Alrededor de medio millón de descendientes del exilio tienen el derecho a partir de hoy de solicitar la nacionalidad española, de acuerdo con lo que establece la Ley de la Memoria Histórica en reconocimiento a los familiares de quienes tuvieron que huir por la Guerra Civil y el franquismo.La medida beneficia a las personas cuyo padre o madre hubiera sido español y a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad como consecuencia del exilio en el período que comprende desde el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.Según las estimaciones del Gobierno, en torno a medio millón de ciudadanos repartidos por todo el mundo reúnen los requisitos para solicitar la condición de español, en su mayoría, residentes en Argentina, Uruguay, Cuba, Chile, Venezuela, México y Francia. Argentina, con cerca de 300.000 personas, es el país donde hay un mayor número de beneficiarios.El plazo para presentar las solicitudes es de dos años -hasta el 27 de diciembre de 2010-, aunque podría prorrogarse un año más, como fija la Ley de la Memoria Histórica, que entró en vigor hace justo un año. A efectos prácticos, las peticiones se podrán registrar a partir del próximo lunes, día 29, al ser el primer día hábil.Los Ministerios de Asuntos Exteriores y Justicia son los encargados de coordinar esta tarea, para lo que se han reforzado los medios materiales y humanos ante el amplio número de solicitudes que se esperan. Exteriores cuenta con una partida de 3,9 millones de euros para aumentar en unos 150 empleados el personal de los consulados que más carga de trabajo soportarán.Los interesados pueden obtener las solicitudes en las páginas web de Exteriores (http://www.maec.es/ ) y de Justicia (http://www.mjusticia.es/ ) y de forma presencial, en las embajadas y consulados españoles en el extranjero, así como en los Registros Civiles Municipales de España. Las instancias deberán ir acompañadas por certificaciones de nacimiento en el caso de los padres o madres que hubiesen sido españoles originariamente.En lo que respecta a los nietos, tendrán que aportar algún escrito que atestigüe la condición de exiliado del abuelo o abuela. Para ello, podrán entregar documentos acreditativos de haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados o certificados de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas. También valdrán informes expedidos por partidos políticos, sindicatos u otras entidades reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida que estén relacionadas con el exilio.La medida que entra hoy en vigor permite a los interesados no renunciar a la nacionalidad anterior, puesto que la española es de origen.Cabe la posibilidad de que los descendientes de las personas que opten a la nacionalidad con la nueva medida también puedan conseguirla. Es el caso de los hijos menores de 18 años de los beneficiarios, que podrán optar a la nacionalidad española no de origen, de acuerdo con el Código Civil, pero no el de los hijos mayores de edad.
lunes, 29 de diciembre de 2008
sábado, 27 de diciembre de 2008
HEMEROTECA: DIARIO PÚBLICO. HOY
ENTREVISTA
"La Ley de Memoria ha servido para muy poco"
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, prepara la conmemoriación de los 70 años del fin de la Guerra
"La Ley de Memoria ha servido para muy poco"
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, prepara la conmemoriación de los 70 años del fin de la Guerra
Emilio Silva recuperó los restos de su abuelo republicano de una fosa común en León. - ángel martínez MIGUEL ÁNGEL MARFULL - Madrid - 27/12/2008 08:00
Hace ocho años, en marzo de 2000, Emilio Silva encontró los restos de su abuelo en una fosa común de Priaranza del Bierzo, en León. Una cuadrilla de falangistas lo asesinó junto a una docena de personas más en agosto de 1936 por "perseguir un sueño: una escuela pública y laica para su pueblo". El sueño era posible, y se ha materializado en el trabajo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que preside Silva. El movimiento ha crecido desde entonces hasta convertirse hoy en la vanguardia que reclama dignidad para las víctimas del franquismo contra cualquier intento de enterrar la Memoria.
¿Cómo valora este primer año de vigor de la Ley de Memoria Histórica?
Ha servido para muy poco por ahora. Lo que mejor ha funcionado es el tema de los archivos, se ha puesto en marcha el tema de los brigadistas, algunas indemnizaciones... Y con respecto a las fosas, hasta hoy no ha servido para encontrar a nadie.
El presidente del Gobierno ha anunciado su intención de reunirse con los colectivos memorialistas y a ofrecerles "todos los medios"...
Ojalá. Con quien se debería reunir es con los familiares, sería importante para ellos y para quienes vieran que el presidente se reúne con una representación de todos los que tienen a un familiar en una fosa común.
¿Al Ejecutivo le ha faltado compromiso tras aprobar la ley?
Su error fue pensar que, haciendo una ley de mínimos, el movimiento se iba a parar. Todo lo contrario. Hay que tener conocimiento. Si te quedas con una visión edulcorada de la dictadura, haces la actual ley, pero si sabes que hubo decenas de miles de desaparecidos, miles de niños robados, todo tipo de atrocidades, miles de mujeres humilladas..., nunca harías una ley de mínimos sino un texto con la dimensión real del problema.
"La Transición, para consolidar la democracia, ha ocultado a las víctimas"
¿Por qué no ha sido posible en España un proceso a la dictadura como en Argentina o Chile?
Está empezando. Es la primera vez que un Gobierno afronta las consecuencias del golpe de Estado franquista, aunque sin muchas ganas, como se ha visto.
Muchos callejeros son aún un homenaje a la desmemoria...
Si un ayuntamiento incumple cualquier ley, el Estado tiene que obligarle a cumplirla igual que me obliga a mi. La Ley de la Memoria tiene el mismo rango que el resto. Un ejemplo que los que más me subleva: en Madrid sigue en pie el Arco de la Victoria.
Forma parte de un conjunto y la Ley preserva el valor artístico.
¿Alguien entendería que un monumento a un asesino existiera porque tiene valor artístico? Yo no, si exalta al asesino y no a la víctima.
Cómo se conjugan los conceptos perdón, olvido, reconciliación
Aquí ni siquiera ha habido conciliación. Nadie es culpable de los delitos del franquismo. La reparación que se ha hecho a las víctimas ha sido microscópica. La ignorancia es una política de Estado, que esconde el franquismo en los libros de texto. Eso permite tener una versión edulcorada de la Transición: desconocer Si desconozco la tremenda gravedad de los delitos que la precedieron. La generación que hizo la Transición ha incumplido el deber de transmitir el pasado a la generación siguiente.
¿Superar ese mito de la Transición es el germen de una recuperación que dignifique los valores de la República?
La Transición, para consolidar la democracia, hace ese trabajo de ocultación de delitos, víctimas, sus familias y la II República. Todo forma parte de una estrategia: había que consolidar la monarquía y todo lo republicano estaba vetado, pero empieza a haber un espacio para lo republicano.
¿Hay un antes y un después de la causa abierta por Garzón?
El iceberg de la Memoria sube poco a poco, y Garzón le ha dado un buen empujón. Hay mucha más gente que se atreve a hablar y eso genera al Gobierno mucha más demanda.
¿El trabajo de la Audiencia ha sido tiempo perdido?
Ese auto de inhibición es la mayor condena que ha hecho un poder del Estado al franquismo.
¿Qué cabe esperar ahora de los juzgados territoriales?
Vamos a ver. El punto final de este viaje, si no se soluciona antes, está en Estrasburgo.
"La ignorancia es una política de Estado, que esconde la dictadura en los libros de texto"
¿Veremos a un jerarca del franquismo en un banquillo?
La vida da muchas vueltas. El franquismo educó a este país en que no existía otro mundo posible y si algo he aprendió en esta asociación es que esto no es cierto. Tenemos que desaprender esa educación de que lo inamovible, de lo inmaculado. No sabemos si, mañana, un juez extranjero puede imputar a alguien la dictadura haciendo exactamente lo mismo que ha hecho la Justicia española con Argentina o Chile.
¿Es probable que instancias internacionales abran causas?
El principio de la Justicia universal es perfectamente aplicable al franquismo y en cualquier momento puede haber un juez que lo aplique.
¿Quién tiene miedo a que se procese a la dictadura?
Primero sus autores materiales e intelectuales, algunos viven todavía. Y luego, hay mucha gente que vive de las rentas de la corrupción política y económica de la dictadura. Los partidos y algunos sindicatos han recuperado sus bienes pero a los particulares no se les ha devuelto nada, hay un restablecimiento de la legalidad que no se ha dado.
Hace ocho años, en marzo de 2000, Emilio Silva encontró los restos de su abuelo en una fosa común de Priaranza del Bierzo, en León. Una cuadrilla de falangistas lo asesinó junto a una docena de personas más en agosto de 1936 por "perseguir un sueño: una escuela pública y laica para su pueblo". El sueño era posible, y se ha materializado en el trabajo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que preside Silva. El movimiento ha crecido desde entonces hasta convertirse hoy en la vanguardia que reclama dignidad para las víctimas del franquismo contra cualquier intento de enterrar la Memoria.
¿Cómo valora este primer año de vigor de la Ley de Memoria Histórica?
Ha servido para muy poco por ahora. Lo que mejor ha funcionado es el tema de los archivos, se ha puesto en marcha el tema de los brigadistas, algunas indemnizaciones... Y con respecto a las fosas, hasta hoy no ha servido para encontrar a nadie.
El presidente del Gobierno ha anunciado su intención de reunirse con los colectivos memorialistas y a ofrecerles "todos los medios"...
Ojalá. Con quien se debería reunir es con los familiares, sería importante para ellos y para quienes vieran que el presidente se reúne con una representación de todos los que tienen a un familiar en una fosa común.
¿Al Ejecutivo le ha faltado compromiso tras aprobar la ley?
Su error fue pensar que, haciendo una ley de mínimos, el movimiento se iba a parar. Todo lo contrario. Hay que tener conocimiento. Si te quedas con una visión edulcorada de la dictadura, haces la actual ley, pero si sabes que hubo decenas de miles de desaparecidos, miles de niños robados, todo tipo de atrocidades, miles de mujeres humilladas..., nunca harías una ley de mínimos sino un texto con la dimensión real del problema.
"La Transición, para consolidar la democracia, ha ocultado a las víctimas"
¿Por qué no ha sido posible en España un proceso a la dictadura como en Argentina o Chile?
Está empezando. Es la primera vez que un Gobierno afronta las consecuencias del golpe de Estado franquista, aunque sin muchas ganas, como se ha visto.
Muchos callejeros son aún un homenaje a la desmemoria...
Si un ayuntamiento incumple cualquier ley, el Estado tiene que obligarle a cumplirla igual que me obliga a mi. La Ley de la Memoria tiene el mismo rango que el resto. Un ejemplo que los que más me subleva: en Madrid sigue en pie el Arco de la Victoria.
Forma parte de un conjunto y la Ley preserva el valor artístico.
¿Alguien entendería que un monumento a un asesino existiera porque tiene valor artístico? Yo no, si exalta al asesino y no a la víctima.
Cómo se conjugan los conceptos perdón, olvido, reconciliación
Aquí ni siquiera ha habido conciliación. Nadie es culpable de los delitos del franquismo. La reparación que se ha hecho a las víctimas ha sido microscópica. La ignorancia es una política de Estado, que esconde el franquismo en los libros de texto. Eso permite tener una versión edulcorada de la Transición: desconocer Si desconozco la tremenda gravedad de los delitos que la precedieron. La generación que hizo la Transición ha incumplido el deber de transmitir el pasado a la generación siguiente.
¿Superar ese mito de la Transición es el germen de una recuperación que dignifique los valores de la República?
La Transición, para consolidar la democracia, hace ese trabajo de ocultación de delitos, víctimas, sus familias y la II República. Todo forma parte de una estrategia: había que consolidar la monarquía y todo lo republicano estaba vetado, pero empieza a haber un espacio para lo republicano.
¿Hay un antes y un después de la causa abierta por Garzón?
El iceberg de la Memoria sube poco a poco, y Garzón le ha dado un buen empujón. Hay mucha más gente que se atreve a hablar y eso genera al Gobierno mucha más demanda.
¿El trabajo de la Audiencia ha sido tiempo perdido?
Ese auto de inhibición es la mayor condena que ha hecho un poder del Estado al franquismo.
¿Qué cabe esperar ahora de los juzgados territoriales?
Vamos a ver. El punto final de este viaje, si no se soluciona antes, está en Estrasburgo.
"La ignorancia es una política de Estado, que esconde la dictadura en los libros de texto"
¿Veremos a un jerarca del franquismo en un banquillo?
La vida da muchas vueltas. El franquismo educó a este país en que no existía otro mundo posible y si algo he aprendió en esta asociación es que esto no es cierto. Tenemos que desaprender esa educación de que lo inamovible, de lo inmaculado. No sabemos si, mañana, un juez extranjero puede imputar a alguien la dictadura haciendo exactamente lo mismo que ha hecho la Justicia española con Argentina o Chile.
¿Es probable que instancias internacionales abran causas?
El principio de la Justicia universal es perfectamente aplicable al franquismo y en cualquier momento puede haber un juez que lo aplique.
¿Quién tiene miedo a que se procese a la dictadura?
Primero sus autores materiales e intelectuales, algunos viven todavía. Y luego, hay mucha gente que vive de las rentas de la corrupción política y económica de la dictadura. Los partidos y algunos sindicatos han recuperado sus bienes pero a los particulares no se les ha devuelto nada, hay un restablecimiento de la legalidad que no se ha dado.
viernes, 26 de diciembre de 2008
COMUNICADO ENVIADO POR CECILIO GORDILLO. coordinador de TLN por CGT-A
UN AÑO DE LA LEY DE "MEMORIA HISTORICA". ......Seguiremos.
El 26 de Diciembre del año pasado se aprobó la Ley, conocida popularmente, como de la “Memoria Histórica”, durante 2008 han ocurrido hechos importantes –fundamentalmente de carácter político y jurídico- pero también social, como lo demuestra que las escasas intervenciones institucionales se hayan realizado por la presión del movimiento memorialista, más que por iniciativa propia, como lo demuestra la aportación -al poder judicial- de más de 114.000 nombres de víctimas del franquismo o de la señalización –para su eliminación- de todo lo relacionado con los monumentos y calles que publicitaban el franquismo en nuestras ciudades y pueblos.
http://www.todoslosnombres.org/ ha hecho público, durante 2008, más de 8.300 nombres de represaliados del franquismo colocando nuestro contador, en el día de hoy en 39.130, y seguiremos.
Durante este 2009 esperamos superar las disficultades en las dos provincias de las que menos datos tenemos, Córdoba y Granada. Ello será posible sí seguimos contado con vuestro apoyo, y, además, para:
Anular las sentecias de los Consejos de Guerra.
Modificar la Ley de Registros Civiles.
Reconocer, juridicamente, a los presos-esclavos del franquismo.
Eliminar -exhumando- de nuestro territorio los enterramientos ilegales (Fosas Comunes).
La devolución de los patrimonios expoliados.
La construcción del Memorial Merinales. y un largo etcetera.
