La Consejeria de Cultura exige los archivos de los presos a la Asociación Memoria Histórica de Cádiz.
Andalucia informacion: 726/08/· Gema Freire
http://www.andaluciainformacion.es/portada/?i=100&a=137272&f=0&b=0
La Delegación Provincial de Cultura ha exigido a la Asociación andaluza para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que le haga entrega de los expedientes de presos de guerra de la Cárcel Provincial que la entidad tiene bajo su custodia.
El presidente de la asociación, José Manuel Cano, informó ayer a este periódico de que el director del Archivo Histórico Provincial, Manuel Ravina Martín, se acababa de personar en la sede de la calle Regimiento de Infantería, con una orden firmada de Cultura, donde se les hacía conocedores de la intención de la Junta de Andalucía de hacerse con estos archivos.
La Administración Autonómica reconoce en su escrito que tuvo conocimiento de estos documentos a raíz de que este periódico los sacara a la luz en su edición del pasado 19 de agosto. En este sentido, se proclama la responsable de “su conservación y defensa”, más aún cuando ha tenido conocimiento de que la asociación estaba buscando a los familiares de los presos para entregarles estos expedientes, al considerar que se trataba de una pieza clave a la hora de solicitar indemnizaciones a la Junta de Andalucía.
Cano explicó que va a solicitar una reunión con la delegada provincial de Cultura, Yolanda Peinado, para estudiar la manera de recompensar a la asociación por la aportación de estos fondos y por la guarda y custodia de los mismos durante tantos años. José Manuel Cano insistió en que no se trata de dinero, “al menos queremos que se nos nombre en los archivos, porque para eso hemos sido nosotros quienes hemos proporcionado esta documentación”.
Este periódico publicó el pasdo 23 de agosto que Cultura tenía la intención de plantear a la asociación la posibilidad de digitalizar estos archivos. Según fuentes de la Delegación, los técnicos se pondrían en contaco con la ARMH en el mes de septiembre.
Pero el asunto preocupa tanto a la Junta de Andalucía que ha preferido no esperar a que los funcionarios vuelvan de sus vacaciones estivales y ya ha puesto todo el proceso en marcha para tenerlo todo atado lo antes posible.
José Manuel Cano explicó que “no tenemos más remedio que desprendernos de nuestro archivo, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados”.
Según el presidente de la asociación, encontró estos documentos hace varios años paseando por la calle. El Ministerio del Interior los dio por perdidos en una nota remitida a los medios de comunicación hace unas semanas, cuando informó del traslado de los archivos que obraban en poder del ministerio al Archivo Provincial.
Orden firmada por la Delegada Yolanda Peinado
"Se ha tenido constancia en esta Delegación Provincia, a raíz de una noticia aparecida en prensa, que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica posee expedientes de presos de guerra, en concreto los relativos a la Cárcel Provincial de Cádiz, y que desde esa Asociación se está llevando a cabo un proceso de búsqueda de familiares de las personas a que se refieren los expedientes para su entrega, lo que implicaría una pérdida de información histórica de los acontecimientos difícilmente recuperable. Resulta que dichos expedientes, a tenor de lo establecido en el artículo 3. d. de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos, forman parte del Patrimonio Documental Andaluz, siendo competencia de la Junta de Andalucía su conservación y defensa, debiendo velar por la seguridad de los documentos constitutivos de dicho Patrimonio Documental Andaluz, estén o no ubicados en Archivos, y en base a lo anterior, se le designa para que proceda a realizar una inspección y valoración de los documentos que obran en poder de la citada Asociación”.
—argumento—
El presidente de la asociación, insistió en que todo el esfuerzo que están realizando está saliendo de los bolsillos de los investigadores, sin ninguna ayuda extra. Sin embargo, afirmó que seguirán adelante sea como sea porque son conscientes de que para muchas familias es la única prueba que tienen para poder reclamar las indemnizaciones que la Junta de Andalucía ofrece a las víctimas por los daños ocasionados.
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+ Información sobre el tema.
Historiadores y entidades solicitan al Gobierno de España una intervencion inmediata y contundente en el caso de los archivos ´desaparecidos´.
ESCRITO PRESENTADO LA DELEGADO DEL GOBIERNO EN ANDALUCIA
Delegación del Gobierno en Andalucía
D. Juan José López Garzón
Delegado / Sevilla
Asunto: Memoria Histórica / Documentación Prisión Provincial de Cádiz
Fecha: 25-08-2010
Cecilio Gordillo Giraldo, con DNI 28501266B, con domicilio a efectos de notificación, en 41003 Sevilla, calle Alcalde Isacio Contreras 2b, local 8, correo electrónico todoslosnombres@cgt.es, como Coordinador de RMHSA de CGT.A, junto a José Luís Gutiérrez Molina. Historiador. Cádiz. Santiago Moreno Tello. Historiador. Cádiz. Fernando Romero Romero. Historiador. Villamartín (Cádiz). Fernando Sígler Silvera. Historiador. Ubrique (Cádiz). Francisco Espinosa Maestre. Historiador. Sevilla Salustiano Gutiérrez Baena, Prof. Instituto. Benalup-Casas Viejas (Cádiz). José María García Márquez. Historiador. Sevilla. Javier Osuna García. Periodista. Cádiz. Alberto Ramos Santana. Historiador. Cádiz. José Joaquín Rodríguez Moreno. Historiador. Cádiz. Juan Alarcón Almoguera. Historiador. Cádiz. Alejandra Flores de la Flor. Historiadora. San Fernando (Cádiz). Juan Luís Martínez Muñoz-Cuadrado. Alejandro Pérez Ordóñez. Historiador. Granada. Feliciano Gámez Duarte. Historiador. Francisco Javier Camacho Ortega. Historiador. Cádiz. Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica Social y Política de Puerto Real (Cádiz). José Marchena Domínguez. Profesor Titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz. Cádiz. Asociación Ubi Sunt?. Cádiz. Magdalena Armengod Corbella. Castelldefels (Barcelona). Juan Antonio del Río Cabrera. Antropólogo. Olvera (Cádiz). Gonzalo Acosta Bono. Geógrafo. Sevilla. Asociación para la Recuperación de la Justicia y la Memoria Histórica "Jerez Recuerda". Alfonso Domingo. Escritor. Madrid. Cristóbal Orellana González. Archivero. Jerez de la Frontera (Cádiz). Francisco Ruiz Acevedo. Pte. AMH del Bajo Llobregat. Cornellá (Barcelona). Santiago de Córdoba Ortega. Historiador. Andujar (Jaén). Concha Morón Hernández. Funcionaria administrativa. Sevilla. Jesús Román Román. Arqueólogo. El Bosque (Cádiz). Francisca Maqueda. Vicepresidenta de Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA). Sevilla. José García Cabrera. Historiador, Profesor de Educación Permanente de Adultos. Jerez de la Frontera (Cádiz). Javier Gavira Gil. Historiador. Marchena (Sevilla). José Candón Mena. Periodista. Sevilla. Alejandro del Toro García. Grupo "Memoria Libertaria". Valladolid. Adolfo Sánchez Carrasco. Strio Jurídica de CGT.A. Jerez de la Frontera. (Cádiz). Félix Cervera Grajera. Funcionario. Sevilla. Jorge Velázquez-Gaztelu Grilo. Empleado Público. Jerez de la Frontera. (Cádiz). Carmen María León León. Secretaria General de CGT.A. Córdoba. Pablo Schargorodsky. Funcionario. Málaga. Francisco J. López de Ahumada. Corrector. Sevilla. Carlos Porras Castaños, Historiador, Cádiz. Magdalena González Martín. Historiadora. Puerto de Santa María. (Cádiz). a través del presente escrito, le
MANIFIESTAN:
1.- Que con fecha 11 y 12-8-2010 algunos medios de comunicación de Cádiz se hacían eco “...del traspaso, por parte del Ministerio del Interior, al Archivo Histórico Provincial de Cádiz, de 12.300 expedientes de tres prisiones gaditanas: Jerez, El Puerto y San Roque, no así los de la Prisión Provincial de Cádiz, pues “desaparecieron” .
(diariobahiadecadiz.com, 11-08-2010; La Voz, 12-8-2010; El País, Edición Andalucía, 12-08-2010).
