El Gobierno remite al Archivo de Salamanca el caso de los 'papeles perdidos' de la cárcel de Cádiz

La Voz de Cadiz | Daniel Perez | 22-09-2010

Los documentos, en manos de un particular que dice haberlos encontrado «en la calle», se refieren a presos y represaliados por el Franquismo

«Hubiera sido menos extraño que nos contestaran con una receta de cocina». El historiador José Luis Gutiérrez Molina agota el catálogo de adjetivos para referirse al documento que recibieron ayer de la Secretaría General del Gobierno en Andalucía, en respuesta a una solicitud, firmada por más de 50 intelectuales, en la que le pedían que interviniera en el caso de los 'papeles perdidos' de la antigua prisión provincial de Cádiz. «Absurda, ridícula, surrealista, disparatada, incoherente...»

El texto dice: «En relación a su escrito (...) en el que nos solicitaban la recuperación de la documentación de la cárcel de Cádiz y su depósito en el Archivo Histórico Provincial (...) hemos dado traslado del mismo al Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo General de la Guerra Civil». En Salamanca.

Cecilio Gordillo, uno de los promotores de la iniciativa, se lamentaba: «sería para partirse de risa, si no fuera porque es un tema que juega con la sensibilidad de mucha gente, empezando por los familiares de represaliados y desparecidos. O la administración está sorda, o nos toma por tontos, o sólo ha querido quitarse 'el marrón' de encima».
Una «berlanguiana» vuelta de tuerca más para un asunto que aspira sin complejos al esperpento desde que arrancó, a mitad del verano. La solicitud de intervención al Gobierno central incluye un certero resume de los hechos.

En agosto de este año, el Ministerio de Interior traspasa al Archivo Histórico Provincial de Cádiz 12.300 expedientes de tres prisiones (Jerez, El Puerto y San Roque), de entre los cuales aproximadamente un 50% corresponden a causas relacionadas con la represión franquista: rebelión militar, auxilio a la rebelión, deserción, y otras fórmulas habituales con las que el Régimen 'maquillaba' la imputación de leales a la República y opositores. En ese trasvase faltarían los documentos procedentes de la antigua cárcel provincial de Cádiz, que se dan por «desaparecidos».

Pocos días después, José Manuel Cano, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, anuncia públicamente que posee esa documentación, ya que la encontró «en la calle, hace años, tirada como si fuera basura». Añade que su intención es hacérsela llegar directamente a los familiares.

De inmediato, intelectuales, historiadores, profesores universitarios y destacadas personalidades del mundo de la investigación de la Guerra Civil y el Franquismo, se movilizan. Aunque no dudan de las «buenas intenciones» de José Manuel Cano, y le agradecen que se hiciera cargo de un archivo tan notable, recalcan que «independientemente de cómo haya llegado a las manos de un particular, su propietario legítimo es el Ministerio del Interior». Así que solicitan a la Delegación del Gobierno en Andalucía «una intervención inmediata y decidida, para cumplir las funciones que se espera que ejerza: custodiar los bienes públicos».

Es decir: que recupere los expedientes en poder de José Manuel Cano, y los deposite en el Archivo Histórico Provincial.
La respuesta les ha dejado estupefactos. «Remitir el caso a Salamanca no tiene ningún sentido. ¿Qué pinta aquí Salamanca?, se preguntaba gráficamente Santiago Moreno, otro de los historiadores firmantes. «Y lo peor es que este sainete puede ser un precedente», advierte José Luis Gutiérrez Molina.

Los intentos de la delegación de Cultura

Ninguno de los firmantes del manifiesto remitido al Gobierno conocían ayer los resultados definitivos de las gestiones que la delegación de Cultura de la Junta en Cádiz había realizado para intentar recuperar la documentación. Por lo pronto, Gutiérrez Molina afirma que, según han tenido constancia recientemente, «puede que los archivos que posee José Manuel Cano ni si quiera procedan de la antigua cárcel de Cádiz, ya que, al menos los que ha mostrado, pertenecerían a la Junta Provincial de Libertad Vigilada». En cualquier caso, el problema de fondo es el mismo: «Algo tan sensible no puede estar en manos de un particular».

La posición de personalidades implicadas en el movimiento memorialístico, como Fernando Romero, Santiago Moreno, o el propio Gutiérrez Molina, se ha vuelto aún más rotunda después de tener constancia de las «diversas peripecias» que ha sufrido el director del Archivo Histórico Provincial en sus intentos por lograr que Cano entregara los expedientes. «De entrada, se le pidió al representante de la administración algún tipo de recompensa, aunque fuera en forma de material de oficina», explican en un texto conjunto. «Pero después pretendió 'colocarle' sólo una parte del material, algo que el señor Ravina no admitió, con muy buen criterio».

Entre tanto, los firmantes esperan que «si ha hecho llegar parte de la documentación a sus familiares» esperan que «haya sido de forma altruista», aunque afirman que esa postura no tiene precedentes en «ninguna de las muchísimas asociaciones que trabajan ni en Andalucía y en España dentro del campo de la Memoria Histórica».