Cecilio Gordillo, Coordinador http://www.todoslosnombres.org/ por CGT.A
El 26 de Diciembre del año pasado se aprobó la Ley, conocida popularmente, como de la “Memoria Histórica”, durante 2008 han ocurrido hechos importantes –fundamentalmente de carácter político y jurídico- pero también social, como lo demuestra que las escasas intervenciones institucionales se hayan realizado por la presión del movimiento memorialista, más que por iniciativa propia, como lo demuestra la aportación -al poder judicial- de más de 114.000 nombres de víctimas del franquismo o de la señalización –para su eliminación- de todo lo relacionado con los monumentos y calles que publicitaban el franquismo en nuestras ciudades y pueblos.
http://www.todoslosnombres.org/ ha hecho público, durante 2008, más de 8.300 nombres de represaliados del franquismo colocando nuestro contador, en el día de hoy en 39.130, y seguiremos.
Durante este 2009 esperamos superar las disficultades en las dos provincias de las que menos datos tenemos, Córdoba y Granada. Ello será posible sí seguimos contado con vuestro apoyo, y, además, para:
Anular las sentecias de los Consejos de Guerra.
Modificar la Ley de Registros Civiles.
Reconocer, juridicamente, a los presos-esclavos del franquismo.
Eliminar -exhumando- de nuestro territorio los enterramientos ilegales (Fosas Comunes).
La devolución de los patrimonios expoliados.
La construcción del Memorial Merinales. y un largo etcetera.
Cecilio Gordillo, Coordinador http://www.todoslosnombres.org/ por CGT.A
jueves, 18 de diciembre de 2008
COMUNICADO DE LA COORDINADORA DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
La Coordinadora de Víctimas del Franquismo, ante el primer aniversario de la publicación de la Ley 52/2007
El próximo 27 de diciembre se cumple un año de la publicación en el BOE de la Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Su entrada en vigor debía producirse el día 28 de diciembre. No obstante, el necesario desarrollo reglamentario de la ley no ha tenido lugar hasta los primeros días del mes de noviembre último.
La Ley 52/2007 se aprobó in extremis, con la legislatura del primer Gobierno Zapatero prácticamente agotada y después de un largo proceso, que se había iniciado en el verano de 2004, con la creación de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las Víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo, presidida al más alto nivel por la Vicepresidenta Primera, María Teresa Fernández de la Vega. Parecía que por fin, treinta años después de la muerte del dictador, la sociedad española iba a afrontar la desmemoria colectiva que los golpistas de 1936 habían gravado en su alma a sangre y fuego.
Sin embargo, dos años después, en el verano de 2006, la Comisión presentó un proyecto de ley que sumió en la perplejidad a los colectivos de víctimas del Franquismo. No solo se daba la espalda al Derecho Internacional, sino que, en un reprobable ejercicio de equidistancia, se equiparaba al Gobierno legítimo de la República con una banda armada, y se equiparaba, así mismo, las sentencias emanadas de los Tribunales constitutivos del Poder Judicial de la República española, con las ejecuciones llevadas a cabo por aplicación del bando de guerra de los insurgentes y con las sentencias emitidas por consejos de guerra sumarísimos, por el Tribunal de Responsabilidades Políticas o por el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, todos ellos conformadores del orden jurídico establecido por el golpismo triunfante.
Ante el rechazo causado por el texto elaborado por la Comisión Interministerial, se inició un proceso de negociación con otros grupos políticos del Congreso que desembocó en la Ley 52/2007. Ésta, con un lenguaje algo más cuidadoso, presenta un articulado igualmente ajeno a los principios de Justicia, Verdad y Reparación consagrados en el Derecho Internacional de Gentes. El Estado español nos brindó un 28 de diciembre, un ejercicio de compensación a la española, una chapucilla mediante la cual ninguna persona ni institución asumiera responsabilidad alguna, pero que sirviera para dar carpetazo al molesto asunto de una memoria que pretendía ir más allá de lo puramente familiar. La responsabilidad del Estado español en el ámbito de la protección de los Derechos Humanos de sus propios ciudadanos, ha quedado reducida a la expedición de un certificado de víctima. Con el agravante añadido por el Real Decreto 1791/2008, de 3 de noviembre, de que la tramitación del peculiar certificado corresponderá, si procede, a la División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos, departamento del Ministerio de Justicia que tiene asignada la función de preparación de los asuntos relativos al ejercicio del derecho de gracia así como la de los títulos nobiliarios y grandezas de España. En otras palabras, que, setenta años después de que Franco y sus secuaces derribaran con violencia la legalidad vigente, el Estado democrático, que se ha negado a decretar la nulidad de los actos de represión contrarios a derecho de la dictadura, concede el perdón a sus víctimas.
Por si esto no fuera suficiente, el Estado tampoco ha querido asumir su responsabilidad en el ámbito de los desaparecidos y, por eso, ha delegado en las familias la búsqueda, localización y exhumación de las víctimas de desapariciones forzadas, escondiendo su irresponsabilidad detrás de una subvención.
Atravesando transversalmente este despropósito, distintos colectivos de víctimas del Franquismo habían presentado en diciembre de 2006 y julio de 2007, ante la Audiencia Nacional, una serie de denuncias por crímenes de lesa humanidad. Las denuncias habían recaído por turno de reparto en su Juzgado de Instrucción nº 5. Al cabo de un año sin que éste efectuara ningún acto de procedimiento, los denunciantes presentaron escritos de queja ante el Consejo General del Poder Judicial.
En julio de 2008, seis meses después de la publicación de la Ley 52/2007 y año y medio después de presentadas las denuncias, da comienzo una puesta en escena, a cargo de un selecto cuadro de intérpretes institucionales, que ha dado al traste definitivamente con las esperanzas de obtención de justicia, en España, por parte de las víctimas del Franquismo.
El Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, sin pronunciarse sobre la admisión a trámite de las denuncias presentadas, ordena la práctica de una gran cantidad de diligencias que le iban a permitir confeccionar un primer censo de la represión franquista y dictar, en el mes de octubre, un Auto en el que se declaraba competente para llevar a cabo la instrucción.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que tiene por misión, en su ámbito competencial, promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, y que ejerce su función conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, se opone con vehemencia a la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Franquismo, aunque sin establecer cual sería el órgano jurisdiccional competente. Y, no contenta con esto, plantea un incidente extraordinario de competencia ante la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional.
El Juez Instructor, antes de que se resuelva el incidente por la Sala, dicta un nuevo Auto en el que, a pesar de ofrecer nueva motivación para lo contrario, decide inhibirse de la competencia que había asumido un mes antes con el argumento de que Franco está muerto. Y decide también remitir las actuaciones a los Juzgados territoriales, en cuya jurisdicción existan fosas comunes sobre las que se hayan presentado informes y solicitudes de exhumación, juzgados territoriales que desde hace años vienen haciendo oídos sordos a las denuncias presentadas ante ellos, alegando falta de competencia o carencia de medios.
La Sala de lo Penal resuelve, por 14 votos frente a 3, que la Audiencia Nacional no es competente para enjuiciar los crímenes cometidos por el Franquismo porque Franco está “premuerto”.
Franco está muerto y enterrado, pero para los familiares de los desparecidos la espera y la tortura continúa.
Con la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y con la publicación de las normas de desarrollo de la Ley 52/2007, cae el telón y finaliza la representación. Los colectivos de víctimas del Franquismo volvemos a situarnos en el punto del que, a pesar de las apariencias, nunca nos hemos movido. El Poder Judicial nos niega el amparo, el Poder Legislativo nos ningunea, y el Poder Ejecutivo, ése sí, nos abre una ventanilla. Los cientos de miles de hombres y mujeres que fueron asesinados, encarcelados, depurados u obligados a vivir lejos de su patria, por una banda terrorista convertida en Estado ilegal, ya pueden solicitar su certificado de víctima ante la División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos del Ministerio de Justicia del Gobierno de España.
Diciembre de 2008.
Francisca Maqueda Fernández, D.N.I. nº 28576785K (Sevilla) / movil 657858257
COORDINADORA DE COLECTIVOS DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO.Constituida por: Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, Asociación Memoria Histórica de Cataluña, Asociación Mèmoria de Mallorca, AREMEHISA (Asociación Recuperación Memoria Histórica Aguilar de la Frontera), Asociación Recuperación Memoria Histórica de Aragón, Asociación Recuperación Memoria Histórica Valladolid, Confederación General del Trabajo y Forum per la Mèmoria del País Valenciá.
El próximo 27 de diciembre se cumple un año de la publicación en el BOE de la Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Su entrada en vigor debía producirse el día 28 de diciembre. No obstante, el necesario desarrollo reglamentario de la ley no ha tenido lugar hasta los primeros días del mes de noviembre último.
La Ley 52/2007 se aprobó in extremis, con la legislatura del primer Gobierno Zapatero prácticamente agotada y después de un largo proceso, que se había iniciado en el verano de 2004, con la creación de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las Víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo, presidida al más alto nivel por la Vicepresidenta Primera, María Teresa Fernández de la Vega. Parecía que por fin, treinta años después de la muerte del dictador, la sociedad española iba a afrontar la desmemoria colectiva que los golpistas de 1936 habían gravado en su alma a sangre y fuego.
Sin embargo, dos años después, en el verano de 2006, la Comisión presentó un proyecto de ley que sumió en la perplejidad a los colectivos de víctimas del Franquismo. No solo se daba la espalda al Derecho Internacional, sino que, en un reprobable ejercicio de equidistancia, se equiparaba al Gobierno legítimo de la República con una banda armada, y se equiparaba, así mismo, las sentencias emanadas de los Tribunales constitutivos del Poder Judicial de la República española, con las ejecuciones llevadas a cabo por aplicación del bando de guerra de los insurgentes y con las sentencias emitidas por consejos de guerra sumarísimos, por el Tribunal de Responsabilidades Políticas o por el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, todos ellos conformadores del orden jurídico establecido por el golpismo triunfante.
Ante el rechazo causado por el texto elaborado por la Comisión Interministerial, se inició un proceso de negociación con otros grupos políticos del Congreso que desembocó en la Ley 52/2007. Ésta, con un lenguaje algo más cuidadoso, presenta un articulado igualmente ajeno a los principios de Justicia, Verdad y Reparación consagrados en el Derecho Internacional de Gentes. El Estado español nos brindó un 28 de diciembre, un ejercicio de compensación a la española, una chapucilla mediante la cual ninguna persona ni institución asumiera responsabilidad alguna, pero que sirviera para dar carpetazo al molesto asunto de una memoria que pretendía ir más allá de lo puramente familiar. La responsabilidad del Estado español en el ámbito de la protección de los Derechos Humanos de sus propios ciudadanos, ha quedado reducida a la expedición de un certificado de víctima. Con el agravante añadido por el Real Decreto 1791/2008, de 3 de noviembre, de que la tramitación del peculiar certificado corresponderá, si procede, a la División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos, departamento del Ministerio de Justicia que tiene asignada la función de preparación de los asuntos relativos al ejercicio del derecho de gracia así como la de los títulos nobiliarios y grandezas de España. En otras palabras, que, setenta años después de que Franco y sus secuaces derribaran con violencia la legalidad vigente, el Estado democrático, que se ha negado a decretar la nulidad de los actos de represión contrarios a derecho de la dictadura, concede el perdón a sus víctimas.
Por si esto no fuera suficiente, el Estado tampoco ha querido asumir su responsabilidad en el ámbito de los desaparecidos y, por eso, ha delegado en las familias la búsqueda, localización y exhumación de las víctimas de desapariciones forzadas, escondiendo su irresponsabilidad detrás de una subvención.
Atravesando transversalmente este despropósito, distintos colectivos de víctimas del Franquismo habían presentado en diciembre de 2006 y julio de 2007, ante la Audiencia Nacional, una serie de denuncias por crímenes de lesa humanidad. Las denuncias habían recaído por turno de reparto en su Juzgado de Instrucción nº 5. Al cabo de un año sin que éste efectuara ningún acto de procedimiento, los denunciantes presentaron escritos de queja ante el Consejo General del Poder Judicial.
En julio de 2008, seis meses después de la publicación de la Ley 52/2007 y año y medio después de presentadas las denuncias, da comienzo una puesta en escena, a cargo de un selecto cuadro de intérpretes institucionales, que ha dado al traste definitivamente con las esperanzas de obtención de justicia, en España, por parte de las víctimas del Franquismo.
El Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, sin pronunciarse sobre la admisión a trámite de las denuncias presentadas, ordena la práctica de una gran cantidad de diligencias que le iban a permitir confeccionar un primer censo de la represión franquista y dictar, en el mes de octubre, un Auto en el que se declaraba competente para llevar a cabo la instrucción.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que tiene por misión, en su ámbito competencial, promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, y que ejerce su función conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, se opone con vehemencia a la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Franquismo, aunque sin establecer cual sería el órgano jurisdiccional competente. Y, no contenta con esto, plantea un incidente extraordinario de competencia ante la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional.
El Juez Instructor, antes de que se resuelva el incidente por la Sala, dicta un nuevo Auto en el que, a pesar de ofrecer nueva motivación para lo contrario, decide inhibirse de la competencia que había asumido un mes antes con el argumento de que Franco está muerto. Y decide también remitir las actuaciones a los Juzgados territoriales, en cuya jurisdicción existan fosas comunes sobre las que se hayan presentado informes y solicitudes de exhumación, juzgados territoriales que desde hace años vienen haciendo oídos sordos a las denuncias presentadas ante ellos, alegando falta de competencia o carencia de medios.
La Sala de lo Penal resuelve, por 14 votos frente a 3, que la Audiencia Nacional no es competente para enjuiciar los crímenes cometidos por el Franquismo porque Franco está “premuerto”.
Franco está muerto y enterrado, pero para los familiares de los desparecidos la espera y la tortura continúa.
Con la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y con la publicación de las normas de desarrollo de la Ley 52/2007, cae el telón y finaliza la representación. Los colectivos de víctimas del Franquismo volvemos a situarnos en el punto del que, a pesar de las apariencias, nunca nos hemos movido. El Poder Judicial nos niega el amparo, el Poder Legislativo nos ningunea, y el Poder Ejecutivo, ése sí, nos abre una ventanilla. Los cientos de miles de hombres y mujeres que fueron asesinados, encarcelados, depurados u obligados a vivir lejos de su patria, por una banda terrorista convertida en Estado ilegal, ya pueden solicitar su certificado de víctima ante la División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos del Ministerio de Justicia del Gobierno de España.
Diciembre de 2008.
Francisca Maqueda Fernández, D.N.I. nº 28576785K (Sevilla) / movil 657858257
COORDINADORA DE COLECTIVOS DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO.Constituida por: Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, Asociación Memoria Histórica de Cataluña, Asociación Mèmoria de Mallorca, AREMEHISA (Asociación Recuperación Memoria Histórica Aguilar de la Frontera), Asociación Recuperación Memoria Histórica de Aragón, Asociación Recuperación Memoria Histórica Valladolid, Confederación General del Trabajo y Forum per la Mèmoria del País Valenciá.
martes, 16 de diciembre de 2008
LOS LISTADOS DE LAS VICTIMAS DEL FRANQUISMO. ¿Quién controlará ahora su destino?.