Esos medios destacaban que “...de esos 12.300 expedientes, de los cuales 10.260 corresponden al Penal de El Puerto, 5.690 son de personas que incurrieron en algunos de los delitos que el régimen franquista consideró para todos aquellos que se opusieron al golpe de estado, en concreto, rebelión militar, auxilio a la rebelión, excitación para la rebelión, deserción… lo que supone, un 55,4 por ciento del total recibido por el Archivo Provincial”. Este archivo depende de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
2.- Los días 19 y 24-08-2010 la página web www.andaluciainformacion.es recoge las manifestaciones de José Manuel Cano, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, con sede en Cádiz, en las que revela que posee la documentación desaparecida de la Prisión Provincial de Cádiz. Sobre cómo llegaron los documentos a su poder indica que “los encontró hace muchos años en la calle, tirados como si fuera basura” y añade que “ahora, trabaja [...] para entregar cada una de las fichas de estos presos políticos de la cárcel provincial a sus familiares: “Me estoy deshaciendo de la historia, pero se la estoy entregando a los familiares, que son quienes lo deben tener desde nuestro punto de vista”. En la entrevista, José Manuel Cano también enseña las cartas que se enviaban presos y familiares.
(http://www.andaluciainformacion.es/portada/?h=1&p=1&a=136495&ht=cárcel)
Según este mismo medio de comunicación, “José Manuel Cano explicó […] que su entidad no tienen “ningún problema” en hacer entrega de estos documentos a la Junta de Andalucía, “pero con condiciones, y con esto no estamos hablando de dinero”. Por decirlo de otra forma esta asociación quiere que de alguna manera se reconozca su labor en la recuperación de estos archivos, custodia y puesta en valor, ya que actualmente no cuentan con ninguna ayuda para seguir adelante con sus investigaciones sobre la Guerra Civil”
(http://www.andaluciainformacion.es/portada/?h=1&p=1&a=136900&ht=cárcel).
3.- No dudamos de las manifestaciones realizadas por el Sr. Cano y recogidas por este medio de comunicación. Sería larga la relación de desafueros cometidos que hacen creíble que los expedientes penitenciarios hayan acabado en un contenedor. No cabe menos que felicitar a su descubridor tanto por la suerte de encontrarlo como su sensibilidad por apreciar su valor.
4.- Que como Ud. sabe esta realidad (pérdida de documentación relacionada con la guerra y la dictadura franquista) no es la primera vez que la tratamos directamente, pues ya hace varios años, y demandada por la Presidencia del Gobierno, se intentó localizar documentación relativa a un “desaparecido” por el franquismo en la localidad de Lebrija (Sevilla).
5.- Independientemente de cómo la documentación de la Prisión Provincial de Cádiz haya llegado a manos de un particular, su propietario legítimo es el Ministerio de Interior. Estamos hablando de documentos generados por la administración estatal, pertenecientes al Patrimonio Documental Andaluz según la Ley 3/1984 de Archivos, y es ésta quien tiene el deber entregarlos a los organismos públicos encargados de su custodia, conservación, catalogación y gestión de consulta pública. Su desaparición de dependencias oficiales se debe a negligencia o dejación en el cumplimiento de esa función.
Por lo anteriormente expuesto
SOLICITAMOS de esa Delegación del Gobierno en Andalucía una intervención inmediata y decidida, para cumplir las funciones que se espera que ejerza: custodiar los bienes públicos. Que se recupere la documentación de la antigua Prisión Provincial de Cádiz, de la que es propietaria la administración y de cuya conservación es responsable, y que sea depositada en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, que es el organismo público competente para su custodia y donde los ciudadanos –familiares e investigadores– podrán tener libre acceso a la misma.
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+ informacion:
LA DOCUMENTACIÓN DE LA PRISIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
Carta enviada a los medios de comunicación de Cádiz.
Decía Rogelio Blanco, Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas, hace poco en una emisora de radio que una de las grandes riquezas de este país es la cantidad y calidad de sus archivos y añadía los esfuerzos que se hacen para su conservación y puesta a disposición del ciudadano. Ahora, las administraciones competentes de la provincia de Cádiz tienen una ocasión de demostrarlo de forma inmediata y contundente.
Hace unos días se conocía que, al menos, una parte del archivo de la Prisión Provincial de Cádiz se encuentra en poder del presidente de una asociación que se dice memorialística. Rescatado de la basura asegura. No lo dudamos. Sería larga la relación de desafueros cometidos que hacen creíble que los expedientes penitenciarios hayan acabado en un contenedor. No cabe menos que felicitar a su descubridor tanto por la suerte de encontrarlo como su sensibilidad por apreciar su valor.
Dicho esto queremos creer que lo que hemos leído en la prensa no es sino un equívoco. Nunca es tarde para actuar de forma sensata y responsable como investigador, interesado en la memoria histórica, solidario con los familiares de los afectados y, en definitiva, ciudadano: la documentación debe ser inmediatamente puesta a disposición de los organismos encargados de su custodia, catalogación y libre disposición pública. En este caso el Archivo Provincial de Cádiz que no es solo el lugar donde debe estar sino que también está demostrando su capacidad y disposición pública para, entre otras cosas, que familiares e investigadores puedan acceder a este tipo de información tan sensible. Tampoco es tarde para que la administración repare el error cometido y actúe de forma inmediata y decidida para cumplir las funciones que se espera que ejerza: custodiar los bienes públicos. Estamos hablando de un material que pertenece al Patrimonio Documental Andaluz según la Ley 3/1984, generado por una administración estatal que es la que tiene el deber de custodiarlo.
Los abajo firmantes creen que es la administración quien debe cumplir con su obligación de dar cumplida respuesta a las demandas de los familiares, en cualesquiera de sus aspectos. Es quien tiene los recursos, humanos y financieros, para ello y quien, en definitiva, tiene la obligación de ejercer de lo que se supone que es: representante de la ciudadanía. Es una decisión que le está costando. No hay duda de que se han dado pasos. Ahora hay una ocasión para demostrarlo.
José Luis Gutiérrez Molina. Historiador. Cádiz.
Santiago Moreno Tello. Historiador. Cádiz.
Fernando Romero Romero. Historiador. Villamartín (Cádiz).
Cecilio Gordillo Giraldo, Coord. RMHSA de CGT.A. Sevilla.
Fernando Sígler Silvera. Historiador. Ubrique (Cádiz).
Francisco Espinosa Maestre. Historiador. Sevilla
Salustiano Gutiérrez Baena, Prof. Instituto. Benalup-Casas Viejas (Cádiz).
José María García Márquez. Historiador. Sevilla.
Javier Osuna García. Periódista. Cádiz.
Alberto Ramos Santana. Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz.
José Joaquín Rodríguez Moreno. Historiador. Cádiz.
Juan Alarcón Almoguera. Historiador. Cádiz.
Alejandra Flores de la Flor. Historiadora. San Fernando (Cádiz).
Juan Luis Martínez Muñoz-Cuadrado.
Alejandro Pérez Ordóñez. Historiador. Granada.
Feliciano Gámez Duarte. Historiador y Prof. de Enseñanzas Medias. Cádiz.
Francisco Javier Camacho Ortega. Historiador. Cádiz.
Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica Social y Política de Puerto Real (Cádiz).
José Marchena Domínguez. Historiador. Cádiz.
Asociación Ubi Sunt?. Cádiz.
Magdalena Armengod Corbella. Castelldefels (Barcelona).
Juan Antonio del Río Cabrera. Antropólogo. Olvera (Cádiz).
Gonzalo Acosta Bono. Geógrafo. Sevilla.
Asociación para la Recuperación de la Justicia y la Memoria Histórica "Jerez Recuerda".
Alfonso Domingo. Escritor. Madrid.
Cristobal Orellana Gonzalez. Archivero. Jerez de la Frontera (Cádiz).
Francisco Ruiz Acevedo. Pte. AMH del Bajo LLobregat. Cornellá (Barcelona).
Santiago de Córdoba Ortega. Historiador. Andujar (Jaén).
Concha Morón Hernández. Funcionaria administrativa. Sevilla.
Jesús Román Román. Arqueólogo. El Bosque (Cádiz).
