Deriva e institucionalización de la memoria

Deriva e institucionalización de la memoria.
Ángel del Río Sánchez y Cecilio Gordillo Giraldo

VIENTO SUR Número 113 / Diciembre 2010

“Son los riesgos de un creciente proceso de institucionalización que, más o menos intencionadamente, puede llegar a desplazar, controlar, e incluso sustituir las iniciativas de la sociedad civil”

La irrupción social del fenómeno que hemos denominado de Recuperación de la Memoria Histórica (RMH), que hace referencia al descubrimiento de realidades históricas negadas y olvidadas y a la dignificación de las víctimas de la guerra civil y la represión franquista en todas sus dimensiones, ha supuesto un paso de gigante para la progresiva desfranquistización de un Estado y una sociedad con evidentes déficits democráticos por esta causa. A la incuestionable conquista que supone que se haya destapado un pasado ominoso que, para buena parte de la ciudadanía, especialmente para amplios sectores de la juventud, parecía impensable que hubiera tenido lugar en su propio país, hay que sumar el creciente cuestionamiento –por primera vez de manera abierta– a una transición política que había sido sacralizada por la mayoría de fuerzas políticas y elevada a categoría de mito fundacional de la democracia española.

La RMH ha posibilitado la creación de un novedoso movimiento social con una extraordinaria capacidad de movilización de colectivos muy heterogéneos: familiares de víctimas de distintas generaciones y gentes procedentes de los más diversos ámbitos de la ciencia, la política y la creación artística. La demanda social ha ido adquiriendo en estos años una dimensión tal que los gobiernos no han tenido más remedio que tomar medidas de carácter jurídico-administrativo con relación a la documentación y archivos, al reconocimiento de derechos profesionales, de la nacionalidad para los descendientes del exilio, de reconocimientos e indemnizaciones a determinados colectivos de víctimas, etc.

No obstante, desde nuestra posición crítica, pensamos que se ha perdido una gran oportunidad para avanzar más en esta línea. La actitud timorata y oportunista de determinadas organizaciones con mayor capacidad de decisión, que han ido asumiendo, muchas veces de manera acrítica e, incluso, entusiasta, las políticas de la memoria implementadas en estos años y que tiene como corolario la aprobación de la conocida como Ley de Memoria Histórica de 31/10/2007, está en la base de lo que, entendemos, ha derivado en una memoria pública e institucional de baja intensidad con respecto a las víctimas del franquismo. Desde luego, muy lejos de las expectativas generadas y de los objetivos mínimos planteados por el movimiento memorialista.

Nuestra reflexión nace desde la experiencia colectiva en el grupo de trabajo RMHSA de CGT.A, que viene funcionando desde 1998 y ha desarrollado desde entonces una intensa actividad memorialista en Andalucía en materia de investigación, de dinamización social y divulgación, pero principalmente de denuncia pública. /13 En cualquier caso, nuestra labor en este campo la entendemos siempre desde una perspectiva plural y creativa que entiende la memoria de los vencidos de la guerra civil como patrimonio colectivo y no partidista y como recurso esencial para la identidad y dignidad de la sociedad.

Posiciones frente al movimiento memorialista
Conviene recordar que el movimiento social por la RMH se ha ido fraguando a partir de iniciativas, fundamentalmente de carácter familiar y local, y aunque poco sistemáticas no por ello menos valiosas, como se ha demostrado en estos escasos diez años a pesar de las zancadillas. En un primer momento, las izquierdas mostraron cierta simpatía por este incipiente movimiento urdido entre familiares de víctimas e investigadores independientes –ajenos a la Academia, aunque su implicación en esta tarea, en tanto que organizaciones con recursos, fue muy escasa. La derecha, en cambio, pasó de una actitud inicial de indiferencia a otra de acerada oposición cuando el asunto fue tomando carta de naturaleza institucional, sobre todo, tras la victoria electoral del PSOE en marzo de 2004 con la creación, meses después, de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, que generaría grandes expectativas y sin embargo acabaría siendo una enorme decepción. El PP y la derecha mediática han utilizado desde entonces la MH como argumento recurrente de oposición frontal al gobierno del PSOE, bajo el discurso insistente y simplificador de “reabrir viejas heridas”, “dividir a la ciudadanía con un tema que había sido superado con la Transición” ó “gastar dinero público en cosas inútiles en tiempos de crisis”. A esta operación de descrédito hacia la MH se han unido, también, una serie de intelectuales y políticos que gozan de gran predicamento en las filas del PSOE y que cuentan con grandes tribunas en los medios del grupo PRISA para difundir su pensamiento de hartazgo con respecto a la memoria. Nos referimos a los historiadores Santos Juliá y Álvarez Junco, a los periodistas Javier Pradera y Miguel Ángel Aguilar o los políticos Joaquín Leguina o José Bono, entre otros. Sin duda, la férrea oposición de los primeros y la presión de éstos están imponiendo una línea política hasta ahora inexistente en el gobierno, pero también en el partido que lo sustenta.

