Reproducimos por su interés carta-manifiesto de nuestro amigo Cecilio, sobre el asunto de mapa de fosas en Andalucía

MAPAS DE FOSAS, de Andalucía.
Cecilio Gordillo Giraldo
Coord. "Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía" de CGT.A
Ex vocal de Exhumaciones de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA)
Este controvertido asunto, de la construcción de un "mapa de fosas" en Andalucía tiene su
origen en una petición, primero verbalmente (principios de 2003) y después por escrito
(Septiembre de 2003), al Defensor del Pueblo Andaluz por parte del grupo de trabajo de
CGT.A. que "transfirió" este asunto, y el expediente abierto en la Oficina del Defensor del
Pueblo Andaluz, a la AMHyJA tras su legalización.
Se quería, con esta denominación de "mapa de fosas" poner sobre el tapete, el
desconocimiento de la sociedad en su conjunto sobre la situación, no solo geográfica sino
sobre todo, del estado actual de dichos enterramientos: conservación, exhumación,
expoliación, etc... El desconocimiento, o no, por parte de los gobernantes es aún una
incógnita por resolver.
Los primeros planteamientos sobre la necesidad de elaborar un mapa de fosas
surge como una actividad de carácter interno (no perder información) de las
asociaciones y organizaciones de la RMH, más que de cara a las administraciones
y otras instituciones posiblemente interesadas (universidad...)
Una vez popularizado, mediáticamente, el termino y contrastar el enorme desafío que
significaba la puesta en marcha de esta idea, se comenzó a pensar en las administraciones
y en la necesidad de su colaboración, sobre todo cuando no hay respuestas, oficiales, a
manifestaciones como la siguiente: "dentro de los trabajos necesarios para la
realización de dicho mapa, siempre se ha considerado la necesaria colaboración
(para su implicación), al menos de aquellas personas que gobiernan, o han
gobernado, en los Ayuntamientos, dado el conocimiento de su ámbito territorial
como por los testimonios transmitido por sus vecinos (fosas fuera de los
cementerios), así como de ser (los Ayuntamientos) los que tiene las
competencias, y personal específico (concejal, sepulturero, etc..) en materia de
cementerios", realizadas en diferentes foros con presencia de altos cargos de las
administraciones.
Esta apreciación importante (colaboración entre las administraciones), es incluso
recogida por la Consejería de Justicia a principio de este camino, como así se
recoge en el informe del Defensor del Pueblo Andaluz de 2004 al Parlamento.
Una vez tomada la decisión, por parte de la Junta de Andalucía, de subvencionar la
realización de los "mapas de fosas" lo más normal es que existieran unos criterios comunes
de actuación por parte de todos aquellos (individuos, colectivos, etc..) que vayan a
realizarlos. SE TRATA DE HACER UN MAPA DE FOSAS DE ANDALUCIA Y NO CUATRO
(este es el número de asociaciones que van a realizarlos, según la Resolución de la
Consejería), como puede ocurrir en estos momentos dada la nula intervención de la Junta
en la realización del proyecto o en la necesaria coordinación entre las entidades (nada fácil,
lamentablemente). Todo ello a pesar de las continuas sugerencias (y presentación de un
proyecto concreto) realizadas a la propia Consejería de Justicia y al Comisario de RMH de
Andalucía.

¿Incidiría en la decisión de la financiar la elaboración de dichos mapas, la posibilidad de
alargar en el tiempo, la justa reclamación de los familiares de comenzar a señalar y
exhumar fosas concretas perfectamente documentadas (caso García Lorca, por ejemplo)?
Una breve introducción sobre el estado de las Fosas Comunes.
1º Desde el propio inicio de la represión (Julio de 1936) se tiene constancia de que las fosas
comunes (la de los "rojos") han sufrido muchos tipos de intervención.
A/ En las ciudades, aquellas fosas que estaban situadas en lo que hoy es casco
urbano, muchas habrán desaparecido. Unas expoliadas directamente por las
constructoras y en algunos casos por los Ayuntamientos que trasladaron los restos
(sin ningún tipo de intervención técnica) a las propias fosas comunes existentes en
los cementerios.
En los cementerios se han detectado diversos tipos de intervención, pero sobre todo
aquellos que las han hecho desaparecer (por obras; ampliación de nichos,
remodelación o simplemente por construcción sobre ellas), trasladando los resto a
"osarios".