Paqui Maqueda. Asociación Andaluza Memoria Historica y Justicia (AMHyJA). Sevilla.
José García Cabrera. Historiador, Profesor de Educación Permanente de Adultos. Jerez de la Frontera (Cádiz).
Javier Gavira Gil. Historiador. Marchena (Sevilla).
José Candón Mena. Periodista. Sevilla.
Alejandro del Toro García. Grupo "Memoria Libertaria". Valladolid.
Adolfo Sánchez Carrasco. Strio Jurídica de CGT.A. Jerez de la Frontera (Cádiz).
Félix Cervera Grajera. Funcionario. Sevilla.
Jorge Velázquez-Gaztelu Grilo. Empleado Público. Jerez de la Frontera. (Cádiz).
Carmen Mª León León. Stria. General CGT.A. Córdoba.
Pablo Schargorodsky. Funcionario. Málaga.
Fco. José López de Ahumada. Corrector. Sevilla.
Carlos Porras Castaños. Historiador. Cádiz.
Magdalena González Martín. Historiadora. Puerto de Santa María. (Cádiz).
José Villa Rodríguez. Jubilado. Sevilla.
Nota:
Si quieres suscribir este documento nos mandas un correo electrónico a: todoslosnombres@cgt.es con tus datos personales (nombre y apellidos, DNI y domicilio completo) para hacérselo llegar a los/as responsables de las administraciones competentes (Instituciones Penitenciarias, Delegado del Gobierno en Andalucía, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía)
INFORMACION APARECIDA EN LOS MEDIOS DE COMUICACION SOBRE ESTE ASUNTO.
Cultura quiere digitalizar las fichas de la Cárcel Provincial
Andaluciainformacion.es/24/08/ Gema Freire
Este periódico sacó a la luz en su edición del pasado 19 de agosto que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica con sede en Cádiz (ARMH) tenía en su poder los expedientes de los presos políticos de la Cárcel Provincial de la Guerra Civil y de la posguerra que el Ministerio del Interior daba por perdidos. La reacción de la Junta, que tuvo conocimiento de estos legajos a través de este medio, no se ha hecho esperar.
Este periódico ha podido saber por fuentes de la Delegación Provincial de Cultura que la Administración Autonómia tiene intención de plantear a la ARMH la posibilidad de digitalizar estos archivos. Según estas fuentes, Cultura se pondrá en contacto con miembros de esta entidad en el mes de septiembre, en cuanto los técnicos se incorporen al trabajo tras las vacaciones estivales. No obstante, recuerdan que si algún ciudadano posee información que pueda ser de interés general, tienen la posibilidad de depositarla en el Archivo Histórico Provincial, a fin de que cualquier persona pueda tener acceso a esta información.
El presidente de la Asociación Andaluza, José Manuel Cano, explicó a este periódico que su entidad no tienen “ningún problema” en hacer entrega de estos documentos a la Junta de Andalucía, “pero con condiciones, y con esto no estamos hablando de dinero”. Por decirlo de otra forma esta asociación quiere que de alguna manera se reconozca su labor en la recuperación de estos archivos, custodia y puesta en valor, ya que actualmente no cuentan con ninguna ayuda para seguir adelante con sus investigaciones sobre la Guerra Civil.
Actualmente la asociación está realizando un gran esfuerzo por entregar cada ficha y cada testimonio a los familiares de los protagonistas de la historia. Por eso es importante que la Junta o el Estado actúen con rapidez, a fin de poder recopilar la máxima documentación posible, antes de que se difumine por todo el territorio nacional.
El Ministerio del Interior reconoció públicamente que estos documentos se habían perdido, sin recalar en la posibilidad de que pudieran estar en manos de algún particular o de una asociación de este tipo. De hecho, el presidente aseguró a este medio que en ningún momento se habían puesto en contacto con la asociación para confirmar si tenían más archivos.
Cano recordó que todo el esfuerzo que están realizando está saliendo de los bolsillos de los investigadores. Sin embargo, afirmó que seguirán adelante sea como sea porque son conscientes de que para muchas familias es la única prueba que tienen para poder reclamar las indemnizaciones que la Junta de Andalucía ofrece a las víctimas por los daños ocasionados.
Hace unas semanas el Ministerio del Interior traspasó al Archivo Histórico Provincial 12.390 expedientes de presos de la guerra y la posguerra española, miles de ellos anarcosindicalista y/o libertarios de la CNT. Tras recibir los documentos, el Archivo Histórico Provincial ha elaborado una base de datos que ha resultado ser de un extraordinario valor, como explicaó en su día la delegada provincial de Cultura, Yolanda Peinado. De esos 10.260 expedientes entregados por Interior, 5.690 corresponden a personas que incurrieron en algunos de los “delitos” que el régimen franquista consideró para todos aquellos que se opusieron al golpe de Estado, en concreto, rebelión militar, auxilio a la rebelión, excitación para la rebelión, deserción. Supone, pues, un 55,4 por ciento del total recibido. En muchos de estos expedientes se conserva una copia de la sentencia del Consejo de Guerra que juzgó al recluso.
Ahora se pretende hacer lo mismo con los archivos que están en posesión de esta entidad privada.
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Los expedientes perdidos por el Gobierno de los presos de la Cárcel Provincial están en Cádiz
Andaluciainformacion/19/08 • 22:34 • Gema Freire
Foto: El presidente muestra la ficha de uno de los presos de la cárcel provincial. • Autor: I J Poveda
El Ministerio del Interior hizo público hace unas semanas que había traspasado al Archivo Histórico Provincial de Cádiz 12.390 expedientes de presos de la guerra y de la posguerra española. Sin embargo, Interior reconocía que sólo se habían podido recuperar los archivos correspondientes a tres prisiones: el penal de El Puerto y las cárceles de Jerez y San Roque. Los expedientes de la Cárcel Provincial de Cádiz el Ministerio “los habían perdido”.
Días después de la noticia, la ciudad se levanta con una noticia fundamental para su historia. Esos documentos están más cerca de lo que parecía, porque están en Cádiz, y en concreto, en posesión de la Asociación andaluza para la Recuperación de la Memoria Histórica, con sede en la capital gaditana.
El presidente de la entidad, José Manuel Cano, los mostró ayer a este periódico y aseguró que tampoco le hizo falta investigar demasiado, porque los encontró hace muchos años en la calle, tirados como si fuera basura. Ahora, trabaja codo con codo con los miembros de la asociación para entregar cada una de las fichas de estos presos políticos de la cárcel provincial a sus familiares: “Me estoy deshaciendo de la historia, pero se la estoy entregando a los familiares, que son quienes lo deben tener desde nuestro punto de vista”.
Cano asegura que este esfuerzo que se está realizando requiere tiempo y dinero. Un presupuesto que sale de los bolsillos de los investigadores que constituyen esta entidad. Sin embargo, es consciente de que para muchas familias es la única forma que tienen de poder reclamar las indemnizaciones que la Junta de Andalucía ofrece a las víctimas por los daños ocasionados.
Esta aclaración es importante para los familiares que buscan respuestas en las cárceles, ya que son muchas las personas que acuden al archivo del Penal solicitando el expediente personal de alguien de quien se tiene la certeza que estuvo ingresado en el mismo y no aparece. Por eso, cuando José Manuel Cano leyó en prensa que el Ministerio del Interior reconocía que parte de esa historia se había perdido, lo consideró “absurdo, porque no soy sólo yo quien puede guardar documentación de la cárcel provincial”.
El propósito de la asociación es entregar otro tipo de documentación al Archivo : “Estoy hablando de la relativa a fusilados a los que se les cambió el nombre para que no se les pudiera identificar, algunos de ellos eran de Cádiz y tenían apellidos ilustres”, aseveró Cano.
El presidente cree que la Junta de Andalucía se tendría que haber preocupado de esta documentación, y asegura que en ningún momento se han puesto en contacto con la asociación para constatar si tenían más archivos.
Este investigador asegura que las administraciones están intentando cerrar el capítulo de la Guerra Civil y para ello aprueban leyes como la de la Memoria Histórica, que a su juicio no ofrece más que una versión sesgada de la historia, “porque a unos se les ha ido engrandeciento y a otros lo contrario, pero no hay que olvidar que en el cementario de Cádiz hay fosas de los dos bandos”.
