Las víctimas citan en Argentina a los dirigentes del franquismo

Reclaman a la jueza que pida al Gobierno español la lista de ministros de Franco aún vivos.Público.es/DIEGO BARCALA MADRID


Si el Estado español, a través de sus diferentes poderes democráticos, ha investigado o está investigando los crímenes del franquismo, lo tendrá que demostrar ante un juzgado argentino. Las víctimas de la dictadura que apelaron el pasado 14 de abril a la justicia universal mediante una denuncia en Argentina contra los crímenes de Franco han solicitado a la jueza encargada del caso que pida al Gobierno español los nombres de los ministros franquistas vivos y muertos, jueces colaboradores, altos mandos de Falange y de las Fuerzas Armadas que cometieron crímenes e incluso el listado de empresas que se beneficiaron económicamente de los trabajos de los presos.

La lista de peticiones de los denunciantes responde a la decisión del pasado 3 de septiembre de la Cámara Federal que obliga a la jueza María Romilda Servini de Cubría a solicitar al Gobierno español un exhorto por vía diplomática para que informe "si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física, llevado a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977".

Respuesta de Caamaño
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró en el Congreso de los Diputados que el Gobierno colaboraría con la solicitud que llegue de Argentina. Para que esa solicitud se ajuste a lo pretendido por las víctimas de los crímenes de Franco, los denunciantes enumeran lo que se debe solicitar. "Ante la posibilidad de que el Gobierno diga que a través de algunos juzgados territoriales se está investigando, queremos dejar claro que los pocos jueces que han continuado con los procesos abiertos por Garzón apenas se han limitado a localizar la fosa e identificar el cuerpo. Nada más. Y eso no puede considerarse cosa juzgada", explica el abogado demandante, Carlos Slepoy.

Las víctimas reclaman ocho campos de investigación para determinar lo sucedido y su responsabilidad. Una de esas peticiones reclama el número de empresas que operó durante el franquismo con presos obligados a trabajar. "Tanto las compañías como sus directivos tienen que dar explicaciones y en su caso determinar las indemnizaciones", explica el abogado.

Los querellantes piden que se envíe desde España el proceso abierto en el Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón por supuesta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo. Además, piden el envío del sumario que abrió el magistrado para demostrar que "en este momento" se está impidiendo a las víctimas de un "genocidio", denunciar los delitos que han sufrido.

El letrado de las víctimas recuerda que la justicia argentina no tiene que detener su investigación ante una hipotética respuesta del Gobierno en la que se asegure que sí se ha investigado. "En el caso de los niños robados por la dictadura argentina abierto en España por Garzón había juicios abiertos en Argentina, pero eso no impidió a España investigar. Lo mismo ocurrió en Ruanda, por poner otro ejemplo", explica Slepoy.

La Cámara Federal corrigió la postura del fiscal que recomendó el cierre del caso porque había comprobado "a través de Internet" que en España había ya investigaciones pendientes. Este tribunal ha establecido como periodo a investigar las fechas acotadas por los denunciantes que hablan desde julio de 1936 a junio de 1977. "Los jueces que firmaron las penas de muerte de septiembre de 1975 en juicios sin garantías tienen su responsabilidad", ejemplifica el letrado.

Los denunciantes equiparan la Ley de Amnistía de 1977 con las leyes de impunidad derogadas en Argentina en los juicios a la dictadura militar. Esta ley exime a "los funcionarios públicos" de posibles delitos cometidos "en el ejercicio de sus cargos". "Algunos delitos no prescriben y en estos crímenes no existe la obediencia debida como eximente de la culpabilidad", concluye Slepoy.

Policías, jueces y dirigentes de Falange
Sumario de Garzón

Los denunciantes reclaman a la jueza del Juzgado Federal nº1 de Buenos Aires que pida por vía diplomática el proceso de "investigación interrumpida" abierto por Garzón en la Audiencia Nacional y las resoluciones posteriores contra él como prueba de la impunidad del franquismo en España.
Ministros vivos o muertos
Reclaman a los organismos competentes "información sobre los nombres y último domicilio conocido" de los integrantes de los Consejos de Ministros entre 1936 y 1977. El Gobierno debería informar del domicilio de ex ministros vivos y en activo en la vida pública y privada como el senador Manuel Fraga , el presidente de Sogecable Rodolfo Martín Villa o el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir.


Funcionarios públicos


Las víctimas piden los nombres de los militares, policías, jueces y dirigentes de Falange que durante el periodo citado pudieron colaborar en los crímenes. Los denunciantes destacan que la ley de Amnistía que exime a los funcionarios público que pudieron cometer delitos "en el ejercicio de su cargo" es una norma inválida como lo eran las de impunidad de la dictadura argentina.
Número de víctimas
Los denunciantes piden datos de los torturados, los desaparecidos, los asesinados o los perseguidos por la dictadura fascista en España. El objetivo es establecer el número máximo de testimonios y pruebas de que Franco y sus colaboradores establecieron un plan de terror fascista.

AGENDA MEMORIALISTA: CONFERENCIA EN CASTUERA

Hemos recibido la siguiente invitación de nuestros compañeros de AMECADEC, para su difusión y conocimiento de soci@s y amigos memorialistas insertamos en blog:

El jueves 30 de septiembre en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural en Castuera y a las 20:30 se celebrará una conferencia por parte del arqueólogo del CSIC Alfredo González Ruibal sobre la campaña de excavación que ha llevado su equipo en las dos últimas semanas. Llegado ya el final de esta primera intervención ofrecerá un avance de los resultados obtenidos


Como ya hemos comentado esta intervención arqueológica es la primera que se realiza en este Sitio Histórico (declarado con esta categoría por la Junta de Extremadura en mayo de 2009)y se prolongará hasta el día 30 de septiembre. Para conocer de primera mano la evolución día a día de la excavación puede consultarse el siguiente blog, donde se vierte información sobre la misma.


Os recordamos su blog:

http://guerraenlauniversidad.blogspot.com/

Las ‘pelonas’ las pasean otro ratito, por Isaac Rosa

“A las mujeres que hayan sido vejadas hay que compensarlas. Pero es problemático que se las divida por pertenecer a una ideología u otra.” (María Dolores de Cospedal, Secretaria General del PP).
Público | 23-09-2010

Supongo que después de que hayas visto asesinado o encarcelado a tu padre o tu marido, te hayan rapado la cabeza, dado aceite de ricino y paseado por el pueblo, hayas tenido que sacar adelante a tu familia con lo puesto y con el sambenito colgado durante décadas, y hayas pasado más de treinta años de democracia sin que se acuerden de ti, no debe de repararte mucho el que la Junta de Andalucía te ofrezca 1.800 euros por lo sufrido y nada más, ningún acto público de desagravio. Pero peor debe de sentar que la derecha política y mediática critique esa pequeña reparación y te ponga en la picota.

Tras la aprobación del decreto de la Junta, los portavoces del PP tardaron unas horas en opinar. Descartada por principio cualquier expresión de alegría o de solidaridad con las víctimas, tiraron de manual para ver qué respuesta tocaba. El catálogo es amplio, y ya lo conocemos de otras veces: a) No es una prioridad, los españoles tienen preocupaciones más urgentes; b) Es una cortina de humo para que no se hable de la crisis; c) No hay que remover el pasado; y d) Divide a los españoles.

Para unas mujeres que, caso de seguir vivas, han cargado setenta años con la afrenta en silencio, tampoco debe de ayudarles mucho a romper el silencio la manera en que la derecha mediática ha recibido la medida, como si les dieran otro paseo por el pueblo: desde denunciar una compra de votos del PSOE andaluz, hasta subrayar el hecho de que baste una declaración jurada de la víctima, como insinuando que habrá caraduras que dirán que fueron rapadas sin serlo.

El reconocimiento como víctimas llega tarde, y es muy rácano. Antes que 1.800 euros necesitarían un acto público de reparación, y preferentemente en los mismos pueblos donde fueron vejadas. Un acto que, aunque saldría más barato (ya que a la derecha le preocupa tanto el coste), también sería rechazado por los de siempre.

Pese a todo, hay que celebrar que uno de los episodios más vergonzosos de nuestra historia reciente reciba por fin atención institucional. Felicito a quienes en Andalucía llevan años peleando por estos y otros reconocimientos.

El Gobierno remite al Archivo de Salamanca el caso de los 'papeles perdidos' de la cárcel de Cádiz

La Voz de Cadiz | Daniel Perez | 22-09-2010

Los documentos, en manos de un particular que dice haberlos encontrado «en la calle», se refieren a presos y represaliados por el Franquismo

«Hubiera sido menos extraño que nos contestaran con una receta de cocina». El historiador José Luis Gutiérrez Molina agota el catálogo de adjetivos para referirse al documento que recibieron ayer de la Secretaría General del Gobierno en Andalucía, en respuesta a una solicitud, firmada por más de 50 intelectuales, en la que le pedían que interviniera en el caso de los 'papeles perdidos' de la antigua prisión provincial de Cádiz. «Absurda, ridícula, surrealista, disparatada, incoherente...»

El texto dice: «En relación a su escrito (...) en el que nos solicitaban la recuperación de la documentación de la cárcel de Cádiz y su depósito en el Archivo Histórico Provincial (...) hemos dado traslado del mismo al Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo General de la Guerra Civil». En Salamanca.

Cecilio Gordillo, uno de los promotores de la iniciativa, se lamentaba: «sería para partirse de risa, si no fuera porque es un tema que juega con la sensibilidad de mucha gente, empezando por los familiares de represaliados y desparecidos. O la administración está sorda, o nos toma por tontos, o sólo ha querido quitarse 'el marrón' de encima».
Una «berlanguiana» vuelta de tuerca más para un asunto que aspira sin complejos al esperpento desde que arrancó, a mitad del verano. La solicitud de intervención al Gobierno central incluye un certero resume de los hechos.

