PÚBLICO.ES - Madrid - 07/04/2010 10:34
El juez Baltasar Garzón. FOTO: AFP
Sí o sí, el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se sentará en el banquillo de los acusados por tratar de investigar los crímenes que se cometieron durante el franquismo. Manos Limpias, una de las partes personadas en la causa, solicitará 20 años de inhabilitación y la multa máxima prevista en la Ley por "la gravedad" de su actuación en este asunto, ha avanzado a Europa Press el presidente del sindicato ultra, Miguel Bernad.
El juez del Tribunal Supremo Luciano Varela ha trasformado las diligencias abiertas contra Garzón en un procedimiento abreviado. El magistrado le investiga por presunta prevaricación al declararse competente para abrir una causa por las desapariciones del franquismo.
En el procedimiento abreviado, el instructor es competente para decidir, concluida la investigación, si el proceso finaliza en ese momento definitiva o provisionalmente con auto de sobreseimiento o si, por el contrario, continúa con el trámite de presentación de los escritos de acusación, lo que ha ocurrido en este caso. A la vista de ellos, abre juicio oral o archiva el caso.
Varela es un histórico de Jueces para la Democracia. Pero también se le considera un enemigo acérrimo de Garzón. Dicen que hace ya 15 años predicaba a los opositores que preparaba para acceder a la carrera judicial que "Dios vino al mundo dos veces: una en Belén, y otra en Jaén, y ahora es juez de la Audiencia Nacional".
La resolución, que aún no está firmada, será notificada previsiblemente hoy a las partes y contra ella cabe recurso de apelación.
La resolución, que aún no está firmada, será notificada previsiblemente hoy a las partes y contra ella cabe recurso de apelación
La decisión de Varela de transformar en procedimiento abreviado las diligencias abiertas a Garzón llevará previsiblemente a la suspensión cautelar del magistrado, decisión que podría ser adoptada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que se reúne mañana.
Varela ha dado diez días a las partes (Manos Limpias, Falange y Libertad e Identidad) para que presenten sus escritos de acusación o de petición de archivo.
Garzón había reclamado que antes se citara a declarar como testigos a varias personalidades jurídicas y expertos internacionales que han intervenido en asuntos de crímenes contra la humanidad, pero el instructor no lo considera procedente.
Entre esos testigos figuraban la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte, el juez chileno Juan Guzmán -que en 1999 procesó a Augusto Pinochet- y el magistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los que anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Varela ha dictado su resolución después de que el pasado día 25 la Sala de lo Penal del alto tribunal rechazara el recurso que interpuso Garzón contra el auto en el que se exponían los motivos para sentarle en el banquillo por una presunta prevaricción, cometida en su investigación de los crímenes franquistas.
Prevaricación
Manos Limpias, Falange y Libertad e identidad disponen de diez días para formular un escrito de acusación
En el citado auto, dictado el pasado mes de febrero, Varela tachaba de prevaricadora toda la actuación de Garzón en relación con la investigación de las desapariciones franquistas. De hecho, consideraba que la circunstancia de que el juez fuera el primero en dar ese paso era similar a que existiera "una especie de conspiración de silencio de la que serían protagonistas todos quienes le precedieron en el escalafón judicial y en el Ministerio Fiscal, por no citar a las organizaciones ciudadanas que, antes y después de la Constitución, han mostrado una encomiable sensibilidad frente a la masacre y a la tragedia que para los más elementales derechos humanos supuso la Guerra Civil y la dictadura que le siguió".
Tal hecho puede constituir un delito de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal, según Varela, que añadía que en ese momento no procedía adoptar la decisión de seguir la fase de preparación del juicio oral, lo que sí puede acodar ahora que la Sala de lo Penal ya se ha pronunciado.
Paradojas de la justicia, la querella contra Garzón, admitida a trámite el 27 de mayo de 2009, fue interpuesta por el sindicato ultra Manos Limpias y posteriormente se adhirieron a la misma la asociación Libertad e Identidad y Falange Española y de las JONS.
Amnistía Internacional: "Es insólito"
Amnistía Internacional ve "insólito en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas" que el juez Baltasar Garzón tenga que sentarse en el banquillo de los acusados por investigar el franquismo, ha criticado el director de Amnistía Internacional España (AI), Esteban Beltrán.
No sólo eso: la imagen de Garzón sentado en el banquillo de los acusados -sería "el primer caso" de un juez acusado por un delito de prevaricación por una causa que afectaría a miles de víctimas- enviaría "un mensaje tremendo a otros países", advierte Beltrán.