El tesoro de la asociación no acaba ahí. José Manuel Cano enseñó a Información las cartas que se enviaban presos y familiares.
Aclaran que la asociación de León no los denunciaron
El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Andalucía, José Manuel Cano, afirmó ayer que el diputado socialista Carlos Perales “mintió” cuando dijo públicamente que esta entidad había sido denunciada por su homóloga en León. Cano explicó que esta versión no se ajusta a la realidad porque lo que realmente ocurrió fue justo lo contrario: la de Andalucía denunció a la de León ante la Brigada de delitos telemáticos de la Guardia Civil por las acusaciones vertidas contra su persona, a raíz de que que ésta le exigiera una partida económica para poder constituirse como asociación en Andalucía. José Manuel Cano se negó, “porque esto no es ninguna franquicia y a partir de ahí empezaron a injuriarme por Internet”. El presidente mostró ayer la denuncia que prueba que fue su entidad la que denunció a la de León.
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EL ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE CáDIZ RECIBE MáS DE 12.000 FICHAS DE PRESOS DE GUERRA.
El Archivo de Cádiz recibe más de 12.000 fichas de presos de guerra
El País. Andalucía/ PEDRO ESPINOSA - 12/08/2010
foto: Presos en el Penal del Puerto
Ojos negros. Piel morena. Boca pequeña. Cara oval. El expediente procesal de María Luisa Cobos Peña se fija en el mínimo detalle. Fue encarcelada por colaborar con el bando republicano. Era la fundadora de la sección de la CNT Sindicato de Emancipación Femenina. Este documento, junto a otros 12.300, acaba de llegar al Archivo Histórico Provincial de Cádiz. El Ministerio del Interior ha traspasado los expedientes de tres prisiones gaditanas: Jerez, El Puerto y San Roque. Los de la capital gaditana no se recuperarán. Han desaparecido.
El archivo, que gestiona la Consejería de Cultura, acumula ya 105.000 libros de registro y cajas. Su volumen se ha incrementado considerablemente ahora. Son documentos salidos de los penales gaditanos. Deberían ser muchos más. "Ha habido una pérdida de patrimonio documental muy importante", lamentó ayer el director del archivo, Manuel Ravina.
10.260 de El Puerto
Los expedientes más numerosos son los procedentes del penal de El Puerto, desde donde han llegado 10.260 documentos de reclusos puestos en libertad entre 1943 y 1957. Según detalló Ravina, a todos los ciudadanos encarcelados se le abría un expediente personal y, si era trasladado a otro centro, llevaba consigo su ficha en la que se seguía anotando las incidencias. Así que el expediente de cada preso se conserva en la cárcel de la que salió en libertad.
Esta aclaración es importante para las familias que siguen reclamando información de sus seres queridos. "En el primer franquismo los presos por rebelión militar se movían de unas cárceles a otras, como un turismo carcelario", recordó el director del archivo. Los nuevos documentos llegados han permitido crear una base de datos de gran valor. De los 10.260 expedientes de El Puerto, 5.690 corresponden a personas que incurrieron en delitos de rebelión militar, auxilio a la rebelión, excitación a la rebelión o deserción. Algunos incluyen copia de la sentencia del Consejo de Guerra.
Cultura, para conservar y difundir los expedientes, ha conseguido digitalizarlos para que se puedan consultar en un plazo breve en Internet. También se podrán consultar los 2.065 de Jerez y los de San Roque, aunque aquí se han conservado sólo 65.
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El Archivo Histórico Provincial recibe más de 12.300 expedientes de gaditanos presos de la Guerra Civil y el franquismo
http://www.diariobahiadecadiz.com/11/08/2010. Redacción
El Archivo Histórico Provincial guarda entre sus paredes información fundamental para la recuperación de la memoria histórica: el Ministerio del Interior ha traspasado a la institución gaditana 12.390 expedientes de presos de la Guerra Civil y la posguerra española. Sin embargo, sólo se han podido recuperar los archivos correspondientes a tres prisiones: el penal de El Puerto y las cárceles de Jerez y San Roque. Los expedientes de la Cárcel Provincial de Cádiz se han perdido.
Este año, el Archivo Histórico Provincial, gestionado por la Consejería de Cultura de la Junta, ha cumplido su 35 aniversario. En este tiempo, ha acumulado unas 105.000 unidades, entre libros de registro y cajas archivadoras. Los últimos en sumarse han sido los documentos de presos salidos de las cárceles gaditanas, a pesar de que, como recuerda el director del Archivo gaditano, Manuel Ravina, ha habido una pérdida de patrimonio documental muy importante por diversas causas.
En el caso del penal de El Puerto, se han trasladado 10.260 expedientes de reclusos puestos en libertad entre 1934 y 1957. Ravina matiza que en la práctica penitenciaria española, a todo ciudadano que ingresa en prisión se le abre un expediente personal, y si el recluso se trasladara a otro centro, llevaría consigo su expediente personal en el que se siguen anotando las diversas incidencias ocurridas en su nueva prisión. Por tanto, normalmente el expediente de cada preso se conservará en aquella cárcel de la que salió en libertad.
Esta aclaración es importante para los familiares que buscan respuestas en las cárceles, ya que son muchas las personas que acuden al archivo del Penal solicitando el expediente personal de alguien de quien se tiene la certeza que estuvo ingresado en el mismo y no aparece, “algo especialmente significativo durante el primer franquismo, en el que el régimen tenía a los presos por rebelión militar en continuo movimiento de unas cárceles a otras, en lo que se ha venido a llamar ‘turismo carcelario’”, recuerda el director del Archivo en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Tras recibir los documentos, el Archivo Histórico Provincial ha elaborado una base de datos que ha resultado ser “de un extraordinario valor”, como explica por su parte la delegada provincial de Cultura, Yolanda Peinado. De esos 10.260 expedientes, 5.690 corresponden a personas que incurrieron en algunos de los delitos que el régimen franquista consideró para todos aquellos que se opusieron al golpe de estado, en concreto, rebelión militar, auxilio a la rebelión, excitación para la rebelión, deserción… Supone, pues, un 55,4 por ciento del total recibido.
En muchos de estos expedientes se conserva una copia de la sentencia del Consejo de Guerra que juzgó al recluso, que contiene por lo general una abundante información cuya objetividad deberá ser materia de estudio para los historiadores. Estos expedientes de reclusos de la Guerra Civil española muestran el fenómeno del mencionado ‘turismo carcelario’.
Entre todos estos documentos se conserva, por ejemplo, el del escultor e imaginero Ortega Bru, nacido en San Roque en 1916. Toda su familia, incluida su esposa, fue fusilada, mientras que él ingresó en prisión por apoyar al bando republicano. Falleció en Sevilla en 1982 tras recibir numerosos premios, entre ellos, el Nacional de Escultura.
También se podrán consultar en el Archivo Provincial, en la capital, expedientes de la cárcel de Jerez. El número de expedientes no es muy alto: 2.065 documentos de presos cuyas fechas de salida están entre 1931 y 1955. La mayoría de los presos están en la cárcel por delitos comunes, como robos. De los relacionados con la Guerra Civil solo se conservan 20 expedientes. Entre ellos está el de María Luis Cobos Peña, jerezana, fundadora de la sección de la CNT Sindicato de Emancipación Femenina, y el de Teodoro Miciano Becerra, también jerezano, considerado uno de los grandes pintores del siglo XX, preso por razones políticas desde el 6 de junio de 1939 hasta el 9 de febrero de 1942, fecha en que quedó en libertad condicional.
En cuanto a los archivos de San Roque, este caso es un buen ejemplo de cómo se han destruido total o parcialmente los documentos de muchas instituciones españolas. De esta prisión solo se han conservado 65 expedientes, correspondientes a los años 1931-1955.
Historia digitalizada
Con el fin de facilitar su conservación y sobre todo de conseguir una mayor difusión de su contenido, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía inició hace unos años un programa de digitalización de estos expedientes, que se encuentra a punto de finalizar, como ha recordado la delegada provincial de Cultura.