En agosto de este año, el Ministerio de Interior traspasa al Archivo Histórico Provincial de Cádiz 12.300 expedientes de tres prisiones (Jerez, El Puerto y San Roque), de entre los cuales aproximadamente un 50% corresponden a causas relacionadas con la represión franquista: rebelión militar, auxilio a la rebelión, deserción, y otras fórmulas habituales con las que el Régimen 'maquillaba' la imputación de leales a la República y opositores. En ese trasvase faltarían los documentos procedentes de la antigua cárcel provincial de Cádiz, que se dan por «desaparecidos».

Pocos días después, José Manuel Cano, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, anuncia públicamente que posee esa documentación, ya que la encontró «en la calle, hace años, tirada como si fuera basura». Añade que su intención es hacérsela llegar directamente a los familiares.

De inmediato, intelectuales, historiadores, profesores universitarios y destacadas personalidades del mundo de la investigación de la Guerra Civil y el Franquismo, se movilizan. Aunque no dudan de las «buenas intenciones» de José Manuel Cano, y le agradecen que se hiciera cargo de un archivo tan notable, recalcan que «independientemente de cómo haya llegado a las manos de un particular, su propietario legítimo es el Ministerio del Interior». Así que solicitan a la Delegación del Gobierno en Andalucía «una intervención inmediata y decidida, para cumplir las funciones que se espera que ejerza: custodiar los bienes públicos».

Es decir: que recupere los expedientes en poder de José Manuel Cano, y los deposite en el Archivo Histórico Provincial.
La respuesta les ha dejado estupefactos. «Remitir el caso a Salamanca no tiene ningún sentido. ¿Qué pinta aquí Salamanca?, se preguntaba gráficamente Santiago Moreno, otro de los historiadores firmantes. «Y lo peor es que este sainete puede ser un precedente», advierte José Luis Gutiérrez Molina.

Los intentos de la delegación de Cultura

Ninguno de los firmantes del manifiesto remitido al Gobierno conocían ayer los resultados definitivos de las gestiones que la delegación de Cultura de la Junta en Cádiz había realizado para intentar recuperar la documentación. Por lo pronto, Gutiérrez Molina afirma que, según han tenido constancia recientemente, «puede que los archivos que posee José Manuel Cano ni si quiera procedan de la antigua cárcel de Cádiz, ya que, al menos los que ha mostrado, pertenecerían a la Junta Provincial de Libertad Vigilada». En cualquier caso, el problema de fondo es el mismo: «Algo tan sensible no puede estar en manos de un particular».

La posición de personalidades implicadas en el movimiento memorialístico, como Fernando Romero, Santiago Moreno, o el propio Gutiérrez Molina, se ha vuelto aún más rotunda después de tener constancia de las «diversas peripecias» que ha sufrido el director del Archivo Histórico Provincial en sus intentos por lograr que Cano entregara los expedientes. «De entrada, se le pidió al representante de la administración algún tipo de recompensa, aunque fuera en forma de material de oficina», explican en un texto conjunto. «Pero después pretendió 'colocarle' sólo una parte del material, algo que el señor Ravina no admitió, con muy buen criterio».

Entre tanto, los firmantes esperan que «si ha hecho llegar parte de la documentación a sus familiares» esperan que «haya sido de forma altruista», aunque afirman que esa postura no tiene precedentes en «ninguna de las muchísimas asociaciones que trabajan ni en Andalucía y en España dentro del campo de la Memoria Histórica».

Andalucía indemniza a las mujeres vejadas por Franco

La Junta aprobará hoy un decreto pionero que destina 1.800 euros a estas víctimas olvidadas.
Público.es/OLIVIA CARBALLAR Sevilla
Yo no hice nada malo, de verdad". Ni ella, Antonia Moncayo, represaliada por las tropas de Franco, ni el resto de mujeres que los falangistas humillaron, raparon y pasearon por los pueblos a modo de trofeo simplemente por ser mujeres. Muchas, en esas procesiones de la vergüenza, se hacían sus necesidades encima como consecuencia del aceite de ricino que las obligaban a ingerir. Fueron tan víctimas como los fusilados o los encarcelados, pero nadie, ni siquiera la Ley de Memoria Histórica, se ha acordado de ellas. Hasta ahora. La Junta de Andalucía aprobará hoy un decreto con el que se indemnizará con 1.800 euros, por primera vez en España, a estas víctimas olvidadas de la guerra y la posguerra, entre 1936 y 1950.

Rapado y aceite de ricino
El texto, al que ha tenido acceso Público, establece esta ayuda a aquellas mujeres que sufrieron formas de represión distintas a las penas privativas de libertad, mujeres que vieron vulnerados sus derechos a la intimidad, el honor y la propia imagen mediante actos como el rapado o la ingesta de aceite de ricino y la posterior sumisión a vergüenza pública.

El decreto no incluye expresamente a las mujeres que fueron violadas, aunque de las pocas que aún continúan con vida ninguna se atreve a confesar esos hechos por la vergüenza que todavía les produce. Es, además, casi imposible de demostrar. Por eso, el texto no hace alusión a esta otra forma de represión, según fuentes de la Junta.

Ante la dificultad de documentar con pruebas estas barbaridades, la Consejería de Gobernación y Justicia, impulsora del decreto, creará una Comisión de Estudio y Valoración, compuesta por hasta cinco personas, en la que intervendrá al menos un licenciado en Derecho para analizar caso por caso.

"Para evitar que la carencia de una prueba documental de tal naturaleza pueda impedir la consecución de los objetivos de la presente norma, expresamente se habilita la prueba mediante cualesquiera medios admitidos en Derecho, siempre que las formas de represión queden suficientemente acreditadas", recoge el texto, que denuncia con dureza esa otra forma de represión: "Debe ser firmemente denunciada y repudiada, rehabilitando con ello los derechos infringidos con formas de castigo que socialmente denigraban la dignidad de quienes las sufrían, con independencia de que se impusieran al margen, en muchas ocasiones, de procedimientos documentados".

Plazo limitado
El tiempo para acogerse a estas ayudas es limitado. El decreto, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta, concede un plazo de tres meses a partir de entonces. El periodo es relativamente corto si se tiene en cuenta que muchas de estas mujeres aún desconocen que podrán solicitarlas.

El texto, además, va dirigido directamente a ellas, como solicitantes y beneficiarias. Es decir, en el caso de que la víctima hubiera fallecido —la mayoría, de hecho, han muerto—, sus familiares no podrán pedir la indemnización ni, por tanto, cobrarla, como sí ocurre con las previstas para penas de cárcel.

No obstante, lo importante del decreto, según las asociaciones de memoria histórica, no es el dinero sino su reconocimiento oficial como víctimas del franquismo. Es muy probable que muy pocas soliciten la ayuda

AGUILAR DE LA FRONTERA (CORDOBA): AREMEHISA SOLICITA AL AYUNTAMIENTO RETIRAR LAS FOTOS DE LOS ALCALDES DE LA DICTADURA.

De AREMEHiSA para DIME/ R.E.


ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA)

http:// www.aremehisa.org.es

Correo: aremehisa@aremehisa.org.es




SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE LA FRONTERA

AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera)

S O L I C I T A


Al Pleno de la Corporación Municipal, que usted preside se proceda por parte de ese Ayuntamiento a retirar las fotografías existentes en el Salón de Plenos ( lugar referencial de la palabra y la voluntad popular en cualquier Ayuntamiento democrático ) ,y en la página web de los alcaldes que lo fueron de forma ilegal y nombrados por un régimen dictatorial surgido de un cruento golpe de estado.

La retirada de esas fotos debe comprender las figuras personales, que ejercieron este cargo durante la dictadura de Primo y Rivera y los que lo fueron posteriormente entre las fechas 18 de julio de 1936 y el 27 de diciembre de 1978, durante la dictadura franquista.

De esta forma esa corporación municipal dará cumplimiento a la actual Ley de Memoria Histórica, Ley 52/2007, de 26 de diciembre del 2007, que en su artículo número 15 especifica:


Símbolos y monumentos públicos

Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.

Y evitaremos el agravio personal y humano que actualmente las personas libres y demócratas podemos contemplar al observar en el Salón de Plenos (lugar que representa la soberanía popular del conjunto de ciudadanos y ciudadanas libres de este país) y en la web del Ayuntamiento a los alcaldes elegidos libremente y por elección democrática, junto a los que lo fueron por la fuerza de las armas. De igual forma podemos contemplar en los mismos a las victimas de la barbarie ejercida por el franquismo y a los que la apoyaron y alentaron sin ninguna tipo de objeción moral ni personal, algo doloroso e insultante para las victimas del franquismo y vergonzante para el propio Ayuntamiento, puesto que a través de la exposición permanente de la galería de alcaldes franquistas se sigue en parte ensalzando y glorificando con su presencia a aquel régimen fascista, a sus hechos y a sus personalidades.

Entendemos que "no todos los alcaldes reúnen los requisitos mínimos de elección o de legitimidad democrática ya que fueron en muchos casos impuestos por regímenes que nada tienen que ver con la Democracia por lo que dar un estatus de presencia en el Salón de Plenos supone desmerecer esta tribuna pública y democrática".


Por lo cual los únicos cuadros de alcaldes legitimados a estar en el salón de plenos deben ser los que fueron elegidos democráticamente, a través del voto, como ya ocurre en muchísimos Ayuntamientos de España.


La permanencia de estas figuras en el Salón de Plenos entendemos que es una declaración de intenciones políticas que equipara de igual forma, moral y políticamente a todos los alcaldes que figuran en los cuadros, por lo que AREMEHISA demanda la supresión de cualquier símbolo del franquismo, con mención explícita a los retratos de los alcaldes de la dictadura que siguen colgados en el salón de plenos de Aguilar de la Frontera "para vergüenza de todos aquellos representantes políticos que lo han permitido".