Comunicado de equipo todoslosnombres.org
El 22 de Septiembre de 2008 varias decenas de entidades, asociaciones, investigadores e historiadores, depositaban en el Registro de la Audiencia Nacional en torno a 114.000 nombres de víctimas mortales del franquismo. En menor medida (se desconocen los datos) algunas instituciones del Estado (Ministerios, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Universidades como la de Granada) hacían lo mismo previa demanda del juez y no precisamente por voluntad propia.
La página http://www.todoslosnombres.org/ era la entidad (AMHyJA y CGT.A) que más datos suministró, superando los 22.400 nombres de víctimas mortales (fusilados, muertos en cárceles, etc.) producto de las donaciones de más de doscientos colaboradores, después de años de investigaciones (algunas de ellas inéditas) de campo –testimonios- pero sobre todo el origen de esos nombres han sido los archivos del propio Estado (registros civiles, militares, municipales, cárceles, etc..) en el territorio donde trabajamos (Andalucía, Badajoz y norte de Africa).
Por primera vez un Poder del Estado (judicial), pero más concretamente un juez tenía la SUERTE de tener en su poder – SIN TRABAJARLO- el primer listado, no definitivo, de víctimas del franquismo realizado desde la sociedad civil.
Nos encontramos, tres meses después, que, una vez inhibido ese mismo poder judicial, nuestro trabajo –esos 114.000 nombres- están o van a estar, circulando por los diferentes juzgados territoriales, abogados personados en la causa –y, algunos, no casualmente- para terminar quién sabe donde. Lo que sí sabemos es que ese trabajo de cruzar los datos que ordenó el juzgado a una empresa privada nunca va a llegar a las propias familias de las víctimas al no ser accesibles directamente.
No entendemos por qué, tras la inhibición, todo (iniciativa, comité de expertos, policía judicial) haya quedado muerto menos ESO. ¿Quién lo pagará? ¿Por qué lo ha de conservar la Audiencia si quien llevaba este asunto se ha reconocido incompetente para ello? ¿Es acaso incompetente para todo menos para quedarse con esa información? ¿Por qué ha de pasarla completa a los abogados personados en el caso? Si el caso ha acabado de esta manera lo que debe hacerse es devolver el material a quienes lo enviaron y archivar en lugar seguro lo que haya hecho el equipo informático. Es posible que sirva para otra ocasión. Lo que no es de recibo es que algunos, sin comerlo ni beberlo, se hagan del trabajo ajeno. ¿Quién controlará ahora su destino?.
Cecilio Gordillo (28501266B), Francisco Espinosa Maestre y Fernando Romero
equipo www.todoslosnombres.org
Alcalde Isacio Contreras 2b local * 41003 Sevilla
Tlf: 695.276656 / todoslosnombres@cgt.es
La página http://www.todoslosnombres.org/ era la entidad (AMHyJA y CGT.A) que más datos suministró, superando los 22.400 nombres de víctimas mortales (fusilados, muertos en cárceles, etc.) producto de las donaciones de más de doscientos colaboradores, después de años de investigaciones (algunas de ellas inéditas) de campo –testimonios- pero sobre todo el origen de esos nombres han sido los archivos del propio Estado (registros civiles, militares, municipales, cárceles, etc..) en el territorio donde trabajamos (Andalucía, Badajoz y norte de Africa).
Por primera vez un Poder del Estado (judicial), pero más concretamente un juez tenía la SUERTE de tener en su poder – SIN TRABAJARLO- el primer listado, no definitivo, de víctimas del franquismo realizado desde la sociedad civil.
Nos encontramos, tres meses después, que, una vez inhibido ese mismo poder judicial, nuestro trabajo –esos 114.000 nombres- están o van a estar, circulando por los diferentes juzgados territoriales, abogados personados en la causa –y, algunos, no casualmente- para terminar quién sabe donde. Lo que sí sabemos es que ese trabajo de cruzar los datos que ordenó el juzgado a una empresa privada nunca va a llegar a las propias familias de las víctimas al no ser accesibles directamente.
No entendemos por qué, tras la inhibición, todo (iniciativa, comité de expertos, policía judicial) haya quedado muerto menos ESO. ¿Quién lo pagará? ¿Por qué lo ha de conservar la Audiencia si quien llevaba este asunto se ha reconocido incompetente para ello? ¿Es acaso incompetente para todo menos para quedarse con esa información? ¿Por qué ha de pasarla completa a los abogados personados en el caso? Si el caso ha acabado de esta manera lo que debe hacerse es devolver el material a quienes lo enviaron y archivar en lugar seguro lo que haya hecho el equipo informático. Es posible que sirva para otra ocasión. Lo que no es de recibo es que algunos, sin comerlo ni beberlo, se hagan del trabajo ajeno. ¿Quién controlará ahora su destino?.
Cecilio Gordillo (28501266B), Francisco Espinosa Maestre y Fernando Romero
equipo www.todoslosnombres.org
Alcalde Isacio Contreras 2b local * 41003 Sevilla
Tlf: 695.276656 / todoslosnombres@cgt.es
viernes, 12 de diciembre de 2008
NUEVO ENLACE: LA MEMORIA VIVA
Desde hoy y con el permiso de los administradores, ampliamos los enlaces de nuestro blog, concretamente realizamos enlace a un blog memorialista, bastante activo y con contenido muy actualizado. Se trata de la memoria viva, esperamos que como su nombre indica , nos ayude en nuestra memoria en pro de la dignidad de los represaliados por los golpistas por defender los ideales legítimos y democráticos.
Salud y memoria
jueves, 11 de diciembre de 2008
EXHUMACIONES SINE DIE
El nuevo comisario Francisco Salazar, no concretiza fechas para las exhumaciones demandadas por los familiares de la represión golpista.
Familiares de desaparecidos por la represión fascista del 36 y 37, cuyos cuerpos se encuentran en las fosas del Cementerio de La Puebla de Cazalla (Sevilla) y en los alrededores de dicha localidad (vertedero y zona de “El ladrillar”), así como la Presidenta de la Asociación DIME de Marchena (Sevilla) Dª Antonia Parra, se reunieron este martes día 9 de diciembre con el Comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Junta de Andalucía D. Francisco José Salazar, reunión que llevaba pendiente desde hacía varios meses. En esta reunión el Comisario se comprometió a retomar pronto los trabajos en las fosas del Cementerio de La Puebla de Cazalla, que están paralizadas desde el pasado 23 de abril, después de que más de 10 cuerpos estuvieran ya en la superficie y tuvieran que volverse a enterrar por falta de presupuesto. La inmediatez de la intervención no se contempla, por el contrario, en las fosas documentadas que se encuentran fuera del Cementerio Municipal aunque en la misma localidad de La Puebla, así como las del resto de Andalucía, a excepción de la de Málaga, que deberán esperar a la confección y gestión de un Plan por parte de la Junta de Andalucía y de un Protocolo de Actuación del Gobierno del Estado, según informó el Comisario. En ambos proyectos, parece no contemplarse –en principio- los estudios y pruebas de ADN. Los familiares presentes en la reunión afirmaron que sin las pruebas de ADN, todo este proceso carecería de significado.
lunes, 8 de diciembre de 2008
TERCERA CONCENTRACIÓN DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
Sábado, 13/12/2008: 12 h. Plaza de la Gavidia (Sevilla).
3ª Concentración de familiares de víctimas del franquismo.POR LA EXHUMACION DE LAS FOSAS COMUNES EN ANDALUCIAConvoca: Coordinadora Asociaciones Memoria Histórica de Andalucía (CAMHA).(AMHyJA, DIME, AREMEHISA, AMHyJA-Almonte, Familiares de la Puebla de Cazalla, Guillena, .....). Apoya: “RMHSA” de CGT.A
3ª Concentración de familiares de víctimas del franquismo.POR LA EXHUMACION DE LAS FOSAS COMUNES EN ANDALUCIAConvoca: Coordinadora Asociaciones Memoria Histórica de Andalucía (CAMHA).(AMHyJA, DIME, AREMEHISA, AMHyJA-Almonte, Familiares de la Puebla de Cazalla, Guillena, .....). Apoya: “RMHSA” de CGT.A
miércoles, 3 de diciembre de 2008
Garzón: "Lo importante no es quién sea el juez, sino que las cosas se hagan"
EFE - Santiago de Compostela - 02/12/2008 23:36
El juez Baltasar Garzón señaló hoy que "lo importante no es quién sea el juez" que esté a cargo en la investigación de las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, sino "que las cosas se hagan".En declaraciones a los medios de comunicación, esta tarde en Santiago de Compostela, antes de presentar su libro, Garzón insistió en que la investigación tendrá que realizarse "en los límites establecidos por la propia resolución del juzgado y por la sala de la penal y la Audiencia Nacional".El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decretó la pasada semana que Baltasar Garzón carece de competencias para investigar este caso, por lo que la autorización de exhumaciones corresponde a los juzgados territoriales.La mayoría consideró que la Audiencia Nacional no es competente para investigar estos hechos, porque el delito que Garzón imputaba a los responsables del régimen franquista (delito contra altos organismos de la nación) no existía en el momento en que se produjeron las desapariciones.Garzón se mostró prudente y afirmó no poder opinar todavía sobre ese asunto, y, aunque remarcó que la Audiencia Nacional "ha decidido, no se ha publicado aún una resolución en esa materia", por lo que está pendiente de "conocer los argumentos".
La Ley de Amnistía
El juez aclaró, además, que lo que recogía su auto "no afectaba precisamente a la Ley de Amnistía de 1977", sino que hacía "mención" al Comité de Derechos Humanos, en los que se hace una alusión a la recomendación de derogar esa normativa.Ante la pregunta de si eso sería factible, matizó que "lo es desde el momento en que se establece la posibilidad de que haya una acción judicial en cada uno de los juzgados competentes" en la materia, siendo cada uno de ellos el que tenga que decidir.Además, lanzó un mensaje de tranquilidad a las víctimas de la represión y sus familiares, de los que dijo que "tienen que estar tranquilos", porque, en todo caso, "recibirán la respuesta de la Justicia en cada uno de los puntos donde corresponda".En relación con la recogida de firmas en apoyo a su actuación, manifestó su agradecimiento a los apoyos, si bien puntualizó que "los jueces hacemos lo que debemos, con nuestra obligación y responsabilidad".Considera Garzón que las resoluciones son fundamentadas y dan respuesta a lo que se ha pedido y, a partir de ahí, "lo más importante no es el juez que lleve esa investigación, sino que la investigación se desarrolle".Por otra parte, el magistrado respondió a preguntas de los periodistas sobre su postura sobre la investigación del paso por España de vuelos de la CIA con destino a Guantánamo (Cuba), cuya existencia dijo desconocer ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero."No es que sea partidario o no -dijo- es que ese asunto ya está investigándose en el Juzgado central de Instrucción número 2" y, a este respecto, manifestó que le parece "muy adecuado" que esa investigación se esté desarrollando y se esclarezca, desde el punto de vista judicial, todo lo que haya sucedido, "porque así debe ser"."Si hay algún indicio o responsabilidad penal, tendrá que ser el juez el que lo establezca, más allá de las responsabilidades políticas, si es que las hay", apuntó Garzón, quien hizo un llamamiento para que se respeten los tiempos judiciales y los que establezcan, tanto el Ministerio Fiscal como el magistrado encargado de la investigación.
El juez Baltasar Garzón señaló hoy que "lo importante no es quién sea el juez" que esté a cargo en la investigación de las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, sino "que las cosas se hagan".En declaraciones a los medios de comunicación, esta tarde en Santiago de Compostela, antes de presentar su libro, Garzón insistió en que la investigación tendrá que realizarse "en los límites establecidos por la propia resolución del juzgado y por la sala de la penal y la Audiencia Nacional".El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decretó la pasada semana que Baltasar Garzón carece de competencias para investigar este caso, por lo que la autorización de exhumaciones corresponde a los juzgados territoriales.La mayoría consideró que la Audiencia Nacional no es competente para investigar estos hechos, porque el delito que Garzón imputaba a los responsables del régimen franquista (delito contra altos organismos de la nación) no existía en el momento en que se produjeron las desapariciones.Garzón se mostró prudente y afirmó no poder opinar todavía sobre ese asunto, y, aunque remarcó que la Audiencia Nacional "ha decidido, no se ha publicado aún una resolución en esa materia", por lo que está pendiente de "conocer los argumentos".
La Ley de Amnistía
El juez aclaró, además, que lo que recogía su auto "no afectaba precisamente a la Ley de Amnistía de 1977", sino que hacía "mención" al Comité de Derechos Humanos, en los que se hace una alusión a la recomendación de derogar esa normativa.Ante la pregunta de si eso sería factible, matizó que "lo es desde el momento en que se establece la posibilidad de que haya una acción judicial en cada uno de los juzgados competentes" en la materia, siendo cada uno de ellos el que tenga que decidir.Además, lanzó un mensaje de tranquilidad a las víctimas de la represión y sus familiares, de los que dijo que "tienen que estar tranquilos", porque, en todo caso, "recibirán la respuesta de la Justicia en cada uno de los puntos donde corresponda".En relación con la recogida de firmas en apoyo a su actuación, manifestó su agradecimiento a los apoyos, si bien puntualizó que "los jueces hacemos lo que debemos, con nuestra obligación y responsabilidad".Considera Garzón que las resoluciones son fundamentadas y dan respuesta a lo que se ha pedido y, a partir de ahí, "lo más importante no es el juez que lleve esa investigación, sino que la investigación se desarrolle".Por otra parte, el magistrado respondió a preguntas de los periodistas sobre su postura sobre la investigación del paso por España de vuelos de la CIA con destino a Guantánamo (Cuba), cuya existencia dijo desconocer ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero."No es que sea partidario o no -dijo- es que ese asunto ya está investigándose en el Juzgado central de Instrucción número 2" y, a este respecto, manifestó que le parece "muy adecuado" que esa investigación se esté desarrollando y se esclarezca, desde el punto de vista judicial, todo lo que haya sucedido, "porque así debe ser"."Si hay algún indicio o responsabilidad penal, tendrá que ser el juez el que lo establezca, más allá de las responsabilidades políticas, si es que las hay", apuntó Garzón, quien hizo un llamamiento para que se respeten los tiempos judiciales y los que establezcan, tanto el Ministerio Fiscal como el magistrado encargado de la investigación.
Los compañeros de Amere nos mandan noticias sobre la provincia de Cádiz
CÁDIZ Información
Los colectivos de la memoria toman el relevo de Garzón
02/Diciembre · 00:02 · Alejandro Massia
Las asociaciones gaditanas se plantean acudir ahora a los juzgados de Cádiz
Colectivos se plantean interponer una denuncia para que se investigue el paradero de los desaparecidos. · Autor: Marcos Piñero
El movimiento gaditano en pos de la recuperación de la memoria histórica recogerá el testigo de Baltasar Garzón en la causa sobre las desapariciones de la Guerra Civil y la represión del franquismo. Los colectivos que trabajan desde hace años en este ámbito han asumido de distinta forma la inhibición del juez de la Audiencia Nacional del caso. Pero, al margen de este intento fallido, tienen claro su propósito de continuar el proceso judicial.
