En relación al mapa de Fosas de Sevilla

Cartas al director.

En respuesta a las declaraciones de la Consejera de Justicia sobre le Mapa de Fosas de Sevilla.

Leo, con sorpresa, en algunos periódicos andaluces, unas declaraciones de la Consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez, realizadas a la Agencia Europa Press, en las que se afirma con respecto al proyecto de mapa de fosas de Andalucía que pretende presentar a finales de año “que únicamente quedan por identificar las fosas que se ubican en la provincia hispalense”. Dado que estas palabras pueden inducir a errores de interpretación quisiera hacer algunas observaciones en calidad de coordinador del mencionado proyecto en la provincia de Sevilla:

La Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia que fue la encargada de realizar el mapa de fosas en Sevilla entregó a la Consejería de Justicia en su momento una base de datos y un extenso informe que contempla la existencia de más de 155 fosas, la mayoría de ellas georeferenciadas mediante coordenadas de localización, y con una breve historia de las mismas en donde se da cuenta de las vicisitudes sufridas en sus más de 70 años de historia: exhumaciones, destrucción, expoliaciones, abandono, monumentalización… La provincia de Sevilla es, sin duda y con diferencia, la que mayor número de fosas aporta de toda Andalucía.

Hay que señalar que la provincia de Sevilla partía con una desventaja de peso sobre las otras para acometer la investigación: la inexistencia de un estudio a escala provincial sobre la represión franquista. Mientras el resto contaba con rigurosas investigaciones de historiadores que, incluso, aportaban los listados de víctimas, Sevilla todavía carece del estudio que identifique a las más de 12500 víctimas que deparó la represión franquista en la provincia. En el informe del mapa de fosas de Sevilla se incorporan los nombres de más de 900 víctimas asociadas a la fosa en la que yacen —o yacían— sus restos. Sólo se han aportado los nombres (y/o apodos) de aquellas víctimas de las que se poseía pruebas documentales o indicios suficientes de que sus restos podrían asociarse a una determinada fosa. Aún así, se han apuntado los enlaces bibliográficos y de investigaciones locales en curso que aportan las identidades de más de 5000 víctimas sevillanas. En el informe no se han incluido estos nombres por dos razones: por no ser el objeto de estudio y por decoro profesional; esto es, esos listados han sido producto de un laborioso y dilatado proceso de investigación de historiadores, en la mayoría de los casos de manera voluntariosa y en condiciones de precariedad, y deben ser ellos quiénes autoricen su inclusión. No obstante, la mayor parte de estos nombres están recogidos en la página www.todoslosnombres.org cumpliendo la inestimable función social de dar respuesta a las familias que solicitan información sobre sus desaparecidos.

Es necesario recordar que, aún sabiendo el número y la identidad de las víctimas, es muy difícil saber, para el caso de la Baja Andalucía, dónde fueron enterradas dada la carencia absoluta de fuentes documentales escritas, puesto que la represión fue fruto de los bandos de guerra que instaban al asesinato sin procedimiento judicial alguno (véase artículo adjunto).

También hay que apuntar que la dotación presupuestaria para realizar el mapa de fosas fue idéntica para todas las provincias generándose de este modo enormes disparidades en los procesos de investigación y en los resultados finales. Por ejemplo, es llamativo el caso de Almería en el que, tal como se preveía antes de comenzar la investigación, arrojaría un escaso número de fosas (sólo seis) perfectamente localizables por ser fruto de una represión reglamentada. O el de Cádiz, que siendo la mecánica del terror similar a la de Sevilla, la provincia cuenta con la mitad de número de localidades por estudiar.

En definitiva, quisiera dejar constancia del enorme esfuerzo que costó realizar el mapa de fosas de Sevilla, las decenas de miles de kilómetros recorridos y las cientos de trabas encontradas. De ahí nuestra extrañeza a las palabras de la Consejera en relación con el mapa de fosas sevillano. Desde mi entender, y tal como se deja constancia en el informe, el mapa nunca puede ser definitivo, pero con todas sus limitaciones, es un magnífico punto de partida que arroja luz sobre una realidad de la que no se sabía apenas nada. Hay que tener en cuenta de las enormes dificultades que entraña una investigación de este tipo. La realidad de una fosa no se sabrá a ciencia cierta hasta que se abra. No hay mayor ejemplo que el de la fosa común más estudiada de España (y posiblemente del mundo), la de Federico García Lorca, de la que no se sabe ni siquiera el lugar exacto de localización y el número de yacentes (ahora ha aparecido una posible quinta persona).