Repetimos una vez más creemos que sólo los alcaldes por elección democrática son moralmente modelos políticos a imitar y reproducir y son ejemplo del ideal democrático, pues creemos que la presencia de cualquier símbolo o elemento de otro tipo que con su permanencia siga alabando los valores y las personas que hicieron posible aquel régimen fascista supone un grave perjuicio contra la memoria de las victimas de ese régimen y supone además un grave ataque contra el más elemental sentido democrático aquí y ahora.

Si es propósito del equipo de gobierno dar una ubicación a estos cuadros, que esa ubicación sea en otro lugar, dándola un carácter exclusivamente de exposición o archivo histórico", pues muy mal podremos educar sino en los valores basados en la democracia a nuestras nuevas generaciones mientras símbolos que representan justamente a un régimen que se construyó contra ella siguen presentes en nuestros espacios públicos e institucionales.

Por todo lo anteriormente expuesto AREMEHISA exige la retirada de los retratos de los alcaldes franquistas de las dependencias municipales, habiendo llegado al acuerdo en reunión de su Junta Directiva, de no participar esta Asociación en ningún acto público o institucional realizado en el citado Salón, mientras la retirada de las fotos no sea efectiva y real.

Aguilar de la Frontera a 15 de septiembre del 2010

Fdo. Rafael Espino Navarro.-

Presidente de AREMEHISA

Las víctimas de la represión. Condenados a no morir

Las víctimas de la represión. Condenados a no morir

Las asociaciones de memoria histórica exigen cambios en la ley de registro para los asesinados por el franquismo

El Pais. Andalucía: RAÚL LIMÓN - Sevilla - 19/09/2010


A Cecilio Barragán le llevaron a despedirse de su esposa, Remedios Valiente, y de sus seis hijos poco antes de ser fusilado en Cumbres Mayores (Huelva) el 24 de septiembre de 1936. Sin embargo, Remedios, como cuenta su hijo Marcelino, "murió sin ser viuda" porque el fallecimiento de su esposo no se registró hasta 2008 y tras una lucha administrativa que llegó a ser en ocasiones humillante. Pero aún así tuvo suerte. Miles de represaliados por el franquismo siguen condenados a no morir por las trabas en los registros civiles a inscribir su defunción. Una docena de asociaciones pidieron en diciembre que la modificación de la ley de registro, que está ahora en trámite, corrija estas deficiencias y facilite las inscripciones. El proyecto del Gobierno aprobado el pasado mes de julio no lo prevé y las ONG han emprendido una campaña para exigirlo. Los historiadores calculan que entre el 30% y el 50% de los muertos por los fascistas no están inscritos.

Los historiadores calculan que más de un tercio de muertes están sin inscribir

"El caos con el registro de los asesinados por el franquismo nunca se ha resuelto", destaca el historiador Francisco Espinosa. Durante los primeros momentos, se dio orden de no inscribir a los fusilados con la intención de ocultar la sangrienta represión. Cuatro meses después del golpe se establece un procedimiento "engorroso" e imposible de cumplir para muchos de los afectados. Se obliga a presentar testigos, una exigencia que muchos jueces siguen pidiendo.

"Había muchas viudas y huérfanos que no lo eran porque se quedó mucha gente sin inscribir", afirma Espinosa, uno de los investigadores que más documentación ha estudiado sobre los represaliados y autor de los libros La Guerra Civil en Huelva y La columna de la muerte. En 1978, la UCD aprueba unas pensiones de guerra para, "de forma velada", reconocer un pago de unos 6.000 euros a las víctimas de los golpistas. Esta iniciativa moviliza a muchos familiares y "sirve como aviso del caos", comenta el historiador. Había personas cuya muerte se había registrado por triplicado, pero de muchos, por el contrario, no había constancia.

Espinosa cree, como otros historiadores, que más de un tercio de los represaliados no están inscritos. No hay datos generales por las deficiencias registrales mantenidas desde hace 70 años, pero se sabe que en Huelva hay constancia de 3.000 fallecimientos cuando fueron asesinadas más de 6.000 personas, según las investigaciones de bandos y consejos de guerra. El mismo porcentaje se repite en Sevilla. En otros lugares, la diferencia es mucho más acusada. En el pueblo onubense de Manzanilla no hay registrados ni el 20% de los asesinados.

"El objetivo de la modificación legal es acabar con este desastre y permitir que, por ejemplo, los ayuntamientos puedan facilitar las inscripciones para terminar con un problema de dimensiones jurídicas, sociales y, sobretodo, personales. Hay miles de personas que nacieron y no han muerto. Eso es ilegal y hay que solucionarlo", aclara Espinosa.

El proceso de inscripción de las víctimas ha estado marcado siempre por una complejidad que facilitaba los rechazos en instancias judiciales de ideología contraria a los demandantes. De esta forma, se solicitan media docena de certificados y testigos de unos hechos que difícilmente contaban con testimonios presenciales y menos 70 años después. Además, cualquier proceso cuesta más de 2.000 euros.

En algunos casos, como a Remedios Valiente, le ofrecieron que declarara que su esposo, fusilado, murió en accidente de coche. "Pero ella", recuerda su hijo, "nunca quiso traicionar la verdad".

A veces, para ocultar el fusilamiento, se achaca la defunción a una hemorragia

Marcelino comenzó en 2005 el trámite para inscribir la muerte de su padre en Cumbres Mayores (Huelva). Le pidieron dos testigos que no fueran familiares y los encontró un año después. No fue hasta 2008, tras un cambio de titulares en el juzgado de Aracena, cuando esta herida quedó cerrada.

La historia de Barragán es común. En otros casos se intenta que la causa de la muerte sea por "choque con fuerza armada", para dar a entender que el fallecido se encontraba en actitud beligerante, o por "hemorragia interna", sin que se aclare que la causa de la misma fueron los disparos del pelotón de fusilamiento, o por "traumatismo craneal", evitando aclarar que fue originado por un tiro.

Vicente Almeida, vecino de Sevilla, presentó pruebas documentales de la muerte de su padre, Domingo, el 19 de septiembre de 1936 tras ser apresado y herido cuando formaba parte de la Columna de los 8.000 y abandonado sin atención en Llerena (Badajoz). Incluso consiguió un testigo que fue a declarar, pero cuando llegó el día se encontraba mal y no pudo ratificar el testimonio. Poco después murió. El juzgado de Llerena denegó la inscripción porque "no hay certeza absoluta del fallecimiento sin ningún género de dudas".

"Mi madre murió sin ser viuda" afirma el hijo de un fusilado en Cumbres Mayores

Casos como estos abundan en las asociaciones de memoria histórica, que insisten en reclamar un trámite ágil que acabe con "citaciones esperpénticas que para las familias de las víctimas tiene una fuerte carga dramática y emocional", afirma Cecilio Gordillo, coordinador de CGT para la memoria histórica.

La campaña iniciada por una docena de organizaciones pide que los ayuntamientos puedan inscribir a sus vecinos muertos, que las familias dispongan de asesoramiento, que estos casos se incluyan en los procedimientos de justicia gratuita y la inscripción de oficio cuando el juez tenga en su poder documentación suficiente que pruebe el hecho de la muerte.

El Gobierno afirma que aún estudia la documentación de las ONG

"Setenta y cuatro años después de la masacre y más de treinta de las primeras elecciones democráticas, ningún Gobierno ha favorecido la modificación de la ley, pese a que todos los grupos parlamentarios conocen esta situación", se lamenta Gordillo, quien cuenta con adhesiones unánimes de decenas de plenos municipales, pero cuyos integrantes no se comprometen a la hora de concretar las modificaciones legales.

Fuentes del Ministerio de Justicia afirmaron que está en estudio la documentación aportada por las asociaciones.

Concentración en Plaza de la Gavidia. Sevilla

La Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, CAMHA y DIME entre otras asociaciones memorialistas, os invita a participar en la concentración mensual que se realiza en la Plaza de la Gavidia en Sevilla todos los sábados últimos de mes a las 12 de la mañana, para solicitar Verdad, Justicia y Reparación hacia las víctimas del fascismo que después de más de 70 años, aún están en miles de fosas comunes del estado español

La memoria contra la impunidad del franquismo

Debate. En plena polémica por el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, el Foro Público aborda todas las cuestiones relacionadas con la reparación de las víctimas de la represión franquista y la eliminación de los símbolos del dictador.
PÚBLICO MADRID 17/09/2010



La aplicación de la Ley de Memoria Histórica (con la persistencia de símbolos franquistas y de edificios erigidos en su día a la mayor gloria del dictador); la polémica sobre si el Estado debe financiar las exhumaciones de víctimas de la represión y las actuaciones contra el juez Baltasar Garzón por sus decisiones en esta materia serán algunas de las cuestiones que centrarán, el próximo miércoles 22 septiembre, la nueva edición del Foro Público.
El debate contará con la presencia de cuatro ponentes de excepción: el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín; el historiador Josep Fontana; el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva; y el vicepresidente de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius.

Esta tercera edición del Foro, titulado Memoria contra la impunidad, persigue, al igual que las anteriores, que los asistentes puedan participar activamente en el debate una vez que los ponentes hayan realizado una primera intervención.

El Foro Público surgió a iniciativa del sociólogo José Vidal-Beneyto, fallecido en marzo, que fue el moderador del primero de los debates, centrado en la relación entre corrupción y democracia.

Cita en el Ateneo
El Ateneo de Madrid será, de nuevo, el escenario elegido para el debate del Foro Público. Para confirmar la asistencia sólo hay que enviar un mensaje a la dirección foropublico@publico.es con la palabra "asistiré".



