Los Registros Civiles

LOS REGISTROS CIVILES.


El juzgado de Cabra (Córdoba) dice NO a la inscripción de un fusilado a pesar de la opinión, favorable, de la Fiscalia.
/ Rafael Espino. Presidente Aremehisa.



LA “JUSTICIA ESPAÑOLA” DE NUEVO LES OLVIDA.

Hace ya casi 75 años, el día 25 de agosto de 1936, serían asesinados en la localidad cordobesa de Cabra (Córdoba) FRANCISCO GÓMEZ BARRANCO, de 59 años de edad y su hijo MIGUEL GÓMEZ ROJAS, de 25 años, junto a otras quince personas más, como consecuencia de la sin razón y la barbarie que las nuevas autoridades surgidas del cruento golpe de estado ocurrido el 18 de julio de ese mismo año, desataron en todas las poblaciones caídas bajo su mando.

Fueron otro padre y otro hijo mas de los cientos de miles de familias masacradas y exterminadas física y documentalmente en unos hechos que hoy todavía después del tiempo transcurrido nos siguen produciendo dolor y vergüenza. Las detenciones ilegales, las violaciones de los derechos humanos, las torturas, los asesinatos y las desapariciones fueron la practica utilizada para imponer en todos y cada uno de los pueblos de España la .... nueva justicia nacional.

Durante la guerra civil y la posterior dictadura, simplemente la nueva justicia nacional y el código penal no fueron sino instrumentos al servicio de la ideología dominante y agentes necesarios para la imposición de un determinado orden moral y social. Y una pieza más en el gigantesco mecanismo de la represión. Una represión negada por muchos y desconocida por casi todos. Que ha sido el más claro exponente y denominador común de cómo el franquismo logró amordazar a una buena parte de la sociedad de este país.

Una nueva justicia nacional que impuso oficialmente el mielo y el olvido a los familiares de las víctimas, de las personas que habían sido asesinadas y hechas desaparecer. Un miedo y un olvido “ oficial” que impidió que casi nadie pudiese acercarse a los juzgados, solicitando información del paradero de sus seres queridos “desaparecidos“, o que se les permitiese incluso inscribir su muerte en el registro civil. La justicia, (simplemente) su justicia, durante muchos años en este país siguió brillando por su ausencia.

Personas “desaparecidas” y “asesinadas” ( no lo olvidemos). Personas omitidas por la historia y el paso del tiempo y que hoy a través de su retomada presencia y su recuerdo nos imponen la memoria. Personas hechas desaparecer física y documentalmente. Como si nunca hubiesen existido. Personas con nombres y apellidos. Nombres que en muchos casos comienzan a aparecen ahora por primera vez impresos en un papel después de décadas de desapariciones forzadas. Unos nombres que aluden a víctimas concretas, con ideas y sentimientos, revividos en sus familiares, y que reclaman con su solo recuerdo, con su ya inexistente presencia que se haga de una vez por todas JUSTICIA.

Personas “ desaparecidas”, con todos los términos de la ley. Alguien que ha nacido pero que a efectos oficiales aún no ha muerto. Personas olvidades que aún hoy continúan siendo objeto del desamparo legal más absoluto en nuestro país, en un estado de derecho que constantemente ha vivido de espaldas a sus responsabilidades, durante mucho tiempo desatendiendo las peticiones de justicia de los familiares de víctimas de la dictadura y la represión franquista, un estado que continua dejándolos también hoy en la mas cruel de las indefensiones, al no permitir que después de 75 años de angustia y dolor, sus familiares no puedan registrar el asesinato de Francisco y de Miguel.

Una indefensión que se ha convertido ya en oficial y que ha llevado y continua llevando dolor, sufrimiento, crueldad y un trato inhumano a estas familias, victimas de la barbarie.

Una situación, que también ha sido como digo prolongada en el tiempo. Pues ha pasado de generación en generación, de padres a hijos y que pesa como una losa cada vez mas grande sobre nuestras espaldas.

Ha sido la tercera generación, la que tomó el relevo de su padre en la lucha por reclamar justicia. Ha sido el nieto de Francisco, Jorge Gómez Sáenz, (sobrino también de Miguel) el que solicito a finales del pasado año 2010 la inscripción fuera de plazo legal de las muertes de su abuelo y su tío Miguel.

Un derecho que hoy por hoy todavía de forma incomprensiblemente la justicia le niega. Y al negarsele de forma sistemática la inscripción de sus desaparecidos en los correspondientes registros civiles se perpetua y se pone en tela de juicio la credibilidad de las instituciones democráticas y la mas que probable parcialidad del poder judicial en nuestro país.

A mi juicio, mientras esta situación continúe así España no será nunca un país normal, no será nunca un país justo y por el contrario seguirá siendo un país como el de hace 74 años, un país sin justicia. Una justicia que tarda demasiado tiempo en llegar.



Rafael Espino Navarro.

Presidente de AREMEHISA.