Ni siquiera el hecho de que Cádiz no figure en el listado de juzgados decanos y territoriales a los que el magistrado ha remitido la investigación inquieta a la Asociación por la Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA). Su responsable en la provincia, Carlos Perales, considera normal esta ausencia pues, según explica, la relación publicada se corresponde con aquellos lugares donde las asociaciones presentaron sus respectivas denuncias hasta que en 2006 Garzón las incluyó dentro del procedimiento que ahora ha quedado en stanb by.
“Nosotros mandamos información y realizamos un borrador, aunque nunca llegamos a formalizar una demanda concreta”, indica el coordinador de AMHyJA, quien advierte, sin embargo, que “ello no impide que la interpongamos en el futuro”. Es más, Perales reconoce abiertamente que su organización estudia en la actualidad la posibilidad de adoptar esta medida, en coordinación con el resto de entidades implicadas en la reparación de las víctimas del alzamiento militar de 1936 y la dictadura que le sucedió.
ENCUENTRO CLAVEDe este modo, AMHyJA pretende convocar en los próximos días a las asociaciones memorialistas, no sólo de la capital sino de toda la provincia, para abordar este asunto. Según su portavoz, esta reunión servirá para conocer de primera mano quiénes están dispuestos a embarcarse en esta empresa, amén de comenzar a sentar las bases para acometer las acciones legales anunciadas.
Y es que, a diferencia de otros colectivos, el que dirige Carlos Perales en Cádiz no parece excesivamente preocupado por la negativa de la Audiencia Nacional a juzgar los crímenes fascistas, en base a una presunta falta de competencias. Y si bien admite que “nos hubiera gustado centralizar todas las denuncias en una sola instancia”, entiende que el camino iniciado no tiene vuelta atrás. “Esto ya no se puede parar”, apostilla convencido. De momento, la iniciativa de AMHyJA cuenta con el respaldo de la Asociación por la Memoria Histórica de Cádiz, cuyo presidente, Rafael Fuertes, confirmó ayer a este periódico su intención de apoyar la idea de acudir a los tribunales de Cádiz. Un paso que, en su opinión, debería haberse dado mucho antes, aunque “nunca es tarde si la dicha es buena”.
CEMABASA SEGUIRÁ REALIZANDO EL LISTADO DE LOS FUSILADOS
El Ayuntamiento no paralizará el informe encargado a Cemabasa sobre las fosas comunes del antiguo cementerio de San José. La Corporación municipal acordó en el Pleno de octubre, por unanimidad y a instancias de IU, la realización de este trabajo para sacar a la luz los nombres de todos los asesinados en Cádiz a partir del 19 de julio de 1936 y enviar posteriormente este listado a la Audiencia Nacional.
La propuesta se aprobó al calor de las diligencias previas abiertas por Baltasar Garzón. Pero su renuncia a continuar investigando el paradero de los desaparecidos no ha llevado al Consistorio a replantearse el proyecto. “Cemabasa terminará lo que ha empezado”, sostuvo ayer el concejal de Cementerio, Santiago Posada, aunque no precisó cuándo estará lista esta tarea.
Así, el edil popular restó importancia al cambio de escenario producido y agregó que el documento se empleará ahora, principalmente, “para facilitar la localización de los restos de aquellas personas reclamadas por sus familiares”.
Igualmente, Posada aseguró que, una vez concluido, el informe se hará público y se pondrá a disposición de “las instituciones que lo soliciten”.
PIDEN MÁS AGILIDAD
Por su parte, el portavoz de IU, Sebastián Terrada, aplaudió ayer la decisión del Gobierno local de seguir adelante con esta iniciativa. Con todo, pidió un poco más de agilidad en la recopilación de los datos e instó al Consistorio a presentarlos directamente ante el juzgado competente.
Los colectivos de la memoria toman el relevo de Garzón
02/Diciembre · 00:02 · Alejandro Massia
Las asociaciones gaditanas se plantean acudir ahora a los juzgados de Cádiz
Colectivos se plantean interponer una denuncia para que se investigue el paradero de los desaparecidos. · Autor: Marcos Piñero
El movimiento gaditano en pos de la recuperación de la memoria histórica recogerá el testigo de Baltasar Garzón en la causa sobre las desapariciones de la Guerra Civil y la represión del franquismo. Los colectivos que trabajan desde hace años en este ámbito han asumido de distinta forma la inhibición del juez de la Audiencia Nacional del caso. Pero, al margen de este intento fallido, tienen claro su propósito de continuar el proceso judicial.
Ni siquiera el hecho de que Cádiz no figure en el listado de juzgados decanos y territoriales a los que el magistrado ha remitido la investigación inquieta a la Asociación por la Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA). Su responsable en la provincia, Carlos Perales, considera normal esta ausencia pues, según explica, la relación publicada se corresponde con aquellos lugares donde las asociaciones presentaron sus respectivas denuncias hasta que en 2006 Garzón las incluyó dentro del procedimiento que ahora ha quedado en stanb by.
“Nosotros mandamos información y realizamos un borrador, aunque nunca llegamos a formalizar una demanda concreta”, indica el coordinador de AMHyJA, quien advierte, sin embargo, que “ello no impide que la interpongamos en el futuro”. Es más, Perales reconoce abiertamente que su organización estudia en la actualidad la posibilidad de adoptar esta medida, en coordinación con el resto de entidades implicadas en la reparación de las víctimas del alzamiento militar de 1936 y la dictadura que le sucedió.
ENCUENTRO CLAVEDe este modo, AMHyJA pretende convocar en los próximos días a las asociaciones memorialistas, no sólo de la capital sino de toda la provincia, para abordar este asunto. Según su portavoz, esta reunión servirá para conocer de primera mano quiénes están dispuestos a embarcarse en esta empresa, amén de comenzar a sentar las bases para acometer las acciones legales anunciadas.
Y es que, a diferencia de otros colectivos, el que dirige Carlos Perales en Cádiz no parece excesivamente preocupado por la negativa de la Audiencia Nacional a juzgar los crímenes fascistas, en base a una presunta falta de competencias. Y si bien admite que “nos hubiera gustado centralizar todas las denuncias en una sola instancia”, entiende que el camino iniciado no tiene vuelta atrás. “Esto ya no se puede parar”, apostilla convencido. De momento, la iniciativa de AMHyJA cuenta con el respaldo de la Asociación por la Memoria Histórica de Cádiz, cuyo presidente, Rafael Fuertes, confirmó ayer a este periódico su intención de apoyar la idea de acudir a los tribunales de Cádiz. Un paso que, en su opinión, debería haberse dado mucho antes, aunque “nunca es tarde si la dicha es buena”.
CEMABASA SEGUIRÁ REALIZANDO EL LISTADO DE LOS FUSILADOS
El Ayuntamiento no paralizará el informe encargado a Cemabasa sobre las fosas comunes del antiguo cementerio de San José. La Corporación municipal acordó en el Pleno de octubre, por unanimidad y a instancias de IU, la realización de este trabajo para sacar a la luz los nombres de todos los asesinados en Cádiz a partir del 19 de julio de 1936 y enviar posteriormente este listado a la Audiencia Nacional.
La propuesta se aprobó al calor de las diligencias previas abiertas por Baltasar Garzón. Pero su renuncia a continuar investigando el paradero de los desaparecidos no ha llevado al Consistorio a replantearse el proyecto. “Cemabasa terminará lo que ha empezado”, sostuvo ayer el concejal de Cementerio, Santiago Posada, aunque no precisó cuándo estará lista esta tarea.
Así, el edil popular restó importancia al cambio de escenario producido y agregó que el documento se empleará ahora, principalmente, “para facilitar la localización de los restos de aquellas personas reclamadas por sus familiares”.
Igualmente, Posada aseguró que, una vez concluido, el informe se hará público y se pondrá a disposición de “las instituciones que lo soliciten”.
PIDEN MÁS AGILIDAD
Por su parte, el portavoz de IU, Sebastián Terrada, aplaudió ayer la decisión del Gobierno local de seguir adelante con esta iniciativa. Con todo, pidió un poco más de agilidad en la recopilación de los datos e instó al Consistorio a presentarlos directamente ante el juzgado competente.
El movimiento social MEMORIALISTA continúa( ...y continuará) en su lucha por la memoria.
martes 2 Diciembre, a las 19 horas.
Cuarto de la Montería del Real Alcazar (Sevilla).
Conferencia:
“Alcaldes y concejales del PSOE de Sevilla y la provincia represaliados” .
Por José Mª García Márquez, investigador.
.......................................................................................................................................................
jueves 4 Diciembre, a las 19 horas.
Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz)
Mesa redonda sobre
“la recuperación de la memoria histórica”
Fernando Romero Romero y Cecilio Gordillo
Presentados por:
Carlos Perales Pizarro.
..........................................................................................................................................................................................
jueves 4 Diciembre, 20 horas
Casa de la Provincia (Sevilla),
Presentación del libro:
“El largo trauma de un pueblo andaluz. Republica, guerra Posguerra”
Intervienen:
José Chamizo, defensor del pueblo andaluz.
Francisco Espinosa Maestre, historiador
Y el autor, Richar Barker.
Cuarto de la Montería del Real Alcazar (Sevilla).
Conferencia:
“Alcaldes y concejales del PSOE de Sevilla y la provincia represaliados” .
Por José Mª García Márquez, investigador.
.......................................................................................................................................................
jueves 4 Diciembre, a las 19 horas.
Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz)
Mesa redonda sobre
“la recuperación de la memoria histórica”
Fernando Romero Romero y Cecilio Gordillo
Presentados por:
Carlos Perales Pizarro.
..........................................................................................................................................................................................
jueves 4 Diciembre, 20 horas
Casa de la Provincia (Sevilla),
Presentación del libro:
“El largo trauma de un pueblo andaluz. Republica, guerra Posguerra”
Intervienen:
José Chamizo, defensor del pueblo andaluz.
Francisco Espinosa Maestre, historiador
Y el autor, Richar Barker.
La cultura memorialista continúa adelante
Próximas representaciones de la obra de teatro "El Canal”
Obra basada en la historia de los presos políticos condenados a trabajos forzados y que construyeron en Canal de los Presos desde 1940 a 1962, cuyo campo de concentración (Los Merinales) más importante estaba situado entre Bellavista y Dos Hermanas.
Están confirmadas las siguientes representaciones de EL CANAL hasta fin de año en Sevilla:
Domingo, 7/12/2008, 19:00 h. CENTRO CÍVICO TORRE DEL AGUA
Lunes, 7/12/2008, 19:00 h. CENTRO CÍVICO TORREBLANCA
Viernes, 12/12/2008, 20:00 h. CARPA MUNICIPAL de TOMARES
Sábado, 13/12/2008, 19:00 h. CENTRO CÍVICO BELLAVISTA.
Obra basada en la historia de los presos políticos condenados a trabajos forzados y que construyeron en Canal de los Presos desde 1940 a 1962, cuyo campo de concentración (Los Merinales) más importante estaba situado entre Bellavista y Dos Hermanas.
Están confirmadas las siguientes representaciones de EL CANAL hasta fin de año en Sevilla:
Domingo, 7/12/2008, 19:00 h. CENTRO CÍVICO TORRE DEL AGUA
Lunes, 7/12/2008, 19:00 h. CENTRO CÍVICO TORREBLANCA
Viernes, 12/12/2008, 20:00 h. CARPA MUNICIPAL de TOMARES
Sábado, 13/12/2008, 19:00 h. CENTRO CÍVICO BELLAVISTA.
domingo, 30 de noviembre de 2008
Hemeroteca: el País
JUSTICIA COMIENZA A ENTREGAR EN UN MES LOS CERTIFICADOS A LAS VÍCTIMAS DE FRANCO
Ya se han presentado 168 solicitudes - Desde hoy se pueden tramitar por Internet.
EL PAÍS - Madrid - 27/11/2008
El Gobierno entregará antes de un mes las primeras declaraciones de reparación y reconocimiento personal a las cuales, según establece la Ley de Memoria Histórica, tienen derecho los represaliados del franquismo. El Ministerio de Justicia ha recibido hasta ahora 168 solicitudes. Para facilitar los trámites, Justicia abrió el martes en su página web (www.mjusticia.es) un enlace a través del cual los interesados pueden tramitar sus peticiones.
El artículo 4 de la Ley de Memoria contempla el derecho de quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron "persecuciones, condenas, sanciones o cualesquiera otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa" a obtener la declaración. Ésta consiste en un título, expedido por el Ministerio de Justicia, que no supone el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración pública, "ni da lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional".
A través del enlace habilitado en la página web del ministerio, los interesados pueden realizar su solicitud de forma telemática. Para ello deberán acreditar su identidad a través de un certificado digital o por medio del DNI electrónico. En la página web están disponibles los documentos de solicitud.
El interesado deberá aportar una copia impresa del justificante obtenido al realizar la petición y la documentación acreditativa de los hechos. Entre esta última pueden figurar, entre otras, resoluciones de consejos de guerra, del Tribunal de Honor, del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, del Tribunal de Responsabilidades Políticas y del Tribunal de Orden Público. Toda la documentación debe ser enviada al Registro General del Ministerio de Justicia.
La declaración puede ser solicitada por los directamente afectados y, en caso de fallecimiento, por sus cónyuges o similares, ascendientes, descendientes y demás parientes colaterales hasta segundo grado, así como por las instituciones públicas en las que hubieran desarrollado un cargo relevante.
También se encuentra disponible en la página web de Justicia la solicitud de nacionalidad para hijos y nietos de emigrantes exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura, que podrá ser tramitada a partir del 28 de diciembre. La web permite descargar el impreso para que los miembros de las Brigadas Internacionales soliciten la nacionalidad española y establece el acceso a la consulta de los libros de defunciones de los registros civiles.
Requisitos para obtener la declaración
- Beneficiarios. La declaración de reparación y reconocimiento personal se entrega a quienes sufrieron represalias durante la Guerra Civil y la dictadura.
- Solicitantes. Los directamente afectados
Ya se han presentado 168 solicitudes - Desde hoy se pueden tramitar por Internet.
EL PAÍS - Madrid - 27/11/2008
El Gobierno entregará antes de un mes las primeras declaraciones de reparación y reconocimiento personal a las cuales, según establece la Ley de Memoria Histórica, tienen derecho los represaliados del franquismo. El Ministerio de Justicia ha recibido hasta ahora 168 solicitudes. Para facilitar los trámites, Justicia abrió el martes en su página web (www.mjusticia.es) un enlace a través del cual los interesados pueden tramitar sus peticiones.
El artículo 4 de la Ley de Memoria contempla el derecho de quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron "persecuciones, condenas, sanciones o cualesquiera otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa" a obtener la declaración. Ésta consiste en un título, expedido por el Ministerio de Justicia, que no supone el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración pública, "ni da lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional".
A través del enlace habilitado en la página web del ministerio, los interesados pueden realizar su solicitud de forma telemática. Para ello deberán acreditar su identidad a través de un certificado digital o por medio del DNI electrónico. En la página web están disponibles los documentos de solicitud.