José A. Martín Pallín


El jurista José Antonio Martín Pallín (La Coruña, 1936) es magistrado emérito del Tribunal Supremo, del que ha sido fiscal. Además es miembro de diversas entidades como el Comité de Bioética de España, el Instituto de Estudios Canarios, el Secretariado de Juristas por la Amnistía y la Democracia en el Paraguay y la Asociación Hispano-Alemana de Juristas. También participa en varias misiones especiales sobre derechos humanos de Amnistía Internacional y presidió la Asociación pro Derechos Humanos de España.

Josep Fontana
El historiador Josep Fontana (Barcelona, 1931) se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona, donde también se doctoró en Historia. Ha enseñado Historia económica y contemporánea en las universidades de Barcelona, Valencia y Autónoma de Barcelona, y fue fundador y primer director del Institut d'Història Jaume Vicens Vives de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Asimismo, ha publicado una veintena de libros, como ‘España bajo el franquismo', y numerosos artículos.

Emilio Silva
El periodista Emilio Silva (Navarra, 1965) es el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, colectivo dedicado a la búsqueda de los lugares donde fueron enterradas las víctimas de la represión franquista durante la Guerra Civil Española. Licenciado en Sociología Política, Emilio Silva siempre se ha dedicado al mundo de la comunicación, y en 2003 publicó, junto al escritor Santiago Macías, el libro ‘Las Fosas de Franco: los republicanos que el dictador dejó en las cunetas'.

Nicolás Sartorius
El abogado y periodista Nicolás Sartorius (Madrid, 1938) fue fundador del sindicato CCOO y fue condenado durante el franquismo por sus actividades políticas. Durante tres legislaturas fue diputado por el Partido Comunista de España e Izquierda Unida, formación de la que fue portavoz hasta 1993. Además de colaborar en medios de comunicación, es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, creada para ser un cauce de reflexión en el marco de la mundialización.

La Entesa Catalana pide liquidar la ley del Valle de los Caídos

Joan Josep Nuet, de IU, defenderá en el pleno del Senado de la próxima semana que se difundan en el recinto "valores democráticos y de paz".
Público.es/JUANMA ROMERO Madrid 16/09/2010 01:00


Memoria Histórica volverá al Parlamento. Será la próxima semana, y esta vez en el Senado. El grupo de la Entesa Catalana de Progrés –que suma a PSC, ERC, ICV y Esquerra Unida i Alternativa (la etiqueta de IU en Catalunya)– defenderá en el pleno una moción en la que pide al Gobierno que derogue el decreto ley que rige el Valle de los Caídos, en Madrid.


La iniciativa se registró justo después de que Público, este pasado domingo, denunciara que el monumento está tutelado por una norma aprobada en 1957, durante el franquismo. El decreto permite que sean los monjes benedictinos los que gobiernen el mausoleo y los que reciban del Estado unos 340.000 euros al año sin que haya ningún tipo de fiscalización. La Hermandad de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, dirigida por el abad Anselmo Álvarez, tiene plena libertad para gestionar una escolanía y una hospedería, o para acoger campamentos de verano y alquilar salas para celebrar reuniones de grupos ultracatólicos.


Patrimonio Nacional sólo es competente para la conservación, mantenimiento y seguridad del recinto. Nada más, según especifica la disposición final tercera de la ley 23/1982. Así, el Ejecutivo es el encargado de restaurar las esculturas de Juan de Ávalos sobre el dintel de la entrada del Valle. El Gobierno no pudo reestructurar la gestión del monumento para desproveer de mando a los monjes cuando tramitó, en 2007, la Ley de Memoria.


Moción para el acuerdo

El pleno del Senado discutirá la moción previsiblemente el miércoles 22 de septiembre. Defenderá el texto su autor, Joan Josep Nuet, miembro además de la ejecutiva federal de IU (es coordinador del Área Interna).

La iniciativa, en su parte dispositiva, sólo contiene dos puntos: que se derogue el decreto ley del 23 de agosto de 1957 y que, conforme a la Ley de Memoria, se proyecte, en el Valle de los Caídos, “el conocimiento de las circunstancias en que fue construido, mediante el trabajo esclavo de prisioneros del bando republicano y difunda los valores democráticos y de paz”. Nuet apuntaba ayer a este diario que la moción es tan poco concreta “para que el PSOE no la pueda rechazar”. “Queremos pactarlo con ellos, con toda la Cámara, para que se cambie la gestión. El PP se quedará así solo en el Senado”, señaló.

QUÉ DICE EL DECRETO
Un mausoleo para honrar a Franco
El decreto ley de 23 de agosto de 1957 define el Valle como un “magno monumento destinado a perpetuar la memoria de los Caídos de la Cruzada de la Liberación”.


La norma estipula que la abadía deberá “celebrar ejercicios espirituales dedicados a fomentar los deberes sociales de los patrones” y que los fines serán “rogar a Dios [...] e impetrar las bendiciones del Altísimo para España”.

Paco Roca no quiere olvidar la vergüenza

El dibujante recupera un triste episodio de la Guerra Civil

Público.es/PEIO H. RIAÑO MADRID



En la nueva novela gráfica de Paco Roca, Premio Nacional de Cómic con Arrugas (Astiberri), da su versión del significado de memoria histórica. Con guión de SergueiDounovetz, la mano del autor dibuja la marcha de los españoles amenazados por el ejército rebelde tras la toma de Barcelona. "La Guerra Civil ya es un género más. Cada generación lo redescubre: no es lo mismo la posguerra que contaba Carlos Giménez que la visión de cualquiera de los nuevos. Cada uno mirará ese capítulo de la historia de una manera diferente", comenta a Público el autor de El ángel de la retirada, que acaba de publicar la editorial Bang.

No es la primera vez que el reconocido autor se acerca al episodio más sangriento de nuestra historia; en El faro (Astiberri) ya dejó entrever algún pasaje relacionado. Reconoce que el tema le interesa, tanto por sus múltiples ángulos narrativos como por sus reivindicaciones. En este caso se ha interesado por el poso del pasado español en el sur de Francia, recorrido por la nieta de uno de aquellos hombres que escapó de la represión por las montañas y las vías de Port Bou.

El artista acudió a las fotos de Centelles para documentarse
Del capítulo apenas encontró documentación. Cree que en España nunca interesó el tema y en Francia es un tema tabú todavía: "Siempre quise contar el trato indigno que dieron en Francia a nuestros refugiados. Lo que pasó en aquellos campos fue algo vergonzoso".

Entre las escasas fuentes que ha encontrado que traten el asunto destaca la documentación gráfica que pudo desarrollar el fotógrafo Agustí Centelles, refugiado en el campo de Bram, fugado también por Argelès-sur-Mer, y único fotógrafo en retratar la degradante vida del refugiado en esos campos. "Los refugiados somos una atracción. Hacen pagar seis francos para visitarnos (sin comentarios)", escribe Centelles en uno de sus diarios (que ha publicado la editorial Península). "¿Qué hacemos, pues, aquí encerrados, escarnecidos, tiranizados? ¿Hasta este punto se está jugando con nosotros?", en otro momento.

Ser del pasado
"La Guerra Civil ya es un género más. Cada generación lo redescubre", dice
El libro reclama la identidad como algo más allá de las fronteras. El pasado es más importante que el lugar de nacimiento parece decirnos en su búsqueda la nieta francesa del asesinado, con quien tiene encuentros desde el más allá. Fantasía, el arma secreta de Paco Roca. "Para mí es importante. La fantasía es la única manera de solucionar los problemas de la realidad. El cómic es un medio perfecto para reivindicar estas lecturas. Además de ser absolutamente libre para hablar de temas complicados sin concesiones, narrativamente te permite pasar de lo realista a lo fantástico, de la intimidad a la distancia", asegura.

De ahí la escena más dramática del libro, donde la joven protagonista camina por la cola de los refugiados que pasan junto al campo de concentración y una anciana le grita: "¡Es el campo de la vergüenza! ¡El campo del desprecio!" ¡Dilo! ¡Donde vayas, dilo!", como si se lo dijera al autor de este cómic. Roca se entrega a esta recuperación: "La memoria histórica está ayudando a aceptar nuestro pasado. En este momento podemos mirar atrás y llevarnos bien con el pasado".

Los símbolos franquistas desaparecerán de Santa Cruz

Se trata de la primera sentencia judicial en España que insta a un ayuntamiento a aplicar la Ley de Memoria Histórica

Público.es/ PATRICIA CAMPELO Madrid
Las víctimas del franquismo y los colectivos que trabajan por la reparación de su dignidad han ganado una "batalla histórica" en Santa Cruz de Tenerife.

Así lo han calificado los impulsores de la demanda que 'Alternativa Sí se puede' presentó contra el ayuntamiento de la ciudad insular por no aplicar la ley 52/2007 de Memoria Histórica en lo referente a la retirada de simbología de exaltación de la dictadura franquista.

El pasado viernes, el juzgado de lo contencioso administrativo nº 1 de Santa Cruz dictó sentencia contra el gobierno municipal, obligándole a elaborar un listado de símbolos y al retiro de todos ellos, según ha explicado el responsable del texto de la demanda, el abogado Pedro Fernández Arcila, y el historiador Domingo Garí .

"Es la primera sentencia que se dicta en todo el Estado español que obliga a un ayuntamiento a cumplir con la ley de Memoria Histórica", ha reconocido Fernández Arcila en declaraciones a Público.es, en las que ha recordado la necesidad que tenían en Santa Cruz de avanzar un paso más en el reconocimiento del dolor de las víctimas, ya que "en Canarias se tiene muy presente lo sucedido en el pasado puesto que hubo grandes represalias".

La sentencia también obliga a elaborar un catálago de vestigios a retirar
La demanda, que ha sido estimada en su totalidad, recoge las peticiones del partido 'Alternativa Sí se puede', en las que solicitaban que cada símbolo, calle, placa, escudo o monumento que haga exaltación del pasado dictatorial sea retirado conforme obliga el artículo 15 de la ley de Memoria Histórica. Éste establece que las administraciones públicas "tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".