Los hechos son insólitos, además porque este caso se fundamente en la Ley de Amnistía de 1977, "una ley preconstitucional que intenta impedir el derecho a la verdad, la justicia y la reparación", recuerda el director de AI, quien zanja: "las leyes de amnistía que han tratado de impedir en otros países verdad, justicia y reparatribunales supremos o por tribunales internacionales". ción para las víctimas, en la mayoría de los casos han acabado o derogadas por
El juez Baltasar Garzón. FOTO: AFP
Sí o sí, el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se sentará en el banquillo de los acusados por tratar de investigar los crímenes que se cometieron durante el franquismo. Manos Limpias, una de las partes personadas en la causa, solicitará 20 años de inhabilitación y la multa máxima prevista en la Ley por "la gravedad" de su actuación en este asunto, ha avanzado a Europa Press el presidente del sindicato ultra, Miguel Bernad.
El juez del Tribunal Supremo Luciano Varela ha trasformado las diligencias abiertas contra Garzón en un procedimiento abreviado. El magistrado le investiga por presunta prevaricación al declararse competente para abrir una causa por las desapariciones del franquismo.
En el procedimiento abreviado, el instructor es competente para decidir, concluida la investigación, si el proceso finaliza en ese momento definitiva o provisionalmente con auto de sobreseimiento o si, por el contrario, continúa con el trámite de presentación de los escritos de acusación, lo que ha ocurrido en este caso. A la vista de ellos, abre juicio oral o archiva el caso.
Varela es un histórico de Jueces para la Democracia. Pero también se le considera un enemigo acérrimo de Garzón. Dicen que hace ya 15 años predicaba a los opositores que preparaba para acceder a la carrera judicial que "Dios vino al mundo dos veces: una en Belén, y otra en Jaén, y ahora es juez de la Audiencia Nacional".
La resolución, que aún no está firmada, será notificada previsiblemente hoy a las partes y contra ella cabe recurso de apelación.
La resolución, que aún no está firmada, será notificada previsiblemente hoy a las partes y contra ella cabe recurso de apelación
La decisión de Varela de transformar en procedimiento abreviado las diligencias abiertas a Garzón llevará previsiblemente a la suspensión cautelar del magistrado, decisión que podría ser adoptada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que se reúne mañana.
Varela ha dado diez días a las partes (Manos Limpias, Falange y Libertad e Identidad) para que presenten sus escritos de acusación o de petición de archivo.
Garzón había reclamado que antes se citara a declarar como testigos a varias personalidades jurídicas y expertos internacionales que han intervenido en asuntos de crímenes contra la humanidad, pero el instructor no lo considera procedente.
Entre esos testigos figuraban la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte, el juez chileno Juan Guzmán -que en 1999 procesó a Augusto Pinochet- y el magistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los que anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Varela ha dictado su resolución después de que el pasado día 25 la Sala de lo Penal del alto tribunal rechazara el recurso que interpuso Garzón contra el auto en el que se exponían los motivos para sentarle en el banquillo por una presunta prevaricción, cometida en su investigación de los crímenes franquistas.
Prevaricación
Manos Limpias, Falange y Libertad e identidad disponen de diez días para formular un escrito de acusación
En el citado auto, dictado el pasado mes de febrero, Varela tachaba de prevaricadora toda la actuación de Garzón en relación con la investigación de las desapariciones franquistas. De hecho, consideraba que la circunstancia de que el juez fuera el primero en dar ese paso era similar a que existiera "una especie de conspiración de silencio de la que serían protagonistas todos quienes le precedieron en el escalafón judicial y en el Ministerio Fiscal, por no citar a las organizaciones ciudadanas que, antes y después de la Constitución, han mostrado una encomiable sensibilidad frente a la masacre y a la tragedia que para los más elementales derechos humanos supuso la Guerra Civil y la dictadura que le siguió".
Tal hecho puede constituir un delito de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal, según Varela, que añadía que en ese momento no procedía adoptar la decisión de seguir la fase de preparación del juicio oral, lo que sí puede acodar ahora que la Sala de lo Penal ya se ha pronunciado.
Paradojas de la justicia, la querella contra Garzón, admitida a trámite el 27 de mayo de 2009, fue interpuesta por el sindicato ultra Manos Limpias y posteriormente se adhirieron a la misma la asociación Libertad e Identidad y Falange Española y de las JONS.
Amnistía Internacional: "Es insólito"
Amnistía Internacional ve "insólito en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas" que el juez Baltasar Garzón tenga que sentarse en el banquillo de los acusados por investigar el franquismo, ha criticado el director de Amnistía Internacional España (AI), Esteban Beltrán.
No sólo eso: la imagen de Garzón sentado en el banquillo de los acusados -sería "el primer caso" de un juez acusado por un delito de prevaricación por una causa que afectaría a miles de víctimas- enviaría "un mensaje tremendo a otros países", advierte Beltrán.
Los hechos son insólitos, además porque este caso se fundamente en la Ley de Amnistía de 1977, "una ley preconstitucional que intenta impedir el derecho a la verdad, la justicia y la reparación", recuerda el director de AI, quien zanja: "las leyes de amnistía que han tratado de impedir en otros países verdad, justicia y reparatribunales supremos o por tribunales internacionales". ción para las víctimas, en la mayoría de los casos han acabado o derogadas por
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