“Todo ello con el objetivo puesto en que lo más pronto posible se puedan consultar directamente en Internet, a través de las páginas y programas del Gobierno autonómico”, concluye Peinado
Andalucia informacion: 726/08/· Gema Freire
http://www.andaluciainformacion.es/portada/?i=100&a=137272&f=0&b=0
La Delegación Provincial de Cultura ha exigido a la Asociación andaluza para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que le haga entrega de los expedientes de presos de guerra de la Cárcel Provincial que la entidad tiene bajo su custodia.
El presidente de la asociación, José Manuel Cano, informó ayer a este periódico de que el director del Archivo Histórico Provincial, Manuel Ravina Martín, se acababa de personar en la sede de la calle Regimiento de Infantería, con una orden firmada de Cultura, donde se les hacía conocedores de la intención de la Junta de Andalucía de hacerse con estos archivos.
La Administración Autonómica reconoce en su escrito que tuvo conocimiento de estos documentos a raíz de que este periódico los sacara a la luz en su edición del pasado 19 de agosto. En este sentido, se proclama la responsable de “su conservación y defensa”, más aún cuando ha tenido conocimiento de que la asociación estaba buscando a los familiares de los presos para entregarles estos expedientes, al considerar que se trataba de una pieza clave a la hora de solicitar indemnizaciones a la Junta de Andalucía.
Cano explicó que va a solicitar una reunión con la delegada provincial de Cultura, Yolanda Peinado, para estudiar la manera de recompensar a la asociación por la aportación de estos fondos y por la guarda y custodia de los mismos durante tantos años. José Manuel Cano insistió en que no se trata de dinero, “al menos queremos que se nos nombre en los archivos, porque para eso hemos sido nosotros quienes hemos proporcionado esta documentación”.
Este periódico publicó el pasdo 23 de agosto que Cultura tenía la intención de plantear a la asociación la posibilidad de digitalizar estos archivos. Según fuentes de la Delegación, los técnicos se pondrían en contaco con la ARMH en el mes de septiembre.
Pero el asunto preocupa tanto a la Junta de Andalucía que ha preferido no esperar a que los funcionarios vuelvan de sus vacaciones estivales y ya ha puesto todo el proceso en marcha para tenerlo todo atado lo antes posible.
José Manuel Cano explicó que “no tenemos más remedio que desprendernos de nuestro archivo, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados”.
Según el presidente de la asociación, encontró estos documentos hace varios años paseando por la calle. El Ministerio del Interior los dio por perdidos en una nota remitida a los medios de comunicación hace unas semanas, cuando informó del traslado de los archivos que obraban en poder del ministerio al Archivo Provincial.
Orden firmada por la Delegada Yolanda Peinado
"Se ha tenido constancia en esta Delegación Provincia, a raíz de una noticia aparecida en prensa, que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica posee expedientes de presos de guerra, en concreto los relativos a la Cárcel Provincial de Cádiz, y que desde esa Asociación se está llevando a cabo un proceso de búsqueda de familiares de las personas a que se refieren los expedientes para su entrega, lo que implicaría una pérdida de información histórica de los acontecimientos difícilmente recuperable. Resulta que dichos expedientes, a tenor de lo establecido en el artículo 3. d. de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos, forman parte del Patrimonio Documental Andaluz, siendo competencia de la Junta de Andalucía su conservación y defensa, debiendo velar por la seguridad de los documentos constitutivos de dicho Patrimonio Documental Andaluz, estén o no ubicados en Archivos, y en base a lo anterior, se le designa para que proceda a realizar una inspección y valoración de los documentos que obran en poder de la citada Asociación”.
—argumento—
El presidente de la asociación, insistió en que todo el esfuerzo que están realizando está saliendo de los bolsillos de los investigadores, sin ninguna ayuda extra. Sin embargo, afirmó que seguirán adelante sea como sea porque son conscientes de que para muchas familias es la única prueba que tienen para poder reclamar las indemnizaciones que la Junta de Andalucía ofrece a las víctimas por los daños ocasionados.
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+ Información sobre el tema.
Historiadores y entidades solicitan al Gobierno de España una intervencion inmediata y contundente en el caso de los archivos ´desaparecidos´.
ESCRITO PRESENTADO LA DELEGADO DEL GOBIERNO EN ANDALUCIA
Delegación del Gobierno en Andalucía
D. Juan José López Garzón
Delegado / Sevilla
Asunto: Memoria Histórica / Documentación Prisión Provincial de Cádiz
Fecha: 25-08-2010
Cecilio Gordillo Giraldo, con DNI 28501266B, con domicilio a efectos de notificación, en 41003 Sevilla, calle Alcalde Isacio Contreras 2b, local 8, correo electrónico todoslosnombres@cgt.es, como Coordinador de RMHSA de CGT.A, junto a José Luís Gutiérrez Molina. Historiador. Cádiz. Santiago Moreno Tello. Historiador. Cádiz. Fernando Romero Romero. Historiador. Villamartín (Cádiz). Fernando Sígler Silvera. Historiador. Ubrique (Cádiz). Francisco Espinosa Maestre. Historiador. Sevilla Salustiano Gutiérrez Baena, Prof. Instituto. Benalup-Casas Viejas (Cádiz). José María García Márquez. Historiador. Sevilla. Javier Osuna García. Periodista. Cádiz. Alberto Ramos Santana. Historiador. Cádiz. José Joaquín Rodríguez Moreno. Historiador. Cádiz. Juan Alarcón Almoguera. Historiador. Cádiz. Alejandra Flores de la Flor. Historiadora. San Fernando (Cádiz). Juan Luís Martínez Muñoz-Cuadrado. Alejandro Pérez Ordóñez. Historiador. Granada. Feliciano Gámez Duarte. Historiador. Francisco Javier Camacho Ortega. Historiador. Cádiz. Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica Social y Política de Puerto Real (Cádiz). José Marchena Domínguez. Profesor Titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz. Cádiz. Asociación Ubi Sunt?. Cádiz. Magdalena Armengod Corbella. Castelldefels (Barcelona). Juan Antonio del Río Cabrera. Antropólogo. Olvera (Cádiz). Gonzalo Acosta Bono. Geógrafo. Sevilla. Asociación para la Recuperación de la Justicia y la Memoria Histórica "Jerez Recuerda". Alfonso Domingo. Escritor. Madrid. Cristóbal Orellana González. Archivero. Jerez de la Frontera (Cádiz). Francisco Ruiz Acevedo. Pte. AMH del Bajo Llobregat. Cornellá (Barcelona). Santiago de Córdoba Ortega. Historiador. Andujar (Jaén). Concha Morón Hernández. Funcionaria administrativa. Sevilla. Jesús Román Román. Arqueólogo. El Bosque (Cádiz). Francisca Maqueda. Vicepresidenta de Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA). Sevilla. José García Cabrera. Historiador, Profesor de Educación Permanente de Adultos. Jerez de la Frontera (Cádiz). Javier Gavira Gil. Historiador. Marchena (Sevilla). José Candón Mena. Periodista. Sevilla. Alejandro del Toro García. Grupo "Memoria Libertaria". Valladolid. Adolfo Sánchez Carrasco. Strio Jurídica de CGT.A. Jerez de la Frontera. (Cádiz). Félix Cervera Grajera. Funcionario. Sevilla. Jorge Velázquez-Gaztelu Grilo. Empleado Público. Jerez de la Frontera. (Cádiz). Carmen María León León. Secretaria General de CGT.A. Córdoba. Pablo Schargorodsky. Funcionario. Málaga. Francisco J. López de Ahumada. Corrector. Sevilla. Carlos Porras Castaños, Historiador, Cádiz. Magdalena González Martín. Historiadora. Puerto de Santa María. (Cádiz). a través del presente escrito, le
MANIFIESTAN:
1.- Que con fecha 11 y 12-8-2010 algunos medios de comunicación de Cádiz se hacían eco “...del traspaso, por parte del Ministerio del Interior, al Archivo Histórico Provincial de Cádiz, de 12.300 expedientes de tres prisiones gaditanas: Jerez, El Puerto y San Roque, no así los de la Prisión Provincial de Cádiz, pues “desaparecieron” .
(diariobahiadecadiz.com, 11-08-2010; La Voz, 12-8-2010; El País, Edición Andalucía, 12-08-2010).