Ángel del Río Sánchez
Coordinador del mapa de fosas de Sevilla


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¿Es posible hallar a las víctimas?
Diario Público, 23 Sep 2008
ÁNGEL DEL RÍO SÁNCHEZ
Las providencias dictadas por el juez Garzón y su enorme repercusión mediática han disparado el número de personas que desean saber el paradero de sus seres queridos desaparecidos en los años de la Guerra Civil. Se cuentan por miles las personas que en las últimas semanas han manifestado este deseo, especialmente a las asociaciones memorialistas y a los ayuntamientos. Conviene aclarar, para no crear falsas expectativas entre los familiares, que la localización de los desaparecidos y su recuperación no siempre, ni siquiera en una proporción alta, es posible. Por diversas razones. Porque, llegado el caso hipotético de conocer de manera rigurosa el número y la identidad de las víctimas asesinadas, es muy difícil que se esclarezca el lugar donde fueron enterradas. Además, muchas de las fosas donde yacen sus restos, después de más de setenta años de abandono, han sufrido todo tipo de inclemencias que las han llevado a su destrucción parcial o definitiva.
Buena parte de las fosas existentes se originan en el período comprendido entre julio de 1936 y febrero de 1937, en el que el instrumento principal de la represión son los bandos de guerra que instaban al asesinato sin procedimiento alguno. Este hecho provoca que apenas existan fuentes documentales sobre los desaparecidos y las fosas. En los libros de defunciones de los registros civiles, sólo hay inscritos una parte, a veces ínfima, de los asesinados y sólo en algunos casos se especifica el lugar de enterramiento. Apenas si se encuentran libros de registros de los cementerios en la mayoría de las localidades y la información de los archivos locales, militares y estatales, salvo excepciones, es escasa. De este modo, la historia oral es, todavía, la herramienta más útil para ubicar las fosas e identificar a las víctimas. No en vano, la inmensa mayoría de las 170 que se han abierto en los últimos años ha sido posible gracias a los testimonios de personas quefueron testigos de la represión.
A través de los testimonios, hemos conocido la mecánica de la desaparición forzosa: desde la detención ilegal de un individuo o grupo hasta su asesinato en las tapias de un cementerio o en un paraje desconocido, por lo general fuera de la localidad de vecindad. Esto complica la localización de muchas de las fosas que se ubican en campo abierto, pues la gente mayor, depositaria de los miedos introyectados por el franquismo, todavía se muestra reacia a hablar, aunque esta actitud poco a poco se está quebrando de la misma manera que cada vez son menos los testigos disponibles. También el masivo proceso emigratorio de los años cincuenta y sesenta que diezmó numerosas poblaciones rurales y que afectó, principalmente, a las familias de los vencidos, ha contribuido a una visible pérdida de la memoria colectiva en nuestros pueblos. Los miedos y el olvido han provocado que muchos de estos enterramientos clandestinos que no fueron de alguna manera señalados y protegidos por los familiares, hayan sido destruidos por un sinfín de motivos: corrimientos de tierras, construcción y ampliación de carreteras, urbanización de terrenos rústicos, acción de las alimañas…
Las fosas que se ubican en el interior de los cementerios no han corrido mejor suerte. Desde que fueron creadas, constituían un lugar degradado del cementerio sin señalización alguna y convertidas en auténticos vertederos. En los años de la Transición, se produjo un interesante movimiento en un significativo número de localidades, auspiciado por familiares y ayuntamientos de izquierdas, que acota y dignifica esos espacios con placas, lápidas y monolitos, o directamente se procede a la exhumación de las víctimas y su posterior inhumación en nichos y mausoleos. Estas acciones apenas cuentan con publicidad y se realizan en la intimidad familiar o, a lo sumo, adquieren una dimensión local. Pero la tónica mayoritaria es el abandono y el olvido, lo que ocasiona que la zona que ocupan las fosas comunes, normalmente junto a las tapias, sea la primera que se vea afectada por cualquier tipo de obra de ampliación del cementerio. De este modo, en una proporción muy alta, han quedado sepultadas bajo la construcción de bloques de nichos y de nuevas sepulturas. Por otra parte, desde 1936 hasta nuestros días han sido clausurados multitud de cementerios trasladándose los restos a otro nuevo. En algunos casos, los restos cadavéricos de las víctimas fueron depositados en los osarios confundiéndose con otros y destruyéndose con el tiempo. En otros, quedaron olvidados y acabaron sepultados en los cimientos de nuevas edificaciones. Las acciones destructivas que se han efectuado –y se continúan efectuando– sobre multitud de fosas durante siete décadas, incluidas las tres de democracia constitucional, suponen la prueba más inequívoca de que el olvido y la negación, cuando no el desprecio más absoluto, ha sido la posición hegemónica que las distintas administraciones han tenido hacia la memoria de las víctimas republicanas y antifascistas. Nunca ha existido una consigna –y menos aún una política– de protección de las fosas comunes. Toda medida efectuada en este sentido dependía de la sensibilidad y el empecinamiento de los familiares y, a veces, hasta de los propios sepultureros.
Ahora le corresponde a la Administración verificar la localización de las fosas detectadas y su protección ante nuevas agresiones. Y brindar a los familiares y a la sociedad la posibilidad de la exhumación de las víctimas que soliciten sus deudos, o la señalización y monumentalización de esos cementerios clandestinos para convertidos en “lugares de la memoria”. Desgraciadamente, para muchos familiares no va a ser posible averiguar el paradero ni rescatar los restos de sus seres queridos, pero les asiste el legítimo derecho de reclamar justicia, de pedir información y esperar una respuesta. Las decenas de miles de personas desaparecidas, después de tantos años de silencio y olvido, merecen, al menos, nuestro cariño y consideración.
ÁNGEL DEL RÍO SÁNCHEZ es coordinador del proyecto Mapa de Fosas de Sevilla