El interesado deberá aportar una copia impresa del justificante obtenido al realizar la petición y la documentación acreditativa de los hechos. Entre esta última pueden figurar, entre otras, resoluciones de consejos de guerra, del Tribunal de Honor, del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, del Tribunal de Responsabilidades Políticas y del Tribunal de Orden Público. Toda la documentación debe ser enviada al Registro General del Ministerio de Justicia.
La declaración puede ser solicitada por los directamente afectados y, en caso de fallecimiento, por sus cónyuges o similares, ascendientes, descendientes y demás parientes colaterales hasta segundo grado, así como por las instituciones públicas en las que hubieran desarrollado un cargo relevante.
También se encuentra disponible en la página web de Justicia la solicitud de nacionalidad para hijos y nietos de emigrantes exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura, que podrá ser tramitada a partir del 28 de diciembre. La web permite descargar el impreso para que los miembros de las Brigadas Internacionales soliciten la nacionalidad española y establece el acceso a la consulta de los libros de defunciones de los registros civiles.
Requisitos para obtener la declaración
- Beneficiarios. La declaración de reparación y reconocimiento personal se entrega a quienes sufrieron represalias durante la Guerra Civil y la dictadura.
- Solicitantes. Los directamente afectados
Comunicado de Prensa
C0MUNICADO DE PREMSA
Victimas de Desapariciones Forzadas en España
El día 27 de Noviembre de 2008 una delegación conjunta formada por distintas
ONG –Amnistía Internacional, la Federación de Asociaciones para la Promoción y
Defensa de los Derechos Humanos en España, la Asociación Española para el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos-, asociaciones de familiares de
desaparecidos en representación de Arucas (Islas Canarias), Andalucía, Aragón,
Baleares, Cataluña, Valladolid y F. M. del País Valenciano, miembros de la
Plataforma de Victimas de las Desapariciones Forzadas del Franquismo se han
reunido con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de
las Naciones Unidas.
La finalidad de la reunión ha sido exponer la situación critica que se esta viviendo
en España entorno a las victimas de desapariciones forzadas de la guerra civil y el
franquismo. La actitud del Grupo de Trabajo ha sido muy positiva y han afirmado
que están siguiendo muy de cerca el caso de las familias españolas. El Presidente
del Grupo de Trabajo, Sr. Corcuera, ha señalado que estudiaran las medidas que se
puedan aplicar al caso español.
Adjuntamos para su información el manifiesto presentado por Amnistía
Internacional y suscrito por las organizaciones antes mencionadas y otros. Y
asimismo os entregamos el manifiesto para su posterior difusión y adhesión
(http://www.es.amnesty.org/paises/espana/victimas-de-la-guerra-civil-y-delfranquismo/
firma-el-manifiesto/)
Para pasar página, primero hay que leerla
Los abajo firmantes, juristas y organizaciones internacionales nos dirigimos a las autoridades y sociedad
españolas, así como a la opinión pública internacional con ocasión de la investigación abierta por la
Audiencia Nacional en relación a hechos delictivos ocurridos durante la Guerra Civil y el Franquismo que
podrían constituir crímenes contra la humanidad.
Mantenemos que:
España tiene el deber de poner fin a la prolongada injusticia de la que han sido objeto las
víctimas de desaparición forzada y otros crímenes y sus familiares, llevando a cabo las
investigaciones necesarias para dar con el paradero de los restos de estas personas, y
esclarecer las circunstancias en que tan graves abusos se produjeron.
Al llevar adelante esta tarea, España debe cumplir con las normas internacionales sobre la
materia que su propio ordenamiento jurídico reconoce, y tal y como su práctica jurisprudencial
refleja – de manera reiterada - al pronunciarse sobre las consecuencias legales de los crímenes
contra la humanidad.
De acuerdo con el Derecho Internacional, los crímenes contra la humanidad no son
susceptibles de amnistía, indulto o prescripción. Las normas convencionales sobre la materia,
adoptadas con posterioridad a los hechos que deben ser objeto de investigación, es sabido, han
simplemente recogido una obligación que ya existía anteriormente como norma
consuetudinaria.
El Estado español no puede sustraerse a la obligación de investigar estos crímenes, y debe
poner fin a la impunidad garantizando a las víctimas y a sus familiares su derecho a la
verdad, la justicia y la reparación integral.
2
No es posible que los Tribunales españoles – en base a sus obligaciones bajo el derecho
internacional - hayan asumido su competencia para investigar y perseguir los crímenes más
graves de derecho internacional cometidos en países como Chile y Argentina, en cuyas causas
han sostenido que las leyes de amnistía así como cualquier otra medida análoga carecen de
validez en España, y se abstengan de investigar crímenes similares cometidos en su propio país.
Los que suscriben el presente manifiesto ya observaron, con motivo de la aprobación de la Ley
52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de
quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, que en ella
no quedaban plasmados los estándares internacionales fijados en materia de desapariciones,
exhumaciones y recuperación de cuerpos. No existe antecedente alguno en que un Estado
haya trasladado a las familias de las víctimas las tareas, costos y responsabilidades de
dichas acciones. Además, la propia ley en su Disposición Adicional Segunda, afirma claramente
que: “Las previsiones contenidas en la presente ley son compatibles con el ejercicio de las
acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos
en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España”.
España está en estos momentos en el punto de mira de la comunidad internacional que espera que
por fin cumpla con las obligación de investigar los hechos de su historia reciente que podrían ser
constitutivos de crímenes contra la humanidad y garantizar, con todos los medios a su alcance, de
la manera más completa posible y sin dilación, los derechos de las víctimas a verdad, justicia y
reparación.
Adhesiones al Manifiesto:
Federico Andreu
Consejero General de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
Line Bareiro
Ex integrante de la Junta Directiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)
Nicolas Boeglin
Miembro del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y profesor de Derecho Internacional
Público de la Universidad de Costa Rica.
Pilar Coll Torrente
Primera Secretaria General de la Coordinadora Derechos Humanos de Perú
Carlos Iván Degregori
Ex Comisionado de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú
Elvira Domínguez-Redondo
Senior Lecturer in Law, Middlesex University, The Burroughs, Hendon, London
Carmelo Faleh Pérez
Secretario general de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
(AEDIDH), y profesor de Derecho Internacional Público Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Gustavo Gallon
Presidente de la Comisión de Juristas Colombiana
Ronald Gamarra
Secretario General de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú
Soledad García Muñoz
Miembro del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)
Roberto Garretón
Ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura de Pinochet
José Antonio Martín Pallín
Magistrado Emérito del Tribunal Supremo y miembro de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
3
Julieta Montaño Salvatierra
Presidenta de la Oficina Jurídica para la Mujer (OJM) de Bolivia
Hugo Omar Cañón
Fiscal General, Cámara General de Bahía Blanca de Buenos Aires y Presidente de la Comisión Provincial
por la Memoria
Jorge E. Pan
Miembro del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay
Víctor Manuel Rodríguez Rescia
Vicepresidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas
Fabián Salvioli
Catedrático de Derecho Internacional Público y Director del Instituto de Derechos Humanos de la
Universidad de la Plata, Buenos Aires
Pancho Soberón
Director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú
Silke Studzinsky
Senior Legal Advisor, Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC)
Alirio Uribe Muñoz
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo de Colombia
Hernando Valencia
Ex Secretario Adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Carlos Villán Durán
Presidente de la Asociación Española para el Desarrollo y la Aplicación del Derechos Internacional de los
Derechos Humanos (AEDIDH)
Susana Villarán
Secretaria y Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
José Zeitune
Consejero Jurídico para Latinoamérica de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
Perfecto Alonso Tejero
Abogado Colegio de Barcelona
Björn Arp
Secretario Académico del Master sobre Protección de los Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá
Nemesio Barxa Barxa
Abogado
Rafael Calderón Fochs
Abogado Colegio de Barcelona
José Antonio Díaz Díaz
Presidente de la Ong Movimiento por la Paz en Canarias (MPDLC)
Juan Manuel de Faramiñán Gilbert
Catedrático de la Universidad de Jaén
José Luis Galán
Abogado. Colegio de Madrid
Felipe Gómez Isa
Miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto
Francisco Jiménez Bautista
Profesor e investigador del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada
Victimas de Desapariciones Forzadas en España
El día 27 de Noviembre de 2008 una delegación conjunta formada por distintas
ONG –Amnistía Internacional, la Federación de Asociaciones para la Promoción y
Defensa de los Derechos Humanos en España, la Asociación Española para el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos-, asociaciones de familiares de
desaparecidos en representación de Arucas (Islas Canarias), Andalucía, Aragón,
Baleares, Cataluña, Valladolid y F. M. del País Valenciano, miembros de la
Plataforma de Victimas de las Desapariciones Forzadas del Franquismo se han
reunido con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de
las Naciones Unidas.
La finalidad de la reunión ha sido exponer la situación critica que se esta viviendo
en España entorno a las victimas de desapariciones forzadas de la guerra civil y el
franquismo. La actitud del Grupo de Trabajo ha sido muy positiva y han afirmado
que están siguiendo muy de cerca el caso de las familias españolas. El Presidente
del Grupo de Trabajo, Sr. Corcuera, ha señalado que estudiaran las medidas que se
puedan aplicar al caso español.
Adjuntamos para su información el manifiesto presentado por Amnistía
Internacional y suscrito por las organizaciones antes mencionadas y otros. Y
asimismo os entregamos el manifiesto para su posterior difusión y adhesión
(http://www.es.amnesty.org/paises/espana/victimas-de-la-guerra-civil-y-delfranquismo/
firma-el-manifiesto/)
Para pasar página, primero hay que leerla
Los abajo firmantes, juristas y organizaciones internacionales nos dirigimos a las autoridades y sociedad
españolas, así como a la opinión pública internacional con ocasión de la investigación abierta por la
Audiencia Nacional en relación a hechos delictivos ocurridos durante la Guerra Civil y el Franquismo que
podrían constituir crímenes contra la humanidad.
Mantenemos que:
España tiene el deber de poner fin a la prolongada injusticia de la que han sido objeto las
víctimas de desaparición forzada y otros crímenes y sus familiares, llevando a cabo las
investigaciones necesarias para dar con el paradero de los restos de estas personas, y
esclarecer las circunstancias en que tan graves abusos se produjeron.
Al llevar adelante esta tarea, España debe cumplir con las normas internacionales sobre la
materia que su propio ordenamiento jurídico reconoce, y tal y como su práctica jurisprudencial
refleja – de manera reiterada - al pronunciarse sobre las consecuencias legales de los crímenes
contra la humanidad.
De acuerdo con el Derecho Internacional, los crímenes contra la humanidad no son
susceptibles de amnistía, indulto o prescripción. Las normas convencionales sobre la materia,
adoptadas con posterioridad a los hechos que deben ser objeto de investigación, es sabido, han
simplemente recogido una obligación que ya existía anteriormente como norma
consuetudinaria.
El Estado español no puede sustraerse a la obligación de investigar estos crímenes, y debe
poner fin a la impunidad garantizando a las víctimas y a sus familiares su derecho a la
verdad, la justicia y la reparación integral.
2
No es posible que los Tribunales españoles – en base a sus obligaciones bajo el derecho
internacional - hayan asumido su competencia para investigar y perseguir los crímenes más
graves de derecho internacional cometidos en países como Chile y Argentina, en cuyas causas
han sostenido que las leyes de amnistía así como cualquier otra medida análoga carecen de
validez en España, y se abstengan de investigar crímenes similares cometidos en su propio país.
Los que suscriben el presente manifiesto ya observaron, con motivo de la aprobación de la Ley
52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de
quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, que en ella
no quedaban plasmados los estándares internacionales fijados en materia de desapariciones,
exhumaciones y recuperación de cuerpos. No existe antecedente alguno en que un Estado
haya trasladado a las familias de las víctimas las tareas, costos y responsabilidades de
dichas acciones. Además, la propia ley en su Disposición Adicional Segunda, afirma claramente
que: “Las previsiones contenidas en la presente ley son compatibles con el ejercicio de las
acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos
en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España”.
España está en estos momentos en el punto de mira de la comunidad internacional que espera que
por fin cumpla con las obligación de investigar los hechos de su historia reciente que podrían ser
constitutivos de crímenes contra la humanidad y garantizar, con todos los medios a su alcance, de
la manera más completa posible y sin dilación, los derechos de las víctimas a verdad, justicia y
reparación.
Adhesiones al Manifiesto:
Federico Andreu
Consejero General de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
Line Bareiro
Ex integrante de la Junta Directiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)
Nicolas Boeglin
Miembro del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y profesor de Derecho Internacional
Público de la Universidad de Costa Rica.
Pilar Coll Torrente
Primera Secretaria General de la Coordinadora Derechos Humanos de Perú
Carlos Iván Degregori
Ex Comisionado de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú
Elvira Domínguez-Redondo
Senior Lecturer in Law, Middlesex University, The Burroughs, Hendon, London
Carmelo Faleh Pérez
Secretario general de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
(AEDIDH), y profesor de Derecho Internacional Público Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Gustavo Gallon
Presidente de la Comisión de Juristas Colombiana
Ronald Gamarra
Secretario General de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú
Soledad García Muñoz
Miembro del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)
Roberto Garretón
Ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura de Pinochet
José Antonio Martín Pallín
Magistrado Emérito del Tribunal Supremo y miembro de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
3
Julieta Montaño Salvatierra
Presidenta de la Oficina Jurídica para la Mujer (OJM) de Bolivia
Hugo Omar Cañón
Fiscal General, Cámara General de Bahía Blanca de Buenos Aires y Presidente de la Comisión Provincial
por la Memoria
Jorge E. Pan
Miembro del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay
Víctor Manuel Rodríguez Rescia
Vicepresidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas
Fabián Salvioli
Catedrático de Derecho Internacional Público y Director del Instituto de Derechos Humanos de la
Universidad de la Plata, Buenos Aires
Pancho Soberón
Director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú
Silke Studzinsky
Senior Legal Advisor, Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC)
Alirio Uribe Muñoz
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo de Colombia
Hernando Valencia
Ex Secretario Adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Carlos Villán Durán
Presidente de la Asociación Española para el Desarrollo y la Aplicación del Derechos Internacional de los
Derechos Humanos (AEDIDH)
Susana Villarán
Secretaria y Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
José Zeitune
Consejero Jurídico para Latinoamérica de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
Perfecto Alonso Tejero
Abogado Colegio de Barcelona
Björn Arp
Secretario Académico del Master sobre Protección de los Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá
Nemesio Barxa Barxa
Abogado
Rafael Calderón Fochs
Abogado Colegio de Barcelona
José Antonio Díaz Díaz
Presidente de la Ong Movimiento por la Paz en Canarias (MPDLC)
Juan Manuel de Faramiñán Gilbert
Catedrático de la Universidad de Jaén
José Luis Galán
Abogado. Colegio de Madrid
Felipe Gómez Isa
Miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto
Francisco Jiménez Bautista
Profesor e investigador del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada
jueves, 27 de noviembre de 2008
In memoriam de Arturo Carrasco
Nuestros compañer@s de AMHJ de Andalucia , nos mandan el siguiente comunicado, a los que os unimos en su pesar y pérdida y creemos que la mejor forma de recordarlo es continuar en la lucha por la memoria
Estimado amigo/a:
Ha fallecido nuestro compañero Arturo Carrasco, socio fundador de la AMHyJA, delegado de la misma en Valverde del Camino, antiguo funcionario de los Juzgados de Valverde, un hombre bueno y valiente a quien debemos que gracias a su decisión, tomada con riesgo de ser represaliado, se salvaran los archivos del Juzgado de Valverde cuando en los años sesenta se ordenó su traslado para su posterior desaparición, como ocurrió con los demás archivos de los juzgados de la Comarca.