En esa línea también obliga, en el punto tres del mismo artículo, a elaborar un catálogo de vestigios a retirar. El ayuntamiento de Santa Cruz eludió estas responsabilidades políticas, lo que provocó que 'Alternativa Sí se puede' interpusiera la demanda en abril de 2008.

Nombres participativos
Dentro del marco de acciones que llevan a cabo los colectivos de víctimas en las islas Canarias se incluye la petición sobre los símbolos, satisfecha en la sentencia dictada el viernes 11 de septiembre. Aún así, "no es lo único por lo que se trabaja", ha indicado Fernández Arcila. "También reivindicamos la memoria de los artistas e intelectuales republicanos represaliados", añade. Desde esa óptica piden que se les rinda tributo con sus nombres en calles o plazas que aún hoy homenajean a militares franquistas.

El ayuntamiento de Santa Cruz tiene 15 días para recurrir la sentencia
Para garantizar un proceso de cambio democrático en la nueva denominación del callejero franquista, asegura Arcila, "es muy importante que los vecinos puedan proponer los nuevos nombres".

En ese sentido iniste en que no sea el alcalde de la ciudad quien tome esas decisiones ya que, según el abogado y candidato de 'Alternativa Sí se puede' a la alcaldía de Santa Cruz, el jefe del consistorio, Miguel Zerolo (Coalición Canaria), "ya se encargó de cambiar pocos nombres de calles y las propuestas no fueron las más adecuadas" (en referencia a la antigua calle del General Maroto que ahora es la de la Tolerancia, la del Olvido, que es la que antes homenajeaba al General Fanjul o la del Perdón, antigua calle del General Goded).

Aplicación de la sentencia
El escenario que deja la sentencia ofrece la posibilidad a 'Alternativa Sí se puede' de solicitar la ejecución provisional para que en caso de que el ayuntamiento recurra la sentencia pueda comenzar a aplicarse hasta la resolución de ese posible recurso.

"La aplicación de la sentencia tiene que ser inmediata"
"Al no indicar plazo, se desprende que la aplicación de la sentencia tiene que ser inmediata", ha explicado Arcila, por lo que el gobierno municipal debe comenzar "cuanto antes" a elaborar ese catálogo de vestigios para su posterior retiro.

Por su parte, fuentes consistoriales han indicado que "acatan la sentencia", aunque Arcila asegura que el alcalde mostró ayer sus dudas sobre el contenido del auto del juez, ya que "ha alegado haber cambiado ya algunos nombres de calles".

Con independencia de que la decisión judicial sea recurrida, miembros de colectivos de víctimas del franquismo celebran la sentencia, con la que esperan que las administraciones públicas empiecen a asumir las responsabilidades que tienen con los represaliados de la dictadura militar.

La cultura que silenció las pistolas

100 años de anarquismo en España. La historiografía rescata la memoria de una revolución sin precedentes en el mundo.

Público.es/PEIO H. RIAÑO MADRID



El orgullo acabó con el salario del hambre. Sacó de la oscuridad a un pueblo hundido en la explotación de los nobles ideales de vampiros, hienas y chacales. Hizo de la revolución una acción calculada, sin margen a la espontaneidad ni la improvisación. El orgullo también abrió horizontes a aquellos hombres que, amaestrados para trabajar desde la niñez, se ilustraron y llevaron a cabo unas prácticas sociales y culturales que les enseñaron el sentido de la justicia y la dignidad. "Unos horizontes que se hicieron realidad en la España de los años treinta cuando pusieron en práctica sus teorías, algunas de ellas ensayadas ya desde hacía muchos años", cuenta la historiadora Dolors Marín, autora de Anarquistas. Un siglo de movimiento libertario en España (Ariel).

"La revolución se ensayaba en las noches cultas de los ateneos o de las casas del pueblo. En el trabajo cotidiano de ladrilleros, carpinteros, vidrieros y otros oficios manuales", explica la profesora Marín desmontando la imagen de la bomba, la pistola y el sabotaje de anarquistas camuflados bajo una gran capa negra, en la que se ha insistido obviando la otra cara: el proyecto cultural anarquista español.

"La revolución se ensayaba en las noches cultas de los ateneos", cuenta Dolors Marín
El libro de Dolors Marín es unas de las piezas que en los próximos días irán apareciendo para celebrar los 100 años de creación de la Confederación Nacional de Trabajo (CNT), datada oficialmente en Barcelona los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 1910. Fue el origen del anarquismo en España, un cuento con presentación (las décadas violentas, de "los reyes de la pistola obrera"), nudo (apogeo durante la Guerra Civil española) y desenlace (desaparición a golpe de represión franquista y olvido en la Transición), apenas unas décadas en las que el anarquismo montó un proyecto cultural para emancipar al pueblo.

Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, escribe en el prólogo del libro que coordina titulado Tierra y Libertad. Cien años de anarquismo en España (Editorial Crítica), que los enemigos del movimiento, "a derecha e izquierda, siempre resaltaron la afición de los anarquistas a arrojar la bomba y empuñar el revólver. Son, sin duda, imágenes exageradas a las que tampoco hemos escapado los historiadores que tan a menudo nos alimentamos de esas fuentes, apologéticas o injuriosas, sin medias tintas".

El historiador advierte de que la historia del comunismo en España está por hacer. "Ya es hora de acabar con los mitos en torno a los anarquistas".

Julián Casanova critica las imágenes exageradas de la bomba y el revólver
"La historiografía actual no concibe el estudio de un cambio político y social sin tener en cuenta la historia cultural", explica la historiadora Mary Nash, catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona, que también participa en el libro Tierra y Libertad. "Ahora empezamos a corregir este error, a incluir la visión cultural que afectó a la revolución anarquista española", asegura.

Nash es una pionera en los estudios de las mujeres, dedicada a la historia de las mujeres y a recuperar las voces de las mujeres libertarias y del anarcofeminismo español. "El papel de la mujer fue original en el contexto internacional porque aportó la idea de la necesidad de una doble lucha: la emancipación de la mujer y la lucha social a partir de la organización Mujeres Libres", explica.

El brazo crítico
"Las mujeres mejoraron las condiciones laborales y culturales", cuenta Mary Nash
La importancia de las mujeres en el proyecto cultural anarquista fue decisiva para lograr el avance social. "Ellas se ocuparon de lo que sus compañeros obviaron", explica Nash, que advierte de que fue empeño y tarea de las compañeras anarquistas el afán que debía poner fin a la educación deficiente de aquellos colegios públicos que impedían una formación capaz de liberar a la población obrera. "Mejoraron las condiciones laborales y culturales de la población, educaron en el cuestionamiento crítico de la jerarquía patriarcal".

Dolors Marín incide en que al principio les cuesta integrarse en el sindicato, pero acuden a los ateneos, escuelas y bibliotecas. Con la llegada de la CNT al gobierno republicano, impulsan leyes de planificación familiar, educación sexual y aborto. Por supuesto, la burguesía y la Iglesia rechazaron estos proyectos. "Cuando llega el franquismo, hay una doble represión de género contra la mujer. Luego, la gente de la Transición no les preguntamos a las mujeres por lo que habían pasado. No se les preguntó por una de las revoluciones más importantes que ocurrieron en el mundo por miedo y silencio", enfatiza Marín con disgusto.

Junto a los libros mencionados, aparecerán dos exposiciones en las que se pone especial énfasis en su labor ideológica-cultural, en la creación de canales de comunicación e información y en la puesta en práctica de toda una red cultural alternativa, proletaria, de base colectiva. La Diputación Provincial de Zaragoza monta en el Palacio de Sástago la exposición Tierra y Libertad, que ilustra el libro de Julián Casanova, en la que se repasan los orígenes del movimiento en el siglo XIX hasta su desaparición con el franquismo, entre el 6 de octubre al 12 de diciembre.

Loquillo y Labordeta, entre otros, participan en un disco con canciones anarquistas
Los ámbitos a los que se dedica revisan los grandes pensadores anarquistas europeos, la versión española, el terrorismo y las acciones violentas (con la recreación del magnicidio que acabó con el presidente José Canalejas, asesinado por un anarquista mientras miraba el escaparate de una librería en Madrid), los orígenes como fuerza política de la CNT, el anarquismo en las urnas, la Guerra Civil, el exilio, la cultura (con una recreación de una imprenta de un taller de edición) y los 20 nombres del anarquismo y cientos de testimonios de historia oral de anónimos.

Además, se complementa con la muestra Libertarias, en el Palacio de Montemuzo, también en Zaragoza, donde se rinde homenaje al papel de las mujeres anarquistas. También aparecerá un libro-disco en el que se recuperan las canciones populares anarquistas cantadas por músicos actuales, como Carbonell, Loquillo o Labordeta, entre otros. Por último, en Huesca, habrá una semana con 18 encuentros sobre anarquismo con especialistas.

Domingo Canela nunca fue a la escuela. Ladrillero desde los 8 años de edad, ayudó a sus hermanos mayores a completar el salario del hambre. Su orgullo acabó con su condena y con la de un pueblo destinado a "nobles ideales a merced de vampiros, de hienas y chacales".

Dolors Marín recuerda de él y de otros anarquistas con los que se entrevistó su modestia, su austeridad y una riqueza intelectual representada por sus bibliotecas particulares. "Me impactó la pasión por la cultura de los obreros artesanos", reconoce.

Gil ve el eco de aquellos valores críticos en movimientos asociados de jóvenes de hoy. Dolors Marín coincide en el análisis: "El movimiento de ocupación es un proyecto artístico y cultural similar al de los años veinte. Son espacios alternativos al discurso oficial, espacios de creación y difusión como el ateneo de la década de los veinte". Mary Nash añade que "detecto que hay un interés creciente de los alumnos universitarios por la recuperación de la dimensión cultural de aquellos años. No les interesa la dimensión política y ese antiautoritarismo lo aportó el anarquismo", .