Esos medios destacaban que “...de esos 12.300 expedientes, de los cuales 10.260 corresponden al Penal de El Puerto, 5.690 son de personas que incurrieron en algunos de los delitos que el régimen franquista consideró para todos aquellos que se opusieron al golpe de estado, en concreto, rebelión militar, auxilio a la rebelión, excitación para la rebelión, deserción… lo que supone, un 55,4 por ciento del total recibido por el Archivo Provincial”. Este archivo depende de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
2.- Los días 19 y 24-08-2010 la página web www.andaluciainformacion.es recoge las manifestaciones de José Manuel Cano, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, con sede en Cádiz, en las que revela que posee la documentación desaparecida de la Prisión Provincial de Cádiz. Sobre cómo llegaron los documentos a su poder indica que “los encontró hace muchos años en la calle, tirados como si fuera basura” y añade que “ahora, trabaja [...] para entregar cada una de las fichas de estos presos políticos de la cárcel provincial a sus familiares: “Me estoy deshaciendo de la historia, pero se la estoy entregando a los familiares, que son quienes lo deben tener desde nuestro punto de vista”. En la entrevista, José Manuel Cano también enseña las cartas que se enviaban presos y familiares.
(http://www.andaluciainformacion.es/portada/?h=1&p=1&a=136495&ht=cárcel)
Según este mismo medio de comunicación, “José Manuel Cano explicó […] que su entidad no tienen “ningún problema” en hacer entrega de estos documentos a la Junta de Andalucía, “pero con condiciones, y con esto no estamos hablando de dinero”. Por decirlo de otra forma esta asociación quiere que de alguna manera se reconozca su labor en la recuperación de estos archivos, custodia y puesta en valor, ya que actualmente no cuentan con ninguna ayuda para seguir adelante con sus investigaciones sobre la Guerra Civil”
(http://www.andaluciainformacion.es/portada/?h=1&p=1&a=136900&ht=cárcel).
3.- No dudamos de las manifestaciones realizadas por el Sr. Cano y recogidas por este medio de comunicación. Sería larga la relación de desafueros cometidos que hacen creíble que los expedientes penitenciarios hayan acabado en un contenedor. No cabe menos que felicitar a su descubridor tanto por la suerte de encontrarlo como su sensibilidad por apreciar su valor.
4.- Que como Ud. sabe esta realidad (pérdida de documentación relacionada con la guerra y la dictadura franquista) no es la primera vez que la tratamos directamente, pues ya hace varios años, y demandada por la Presidencia del Gobierno, se intentó localizar documentación relativa a un “desaparecido” por el franquismo en la localidad de Lebrija (Sevilla).
5.- Independientemente de cómo la documentación de la Prisión Provincial de Cádiz haya llegado a manos de un particular, su propietario legítimo es el Ministerio de Interior. Estamos hablando de documentos generados por la administración estatal, pertenecientes al Patrimonio Documental Andaluz según la Ley 3/1984 de Archivos, y es ésta quien tiene el deber entregarlos a los organismos públicos encargados de su custodia, conservación, catalogación y gestión de consulta pública. Su desaparición de dependencias oficiales se debe a negligencia o dejación en el cumplimiento de esa función.
Por lo anteriormente expuesto
SOLICITAMOS de esa Delegación del Gobierno en Andalucía una intervención inmediata y decidida, para cumplir las funciones que se espera que ejerza: custodiar los bienes públicos. Que se recupere la documentación de la antigua Prisión Provincial de Cádiz, de la que es propietaria la administración y de cuya conservación es responsable, y que sea depositada en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, que es el organismo público competente para su custodia y donde los ciudadanos –familiares e investigadores– podrán tener libre acceso a la misma.
Descarga el documento pinchando aquí
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+ informacion:
LA DOCUMENTACIÓN DE LA PRISIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
Carta enviada a los medios de comunicación de Cádiz.
Decía Rogelio Blanco, Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas, hace poco en una emisora de radio que una de las grandes riquezas de este país es la cantidad y calidad de sus archivos y añadía los esfuerzos que se hacen para su conservación y puesta a disposición del ciudadano. Ahora, las administraciones competentes de la provincia de Cádiz tienen una ocasión de demostrarlo de forma inmediata y contundente.
Hace unos días se conocía que, al menos, una parte del archivo de la Prisión Provincial de Cádiz se encuentra en poder del presidente de una asociación que se dice memorialística. Rescatado de la basura asegura. No lo dudamos. Sería larga la relación de desafueros cometidos que hacen creíble que los expedientes penitenciarios hayan acabado en un contenedor. No cabe menos que felicitar a su descubridor tanto por la suerte de encontrarlo como su sensibilidad por apreciar su valor.
Dicho esto queremos creer que lo que hemos leído en la prensa no es sino un equívoco. Nunca es tarde para actuar de forma sensata y responsable como investigador, interesado en la memoria histórica, solidario con los familiares de los afectados y, en definitiva, ciudadano: la documentación debe ser inmediatamente puesta a disposición de los organismos encargados de su custodia, catalogación y libre disposición pública. En este caso el Archivo Provincial de Cádiz que no es solo el lugar donde debe estar sino que también está demostrando su capacidad y disposición pública para, entre otras cosas, que familiares e investigadores puedan acceder a este tipo de información tan sensible. Tampoco es tarde para que la administración repare el error cometido y actúe de forma inmediata y decidida para cumplir las funciones que se espera que ejerza: custodiar los bienes públicos. Estamos hablando de un material que pertenece al Patrimonio Documental Andaluz según la Ley 3/1984, generado por una administración estatal que es la que tiene el deber de custodiarlo.
Los abajo firmantes creen que es la administración quien debe cumplir con su obligación de dar cumplida respuesta a las demandas de los familiares, en cualesquiera de sus aspectos. Es quien tiene los recursos, humanos y financieros, para ello y quien, en definitiva, tiene la obligación de ejercer de lo que se supone que es: representante de la ciudadanía. Es una decisión que le está costando. No hay duda de que se han dado pasos. Ahora hay una ocasión para demostrarlo.
José Luis Gutiérrez Molina. Historiador. Cádiz.
Santiago Moreno Tello. Historiador. Cádiz.
Fernando Romero Romero. Historiador. Villamartín (Cádiz).
Cecilio Gordillo Giraldo, Coord. RMHSA de CGT.A. Sevilla.
Fernando Sígler Silvera. Historiador. Ubrique (Cádiz).
Francisco Espinosa Maestre. Historiador. Sevilla
Salustiano Gutiérrez Baena, Prof. Instituto. Benalup-Casas Viejas (Cádiz).
José María García Márquez. Historiador. Sevilla.
Javier Osuna García. Periódista. Cádiz.
Alberto Ramos Santana. Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz.
José Joaquín Rodríguez Moreno. Historiador. Cádiz.
Juan Alarcón Almoguera. Historiador. Cádiz.
Alejandra Flores de la Flor. Historiadora. San Fernando (Cádiz).
Juan Luis Martínez Muñoz-Cuadrado.
Alejandro Pérez Ordóñez. Historiador. Granada.
Feliciano Gámez Duarte. Historiador y Prof. de Enseñanzas Medias. Cádiz.
Francisco Javier Camacho Ortega. Historiador. Cádiz.
Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica Social y Política de Puerto Real (Cádiz).
José Marchena Domínguez. Historiador. Cádiz.
Asociación Ubi Sunt?. Cádiz.
Magdalena Armengod Corbella. Castelldefels (Barcelona).
Juan Antonio del Río Cabrera. Antropólogo. Olvera (Cádiz).
Gonzalo Acosta Bono. Geógrafo. Sevilla.
Asociación para la Recuperación de la Justicia y la Memoria Histórica "Jerez Recuerda".
Alfonso Domingo. Escritor. Madrid.
Cristobal Orellana Gonzalez. Archivero. Jerez de la Frontera (Cádiz).
Francisco Ruiz Acevedo. Pte. AMH del Bajo LLobregat. Cornellá (Barcelona).
Santiago de Córdoba Ortega. Historiador. Andujar (Jaén).
Concha Morón Hernández. Funcionaria administrativa. Sevilla.
Jesús Román Román. Arqueólogo. El Bosque (Cádiz).