Antonio ocultaría los archivos para que no desaparecieran y en los años de la democracia los pondría a disposición del investigador Francisco Espinosa, que gracias a ello pudo conocer el alcance de la represión de parte de la provincia de Huelva.
A las 17 horas se efectuará su entierro en Valverde del Camino al que asistirán varios compañeros/as de la Asociación que depositarán una corona de flores con una cinta violeta, roja y amarilla, los colores de su querida República.
Quien desee y pueda asitir puede ponerse en contacto con nuestra Vicepresidenta Paqui al teléfono:657858257.
¡Que la tierra te sea leve compañero!
Estimado amigo/a:
Ha fallecido nuestro compañero Arturo Carrasco, socio fundador de la AMHyJA, delegado de la misma en Valverde del Camino, antiguo funcionario de los Juzgados de Valverde, un hombre bueno y valiente a quien debemos que gracias a su decisión, tomada con riesgo de ser represaliado, se salvaran los archivos del Juzgado de Valverde cuando en los años sesenta se ordenó su traslado para su posterior desaparición, como ocurrió con los demás archivos de los juzgados de la Comarca.
Antonio ocultaría los archivos para que no desaparecieran y en los años de la democracia los pondría a disposición del investigador Francisco Espinosa, que gracias a ello pudo conocer el alcance de la represión de parte de la provincia de Huelva.
A las 17 horas se efectuará su entierro en Valverde del Camino al que asistirán varios compañeros/as de la Asociación que depositarán una corona de flores con una cinta violeta, roja y amarilla, los colores de su querida República.
Quien desee y pueda asitir puede ponerse en contacto con nuestra Vicepresidenta Paqui al teléfono:657858257.
¡Que la tierra te sea leve compañero!
jueves, 20 de noviembre de 2008
Hemeroteca: Corrreo de Andalucía. Hoy
La travesía de Paco Espinosa
Antonio Zoido
Antonio Zoido es escritor e historiador
AREMEHISA: COMUNICADO DE PRENSA
aremehisa para Dime
AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera) (Córdoba) quiere hacer llegar a los medios de comunicación y a la opinión pública, su valoración del auto del día de ayer, en el que el juez Baltasar Garzón, se inhibe en la causa que investiga el franquismo en favor de los juzgados territoriales.
AREMEHISA, manifiesta que esta inhibición vuelve a ser acto de hipocresía jurídica la cual no mantiene titubeo alguno en aplicar el derecho fuera de nuestro país y sí para hacerlo dentro. La Audiencia Nacional investiga crímenes cometidos en el Sahara Occidental, , pero aún no esta preparada para juzgar y conocer los crímenes cometidos por el franquismo.
Este nuevo auto inhibidor vuelve a representar mas desilusión y añade más dolor si cabe a las miles de personas que han dedicado su vida a recuperar la dignidad de sus familiares “desaparecidos”, de sus seres queridos.
En modo alguno restituye la justicia buscada durante más de 72 años, pues solo vuelve a poner de manifiesta la impunidad que la transición impuso en este país.
A pesar de todo nuestras familias seguirán buscando a sus “desaparecidos” de cualquier forma, tal y como lo han venido haciendo hasta ahora. Seguirán buscando la verdad, la justicia y la reparación a pesar de que el Estado siga sin cumplir con su obligación para con las victimas de las desapariciones forzadas del franquismo.
AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera) (Córdoba) quiere hacer llegar a los medios de comunicación y a la opinión pública, su valoración del auto del día de ayer, en el que el juez Baltasar Garzón, se inhibe en la causa que investiga el franquismo en favor de los juzgados territoriales.
AREMEHISA, manifiesta que esta inhibición vuelve a ser acto de hipocresía jurídica la cual no mantiene titubeo alguno en aplicar el derecho fuera de nuestro país y sí para hacerlo dentro. La Audiencia Nacional investiga crímenes cometidos en el Sahara Occidental, , pero aún no esta preparada para juzgar y conocer los crímenes cometidos por el franquismo.
Este nuevo auto inhibidor vuelve a representar mas desilusión y añade más dolor si cabe a las miles de personas que han dedicado su vida a recuperar la dignidad de sus familiares “desaparecidos”, de sus seres queridos.
En modo alguno restituye la justicia buscada durante más de 72 años, pues solo vuelve a poner de manifiesta la impunidad que la transición impuso en este país.
A pesar de todo nuestras familias seguirán buscando a sus “desaparecidos” de cualquier forma, tal y como lo han venido haciendo hasta ahora. Seguirán buscando la verdad, la justicia y la reparación a pesar de que el Estado siga sin cumplir con su obligación para con las victimas de las desapariciones forzadas del franquismo.
miércoles, 19 de noviembre de 2008
La Junta atenderá las demandas de exhumaciones de Víctimas de la guerra civil y el franquismo
EFE Actualizado 19-11-2008
La consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, ha asegurado que la Junta mantendrá su intención de atender las demandas de exhumaciones de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo a pesar de que el juez Baltasar Garzón haya decidido inhibirse de la causa.
En declaraciones a los periodistas, Naranjo se ha mostrado "respetuosa" con la posición adoptada por el juez de la Audiencia Nacional, advirtiendo de que "con independencia" de su decisión final, la Junta de Andalucía mantiene su intención de desarrollar la Ley de Memoria Histórica.
El Gobierno autonómico irá "atendiendo poco a poco" aquellas demandas que vayan siendo planteadas por familiares de las víctimas, activando los protocolos necesarios para la exhumación de los cadáveres, ha dicho la consejera.
En declaraciones a los periodistas, Naranjo se ha mostrado "respetuosa" con la posición adoptada por el juez de la Audiencia Nacional, advirtiendo de que "con independencia" de su decisión final, la Junta de Andalucía mantiene su intención de desarrollar la Ley de Memoria Histórica.
.............................................................................................................................................................................................
EN CUATRO AÑOS Y MEDIOS, LA JUNTA HA FINANCIADO –PARCIALMENTE- LA EXHUMACIÓN DE DOS FOSAS COMUNES (El Bosque. 2004 y Málaga 2006-2008) Y LA BUSQUEDA DE UNA (Guillena 2005) Y SE COMPROMETIO –VERBALMENTE- CON LOS FAMILIARES DE Aguilar de la Frontera (Córdoba), La Puebla de Cazalla (Sevilla), La Palma del Condado (Huelva), Grazalema (Cádiz) –ya realizada por el Ayuntamiento y la Diputación- ENTRE OTRAS.
......................................................................................................................................................
ES ESTA SITUACIÓN, JUNTO CON INHIBICIÓN DE GARZÓN, LA QUE PROVOCA
LA CONVOCATORIA DE LA CONCENTRACIÓN
EL PRÓXIMO SABADO 22 DE NOVIEMBRE EN LA
PLAZA DE LA GAVIDIA (Sevilla) A LAS12 DE LA MAÑANA.
Convoca: CAMHA (COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE MEMORIA HISTÓRICA DE ANDALUCÍA).
......................................................................................................................................................
APOYA Y DIVULGA. CGT(RMHS de Andalucía)
Alcalde Isacio Contreras 2b local 8 * 41003 Sevillaspcgta@cgt.es
La consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, ha asegurado que la Junta mantendrá su intención de atender las demandas de exhumaciones de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo a pesar de que el juez Baltasar Garzón haya decidido inhibirse de la causa.
En declaraciones a los periodistas, Naranjo se ha mostrado "respetuosa" con la posición adoptada por el juez de la Audiencia Nacional, advirtiendo de que "con independencia" de su decisión final, la Junta de Andalucía mantiene su intención de desarrollar la Ley de Memoria Histórica.
El Gobierno autonómico irá "atendiendo poco a poco" aquellas demandas que vayan siendo planteadas por familiares de las víctimas, activando los protocolos necesarios para la exhumación de los cadáveres, ha dicho la consejera.
En declaraciones a los periodistas, Naranjo se ha mostrado "respetuosa" con la posición adoptada por el juez de la Audiencia Nacional, advirtiendo de que "con independencia" de su decisión final, la Junta de Andalucía mantiene su intención de desarrollar la Ley de Memoria Histórica.
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EN CUATRO AÑOS Y MEDIOS, LA JUNTA HA FINANCIADO –PARCIALMENTE- LA EXHUMACIÓN DE DOS FOSAS COMUNES (El Bosque. 2004 y Málaga 2006-2008) Y LA BUSQUEDA DE UNA (Guillena 2005) Y SE COMPROMETIO –VERBALMENTE- CON LOS FAMILIARES DE Aguilar de la Frontera (Córdoba), La Puebla de Cazalla (Sevilla), La Palma del Condado (Huelva), Grazalema (Cádiz) –ya realizada por el Ayuntamiento y la Diputación- ENTRE OTRAS.
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ES ESTA SITUACIÓN, JUNTO CON INHIBICIÓN DE GARZÓN, LA QUE PROVOCA
LA CONVOCATORIA DE LA CONCENTRACIÓN
EL PRÓXIMO SABADO 22 DE NOVIEMBRE EN LA
PLAZA DE LA GAVIDIA (Sevilla) A LAS12 DE LA MAÑANA.
Convoca: CAMHA (COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE MEMORIA HISTÓRICA DE ANDALUCÍA).
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APOYA Y DIVULGA. CGT(RMHS de Andalucía)
Alcalde Isacio Contreras 2b local 8 * 41003 Sevillaspcgta@cgt.es
ENTREVISTA A EMILIO SILVA EN PÚBLICO
MIGUEL ÁNGEL MARFULL - MADRID - 18/11/2008 23:00
En marzo de 2000, Emilio Silva localizó en un pueblo de León la fosa común en la que fue enterrado su abuelo, asesinado en 1936 por un grupo de falangistas. Su memoria y sus restos fueron recuperados. Gestos como aquel se han convertido, ocho años después, “en un deber con la sociedad”, según califica Silva al proceso de la memoria histórica.
En marzo de 2000, Emilio Silva localizó en un pueblo de León la fosa común en la que fue enterrado su abuelo, asesinado en 1936 por un grupo de falangistas. Su memoria y sus restos fueron recuperados. Gestos como aquel se han convertido, ocho años después, “en un deber con la sociedad”, según califica Silva al proceso de la memoria histórica.
¿Qué opina del auto de ayer del juez Garzón?
Supone una cierta desilusión. Sabíamos que cuando llegara a la Sala [de la Audiencia Nacional], y más después de la votación del pasado 7 de octubre, lo tumbarían ahí, aunque el equipo de expertos podría seguir trabajando. No me ha sorprendido el contenido, pero sí la inhibición del juez, que el auto no haya llegado hasta la Sala de la Audiencia.
¿Cree que Garzón ha sucumbido ante la presión?
Le ha llovido mucho, de todas partes y de todos los colores. Se han hecho realidad algunas frases, como la del presidente del Gobierno, cuando dijo que a Franco ya lo había juzgado la Historia.
¿Esto es un punto final?
No. Es el reflejo de la situación de este país, que en la Transición dio impunidad a los franquistas y no se responsabilizó de las víctimas. Pero el auto de ayer abre la puerta a otras investigaciones, como la de los niños que fueron secuestrados a las presas republicanas.
¿No va a haber más desenterramientos?
Nosotros empezamos una exhumación mañana jueves. No vamos a parar. Lo mas urgente son las familias que están buscando desaparecidos y eso no lo vamos a frenar.
¿Qué pasará con el grupo de expertos que convocó el juez Garzón?
Lo ofrece al Ministerio de Justicia. El auto contiene la orientación de que el trabajo de estos meses no se quede ahí; distribuye responsabilidades.
¿Han sido tiempo perdido estos dos meses y medio?
No, en absoluto. Socialmente, ayuda. Había gente muy desi-lusionada... O que no se atrevía a hablar de sus familiares desaparecidos... Esta causa les ha dado confianza. Nosotros hemos recibido 2.500 solicitudes en dos meses por parte de familiares de desaparecidos, es la cuarta parte de lo que habíamos recibido en ocho años.
¿El auto da la razón a los que cuestionaban el procedimiento de Garzón, como defiende el PP?
Las opiniones que he oído al PP sobre este proceso han sido bastante lamentables. En concreto, una de Rajoy diciendo que se alegraba de la detención de las exhumaciones.
Garzón se inhibe en favor de los juzgados provinciales, ¿pueden lavarse las manos?
No lo sé. Dependerá de las indicaciones que les haga el Consejo General del Poder Judicial. Nosotros ya hemos acudido a esos juzgados y casi nunca nos han hecho caso. El Ministerio de Justicia o el CGPJ deberían indicar a los jueces qué hacer cuando se les denuncie la existencia de una fosa común.
Algunas asociaciones dicen que los juzgados ordinarios “no van a hacer nada”...Las cosas cambian. Han pasado muchas cosas en ocho años. Este ha sido un paso. Ahora se ha cerrado una puerta, pero lo que ha pasado en estos dos meses ha sido muy importante y tendrá repercusiones. Estoy seguro de que este proceso puede ayudar a que muchos jueces sean conscientes de que hay que abrir diligencias en estos casos.
Algunas asociaciones dicen que los juzgados ordinarios “no van a hacer nada”...Las cosas cambian. Han pasado muchas cosas en ocho años. Este ha sido un paso. Ahora se ha cerrado una puerta, pero lo que ha pasado en estos dos meses ha sido muy importante y tendrá repercusiones. Estoy seguro de que este proceso puede ayudar a que muchos jueces sean conscientes de que hay que abrir diligencias en estos casos.
Es optimista, por tanto... Siempre soy optimista. Entiendo que esos Juzgados harán caso. Si no, tendremos que reclamar ante el CGPJ para que ponga en su sitio al juez que no quiera hacerlo.
¿Han pensado en acudir a instancias internacionales?El proceso va hacia arriba. No descartamos esa vía. Incluso hay gente dentro de la demanda que opinaba que, cuanto antes se archivara, mejor, porque así podrían sacarlo de España. Esa opción la hemos estudiado desde el principio, aunque tenemos que agotar vías aquí y ver qué pasa
Ante la inhibición: movilización
LA MEJOR RESPUESTA, TAMBIEN A GARZON, LA MOVILIZACION SOCIAL.
El pasado día 26 de Octubre nos concentramos en la Plaza de la Gavidia (Sevilla) como muestra de repulsa a la actitud negligente y dilatoria de la Junta de Andalucía con respecto a la Recuperación de la Memoria Histórica en general y de las “exhumaciones” de las fosas comunes en particular.