No obstante, el anarquismo, como reconoce el propio Julián Casanova, tenía un sustrato anticapitalista fundamental, "por encima incluso de la idea contra el poder". Sin embargo, la historia nos dice que es una ley inexorable "que todo proceso revolucionario acabe en un fogonazo".

La exhumación revela que los falangistas se ensañaron con sus víctimas que tenían entre 18 y 80 años en Montefrío( Granada)

La exhumación de una fosa común situada en una finca particular de Montefrío (Granada), concretamente en el Cortijo Los Martínez, ha revelado que los falangistas que fusilaron a un total de dieciocho personas en la cuneta de la carretera se "ensañaron" con sus víctimas, dieciséis hombres y dos mujeres de edades comprendidas entre los 18 y los 80 años, según los testimonios orales.

.EUROPA PRESS. 09.09.2010 La exhumación de una fosa común situada en una finca particular de Montefrío (Granada), concretamente en el Cortijo Los Martínez, ha revelado que los falangistas que fusilaron a un total de dieciocho personas en la cuneta de la carretera se "ensañaron" con sus víctimas, dieciséis hombres y dos mujeres de edades comprendidas entre los 18 y los 80 años, según los testimonios orales.


Las investigaciones realizadas por el grupo que ha llevado a cabo los trabajos, de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, han determinado además que estas dieciocho personas no eran milicianos, sino civiles, y familiares de republicanos que huyeron hacia Alcalá la Real (Jaén) para evitar la represión de las tropas de Franco, por lo que su muerte pudo ser la respuesta vengativa de los falangistas a esa huida.

Según ha explicado en rueda de prensa el arqueólogo que ha dirigido las excavaciones, Andrés Fernández, los dieciocho fueron pasados por las armas a la 1 de la madrugada entre el 21 y el 26 de septiembre de 1936, después de que las tropas de Franco los recogieran de sus casas de Algarinejo y de su anejo Fuente de Cesna, y los llevaran a una distancia de poco más de seis kilómetros para matarlos en la primera curva de la carretera que lleva a Montefrío, adonde tardaron en llegar a bordo de un camión unos quince minutos.

Fueron arrojados de manera "aleatoria" a una fosa de unos 10 metros de largo y tan sólo 50 centímetros de ancho, lo que ha provocado que la excavación haya sido "muy compleja" ya que los huesos de los represaliados estaban entremezclados unos con otros.

La exhumación comenzó el pasado 2 de agosto tras una investigación histórica acerca de qué personas podían ser las que se encontraban en el interior del enterramiento clandestino, que ya había sido previamente documentado en el Mapa de Fosas de Andalucía. Una vez localizada la posible ubicación, el equipo procedió a la realización de tres catas arqueológicas.

En las primeras catas ya se encontraron casquillos de un fusil —procedentes de una fábrica de Sevilla—, lo que indicaba que la fosa podría estar justo en el sitio excavado. Así, pronto se detectó el extremo del enterramiento, y se empezó a acotar el perímetro.

Golpeados en la cabeza para caber en la fosa

Probablemente, la fosa fue excavada inicialmente en unas dimensiones menores y después tuvo que ser ampliada para albergar los cuerpos de los fusilados, ya que los restos se concentran fundamentalmente en la parte central. Los cuerpos de las dos mujeres fueron exhumados en último lugar, por lo que se estima que fueron arrojadas las primeras a la fosa. Además, se han hallado piedras a la altura de algunos de los cráneos, indicativo de que fueron golpeados después de muertos posiblemente para que, dada la escasa anchura de la fosa, cupieran en el hueco excavado.

Los indicios hallados tras un primer análisis antropológico de los huesos —que están a la espera de practicársele el análisis de ADN— han determinado, según ha explicado Fernández, que fueron "maltratados" y que se "ensañaron" con ellos. De hecho, uno de los más jóvenes, de entre 18 y 20 años, tiene dos impactos de proyectil en el occipital del cráneo, por lo que se cree que pudo resistirse, otro, de entre 40 y 45 años, sufrió una fractura antes de morir y un tercero fue "posiblemente maniatado", por la disposición en que se han encontrado los huesos de sus extremidades superiores.

Una de las dos mujeres, la más joven, de entre 18 y 19 años, tiene la mandíbula rota, por lo que se cree que podría tratarse de una chica que, según los testimonios de los testigos, se agarró a su padre cuando fueron a por ella los falangistas, y fue por ello golpeada con una sartén en la cara.

Junto a los restos se han encontrado efectos personales de los fusilados, como una boquilla para fumar, una peseta de plata de 1870, hebillas, botones, un dedal, e incluso unas llaves junto a los restos de una mujer que podría tener probablemente 80 años.

Para Fernández, lo más reconfortante de los trabajos ha sido la colaboración de los familiares de los represaliados. "Después de terminar las tareas, queda la recompensa moral, la tranquilidad interna de que, con el mayor respeto y cariño, se recuperen los restos de unas personas para que puedan ser enterrados con dignidad. Mi opinión personal es que cada vez que se abre una fosa se cierra una herida", ha señalado el arqueólogo.

Según ha explicado la presidenta de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Maribel Brenes, la petición de exhumación llegó a través del alcalde de Algarinejo, Antonio Cobo, que a su vez había recibido el requerimiento de los familiares de los fusilados. Según ha informado el primer edil, los restos ya reposan en la capilla del cementerio y con posterioridad serán enterrados en una zona del camposanto que se ha reservado al efecto, a no ser que las familias los reclamen, en cuyo caso se llevarán a sus respectivos panteones.

Durante la presentación de los resultados de la exhumación, a la que han acudido muchos de estos familiares y el propietario de la finca que fue excavada, se ha presentado también el documental de Jorge R. Puche 'La memoria del olvido', con testimonios de las personas que vivieron la Guerra Civil y la Posguerra en Algarinejo y con imágenes de la exhumación. Además, el comisario para la Memoria Histórica, Juan Gallo, ha agradecido a los encargados de los trabajos su "discreción" y ha recordado que la provincia de Granada es uno de los lugares de Andalucía con más represaliados que desaparecieron "no en la trinchera de una guerra, sino en las cunetas, muchos torturados antes de morir".

Tardà: "El rey tuvo su oportunidad de renegar del franquismo"

El diputado de ERC ha pedido hoy en el Congreso la anulación de los juicios a víctimas del franquismo. PUBLICO.ES / AGENCIAS Madrid 08



El nombre de Lluís Companys, junto con otros tantos, aún figura en el registro de penados y rebeldes del Ministerio de Justicia como si se tratara de "un delincuente más". Con esta afirmación, ha solicitado el diputado de Esquerra Republicana en el Congreso, Joan Tardà, la anulación del juicio que condenó a muerte a Companys, presidente de la Generalitat durante la Segunda República.

Tardà dirigió esta petición al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en el transcurso de una interpelación en el Pleno del Congreso. El próximo martes, los republicanos plantearán ya la votación en el hemiciclo un texto concreto solicitando al Gobierno que inste a la Fiscalía a la anulación de todos los juicios políticos de la dictadura.

No sólo Companys
El diputado republicano recordó que hace ya seis años que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se comprometió en el Castillo de Montjuic, donde fue fusilado Companys, a anular la resolución que le condenó, y también se quejó de que ningún miembro del Ejecutivo participara en el homenaje que la Generalitat brindó el año pasado al "único presidente del Gobierno asesinado en la Europa de los años 30".

Tardà ha insistido en las diferencias de tratamiento que hay entre víctimas de ETA y de Franco
Pero Tardà no sólo habló de Companys, sino que hizo extensiva su petición de anular los juicios a todas las víctimas del franquismo, a cuyos familiares, denunció, se somete "a un laberinto" que acaba una y otra vez ante el muro de los tribunales, que se niegan a revisar esos procesos.

El político ha avivado su interpelación poniendo el ejemplo del rey, a quien se le dio "una segunda oportunidad" permitiéndole que "renegara" de los principios del Movimiento Nacional que juró en su momento.

Víctimas y 'víctimas'
Respecto al tratamiento que reciben las víctimas del franquismo, Tardá estableció una comparación con el que se le da a las víctimas del terrorismo, asegurando que a las primeras "se las olvida" mientras las segundas tienen reconocidos contínuos homenajes y prestaciones muy alejadas de las que tienen las víctima de la dictadura.

En esa línea, citó como ejemplo al jefe de la Brigada Político Social de Guipúzcoa Melitón Manzanas, al que, según recordó, el Tribunal Supremo le otorgó el beneficio de la duda al sostener que, de no haber sido asesinado por ETA, podría haber asumido los valores democráticos.

"¿Por qué Melitón Manzanas y Carrero Blanco sí y los guerrilleros Salvador Puig Antich y Julián Grimau no?", espetó Tardà a Caamaño.

Respuesta, la 'Ley de Memoria'
Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado que el Gobierno ya procedió a la reparación de la figura de Lluis Companys hace un año, y ha recordado que la Ley de Memoria Histórica declara ilegítimas las condenas impuestas por el franquismo por motivos ideológicos o políticas.

Caamaño responde que la Ley de Memoria declara "ilegítimas" las condenas
Según ha explicado el ministro, la citada Ley no sólo contempla la reparación personal de quienes así lo soliciten, sino que declara ilegítimas las condenas por motivos políticos, ideológicos o religiosos que realizaron tribunales, jurados u otros órganos penales y administrativos del franquismo.

"No hay mayor sanción en un sistema democrático que la declaración de ilegitimidad", ha insistido, puesto que además de anular las condenas impuestas se admite que aquellos actos violaron los principios democráticos.