Paqui Maqueda. Asociación Andaluza Memoria Historica y Justicia (AMHyJA). Sevilla.
José García Cabrera. Historiador, Profesor de Educación Permanente de Adultos. Jerez de la Frontera (Cádiz).
Javier Gavira Gil. Historiador. Marchena (Sevilla).
José Candón Mena. Periodista. Sevilla.
Alejandro del Toro García. Grupo "Memoria Libertaria". Valladolid.
Adolfo Sánchez Carrasco. Strio Jurídica de CGT.A. Jerez de la Frontera (Cádiz).
Félix Cervera Grajera. Funcionario. Sevilla.
Jorge Velázquez-Gaztelu Grilo. Empleado Público. Jerez de la Frontera. (Cádiz).
Carmen Mª León León. Stria. General CGT.A. Córdoba.
Pablo Schargorodsky. Funcionario. Málaga.
Fco. José López de Ahumada. Corrector. Sevilla.
Carlos Porras Castaños. Historiador. Cádiz.
Magdalena González Martín. Historiadora. Puerto de Santa María. (Cádiz).
José Villa Rodríguez. Jubilado. Sevilla.
Nota:
Si quieres suscribir este documento nos mandas un correo electrónico a: todoslosnombres@cgt.es con tus datos personales (nombre y apellidos, DNI y domicilio completo) para hacérselo llegar a los/as responsables de las administraciones competentes (Instituciones Penitenciarias, Delegado del Gobierno en Andalucía, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía)
INFORMACION APARECIDA EN LOS MEDIOS DE COMUICACION SOBRE ESTE ASUNTO.
Cultura quiere digitalizar las fichas de la Cárcel Provincial
Andaluciainformacion.es/24/08/ Gema Freire
Este periódico sacó a la luz en su edición del pasado 19 de agosto que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica con sede en Cádiz (ARMH) tenía en su poder los expedientes de los presos políticos de la Cárcel Provincial de la Guerra Civil y de la posguerra que el Ministerio del Interior daba por perdidos. La reacción de la Junta, que tuvo conocimiento de estos legajos a través de este medio, no se ha hecho esperar.
Este periódico ha podido saber por fuentes de la Delegación Provincial de Cultura que la Administración Autonómia tiene intención de plantear a la ARMH la posibilidad de digitalizar estos archivos. Según estas fuentes, Cultura se pondrá en contacto con miembros de esta entidad en el mes de septiembre, en cuanto los técnicos se incorporen al trabajo tras las vacaciones estivales. No obstante, recuerdan que si algún ciudadano posee información que pueda ser de interés general, tienen la posibilidad de depositarla en el Archivo Histórico Provincial, a fin de que cualquier persona pueda tener acceso a esta información.
El presidente de la Asociación Andaluza, José Manuel Cano, explicó a este periódico que su entidad no tienen “ningún problema” en hacer entrega de estos documentos a la Junta de Andalucía, “pero con condiciones, y con esto no estamos hablando de dinero”. Por decirlo de otra forma esta asociación quiere que de alguna manera se reconozca su labor en la recuperación de estos archivos, custodia y puesta en valor, ya que actualmente no cuentan con ninguna ayuda para seguir adelante con sus investigaciones sobre la Guerra Civil.
Actualmente la asociación está realizando un gran esfuerzo por entregar cada ficha y cada testimonio a los familiares de los protagonistas de la historia. Por eso es importante que la Junta o el Estado actúen con rapidez, a fin de poder recopilar la máxima documentación posible, antes de que se difumine por todo el territorio nacional.
El Ministerio del Interior reconoció públicamente que estos documentos se habían perdido, sin recalar en la posibilidad de que pudieran estar en manos de algún particular o de una asociación de este tipo. De hecho, el presidente aseguró a este medio que en ningún momento se habían puesto en contacto con la asociación para confirmar si tenían más archivos.
Cano recordó que todo el esfuerzo que están realizando está saliendo de los bolsillos de los investigadores. Sin embargo, afirmó que seguirán adelante sea como sea porque son conscientes de que para muchas familias es la única prueba que tienen para poder reclamar las indemnizaciones que la Junta de Andalucía ofrece a las víctimas por los daños ocasionados.
Hace unas semanas el Ministerio del Interior traspasó al Archivo Histórico Provincial 12.390 expedientes de presos de la guerra y la posguerra española, miles de ellos anarcosindicalista y/o libertarios de la CNT. Tras recibir los documentos, el Archivo Histórico Provincial ha elaborado una base de datos que ha resultado ser de un extraordinario valor, como explicaó en su día la delegada provincial de Cultura, Yolanda Peinado. De esos 10.260 expedientes entregados por Interior, 5.690 corresponden a personas que incurrieron en algunos de los “delitos” que el régimen franquista consideró para todos aquellos que se opusieron al golpe de Estado, en concreto, rebelión militar, auxilio a la rebelión, excitación para la rebelión, deserción. Supone, pues, un 55,4 por ciento del total recibido. En muchos de estos expedientes se conserva una copia de la sentencia del Consejo de Guerra que juzgó al recluso.
Ahora se pretende hacer lo mismo con los archivos que están en posesión de esta entidad privada.
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Los expedientes perdidos por el Gobierno de los presos de la Cárcel Provincial están en Cádiz
Andaluciainformacion/19/08 • 22:34 • Gema Freire
Foto: El presidente muestra la ficha de uno de los presos de la cárcel provincial. • Autor: I J Poveda
El Ministerio del Interior hizo público hace unas semanas que había traspasado al Archivo Histórico Provincial de Cádiz 12.390 expedientes de presos de la guerra y de la posguerra española. Sin embargo, Interior reconocía que sólo se habían podido recuperar los archivos correspondientes a tres prisiones: el penal de El Puerto y las cárceles de Jerez y San Roque. Los expedientes de la Cárcel Provincial de Cádiz el Ministerio “los habían perdido”.
Días después de la noticia, la ciudad se levanta con una noticia fundamental para su historia. Esos documentos están más cerca de lo que parecía, porque están en Cádiz, y en concreto, en posesión de la Asociación andaluza para la Recuperación de la Memoria Histórica, con sede en la capital gaditana.
El presidente de la entidad, José Manuel Cano, los mostró ayer a este periódico y aseguró que tampoco le hizo falta investigar demasiado, porque los encontró hace muchos años en la calle, tirados como si fuera basura. Ahora, trabaja codo con codo con los miembros de la asociación para entregar cada una de las fichas de estos presos políticos de la cárcel provincial a sus familiares: “Me estoy deshaciendo de la historia, pero se la estoy entregando a los familiares, que son quienes lo deben tener desde nuestro punto de vista”.
Cano asegura que este esfuerzo que se está realizando requiere tiempo y dinero. Un presupuesto que sale de los bolsillos de los investigadores que constituyen esta entidad. Sin embargo, es consciente de que para muchas familias es la única forma que tienen de poder reclamar las indemnizaciones que la Junta de Andalucía ofrece a las víctimas por los daños ocasionados.
Esta aclaración es importante para los familiares que buscan respuestas en las cárceles, ya que son muchas las personas que acuden al archivo del Penal solicitando el expediente personal de alguien de quien se tiene la certeza que estuvo ingresado en el mismo y no aparece. Por eso, cuando José Manuel Cano leyó en prensa que el Ministerio del Interior reconocía que parte de esa historia se había perdido, lo consideró “absurdo, porque no soy sólo yo quien puede guardar documentación de la cárcel provincial”.
El propósito de la asociación es entregar otro tipo de documentación al Archivo : “Estoy hablando de la relativa a fusilados a los que se les cambió el nombre para que no se les pudiera identificar, algunos de ellos eran de Cádiz y tenían apellidos ilustres”, aseveró Cano.
El presidente cree que la Junta de Andalucía se tendría que haber preocupado de esta documentación, y asegura que en ningún momento se han puesto en contacto con la asociación para constatar si tenían más archivos.
Este investigador asegura que las administraciones están intentando cerrar el capítulo de la Guerra Civil y para ello aprueban leyes como la de la Memoria Histórica, que a su juicio no ofrece más que una versión sesgada de la historia, “porque a unos se les ha ido engrandeciento y a otros lo contrario, pero no hay que olvidar que en el cementario de Cádiz hay fosas de los dos bandos”.