Quedamos en repetir, todos los últimos sábados de fin de mes, esta actividad hasta que cambiaran de actitud.
Los acontecimientos (inhibición de Garzón) hace recomendable SALIR A LA CALLE ¡¡¡YA!!!, al menos para mostrar nuestra repulsa y reafirmarnos públicamente en nuestras reivindicaciones.
Sábado 22 de Noviembre a las 12 de la mañana.
Plaza de la Gavidia (Sevilla).
¡¡¡¡¡ P A S A L O !!!!!!
COMUNICADO DE http://www.todoslosnombres.org/
La inhibición de Garzón, un nuevo golpe de ..... timón, en el caso de los desaparecidos y represaliados del franquismo.
Una vez más, los poderes del Estado, especialmente el judicial y el político, se distancia de la sociedad civil en lo que se refiere a todo lo relacionado con el franquismo.
Para un alto porcentaje de movimiento memorialista la aceptación, por parte del juez Garzón, de la denuncia presentada en el 2006, representó una cierta esperanza para miles de familia que por fin podrían investigar, homenajear y recuperar públicamente –en algunos casos- a sus seres queridos asesinados por el franquismo (1936-1977). Esta oportunidad hizo posible que por primera vez en España se realizara –por parte de la sociedad civil- un listado de víctimas que duplicó las cifras calculadas hasta ese momento. ¿Quién controlará esos listados a partir de ahora?. ¿Nos los devolverán a los que los hemos realizado?.
Las aguas vuelven a su cauce
Para los investigadores e historiadores la iniciativa del juez Garzón abrió la posibilidad de que, por fin, además de unificar mucha información dispersa, surgiese la posibilidad de buscar y de acceder a los archivos de la represión (Policía, Guardia Civil, Ejercito...), con los que hasta ahora no hemos podido contar. Lo que sabemos ha sido por haber estado desde hace treinta años entrando por puertas laterales que nos han dado una información interesante pero parcial. Parecía que ahora, con ayuda de la Policía Judicial y el conocimiento ya acumulado, íbamos a saber si hay algo más. La decisión de Garzón anula esta posibilidad, volviendo todo a la situación anterior.
Trasladar las actuaciones a los diferentes juzgados no augura nada bueno y poner el comité de expertos al servicio del Ministerio de Justicia y de paso al de todos los juzgados implicados supone prácticamente liquidar proyecto y comité. La imposibilidad de crear un solo procedimiento y de abrir en Madrid una oficina nacional de desaparecidos rompe el camino abierto con el Auto de septiembre.
No obstante, y pese al final inesperado, nada pasa en vano: ni el Auto ni las demandas de las asociaciones ni el trabajo de historiadores y demás proyectos. La lucha por la memoria seguirá –en España y fuera de ella-, aunque haya fallado el intento de constituir, por fin, una verdad jurídica a la altura de la verdad histórica.
Las fosas comunes seguirán abriéndose con la legislación vigente desde la época de Franco, aquella que hizo posible las exhumaciones de cientos de fosas -por toda España- durante los años que gobernó la UCD, o las más recientes de Grazalema o Calañas, o la que hará posible -más pronto que tarde- la del cementerio de la Salud de Córdoba.
Es más, algunas iniciativas aparcadas volverán a reactivarse, por ejemplo la campaña por la modificación de la Ley de Registros Civiles que hagan, realmente posible, la inscripción de miles de fusilados “ocultados oficialmente” por la dictadura y que obligará a los partidos con representación parlamentaria “hacerse la foto” ante la sociedad civil.
Sevilla 18 Noviembre 2008Cecilio Gordillo, Coord. http://www.todoslosnombres.org/ por CGT.A
Garzón se inhibe en la causa que investiga el franquismo en favor de los juzgados territoriales
GARZON SE INHIBE EN LA CAUSA QUE INVESTIGA EL FRANQUISMO EN FAVOR DE LOS JUZGADOS TERRITORIALES
El magistrado declara extinguida la responsabilidad penal de Franco y otros 44 altos mandos y trata de evitar que se le declare incompetente en la causa M. ALTOZANO / J. YOLDI / AGENCIAS – EL País Madrid - 18/11/2008 El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha declarado extinguida la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco y otros 44 altos mandos tras comprobar su fallecimiento y dice que la causa en la que se investiga las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo corresponde a los juzgados territoriales en los que se encuentren las fosas. Con esta decisión, el magistrado trata de evitar que se le declare incompetente en la investigación. Garzón se adelanta así a la decisión que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que adoptar en una próxima reunión.En un auto hecho público hoy, el juez acuerda elevar a la Sala cualquier actividad procesal que afecte a la causa y las peticiones que puedan realizar las partes en el futuro y comunica al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, la existencia del grupo de expertos para su conocimiento.Apertura de fosasAl admitir a trámite la denuncia de las asociaciones de la Memoria Histórica, Garzón se declaró el pasado 16 de octubre competente para llevar adelante la investigación. Posteriormente ordenó la apertura de 19 fosas, cifra que se elevó a 25. La decisión de que la investigación pase a los juzgados locales de las zonas donde se cometieron los asesinatos y los enterramientos no supone que vayan a poder exhumarse las fosas, puesto que la Sala de lo Penal de la Audiencia las suspendió cautelarmente a instancias de la Fiscalía.El auto señala que se pretende "evitar solapamientos en la labor de recopilación de datos" y lograr la "formación de un adecuado protocolo de exhumaciones y la identificación e inhumaciones de los cadáveres, preservando la cadena de custodia de los restos humanos y de otros elementos o pruebas que puedan ser necesarios en el ámbito de la jurisdicción penal".Los juzgados provinciales a los que el juez remite esta causa son los de A Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora y Zaragoza. También se inhibe en favor de los juzgados de instrucción decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza.Tras conocerse la decisión de Garzón, Santiago Macias, vicepresidente de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica, ha declarado en la Cadena SER que estudiarán otras vías para que la investigación continúe. "No se puede decir casi nunca que sea el final; el equipo de abogados están examinando el auto y viendo qué se puede hacer", ha afirmado Macías.
El magistrado declara extinguida la responsabilidad penal de Franco y otros 44 altos mandos y trata de evitar que se le declare incompetente en la causa M. ALTOZANO / J. YOLDI / AGENCIAS – EL País Madrid - 18/11/2008 El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha declarado extinguida la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco y otros 44 altos mandos tras comprobar su fallecimiento y dice que la causa en la que se investiga las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo corresponde a los juzgados territoriales en los que se encuentren las fosas. Con esta decisión, el magistrado trata de evitar que se le declare incompetente en la investigación. Garzón se adelanta así a la decisión que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que adoptar en una próxima reunión.En un auto hecho público hoy, el juez acuerda elevar a la Sala cualquier actividad procesal que afecte a la causa y las peticiones que puedan realizar las partes en el futuro y comunica al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, la existencia del grupo de expertos para su conocimiento.Apertura de fosasAl admitir a trámite la denuncia de las asociaciones de la Memoria Histórica, Garzón se declaró el pasado 16 de octubre competente para llevar adelante la investigación. Posteriormente ordenó la apertura de 19 fosas, cifra que se elevó a 25. La decisión de que la investigación pase a los juzgados locales de las zonas donde se cometieron los asesinatos y los enterramientos no supone que vayan a poder exhumarse las fosas, puesto que la Sala de lo Penal de la Audiencia las suspendió cautelarmente a instancias de la Fiscalía.El auto señala que se pretende "evitar solapamientos en la labor de recopilación de datos" y lograr la "formación de un adecuado protocolo de exhumaciones y la identificación e inhumaciones de los cadáveres, preservando la cadena de custodia de los restos humanos y de otros elementos o pruebas que puedan ser necesarios en el ámbito de la jurisdicción penal".Los juzgados provinciales a los que el juez remite esta causa son los de A Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora y Zaragoza. También se inhibe en favor de los juzgados de instrucción decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza.Tras conocerse la decisión de Garzón, Santiago Macias, vicepresidente de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica, ha declarado en la Cadena SER que estudiarán otras vías para que la investigación continúe. "No se puede decir casi nunca que sea el final; el equipo de abogados están examinando el auto y viendo qué se puede hacer", ha afirmado Macías.
Comunicado público
La inhibición de Garzón, un nuevo golpe de ..... timón, en el caso de los desaparecidos y represaliados del franquismo.
Una vez más, los poderes del Estado, especialmente el judicial y el político, se distancia de la sociedad civil en lo que se refiere a todo lo relacionado con el franquismo.
Para un alto porcentaje de movimiento memorialista la aceptación, por parte del juez Garzón, de la denuncia presentada en el 2006, representó una cierta esperanza para miles de familia que por fin podrían investigar, homenajear y recuperar públicamente –en algunos casos- a sus seres queridos asesinados por el franquismo (1936-1977). Esta oportunidad hizo posible que por primera vez en España se realizara –por parte de la sociedad civil- un listado de víctimas que duplicó las cifras calculadas hasta ese momento. ¿Quién controlará esos listados a partir de ahora?. ¿Nos los devolverán a los que los hemos realizado?.
Las aguas vuelven a su cauce
Para los investigadores e historiadores la iniciativa del juez Garzón abrió la posibilidad de que, por fin, además de unificar mucha información dispersa, surgiese la posibilidad de buscar y de acceder a los archivos de la represión (Policía, Guardia Civil, Ejercito...), con los que hasta ahora no hemos podido contar. Lo que sabemos ha sido por haber estado desde hace treinta años entrando por puertas laterales que nos han dado una información interesante pero parcial. Parecía que ahora, con ayuda de la Policía Judicial y el conocimiento ya acumulado, íbamos a saber si hay algo más. La decisión de Garzón anula esta posibilidad, volviendo todo a la situación anterior.
Trasladar las actuaciones a los diferentes juzgados no augura nada bueno y poner el comité de expertos al servicio del Ministerio de Justicia y de paso al de todos los juzgados implicados supone prácticamente liquidar proyecto y comité. La imposibilidad de crear un solo procedimiento y de abrir en Madrid una oficina nacional de desaparecidos rompe el camino abierto con el Auto de septiembre.
No obstante, y pese al final inesperado, nada pasa en vano: ni el Auto ni las demandas de las asociaciones ni el trabajo de historiadores y demás proyectos. La lucha por la memoria seguirá –en España y fuera de ella-, aunque haya fallado el intento de constituir, por fin, una verdad jurídica a la altura de la verdad histórica.
Las fosas comunes seguirán abriéndose con la legislación vigente desde la época de Franco, aquella que hizo posible las exhumaciones de cientos de fosas -por toda España- durante los años que gobernó la UCD, o las más recientes de Grazalema o Calañas, o la que hará posible -más pronto que tarde- la del cementerio de la Salud de Córdoba
Es más, algunas iniciativas aparcadas volverán a reactivarse, por ejemplo la campaña por la modificación de la Ley de Registros Civiles que hagan, realmente posible, la inscripción de miles de fusilados “ocultados oficialmente” por la dictadura y que obligará a los partidos con representación parlamentaria “hacerse la foto” ante la sociedad civil.
Sevilla 18 Noviembre 2008
Cecilio Gordillo, Coord. www.todoslosnombres.org por CGT.A (movil: 695.276656)Alcalde Isacio Contreras 2b local 8. 41003 Sevilla
Una vez más, los poderes del Estado, especialmente el judicial y el político, se distancia de la sociedad civil en lo que se refiere a todo lo relacionado con el franquismo.
Para un alto porcentaje de movimiento memorialista la aceptación, por parte del juez Garzón, de la denuncia presentada en el 2006, representó una cierta esperanza para miles de familia que por fin podrían investigar, homenajear y recuperar públicamente –en algunos casos- a sus seres queridos asesinados por el franquismo (1936-1977). Esta oportunidad hizo posible que por primera vez en España se realizara –por parte de la sociedad civil- un listado de víctimas que duplicó las cifras calculadas hasta ese momento. ¿Quién controlará esos listados a partir de ahora?. ¿Nos los devolverán a los que los hemos realizado?.
Las aguas vuelven a su cauce
Para los investigadores e historiadores la iniciativa del juez Garzón abrió la posibilidad de que, por fin, además de unificar mucha información dispersa, surgiese la posibilidad de buscar y de acceder a los archivos de la represión (Policía, Guardia Civil, Ejercito...), con los que hasta ahora no hemos podido contar. Lo que sabemos ha sido por haber estado desde hace treinta años entrando por puertas laterales que nos han dado una información interesante pero parcial. Parecía que ahora, con ayuda de la Policía Judicial y el conocimiento ya acumulado, íbamos a saber si hay algo más. La decisión de Garzón anula esta posibilidad, volviendo todo a la situación anterior.
Trasladar las actuaciones a los diferentes juzgados no augura nada bueno y poner el comité de expertos al servicio del Ministerio de Justicia y de paso al de todos los juzgados implicados supone prácticamente liquidar proyecto y comité. La imposibilidad de crear un solo procedimiento y de abrir en Madrid una oficina nacional de desaparecidos rompe el camino abierto con el Auto de septiembre.
No obstante, y pese al final inesperado, nada pasa en vano: ni el Auto ni las demandas de las asociaciones ni el trabajo de historiadores y demás proyectos. La lucha por la memoria seguirá –en España y fuera de ella-, aunque haya fallado el intento de constituir, por fin, una verdad jurídica a la altura de la verdad histórica.
Las fosas comunes seguirán abriéndose con la legislación vigente desde la época de Franco, aquella que hizo posible las exhumaciones de cientos de fosas -por toda España- durante los años que gobernó la UCD, o las más recientes de Grazalema o Calañas, o la que hará posible -más pronto que tarde- la del cementerio de la Salud de Córdoba
Es más, algunas iniciativas aparcadas volverán a reactivarse, por ejemplo la campaña por la modificación de la Ley de Registros Civiles que hagan, realmente posible, la inscripción de miles de fusilados “ocultados oficialmente” por la dictadura y que obligará a los partidos con representación parlamentaria “hacerse la foto” ante la sociedad civil.
Sevilla 18 Noviembre 2008
Cecilio Gordillo, Coord. www.todoslosnombres.org por CGT.A (movil: 695.276656)Alcalde Isacio Contreras 2b local 8. 41003 Sevilla
martes, 18 de noviembre de 2008
HEMEROTECA: DIARIO PÚBLICO. HOY
Saramago, Bardem y Goytisolo, entre los intelectuales firmantes de un manifiesto proGarzón
El texto lamenta el "desproporcionado ataque" a la labor del juez "desde ámbitos que han creado alarma en nuestra sociedad e indefensión en los demandantes"
EFE - Madrid - 17/11/2008 13:16
Un grupo de intelectuales y artistas, en el que figuran José Saramago, Juan Goytisolo, Ernesto Sabato, José Luis Sampedro, Paco Ibáñez y Pilar Bardem, está promoviendo un manifiesto de apoyo a la investigación del juez Baltasar Garzón sobre las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.
El manifiesto, que será presentado públicamente el próximo jueves, 20 de noviembre, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, lamenta el "desproporcionado ataque" a la labor de Garzón lanzado "desde ámbitos determinantes que han creado alarma en nuestra sociedad e indefensión en los demandantes".
