Esta falta de responsabilidad por parte del gobierno está permitiendo que los honores con que la dictadura fascista del General Franco premió a sus militares, a sus torturadores y asesinos sigan vigentes aún hoy en todo el país y en nuestra ciudad, que un genocida siga presidiendo la plaza del ayuntamiento y continúe ostentando el titulo de hijo predilecto, no sólo eso, la justicia franquista, nacida a partir de un golpe de estado sangriento y sostenida por un régimen que nunca se sometió a elecciones periódicas todavía no ha sido anulada.
Precisamente la anulación de los juicios sumarísimos es una de las reivindicaciones del movimiento por la recuperación de la memoria histórica, para dar a los represaliados por el franquismo el reconocimiento de víctimas.
La incapacidad y ambigüedad de la ley están permitiendo que tal como ocurre en muchas ciudades y pueblos, los ciudadanos de San Fernando se pasean por calles nombradas en honor de quien acabó violentamente con el gobierno democrático legalmente constituido, y continúan sufriendo en las fachadas placas y símbolos franquistas.
San Fernando nació a la sombra de los cuarteles, ha vivido al toque de corneta y al ritmo de procesiones y desfiles y desde el golpe militar franquista hasta sus alcaldes han lucido uniforme y galones pero los gobiernos municipales de la llamada época democrática han heredado y siguen practicando los mismos hábitos, San Fernando sigue siendo un cortijo de satrapillas, beatones y sotanillas. Aquí siguen gobernando los hijos de Varela.
Aquí no es que se esté volviendo a poner calles a fascistas, aquí es que sencillamente la ley ni existe ni se tiene voluntad en aplicarla, aquí tanto el ultimo alcalde republicano, D. Cayetano Roldan, sus tres hijos y muchos isleños fusilados durante la brutal represión de los golpistas, continúan enterrados en la fosa del cementerio municipal, que sigue sin adecentar y sin reconocimiento alguno y en otras diseminadas por las marismas y salinas.
Aquí, militares que apoyaron y colaboraron con Franco en sus crímenes, como el General Varela, Ricardo Isasi, Luis Milena, hermanos Laulhé y otros asesinos, cuentan con estatua, títulos, y calles nombradas en su honor.
Poco o nada han servido los esfuerzos de unos cuantos memorialistas que participamos en AMERE, se ha instado a alcaldes y partidos con representación municipal, por enésima vez, a que se dé cumplimiento en nuestra ciudad a la ley de MH, se han redactado manifiestos, se han propuesto mociones, se han recogido firmas, y se han organizado conferencias y debates que han sido boicoteados por antiguos militares, curas castrenses y por un juez jubilado.
En junio de 2008 y ante la insistencia y presión de AMERE, la Junta de Gobierno Local acordó elevar a pleno la retirada de honores y distinciones a los golpistas, así como el cambio de nombre de varias calles y la retirada de símbolos franquistas de varios edificios y fachadas. Se hablaba entonces de abordar un proceso gradual para aplicar la Ley de Memoria Histórica. Fue después del verano -en octubre- cuando la primera propuesta se elevó a pleno, donde se aprobó la creación de una comisión “para estudiar e informar” al ayuntamiento sobre la simbología existente y para “recomendar” sobre cuales se podría aplicar la ley. Aún se desconoce el informe de dicha comisión.
La estatua ecuestre del general Varela no se incluyó en esta batería de actuaciones. Se alegaba desde el Ayuntamiento que se había emprendido un estudio histórico y un proceso de recogida de información sobre el monumento y se había consultado a la Junta de Andalucía sobre la actuación a adoptar habida cuenta de la “reconocida valía artística” de la obra. Se proponía, como alternativa, la retirada de los frisos y grabados situados en la peana de la estatua ecuestre, con alusiones directas a victorias fascistas de la Guerra Civil.
Nada se ha hecho desde entonces y Varela y sus frisos siguen presidiendo la plaza del Ayuntamiento y manteniendo el titulo de hijo predilecto, los nombres de los asesinos siguen rotulando calles, placas de mármol continúan en las fachadas y alcaldes y gobiernos municipales se siguen posicionado del lado de los golpistas y siguen ignorando e incumpliendo la Ley.
Antonio Gil. Es socio de AMERE y cofundador del Ateneo Republicano de San Fernando
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