PSOE e IU impulsarán mociones de apoyo en los ayuntamientos andaluces, que se unirán a los 59 de otras CCAA que ya las han aprobado. La Red Aqua extiende su influencia, mientras se retrasa el viaje de querellantes a Buenos Aires por motivos electorales
El Parlamento andaluz mostrará su "apoyo y adhesión" a la querella argentina que investiga el genocidio franquista al inicio del próximo periodo de sesiones después del verano. Cualificados representantes del PSOE-A y de IU confirmarán dicha iniciativa este fin de semana en el acto de presentación en Sevilla de la Red Aqua, plataforma que agrupa a diferentes colectivos y personas querellantes en la causa que se sigue desde 2010 en el Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional nº1 de Buenos Aires, presidido por la magistrada María Servini.
Desde su constitución hace un año, la Red Aqua ha logrado persuadir a instituciones de siete comunidades autónomas de que apoyen la querella argentina. El balance de mociones aprobadas es el siguiente: el Parlamento vasco, 59 ayuntamientos entre ellos los de las capitales de provincias vascas y navarra. Aunque Euskadi concentra la mayor parte de los apoyos, con 40 municipios más en trámite de hacerlo, el proceso de adhesión institucional es una realidad en otras comunidades como Cataluña, Navarra, Asturias, Extremadura, Castilla-León y Madrid, donde la corporación municipal de Fuenlabrada (200.000 habitantes) ha aprobado recientemente una moción.
Sin embargo, Andalucía, que había permanecido hasta ahora al margen de este proceso, parece que va a sumar un importante aporte a este proceso tras la reunión convocada para este próximo sábado en Sevilla, a la que acudirán familiares de víctimas, y representantes de asociaciones de memoria histórica, colectivos de defensa de los derechos humanos, sindicatos y partidos políticos. Desde Madrid se desplazarán por la Red Aqua los coordinadores José María Galante y Soledad Luque, así como los abogados argentinos Carlos Slepoy y Ana Massuti. Se pretende constituir un grupo de trabajo que coordine a nivel andaluz las demandas de familiares y asociaciones que estén interesados en sumarse a la querella, así como las mociones institucionales de apoyo a la causa.
Probablemente, la moción de la Cámara andaluza de apoyo y adhesión a la querella argentina -cuyo debate como proposición no de ley podría celebrarse en la sesión plenaria del 26 de septiembre- no sea la primera que se apruebe en Andalucía, ya que tanto PSOE como Izquierda Unida están decididos a impulsar de manera inmediata mociones municipales en este sentido. Es más, desde el Grupo de Memoria del PSOE-A se pretende que la semana próxima comiencen a aprobarse mociones en ayuntamientos que también incluyan la declaración del 18 de Julio como día oficial de condena al franquismo, asumiendo así a nivel local la propuesta que la mayoría absoluta del PP rechazó recientemente en el Congreso de los Diputados.
El renovado impulso de los socialistas andaluces a la memoria histórica se confirma así con hechos y se reitera con palabras, como las de Juan Cornejo secretario de Organización de la ejecutiva regional y senador por Cádiz, diciendo que "el PSOE andaluz no se quedará de brazos cruzados ante la pasividad del Gobierno que ha dejado en punto muerto este asunto de extrema delicadeza y ante el que se muestran insensibles e impasibles". Cornejo anuncia así no sólo "una ofensiva andaluza contra el inmovilismo del Gobierno y del PP" que incluye la referida moción parlamentaria -similar a la vasca del 20 de junio-, sino también el respaldo a la adhesión a la Plataforma por la Comisión de la Verdad para poner fin a la impunidad del franquismo. "Veremos en el Parlamento -dice el número tres del PSOE andaluz- si el rechazo del PP a la memoria histórica responde a criterios de austeridad o a ideología pura y dura; veremos si realmente están de acuerdo con que la historia de este país siga sepultada, las víctimas en las cunetas y el poder fáctico franquista siga siendo intocable".
Uno de los colectivos más dinámicos en el panorama andaluz de la memoria histórica, la Confederación General del Trabajo, valora el avance de estas mociones, pero apuesta por dar un paso más. Su portavoz Cecilio Gordillo, coordinador también de la importante base de datos de la represión Todoslosnombres.org, considera que "algunas instituciones deberían incluso personarse en el proceso judicial como querellantes, como el Ayuntamiento de Dos Hermanas (130.000 habitantes) con tres de sus alcaldes asesinados o la propia Diputación de Sevilla, cuyo presidente también fue fusilado".
La personación efectiva en la causa argentina por parte de algunas instituciones se está valorando en el seno de IU, uno de cuyos portavoces en temas de memoria Juan Francisco Arenas recuerda que el Partido Comunista de España es parte querellante desde hace tiempo. A este respecto, el abogado de la Red Aqua Carlos Slepoy no vería descabellado que algunas instituciones andaluzas decidieran ejercer activamente la acusación y lo militarse a apoyarla. "A fin de cuentas -precisa-, no podemos olvidar que Andalucía fue la región española que más sufrió la represión de los golpistas y de la dictadura franquista".
La red de apoyo a la querella argentina persigue sumar apoyos con la idea de integrar a cuantas más organizaciones, mejor, y no sólo limitadas al ámbito de la izquierda. De hecho, en el País Vasco fue fundamental el respaldo del PNV y del resto del espectro nacionalista. Solo contó con el rechazo del PP, ya que UPyD se acabó absteniendo. No obstante, la formación de Rosa Díez se sumó después a la moción de Fuenlabrada. La portavoz de Red Aqua María Arcenegui resume la estrategia: "buscamos que el apoyo a las mociones suceda de manera integradora, inclusiva y unitaria por parte de las fuerzas políticas que las presenten. Huimos de un partidismo definido, entre otras cosas por la diversidad ideológica dentro de la propia Red Aqua. Debe ser un punto de encuentro".
Por lo demás, la evolución del proceso de la querella argentina se enfrenta a un nuevo retraso, en este caso desde el país americano, ya que la jueza María Servini no va a poder tomar declaración a algunos querellantes que querían viajar a Buenos Aires hasta octubre o noviembre. Esto se debe a las próximas convocatorias electorales en Argentina sobre las que esta veterana magistrada tiene competencias a los efectos de supervisión. Carlos Slepoy se reunirá con ella dentro de pocas semanas para fijar la fecha definitiva del viaje de los querellantes y trata de disipar las dudas de fondo: "Esto sólo significa que se ralentiza un poco el proceso, pero me consta el sólido apoyo de la estructura judicial argentina a esta causa para acabar con la impunidad del franquismo".
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