Riesgos de la institucionalización
Con el año de la memoria histórica declarado por el parlamento en 2006 se alcanza un cénit materializado en una enorme producción científica, divulgativa y cultural sobre el pasado reciente y en la presentación ante la justicia de una demanda por desapariciones forzosas por parte de algunas asociaciones y organizaciones (ninguna histórica) que traería posteriormente una enorme repercusión. Las instituciones oficiales intentan abanderar el proceso asumiendo ciertas políticas para dar satisfacción a las crecientes demandas sociales. Tanto el gobierno central, a través del Ministerio de la Presidencia, como el de algunas comunidades autónomas, han dispuesto, entre otras medidas, de programas de subvenciones. En principio, este marco abría un abanico de posibilidades para canalizar numerosos procesos, proyectos e iniciativas a través de una política pública de la memoria, pero la realidad ha ido cambiando rápidamente en otra dirección, pues hace que aumente espectacularmente el número de entidades, asociaciones y fundaciones, dando como resultado un movimiento sumamente atomizado, heterogéneo y, en ocasiones, enfrentado, reproduciendo las divisiones político-ideológicas que se manifiestan en la arena sociopolítica. Si en un primer momento las asociaciones surgían desde abajo por iniciativa fundamentalmente de los familiares y se definían por un pluralismo interno –no exento de conflictividad–, ahora, desde instancias políticas superiores, se crean nuevas entidades, muchas veces, al albur de las subvenciones y cuya actividad, principal, se centra en la administración de los dineros públicos y en el control de los proyectos realizados por personas/empresas a modo de subcontratas.

A esta dinámica han sido empujados (casi como única salida) buena parte de las asociaciones originarias cuyo músculo militante ha ido perdiendo volumen con la tediosa actividad de gestoría burocrática, aunque, también, se ha disparado el protagonismo mediático con la asunción de proyectos de gran impacto y espectacularidad (mapa de fosas, exhumaciones, ediciones de libros y documentales...).

Es sintomático, por ejemplo, que el gobierno de Andalucía posponga todo tipo de actuación sobre las fosas, hasta que no quede resuelto el mapa de fosas que él mismo ha financiado. La Junta de Andalucía no ha apostado nunca por las exhumaciones que son la columna vertebral de la RMH y crea confusión para aplazar sine die la intervención generando una gran inquietud entre los familiares. En este sentido, se produce una situación paradójica puesto que son las instituciones (Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos, Universidades...) las que imprimen el ritmo de trabajo de las asociaciones a través de las subvenciones y/o autorizaciones a determinados proyectos que absorben muchas energías. Son los riesgos de un creciente proceso de institucionalización que, más o menos intencionadamente, puede llegar a desplazar, controlar, e incluso sustituir las iniciativas de la sociedad civil.

Todo por hacer: Necesidad de un movimiento social independiente Aún queda todo por hacer: anulación de las sentencias franquistas, inscripción de los desaparecidos en los registros civiles, localización y exhumación de las fosas comunes, acceso a los archivos, reconocimiento de los presos esclavos del franquismo, devolución de los patrimonios expoliados y de las “multas” de responsabilidades políticas, elaboración definitiva de un censo oficial de represaliados del franquismo –1936-1978–, etc. Para ello es indispensable la presencia de un movimiento social independiente, con iniciativa propia, que evite a toda costa funcionar a rebufo de las instituciones y que acabe consolidándose como una referencia de máxima importancia para que las políticas de la memoria den satisfacción a problemas no resueltos y a las demandas sociales que asocian Memoria y Justicia.
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13/ Para más información sobre la composición, pensamiento y la actividad desarrollada por este colectivo puede
consultarse el dossier Balance de Iniciativas. 1998-2007. Grupo de Trabajo RMHSA. CGT.A, disponible en:
http://www.todoslosnombres.org/doc/documentos/documento68.pdf