta narración la lleva una muchacha de 15 años. Gallo quiso homenajear a todas esas mujeres que también estuvieron en el frente, mientras sus compañeros preferían mantenerse en la retaguardia. "En aquella época, sólo el movimiento anarcosindicalista y el POUM estaban de acuerdo con que las mujeres también cogieran las armas. Es evidente que sin el apoyo de sus novias, sus mujeres y sus hermanas ellos no se hubieran convertido en héroes", destaca.
Uno de los espacios por los que transita la novela es la cárcel de Carabanchel de Madrid, símbolo de la dictadura. Al hilo de la reciente destrucción de la cúpula de la galería principal de la conocida cárcel, el policía señala que "parece que hay un interés por vivir en un alzhéimer colectivo". Precisamente, cuando alude a la Transición, Gallo reconoce que nos olvidamos de las palabras de Picasso: "Si queremos crear algo debemos destruir lo anterior".
Sin embargo, es optimista acerca del movimiento de recuperación de memoria histórica de los últimos tiempos. Sabe que es un proceso lento, "pero ya todo el mundo se hace preguntas". El mejor ejemplo son las cerca de 20.000 fosas comunes que ya se han detectado en Asturias. "Hay muchos colectivos en esto", afirma.
Alejandro M. Gallo también escribe guiones para novelas gráficas, en los que vuelve a la trama de sus novelas y las adapta en viñetas. Lo hace "para llegar a esos lectores que no pretenden coger una novela de 400 páginas", reconoce. Para Operación exterminio, sin embargo, no hay proyecto de novela gráfica, sino de documental. Él escribirá el guión y lo dirigirá Miguel Barrero. Como protagonistas todos aquellos jóvenes de 16 y 17 años que sirvieron como enlaces y que aún siguen vivos defendiendo la memoria.
Es un hombre fornido. Sus ojeras dicen que no duerme todo lo que necesita. A primera vista, no lleva pistola, aunque viene desde la comisaría de Gijón, donde cada día dirige las operaciones de la Policía local. No llega para hablar de delitos, sino de literatura. Alejandro M. Gallo acaba de publicar Operación exterminio (Ediciones B), su quinta novela y segunda que le dedica a la guerrilla antifranquista, el grupo de milicianos que tras el fin de la Guerra Civil mantuvo resistencia.
Su conversación seca y su gesto adusto le confieren la etiqueta de la autoridad. Pero Gallo no es un policía convencional. Al menos no responde al estereotipo. Empezó a escribir a los 16 años, estudió Filosofía y se confiesa un lector "de los filósofos de la sospecha, Freud, Marx y Nietzsche, que fueron los que pusieron patas arriba la modernidad". Él da relativa importancia a sus estudios: "Creo que ya acabó la época del policía opresor y sin estudios. Ahora se necesita más un pedagogo".
El interés de Gallo por la guerrilla antifranquista procede del desconocimiento que existe "de todas estas personas que aún siguen vivas y que siguen luchando", afirma. Para su última novela, basada en hechos reales, partió de un episodio de Maquis, el libro del catedrático de Historia Secundino Serrano, en el que se cuenta cómo empezó el principio del fin de estos guerrilleros. "En los años 1945 y 1946, Franco vio que los aliados ya no intervendrían en España. Se sintió fuerte y decidió acabar con estas personas. Se emprendió una operación de exterminio porque era así, no se quería sólo detenerlos sino acabar con ellos", cuenta Gallo. Lo hizo engañándoles con una venta ficticia de armas. "Consiguió que acudieran a las playas y allí les cazaron", apunta.
La tragedia para este policía fue que, en ese momento, el Gobierno en el exilio de Indalecio Prieto decidió evacuarlos por el puerto de Luanco y dictaminó la guerrilla como una forma obsoleta de lucha. ¿Una traición? "No, ellos no se sintieron traicionados porque tampoco había una posición clara en el Gobierno del exilio sobre la guerrilla. El problema es que mientras se decidían, Franco intentó acabar con ellos. Por eso a nadie le gusta hablar de esto", señala.
Para las mujeres
El peso de esta narración la lleva una muchacha de 15 años. Gallo quiso homenajear a todas esas mujeres que también estuvieron en el frente, mientras sus compañeros preferían mantenerse en la retaguardia. "En aquella época, sólo el movimiento anarcosindicalista y el POUM estaban de acuerdo con que las mujeres también cogieran las armas. Es evidente que sin el apoyo de sus novias, sus mujeres y sus hermanas ellos no se hubieran convertido en héroes", destaca.
Uno de los espacios por los que transita la novela es la cárcel de Carabanchel de Madrid, símbolo de la dictadura. Al hilo de la reciente destrucción de la cúpula de la galería principal de la conocida cárcel, el policía señala que "parece que hay un interés por vivir en un alzhéimer colectivo". Precisamente, cuando alude a la Transición, Gallo reconoce que nos olvidamos de las palabras de Picasso: "Si queremos crear algo debemos destruir lo anterior".
Sin embargo, es optimista acerca del movimiento de recuperación de memoria histórica de los últimos tiempos. Sabe que es un proceso lento, "pero ya todo el mundo se hace preguntas". El mejor ejemplo son las cerca de 20.000 fosas comunes que ya se han detectado en Asturias. "Hay muchos colectivos en esto", afirma.
Alejandro M. Gallo también escribe guiones para novelas gráficas, en los que vuelve a la trama de sus novelas y las adapta en viñetas. Lo hace "para llegar a esos lectores que no pretenden coger una novela de 400 páginas", reconoce. Para Operación exterminio, sin embargo, no hay proyecto de novela gráfica, sino de documental. Él escribirá el guión y lo dirigirá Miguel Barrero. Como protagonistas todos aquellos jóvenes de 16 y 17 años que sirvieron como enlaces y que aún siguen vivos defendiendo la memoria.
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