En ambos casos no hace falta decir que se hicieron sin ningún tipo de
información pública.
B/ En el ámbito rural, las situadas en los cementerios muchas de ellas han sufrido
toda clases de intervenciones, desde la expoliadas hasta en las que se han
intervenido para el traslado de los restos a otros lugares dentro del mismo recinto
(con o sin conocimiento de los familiares de los fusilados). También se tiene
constancia de exhumaciones de algunas situadas fuera de los cementerios, por parte
de los familiares (a escondidas), y en algún caso por parte de la propiedad de los
terrenos donde estaban situadas.
C/ Un caso especial se ha tenido que dar (y creo que aún se está dando) es en la
zona costera, sobre todo en localidades de la Costa del Sol hasta Almería, donde la
construcción, desde principios de los 60, ha podido hacer desaparecer los múltiples
enterramientos individuales y colectivos (fosas) de los que se tiene información.
También en Huelva hay algo de esto.
En estos casos dudamos de que en la mayoría de las intervenciones de los
Ayuntamientos existan informes escritos, (algún caso puede estar
documentado), pero seguro que existen testimonios personales.
2º/ Desde la muerte del dictador estaríamos ante nuevos tipos de intervención sobre las
fosas, sobre todo por parte de los Ayuntamientos (aunque también de familiares), con
actitudes similares a las anteriores (se daba poca información pública fuera del ámbito local
y en muy pocos casos –no conozco ninguno- se informara a los juzgados y la intervención
fuera técnicamente bien realizada-).
A/ Traslado de los restos a una nueva fosa común, panteón o similar. En
algunos casos se colocaron placas informativas y también se inscribieron –en la
lápida- los nombres de los fusilados, aunque sin ningún tipo de informe técnico que
al menos hiciera constar si el número de cadáveres coincidía con el número de
nombres escritos en las lápidas y menos aún viendo si existía alguna información en
los Registros Civiles u otros.
B/ Se mantiene, aún hoy, las expoliaciones y/o traslado de restos a "escondidas"
en los cementerios por parte de los Ayuntamientos sobre todo por obras de
ampliación o construcción de nuevos nichos (caso de El Bosque, que
afortunadamente se logró paralizar y reconducir la actuación). Esta práctica también
se ha detectado cuando los restos han aparecido por la realización de obras en
carreteras o propiedades privadas, sobre todo cuando era de "conocimiento público"
que en dicho lugar existía una fosa. En ambos casos tampoco se ha solicitado la
intervención judicial ni de personal cualificado.
C/ Con el crecimiento de las ciudades y quedar el cementerio "dentro" del casco
urbano se procedió a la construcción de uno nuevo y el traslado de los restos a él.
No se tiene conocimiento de intervenciones adecuadas en las fosas comunes que
pudieran existir y en algunos casos se ha logrado intervenir a tiempo (Málaga).
D/ En los últimos años (3 o 4) se ha modificado, en algo, estas actitudes sobre todo
en aquello que se refiere a la "acotación" de las fosas en los cementerios, pero se ha
avanzado muy poco en la investigación por parte de la administración local (en algún
caso se ha subvencionado a algún historiador local intentando hacer o completar las
"listas" de fusilados) y, en casos más aislados, publicando –en libros o revistas
especiales tales como los casos de Palomares del Río, Morón de la Frontera (Sevilla),
Valverde del Camino y Bollullos del Condado (Huelva), etc..- los resultados de dichas
investigaciones, que habitualmente han sido muy bien acogidos socialmente, aunque
su distribución fuera de la localidad está siendo muy difícil.
Esto podría ser, muy superficialmente, la situación actual, a pesar de la reiteración de
peticiones concretas y claras realizadas a las instituciones con "competencias políticas" en la
material (Defensor del Pueblo, Consejería de Justicia y AAPP, Comisario para la RMH de
Andalucía, Parlamento de Andalucía, Ayuntamientos, Gobierno Central y organismos de la
administración con competencias, etc..) Por ejemplo:
1. En el ámbito de los cementerios:
A/ Si la es fosa contiene un importante número de cadáveres (por ejemplo más de
50): Delimitar la zona mediante la realización de las "catas correspondientes" para su
protección, hasta que se pueda intervenir, colocando el monolito –fuera del espacio
de la fosa- correspondiente e inscribiendo (después de un plazo razonable de estar
"expuesta la lista", al menos en los tablones de anuncios" del Ayuntamiento) los
nombres de aquellos que puedan encontrarse allí, o por ejemplo como se está
haciendo en Marchena a través de la TV local.