Joan Tardà, por su parte, ha insistido en que el Gobierno no ha cumplido su promesa de reparar la figura de Companys pidiendo la anulación de la sentencia que le condenó a muerte.

Ahora Argentina

Las explicaciones de Caamaño no lograron convencer a Tardà, que insistió en la necesidad de una nulidad jurídica total que haga que Companys siga figurando "como un delincuente" en el registro de Justicia.

En este contexto, puso fin a sus reivindicaciones ofreciendo al Gobierno la posibilidad de buscar un pacto sobre esta cuestión que sirva también para que el Gobierno pueda afrontar mejor "lo que se le avecina desde Argentina", en referencia a la investigación sobre los crímenes del franquismo abierta en aquel país. "Si no lo hacemos ahora, no lo haremos, porque cuando gobierne el PP no habrá nada que hacer", concluyó Tardà

El Supremo avala la instrucción de Varela contra Garzón

Público.es
El Tribunal Supremo ha avalado este martes el procedimiento contra el juez Baltasar Garzón por declararse competente para investigar las desapariciones durante el franquismo, y por lo que será juzgado por un presunto delito de prevaricación.

Así lo ha dispuesto la Sala de lo Penal del alto tribunal en un auto en el que desestima el recurso presentado por el juez, que se encuentra suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional, contra la resolución en la que el magistrado que instruye la causa contra Garzón, Luciano Varela, denegó practicar las pruebas que éste había solicitado.

En el auto, fechado el pasado 26 de julio y notificado hoy, los cinco magistrados de la Sala consideran que el criterio de Varela al denegar las pruebas pedidas por Garzón no es "ilógico ni arbitrario".

La Sala, integrada por los magistrados Juan Saavedra, Adolfo Prego, Joaquín Jiménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo avala en el auto conocido hoy la instrucción realizada por Varela, que había sido impugnada de forma reiterada por el juez suspendido de la Audiencia Nacional.

El auto de Varela confirmado hoy supuso el inicio de los trámites de preparación del juicio, que podría celebrarse entre los próximos meses de noviembre y diciembre, según fuentes del alto tribunal, ya que puso fin a la fase de instrucción de la primera de las tres causas abiertas al suspendido titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.

Las otras causas admitidas a trámite investigan posibles conductas delictivas del juez relacionadas con los cobros que obtuvo durante la organización de unos cursos en Nueva York y por intervenir comunicaciones de imputados en el caso Gürtel con sus abogados en prisión.

Pruebas correctamente denegadas
Varela rechazó todas las pruebas solicitadas por Garzón en su defensa, entre las que se incluían la declaración de los magistrados de la Audiencia Nacional favorables a su tesis (expresada mediante un voto particular contrario al criterio de la mayoría para declarar a Garzón incompetente en esta causa) y también las de juristas internacionales, al considerar que "exceden del contenido propio" de las diligencias de instrucción.

La Sala de lo Penal no aprecia ni infracción legal por vulneración de preceptos, ni arbitrariedad en su aplicación, ni irracionalidad
A este respecto, los cinco magistrados que integran la Sala de lo Penal han señalado que la decisión de Varela se acomoda a la previsión legal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que su criterio "no es ilógico ni arbitrario cuando considera la innecesariedad de las pruebas denegadas, ya que su denegación la razona al considerar: de una parte que el testimonio de los magistrados que emitieron un voto particular no puede ofrecer otra cosa que lo expuesto en el voto emitido, que ya consta, y que el resto de las diligencias, propuestas como testimonios o bien no son tales por tener por objeto la expresión de personales opiniones valorativas sobre intenciones, o se trata de pericias jurídicas improcedentes ante un tribunal".

"Son pues, diligencias sumariales, unas y otras, de realización no necesaria a juicio del instructor, que extensa y debidamente razona su criterio al adoptar la decisión recurrida, y en la cual esta Sala de apelación no aprecia ni infracción legal por vulneración de preceptos, ni arbitrariedad en su aplicación, ni irracionalidad en sus razonamientos", ha concluido la Sala, en contestación a los motivos expresados por el abogado defensor de Garzón en esta causa, Gonzalo Martínez-Fresneda.

Esta querella contra Garzón, admitida a trámite el 27 de mayo de 2009, fue interpuesta por el sindicato de funcionarios Manos Limpias y posteriormente se adhirieron a la misma la asociación Libertad e Identidad y también Falange Española y de las JONS.

Tras diversos incidentes procesales, Varela expulsó de la causa a esta última , por las irregularidades de su escrito de acusación, quedando tan sólo Manos Limpias (compartiendo defensa letrada con la segunda), que solicita 20 años de inhabilitación para el juez. La Fiscalía no acusa en este asunto, al estimar que Garzón no incurrió en delito alguno.

LOS MERINALES, ESCLAVOS SIN HUELLA

De diario El Mundo/ Eduardo del Campo

El pasado 18 de julio, LXXIV aniversario del golpe que desató la Guerra Civil, Arístides Pedraza y su compañera se citaron al mediodía con Cecilio Gordillo. Querían que les guiara en la visita a un lugar muy especial, situado en la margen derecha de la carretera N-IV sentido Cádiz, entre Bellavista y la lujosa urbanización de La Motilla, en el término del municipio sevillano de Dos Hermanas. Venían de Suiza y querían ver el lugar donde el padre de Arístides, el maestro Antonio Pedraza, de Nerva (Huelva), había sufrido trabajos forzados, como mano de obra gratuita, como perdedor, como esclavo. Un destino que compartió con decenas de miles de presos políticos más en toda España, de ellos entre 7.000 y 10.000 en la provincia de Sevilla.

Quién sabe si alguno de los hombres que aparecen en esas fotos cavando a pico y pala el Canal del Bajo Guadalquivir, el Canal de los Presos, cuyos 159 kilómetros entre Peñaflor y Lebrija permitieron convertir en regadíos unas 80.000 hectáreas de secano y enriquecer aún más a grandes familias terratenientes, era su padre, cuyas huellas venía buscando.

Pero al recorrer el terreno sintieron asombro e indignación, recuerda hoy Cecilio Gordillo, coordinador del grupo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía del sindicato anarquista CGT. Porque, al contrario que en otros Lager y campos del nazismo y el estalinismo, preservados como prueba y recuerdo del horror que encerraron, en el campo de concentración para trabajos forzados de Los Merinales, oficialmente Colonia Penitenciaria Militarizada, las escasas ruinas que sobresalen entre los rastrojos permanecen sin señalizar, invisibles, abandonadas y expuestas a la erosión del olvido y al desprecio ignorante de los que vierten escombros o, como bajo ese eucalipto, un montón de neumáticos.

El hijo del preso le preguntó a su guía: «¿Cuánto dinero aportaron esos miles de presos a la economía de Sevilla y Dos Hermanas durante 22 años? ¿Ni siquiera se puede poner un cartel en condiciones, o una valla para impedir que tiren basura?». La CGT, de momento, ha pedido a la Junta que lo declare Bien de Interés Cultural y construya un museo.

“ … DEDICARE TODOS LOS DIAS DE MI VIDA A ENCONTRAR A MI PADRE.”

de AREMEHISA para DIME:



FRANCISCO MERINO TRUJILLO es hijo de represaliado de la Guerra Civil Española. Su padre Francisco Merino Osuna, fue asesinado en las tapias del cementerio municipal de la localidad de Castro del Río en Córdoba el día 19 de junio de 1939, cuando el solo contaba algunos meses de vida.

Pero a pesar de ello, a pesar de no llegar casi a verle, le ha conocido muy bien. Francisco Merino, ha mantenido durante todo su vida la inquietud y la esperanza de encontrarle, para poder exhumarlo y que pueda por fin recuperar la dignidad.

“ … desde que tengo uso de razón, estoy buscando a mi padre.”

Su búsqueda, es una búsqueda más, prolongada a lo largo del tiempo, de los años. Una búsqueda, basada en la esperanza que Francisco mantiene viva, a pesar de su ya avanzada edad.

Los que le conocen bien lo saben.

“… voy a dedicarme en cuerpo y alma, los días que me queden de vida a encontrar a mi padre.”

Un padre “desaparecido” a la vida, en un tiempo, en una España perversa y cruel, que sacrifico a miles de sus mejores hijos en aras de la imposición de una determinada y sectaria forma de pensar y ver la vida.

Mas de sesenta años de preguntas sin respuestas, en los que ha habido días en que Francisco Merino, ha tenido que abolir el paso del tiempo de su mente, para ignorar su paso devastador y no morir de pena.

Hoy, Francisco Merino Trujillo, es noticia. Es el actual y reciente presidente de la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica de Castro del Río (Córdoba).

Una nueva Asociación memorialista que llega a constituirse y conformarse a través primero de una Agrupación de familiares victimas del franquismo en Castro del Río, que comenzó a tomar forma a comienzos de la primavera de este mismo año, hasta derivar en la formación de esta reciente Asociación.

La Agrupación de familiares surge de un proceso de contacto entre familiares de represaliados de esta localidad, ocasionado por las deficientes actuaciones acometidas en un primer intento de exhumación de las fosas de la guerra civil de esta población, llevado a cabo a través de un Taller de Empleo de la Junta de Andalucía, promovido, dirigido y gestionado por el Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, con sede en Córdoba y financiado por el Instituto Andaluz de Empleo.

Francisco Merino Trujillo, es su primer presidente y Paco Cañasveras es su secretario. A ambos se debe todo el proceso de contactos en la formación y constitución de esta nueva Asociación desde aquellos días.

Con el trabajo de esta nueva Asociación, y bajo su presidencia Francisco Merino y muchas personas más, intentaran devolver la dignidad que un día quedo sepultada sobre un manto de represión, olvido, miedo y silencio y que no permitió que durante mas de setenta años tantos desaparecidos, sin nombre, sin rostro sin historia, la recobrarán.

