Víctimas de Pinochet expresan su "absoluto rechazo" a la causa contra Garzón

Santiago de Chile, 26 abr (EFE).- La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile expresó hoy su "absoluto rechazo" por la causa que afronta el juez español Baltasar Garzón, quien es acusado de prevaricación tras declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

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Representantes de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) acudieron hoy a la embajada de España en Santiago, donde les recibió el embajador, Juan Manuel Cabrera, al que entregaron una carta de apoyo al juez que el diplomático prometió enviar a España.

"La memoria histórica, que es lo que hoy puede rescatar el juez Garzón, es una señal potente para el nunca más, y el nunca más debe establecerse hoy día en toda la humanidad", dijo a los periodistas la presidenta de la agrupación, Lorena Pizarro, que recordó que hay países "que siguen sufriendo terrorismo de Estado".

"Cuando se persigue a un juez que ha trabajado en la dirección correcta se da una señal potente de impunidad: seguimos matando, persiguiendo y exterminando a los que piensan distinto", añadió.

En la carta, las víctimas de la dictadura chilena sostienen que es "ajeno a toda lógica" que se investigue si Garzón violó o no la ley española de amnistía de 1977 al asumir la investigación por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo.

"Sabido es que a los crímenes de esa naturaleza no les es aplicable amnistía alguna y que no prescriben en el tiempo", agrega.

Según Pizarro, "en pretexto y excusa de la reconciliación" la ley de amnistía "permite que genocidas y criminales que se amparan en el Estado comentan crímenes horrorosos".

"Lo vivimos en España, lo vivimos en América Latina y lo vivimos en Chile", declaró Pizarro, quien recordó que fue este concepto de crímenes de lesa humanidad lo que permitió a Garzón procesar a Pinochet.

El juez español ordenó el 16 de octubre de 1998 la detención en Londres del dictador chileno, fallecido en 2006, y se convirtió en el primero en procesarlo aplicando el principio de la jurisdicción universal.

"Sancionar a un juez que opta por una correcta interpretación de la calidad de los crímenes de la era de Francisco Franco es permitir que la impunidad se cierna sobre los responsables políticos de más de 100.000 desapariciones en su patria, sentando un precedente ético y legal incalificable", sostiene la misiva.

Las víctimas chilenas, que expresaron su "mayor solidaridad" con el juez Garzón y "su incansable labor", pidieron justicia y que se busque la verdad "como la única forma de reparar dignamente a las víctimas y a sus familiares".