B/ Si se trata de traslado del cementerio, intentar por todos los medios exhumar los
restos mediante los protocolos conocidos, incluido las pruebas de ADN (la plusvalía
que genera estos traslados de cementerios es sumamente alta y sobradamente
conocida, dado los espacios libres y edificables que provoca).
Dadas las prácticas hasta ahora realizadas (enumeradas anteriormente) se
haría necesario que el Gobierno Andaluz tuviera conocimiento de todas las
obras que se están o se van a realizar en los cementerios municipales y de
propiedad de la Iglesia, y previo el informe oportuno (de no afectar a ninguna
fosa) se autorice o no la obra.
En este sentido hay que decir que en el 2003 la Consejería de Justicia "pidió" la
colaboración de los Ayuntamientos a la hora de localizar las fosas comunes ¿¿¿....????.
2. Fuera de los cementerios:
A/ Si es una fosa importante (o se sospecha) en cuanto al número de cadáveres (por
ejemplo más de 50): Delimitar la zona mediante la realización de las catas
correspondientes y declarar "jurídicamente" el lugar como Cementerio y
actuar en consecuencia. Si el lugar es propiedad privada, evidentemente, se debe de
expropiar.
B/ Si la fosa contiene (o se sospecha) menos de 50 individuos, se debe de actuar en
consecuencia, o sea, exhumar poniendo en práctica los protocolos correspondientes,
trasladando los restos al cementerio de la localidad donde se encuentre y de
forma individualizada, que posibilite la identificación de ellos en el momento más
adecuado.
Por ello habría que decir que:
La parte fundamental del Mapa de las fosas comunes en los cementerios debe ser
elaborado por el Estado y las instituciones que lo componen, incluido el Poder
Judicial.
La Junta de Andalucía debería demandar (al menos) un informe sobre esta
materia a los Ayuntamientos que han recibido financiación para la realización de
Monolitos, Jornadas, publicaciones, etc.. así como formar parte de las bases en
las próximas convocatorias de subvenciones.
El mapa de las fosas comunes situadas fuera de los cementerios (enterramientos
ilegales) debe de partir de los informes elaborados (EN SU DÍA O EN LA ACTUALIDAD)
por las Fuerzas de Seguridad del Estado (Guardia Civil), a los que se debe de añadir
aquellas de las que se tenga información en base a la bibliografía existente y los testimonios
recogidos. Reincidir en la información que poseen los que tienen o han tenido
responsabilidades políticas en las localidades.
EN ESTE CASO CONCRETO SERÍA INTERESANTE CONOCER SI EN ALGÚN
MOMENTO, DESDE LA MUERTE DEL DICTADOR.
??¿ALGÚN GOBIERNO HA PEDIDO LA REALIZACION DE UN INFORME DE ESTAS
CARACTERISTICAS, QUE EN EL CASO DE LA GUARDIA CIVIL DEBERIA SER POR
PARTE DEL MINISTERIO CORRESPONDIENTE (INTERIOR, JUSTICIA O DEFENSA)?.
??¿LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA, LA CONSEJERIA DE GOBERNACION O LA DE
JUSTICIA Y AA.PP. A SOLICITADO ESTA INFORMACION A LOS AYUNTAMIENTOS
ANDALUCES?.
CONSIDERACIONES:

Que, el conocimiento o localización de una fosa común, antes o durante la realización del
mapa de fosas, debe conllevar la intervención inmediata, más adecuada (denuncia pública,
denuncia judicial, exhumación, delimitación de la zona, etc..), en dicho lugar, ya que el
argumento de "esperar a la realización de dicho mapa para intervenir" hay que considerarla
como una "excusa política" para evitar la intervención y podría, incluso, afectar
negativamente –a corto plazo- a la propia existencia de la fosa común.
Que el movimiento asociativo debería de denunciar públicamente a aquellas
instituciones o entidades que su actuación sea sola y exclusivamente
"declaraciones públicas" o como formula de conseguir "recursos económicos"
cuando no "reconocimientos académicos".