El ejemplo de Francisco, es un ejemplo a seguir. Otro ejemplo para borrar la huella del crimen y devolver la existencia a cientos de personas asesinadas y ocultas en cualquier lugar.

Satisfacción entre las víctimas tras la decisión de la justicia argentina

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica valora positivamente el inicio de la investigación de los crímenes del franquismo. PATRICIA CAMPELO Madrid 04/09/2010 12:36 Actualizado: 04/09/2010 16:19



Alegría y expectación son los sentimientos que embargan a muchas de las víctimas de la represión franquista en estos momentos. La decisión de la justicia argentina de investigar estos crímenes, reconocidos como de 'lesa humanidad', ha dado un giro al proceso que empezó con la determinación de la Audiencia Nacional de declarar al juez Garzón 'no competente' para investigar los delitos de la dictadura.

En el camino de esperanza que se abre hoy para las familias y Asociaciones de víctimas hay un ambiente de expectación sobre las decisiones que llegue a adoptar la justicia argentina.

"Ya se han dado medidas para reparar a los afectados, como una ley de Memoria Histórica insuficiente o la declaración parlamentaria de 2002 (sobre la condena del franquismo) que no sirvió para nada, asíque somos precavidos", ha declarado Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

"España está obligada a adoptar las decisiones de la justicia argentina en base al Derecho Internacional"
Desde que el pasado 14 de abril , Macías junto con el equipo de abogados argentinos y las asociaciones de derechos humanos de ese país, presentaran la querella que solicitaba la investigación del franquismo, se han sucedido las reacciones al respecto. "José Bono llegó a decir que 'locos los ha habido en todas partes'", rememora Macías.

En ese sentido, recuerda cómo en aquellos momentos, los defensores de la decisión de la jueza argentina de archivar el caso apelaban al "respeto por la justicia". "Ahora nosotros les decimos a los que se oponen a investigar los crímenes de la dictadura que "respeten las decisiones de la justicia internacional".

Obligaciones universales
Por su parte, Rafael Escudero, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, ha explicado a Público.es que el Gobierno español tiene la obligación de colaborar con la justicia argentina en todos los requerimientos que ésta le solicite. De no hacerlo, "el Estado español estaría incumpliendo con las responsabilidades que adoptó al suscribir los tratados en Cooperación Judicial", aclara.

En esa línea, Escudero recuerda que en base al principio de Justicia Universal, las autoridades españolas están obligadas a "adoptar" las decisiones que tomen los tribunales argentinos, y aunque no existan medidas coercitivas que fuercen la voluntad del Gobierno español a asumir sus compromisos internacionales, éste podría incurrir en un grave ejercicio de "iresponsabilidad", si elude sus tareas.

"Tan sólo se aplica la ley, pero no hay investigaciones de los delitos"
"El Estado español no reconoce los delitos de 'lesa humanidad' que provocó el franquismo" declara Escudero, por ello, "es importante destacar cómo la justicia argentina le está recordando a la española la negación de esa situación y por ello, la falta de una investigación" que lleve a hacer justicia a las víctimas.

"No se investiga"
"Siempre hemos comunicado la aparición de restos en las exhumaciones de fosas de la dictadura, pero tan sólo en tres ocasiones se han interesado los jueces", aclara Macías interrogado sobre la motivación de la jueza argentina que no admitió la querella aludiendo a que en España ya había en marcha una investigación. "No se hace ninguna investigación, han sido casos concretos y tan sólo en el juzgado de Benavente (Zamora), hubo intervención judicial".

La forma de proceder, según Macías, es la de "aplicar la ley de 'Memoria Histórica', pero en ningún caso se puede hablar de "investigaciones oficiales".

Por su parte, voluntarios de las asociaciones de memoria que colaboran activamente en los trabajos de exhumaciones de fosas del franquismo, tienen claro que esto es una "pequeña gran batalla", pero que "hay que seguir luchando para que el Estado asuma sus obligaciones con las víctimas".

En esa línea se ha expresado Carolina Aragüetes, arqueóloga que ha trabajado en varias fosas desde hace 3 años y que coordina, en la ARMH, labores de investigación de desaparecidos. "Es una cuestión de estado que el Gobierno se encargue de las víctimas", ha añadido para terminar lamentando "que sea la justicia extranjera" la que resuelva "lo que deberían haber asumido hace tiempo las autoridades españolas".

Los crímenes del franquismo serán investigados en Argentina

Público.es./A.D.

La Cámara de Apelaciones resuelve a favor de los demandantes

Argentina comenzará a investigar los crímenes del franquismo aplicando el principio de justicia universal. La Sala 2ª de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal Federal desestimó ayer un dictamen de la jueza María Servini de Cubría, que en mayo de 2010 había rechazado una demanda presentada por familiares de víctimas del franquismo para investigar esos crímenes.

"Por lo tanto, aquella resolución de la jueza se anula porque no tiene fundamento" explica Máximo Castex, uno de los abogados argentinos que interpuso la querella. "Ahora el proceso exige retomar la investigación sobre los delitos del franquismo". El caso volverá al mismo juzgado que recibió la denuncia. De este modo, será Servini de Cubría la encargada de dar comienzo a las investigaciones. La diferencia es que ahora la magistrada debe cumplir con las indicaciones de la Cámara de Apelaciones, que le ha señalado cómo tiene que proceder.

La Cámara insta además a incluir como querellante particular a Inés García, excluida por Servini de Cubría como parte de la acusación dado que era sobrina-nieta de una víctima del franquismo. "Nosotros apelamos, explicando que el criterio en materia de derechos humanos con respecto a la víctima es más amplio y que por eso tenía que serle otorgado el carácter de querellante a Inés García", precisa Castex.

Primera investigación
El abogado reconoce la trascendencia de esta resolución, que permite a un país extranjero examinar los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura española. "Esto es fundamental porque se van a investigar hechos de muy larga data", alega. Que se haya aceptado a Inés García como parte del caso es también un giro esperanzador. "Los familiares de las víctimas del franquismo son, en muchos casos, sobrinos-nietos", añade. "Ahora pueden presentarse en la causa siendo querellantes".

El otro impulsor particular de esta demanda es Darío Rivas, un hombre de 90 años que quiere hacer justicia a su padre, Severino Rivas, alcalde de Castro Rei (Lugo) que fue fusilado en 1936. Esta causa está apoyada por organizaciones argentinas de derechos humanos, por la ARHM y por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Encontrados restos de fusilados en la fosa de Cazalla de la Sierra

Público.es.MARIA SERRANO Cazalla de la Sierra (Sevilla) 01/09/2010 16:4


El enterramiento podría albergar los cuerpos de hasta 300 personas

Los trabajos de exhumación en la fosa de Cazalla de la Sierra (Sevilla) han comenzado a dar sus frutos. Después de poco más de un mes del inicio de las excavaciones, el pasado 20 de julio, y a tan sólo 70 centímetros de la superficie, se han hallado ya ochos cuerpos con evidentes signos de violencia: orificios de entrada y salida de balas, huesos rotos o manos atadas a la espalda narran las huellas del horror.

Elena Vera, una de las arqueólogas de Arq Cuatro, encargada de la exhumación, se muestra conmocionada a pie de fosa, de 21 por 5 metros y una profundidad de 2,18. "Son hombres y mujeres. Aún no sabemos la edad. El trabajo ha sido lento por las seis fosas naturales de los años 50 y 60 que se encontraban en el mismo terreno. Gracias a los testimonios de los ancianos, llegamos a la fosa de la Guerra Civil, a ocho metros del monolito dedicado a los fusilados, donde se creía que se encontraban", explica Vera.

Las víctimas, según los investigadores locales, son hombres y mujeres de entre 17 y 65 años, fusilados entre el otoño de 1936 y 1937. "Las posturas no son ordenadas, algunas cabezas miran hacia el norte, otras hacia el sur, algunos se encuentran retorcidos entre el lodo", añade Vera. Entre el fango húmedo de la Sierra Norte de Sevilla, donde se ubica el municipio, aparecen historias ya conocidas, las de los cinco primeros familiares que pusieron en marcha el proyecto de la apertura de la fosa, en el año 2004.

Labor de identificación
Una subvención de 54.000 euros por parte del Ministerio de la Presidencia permitirá continuar las labores hasta octubre, cuando comiencen las lluvias. "Después de haber comenzado las excavaciones se han acercado muchos a preguntar si está allí su familiar. Antes todo había sido silencio", explica Rafael López, presidente de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía. Se calcula que hay unos 300 cuerpos, 300 historias que pronto serán escritas.

Se calcula que hay unos 300 cuerpos, 300 historias que pronto serán escritas
Entre las víctimas se encuentra José Campos, El Pepino, y su mujer, Antonia González. Ambos eran jornaleros de Cazalla de la Sierra. Su nieto José Barrera Campos no pide ya justicia: "Lo único que quiero ya es darle la última alegría a mi madre, aunque ya no esté conmigo". Una madrugada del otoño de 1936 Antonia González fue detenida por la Guardia Civil. "A mi abuela la raptaron y nunca más volvieron a verla. Mi abuelo estuvo un tiempo huido, pero tristemente compartieron el mismo final. Mi madre tenía 20 años cuando ocurrió todo aquello. Aquel episodio marcó su vida", explica. Junto a ellos esperan encontrarse varios miembros de la última corporación republicana de Alanís de la Sierra: el alcalde José García Galindo y el teniente de alcalde Manuel García Espínola y el jefe de la estación de tren, Pedro Doctor Arruga.

Lo más complejo en el proceso será la labor de identificación, aunque la arqueóloga asegura que "la principal labor será la de exhumar los máximos cuerpos que sean posibles, antes del mes de octubre e individualizarlos en cajas". Luego vendrá la identificación.