El tesoro de la asociación no acaba ahí. José Manuel Cano enseñó a Información las cartas que se enviaban presos y familiares.
Aclaran que la asociación de León no los denunciaron
El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Andalucía, José Manuel Cano, afirmó ayer que el diputado socialista Carlos Perales “mintió” cuando dijo públicamente que esta entidad había sido denunciada por su homóloga en León. Cano explicó que esta versión no se ajusta a la realidad porque lo que realmente ocurrió fue justo lo contrario: la de Andalucía denunció a la de León ante la Brigada de delitos telemáticos de la Guardia Civil por las acusaciones vertidas contra su persona, a raíz de que que ésta le exigiera una partida económica para poder constituirse como asociación en Andalucía. José Manuel Cano se negó, “porque esto no es ninguna franquicia y a partir de ahí empezaron a injuriarme por Internet”. El presidente mostró ayer la denuncia que prueba que fue su entidad la que denunció a la de León.
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EL ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE CáDIZ RECIBE MáS DE 12.000 FICHAS DE PRESOS DE GUERRA.
El Archivo de Cádiz recibe más de 12.000 fichas de presos de guerra
El País. Andalucía/ PEDRO ESPINOSA - 12/08/2010
foto: Presos en el Penal del Puerto
Ojos negros. Piel morena. Boca pequeña. Cara oval. El expediente procesal de María Luisa Cobos Peña se fija en el mínimo detalle. Fue encarcelada por colaborar con el bando republicano. Era la fundadora de la sección de la CNT Sindicato de Emancipación Femenina. Este documento, junto a otros 12.300, acaba de llegar al Archivo Histórico Provincial de Cádiz. El Ministerio del Interior ha traspasado los expedientes de tres prisiones gaditanas: Jerez, El Puerto y San Roque. Los de la capital gaditana no se recuperarán. Han desaparecido.
El archivo, que gestiona la Consejería de Cultura, acumula ya 105.000 libros de registro y cajas. Su volumen se ha incrementado considerablemente ahora. Son documentos salidos de los penales gaditanos. Deberían ser muchos más. "Ha habido una pérdida de patrimonio documental muy importante", lamentó ayer el director del archivo, Manuel Ravina.
10.260 de El Puerto
Los expedientes más numerosos son los procedentes del penal de El Puerto, desde donde han llegado 10.260 documentos de reclusos puestos en libertad entre 1943 y 1957. Según detalló Ravina, a todos los ciudadanos encarcelados se le abría un expediente personal y, si era trasladado a otro centro, llevaba consigo su ficha en la que se seguía anotando las incidencias. Así que el expediente de cada preso se conserva en la cárcel de la que salió en libertad.
Esta aclaración es importante para las familias que siguen reclamando información de sus seres queridos. "En el primer franquismo los presos por rebelión militar se movían de unas cárceles a otras, como un turismo carcelario", recordó el director del archivo. Los nuevos documentos llegados han permitido crear una base de datos de gran valor. De los 10.260 expedientes de El Puerto, 5.690 corresponden a personas que incurrieron en delitos de rebelión militar, auxilio a la rebelión, excitación a la rebelión o deserción. Algunos incluyen copia de la sentencia del Consejo de Guerra.
Cultura, para conservar y difundir los expedientes, ha conseguido digitalizarlos para que se puedan consultar en un plazo breve en Internet. También se podrán consultar los 2.065 de Jerez y los de San Roque, aunque aquí se han conservado sólo 65.
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El Archivo Histórico Provincial recibe más de 12.300 expedientes de gaditanos presos de la Guerra Civil y el franquismo
http://www.diariobahiadecadiz.com/11/08/2010. Redacción
El Archivo Histórico Provincial guarda entre sus paredes información fundamental para la recuperación de la memoria histórica: el Ministerio del Interior ha traspasado a la institución gaditana 12.390 expedientes de presos de la Guerra Civil y la posguerra española. Sin embargo, sólo se han podido recuperar los archivos correspondientes a tres prisiones: el penal de El Puerto y las cárceles de Jerez y San Roque. Los expedientes de la Cárcel Provincial de Cádiz se han perdido.
Este año, el Archivo Histórico Provincial, gestionado por la Consejería de Cultura de la Junta, ha cumplido su 35 aniversario. En este tiempo, ha acumulado unas 105.000 unidades, entre libros de registro y cajas archivadoras. Los últimos en sumarse han sido los documentos de presos salidos de las cárceles gaditanas, a pesar de que, como recuerda el director del Archivo gaditano, Manuel Ravina, ha habido una pérdida de patrimonio documental muy importante por diversas causas.
En el caso del penal de El Puerto, se han trasladado 10.260 expedientes de reclusos puestos en libertad entre 1934 y 1957. Ravina matiza que en la práctica penitenciaria española, a todo ciudadano que ingresa en prisión se le abre un expediente personal, y si el recluso se trasladara a otro centro, llevaría consigo su expediente personal en el que se siguen anotando las diversas incidencias ocurridas en su nueva prisión. Por tanto, normalmente el expediente de cada preso se conservará en aquella cárcel de la que salió en libertad.
Esta aclaración es importante para los familiares que buscan respuestas en las cárceles, ya que son muchas las personas que acuden al archivo del Penal solicitando el expediente personal de alguien de quien se tiene la certeza que estuvo ingresado en el mismo y no aparece, “algo especialmente significativo durante el primer franquismo, en el que el régimen tenía a los presos por rebelión militar en continuo movimiento de unas cárceles a otras, en lo que se ha venido a llamar ‘turismo carcelario’”, recuerda el director del Archivo en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Tras recibir los documentos, el Archivo Histórico Provincial ha elaborado una base de datos que ha resultado ser “de un extraordinario valor”, como explica por su parte la delegada provincial de Cultura, Yolanda Peinado. De esos 10.260 expedientes, 5.690 corresponden a personas que incurrieron en algunos de los delitos que el régimen franquista consideró para todos aquellos que se opusieron al golpe de estado, en concreto, rebelión militar, auxilio a la rebelión, excitación para la rebelión, deserción… Supone, pues, un 55,4 por ciento del total recibido.
En muchos de estos expedientes se conserva una copia de la sentencia del Consejo de Guerra que juzgó al recluso, que contiene por lo general una abundante información cuya objetividad deberá ser materia de estudio para los historiadores. Estos expedientes de reclusos de la Guerra Civil española muestran el fenómeno del mencionado ‘turismo carcelario’.
Entre todos estos documentos se conserva, por ejemplo, el del escultor e imaginero Ortega Bru, nacido en San Roque en 1916. Toda su familia, incluida su esposa, fue fusilada, mientras que él ingresó en prisión por apoyar al bando republicano. Falleció en Sevilla en 1982 tras recibir numerosos premios, entre ellos, el Nacional de Escultura.
También se podrán consultar en el Archivo Provincial, en la capital, expedientes de la cárcel de Jerez. El número de expedientes no es muy alto: 2.065 documentos de presos cuyas fechas de salida están entre 1931 y 1955. La mayoría de los presos están en la cárcel por delitos comunes, como robos. De los relacionados con la Guerra Civil solo se conservan 20 expedientes. Entre ellos está el de María Luis Cobos Peña, jerezana, fundadora de la sección de la CNT Sindicato de Emancipación Femenina, y el de Teodoro Miciano Becerra, también jerezano, considerado uno de los grandes pintores del siglo XX, preso por razones políticas desde el 6 de junio de 1939 hasta el 9 de febrero de 1942, fecha en que quedó en libertad condicional.
En cuanto a los archivos de San Roque, este caso es un buen ejemplo de cómo se han destruido total o parcialmente los documentos de muchas instituciones españolas. De esta prisión solo se han conservado 65 expedientes, correspondientes a los años 1931-1955.
Historia digitalizada
Con el fin de facilitar su conservación y sobre todo de conseguir una mayor difusión de su contenido, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía inició hace unos años un programa de digitalización de estos expedientes, que se encuentra a punto de finalizar, como ha recordado la delegada provincial de Cultura.
“Todo ello con el objetivo puesto en que lo más pronto posible se puedan consultar directamente en Internet, a través de las páginas y programas del Gobierno autonómico”, concluye Peinado
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