El documento, que tiene también entre sus promotores a Ian Gibson, Emilio Lledó, José Vidal Beneyto, Cristina Almeida y Fanny Rubio, celebra "el trabajo encomiable" del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional "por lo que implica de reparación pendiente por nuestra democracia".
"Hemos conocido la noticia de las 114.266 detenciones ilegales de desaparecidos del franquismo, hombres y mujeres marginados durante muchos años del discurso oficial de nuestra democracia, que son rehabilitados ante nosotros gracias a las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica, los investigadores y familiares", comienza el manifiesto.
Sacrificio por la libertad
El texto reclama que las "vidas conmovedoras" de los desaparecidos del franquismo y "su sacrificio a favor de la libertad", junto a las de los represaliados, sean "reconocidos sin distinción" por quienes se consideran "sensibles y demócratas", como "parte inolvidable del sacrificio español del siglo XX".
Los firmantes declaran que no quieren "permanecer impasibles" ante "la evidencia de este crimen contra la humanidad que se perpetró contra ellos en nombre de un Estado golpista, ni ante las maniobras para separar de la Audiencia Nacional este caso".
Los promotores del manifiesto han explicado que esperan que otros intelectuales se sumen a la declaración en las próximas horas y han anunciado que entregarán las firmas de apoyo al texto a las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica.
El texto lamenta el "desproporcionado ataque" a la labor del juez "desde ámbitos que han creado alarma en nuestra sociedad e indefensión en los demandantes"
EFE - Madrid - 17/11/2008 13:16
Un grupo de intelectuales y artistas, en el que figuran José Saramago, Juan Goytisolo, Ernesto Sabato, José Luis Sampedro, Paco Ibáñez y Pilar Bardem, está promoviendo un manifiesto de apoyo a la investigación del juez Baltasar Garzón sobre las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.
El manifiesto, que será presentado públicamente el próximo jueves, 20 de noviembre, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, lamenta el "desproporcionado ataque" a la labor de Garzón lanzado "desde ámbitos determinantes que han creado alarma en nuestra sociedad e indefensión en los demandantes".
El documento, que tiene también entre sus promotores a Ian Gibson, Emilio Lledó, José Vidal Beneyto, Cristina Almeida y Fanny Rubio, celebra "el trabajo encomiable" del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional "por lo que implica de reparación pendiente por nuestra democracia".
"Hemos conocido la noticia de las 114.266 detenciones ilegales de desaparecidos del franquismo, hombres y mujeres marginados durante muchos años del discurso oficial de nuestra democracia, que son rehabilitados ante nosotros gracias a las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica, los investigadores y familiares", comienza el manifiesto.
Sacrificio por la libertad
El texto reclama que las "vidas conmovedoras" de los desaparecidos del franquismo y "su sacrificio a favor de la libertad", junto a las de los represaliados, sean "reconocidos sin distinción" por quienes se consideran "sensibles y demócratas", como "parte inolvidable del sacrificio español del siglo XX".
Los firmantes declaran que no quieren "permanecer impasibles" ante "la evidencia de este crimen contra la humanidad que se perpetró contra ellos en nombre de un Estado golpista, ni ante las maniobras para separar de la Audiencia Nacional este caso".
Los promotores del manifiesto han explicado que esperan que otros intelectuales se sumen a la declaración en las próximas horas y han anunciado que entregarán las firmas de apoyo al texto a las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica.
martes, 11 de noviembre de 2008
COMUNICADO DE AREMHISA
C O M U N I C A D O
AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera ) (Córdoba), quiere hacer llegar a través del presente comunicado a los medios de comunicación y a la opinión pública, su decisión de recurrir el acuerdo adoptado por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, alcanzado el pasado día siete de Noviembre, en relación a la paralización de la exhumación de fosas comunes de la guerra civil autorizadas anteriormente en las diligencias avaladas por el juez Garzón y su sustituto, Santiago Pedraz.
Desde esta Asociación creemos, que esta medida no hace sido añadir mas “dolor y sufrimiento”, a las familias que durante más de 72 año, han esperando paciente y tolerantemente la llegada del momento de poder recuperar los restos de sus seres queridos.
72 años, de espera. Una espera larga, agónica y silenciosa. Una espera sin esperanza. Una espera marcada por la ausencia total de justicia. Una larga espera sometida a sufrimiento y parálisis del entorno familiar y social mediante la aplicación no accidental del terror por la desaparición forzada y la violación de los derechos humanos.
No podemos, sino calificar esta medida adoptada, como una nuevo y flagrante atentado moral y legal al sufrimiento padecido durante toda una vida de trato inhumano padecida por los familiares de los desaparecidos, el cual ha sido determinante para que alo largo de estos días, esas familias, vuelvan a vivir en un estado generalizado de angustia, inseguridad y temor.
Estado, que deriva de la actual situación creada de impotencia, inseguridad y frustración, ante la negativa abstención de las autoridades judiciales de investigar las desapariciones, localizar y exhumar los restos de los desaparecidos. Lo cual lleva a los familiares ante la impunidad imperante a estado de indefensión permanente frente al “todopoderoso” Estado.
Dado que es este el que tiene el deber de hacer investigar las violaciones de los Derechos Humanos y la prevalecía del derecho a la verdad , medidas esenciales en todo país democrático para combatir la impunidad, ligada a la propia realización de la justicia y a la garantía de la no repetición de aquellas violaciones.
“… el intenso sufrimiento causado por la muerte violenta de un ser querido es aún mas agravado por su desaparición forzada, y revela una de las grandes verdades de la condición humana: la de que la suerte de uno encuéntrase ineluctablemente ligada a la suerte de los demás. Y la paz lo debería ser un privilegio de los muertos. La desaparición de una persona, victimiza igualmente a sus familiares ( a veces degradando el propio núcleo familiar), tanto por el intenso sufrimiento y la desesperación causados, cuanto por verse desamparados del manto protector de la justicia”.
Esa misma justicia, que hoy por hoy creemos ausente, y que sin duda alguna esta llamada a ocupar su propio lugar en “la memoria histórica” de las personas desaparecidas y de las circunstancias especiales del padecimiento en el cual vivieron numerosas esposas, madres, hermanos y hermanas, hijos, nietos y demás familiares durante muchos más tiempo del deseado.
Esa misma justicia, que niega incomprensiblemente el justo derecho familiar a la petición de información sobre los desaparecidos, su localización, su exhumación y dignificación de sus nombres y su memoria.
Esa misma justicia, que hoy por hoy nos sigue relegando a “ no poder vivir en paz”, agrega más sufrimiento y angustia a nuestros mayores, merecedores de todo nuestro respeto y consideración, haciendo a los mismos merecedores, todavía, del supuesto especifico de tampoco “morir en paz”, sabedores de la definitiva imposibilidad del anhelado reencuentro.
Han sido ellos, siempre ellos, los receptores históricos del (citando es escrito del fiscal) … “ daño esencial, causado a terceros, con perjuicios irreversibles de difícil reparación“.
Ese daño y sus perjuicios irreversibles, les llegó hace más de 72 años y aún hoy les llega con situaciones como la que actualmente vivimos, multiplicadoras del desentendimiento del sufrimiento de estas victimas, hasta una prolongación tal en el tiempo que el margen final es la certeza del fatídico desenlace biológico, muy próximo para muchos de ellos.
Aguilar de la Frontera, 10 de noviembre del 2008
Rafael Espino Navarro.-
Presidente de AREMEHISA
AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera ) (Córdoba), quiere hacer llegar a través del presente comunicado a los medios de comunicación y a la opinión pública, su decisión de recurrir el acuerdo adoptado por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, alcanzado el pasado día siete de Noviembre, en relación a la paralización de la exhumación de fosas comunes de la guerra civil autorizadas anteriormente en las diligencias avaladas por el juez Garzón y su sustituto, Santiago Pedraz.
Desde esta Asociación creemos, que esta medida no hace sido añadir mas “dolor y sufrimiento”, a las familias que durante más de 72 año, han esperando paciente y tolerantemente la llegada del momento de poder recuperar los restos de sus seres queridos.
72 años, de espera. Una espera larga, agónica y silenciosa. Una espera sin esperanza. Una espera marcada por la ausencia total de justicia. Una larga espera sometida a sufrimiento y parálisis del entorno familiar y social mediante la aplicación no accidental del terror por la desaparición forzada y la violación de los derechos humanos.
No podemos, sino calificar esta medida adoptada, como una nuevo y flagrante atentado moral y legal al sufrimiento padecido durante toda una vida de trato inhumano padecida por los familiares de los desaparecidos, el cual ha sido determinante para que alo largo de estos días, esas familias, vuelvan a vivir en un estado generalizado de angustia, inseguridad y temor.
Estado, que deriva de la actual situación creada de impotencia, inseguridad y frustración, ante la negativa abstención de las autoridades judiciales de investigar las desapariciones, localizar y exhumar los restos de los desaparecidos. Lo cual lleva a los familiares ante la impunidad imperante a estado de indefensión permanente frente al “todopoderoso” Estado.
Dado que es este el que tiene el deber de hacer investigar las violaciones de los Derechos Humanos y la prevalecía del derecho a la verdad , medidas esenciales en todo país democrático para combatir la impunidad, ligada a la propia realización de la justicia y a la garantía de la no repetición de aquellas violaciones.
“… el intenso sufrimiento causado por la muerte violenta de un ser querido es aún mas agravado por su desaparición forzada, y revela una de las grandes verdades de la condición humana: la de que la suerte de uno encuéntrase ineluctablemente ligada a la suerte de los demás. Y la paz lo debería ser un privilegio de los muertos. La desaparición de una persona, victimiza igualmente a sus familiares ( a veces degradando el propio núcleo familiar), tanto por el intenso sufrimiento y la desesperación causados, cuanto por verse desamparados del manto protector de la justicia”.
Esa misma justicia, que hoy por hoy creemos ausente, y que sin duda alguna esta llamada a ocupar su propio lugar en “la memoria histórica” de las personas desaparecidas y de las circunstancias especiales del padecimiento en el cual vivieron numerosas esposas, madres, hermanos y hermanas, hijos, nietos y demás familiares durante muchos más tiempo del deseado.
Esa misma justicia, que niega incomprensiblemente el justo derecho familiar a la petición de información sobre los desaparecidos, su localización, su exhumación y dignificación de sus nombres y su memoria.
Esa misma justicia, que hoy por hoy nos sigue relegando a “ no poder vivir en paz”, agrega más sufrimiento y angustia a nuestros mayores, merecedores de todo nuestro respeto y consideración, haciendo a los mismos merecedores, todavía, del supuesto especifico de tampoco “morir en paz”, sabedores de la definitiva imposibilidad del anhelado reencuentro.
Han sido ellos, siempre ellos, los receptores históricos del (citando es escrito del fiscal) … “ daño esencial, causado a terceros, con perjuicios irreversibles de difícil reparación“.
Ese daño y sus perjuicios irreversibles, les llegó hace más de 72 años y aún hoy les llega con situaciones como la que actualmente vivimos, multiplicadoras del desentendimiento del sufrimiento de estas victimas, hasta una prolongación tal en el tiempo que el margen final es la certeza del fatídico desenlace biológico, muy próximo para muchos de ellos.
Aguilar de la Frontera, 10 de noviembre del 2008
Rafael Espino Navarro.-
Presidente de AREMEHISA
Artículo de Opinión Diario Público: Lo que no me ha pasado a mi
Opinión : Diario Público. 11-11-08. Lidia Falcon : Lo que no me ha pasado a mi
Cuando Carlota O’Neill de Lamo –hermana de mi madre, Enriqueta O’Neill–, esposa del capitán de aviación Virgilio Leret Ruiz, fue detenida en Melilla dos días después de que su marido fuese fusilado por las tropas facciosas que se habían alzado en armas contra el Gobierno de la República, nunca pudo imaginar que 72 años después, y en plena democracia española, no se habrían investigado y juzgado todavía los crímenes cometidos por los responsables de la dictadura que encabezaba Franco. Tampoco hubiera podido imaginarlo cinco años más tarde, cuando salió de la prisión melillense, viuda, sin conocer siquiera la tumba de su marido, y recogió a sus dos hijas, María Gabriela y Carlota, de ocho y diez años, en el asilo de huérfanos de militares de Aranjuez.
Ni cuando tuvieron que exiliarse en Venezuela, ocho años más tarde, ni ella ni mi madre ni mi abuela, Regina de Lamo, pudieron imaginar, terminada la II Guerra Mundial y abandonada España por las potencias democráticas a los horrores de la dictadura, que en 2008 la Audiencia Nacional española, ya en democracia, impidiese que los descendientes de las víctimas buscasen los restos de sus antepasados, tirados en las cunetas de las carreteras y en las peñas de los montes, como si de perros abandonados se tratase.
Las décadas han transcurrido, indiferentes al sufrimiento de las víctimas de la represión franquista: 200.000 desaparecidos, 250.000 fusilados, 600.000 encarcelados, un millón de exilados (en proporción a su población, 22 millones de habitantes, España es el país con más pérdidas humanas derivadas de una guerra civil). Durante los interminables años de la dictadura, luchábamos por sobrevivir y acabar con aquel infame régimen que se prolongó más que ningún otro régimen fascista europeo, pero al fin conquistamos toda la democracia que nos dejaron, y desde entonces, otros 30 años más, estamos exigiendo que se reconozca la injusticia de los juicios espúreos que se celebraron manu militari y que acabaron con el fusilamiento o la prisión de miles de personas, por sus actividades políticas o sindicales. Que se investigue el paradero de los miles de desaparecidos, que se indemnice a las víctimas o a sus herederos.
Nada de esto se ha producido todavía, a pesar de la esforzada labor que durante 20 años han realizado particulares y asociaciones en reclamación de la verdad, de la justicia, de la dignidad. En este año 2008, el auto del juez Baltasar Garzón iniciando diligencias para investigar los crímenes del franquismo había dado un poco de esperanza a los solicitantes, pero los ilustres magistrados de la Audiencia Nacional, tan parecidos a aquellos que juzgaron la represión desde el Tribunal de Orden Público, se la han quitado. Los franquistas siguen rigiendo la justicia española.
En España, los franquistas, que siguen detentando los bienes de los que se apropiaron, continúan inundándonos con los mismos gritos destemplados de siempre, con su inaudita falsificación de la realidad, con sus burlas del genocidio que perpetraron, con su desprecio por los sufrimientos de un país que perdió en tres años el más consciente movimiento obrero, las mejores cabezas de la intelectualidad, la magistratura, el profesorado, la universidad, la investigación, los dirigentes sindicales y políticos, que fue sepultado en la miseria económica y moral durante medio siglo. Perdida la Guerra Civil, perdimos también la II Guerra Mundial, y por tanto nuestro destino no fue el de las potencias aliadas, pero tampoco el de la Italia fascista. Aquí quedamos los españoles hundidos en el pantano de corrupción y crimen de la dictadura, y después, cuando se celebró el nacimiento de una democracia modélica, y durante otros 30 años más, ni siquiera nos permitieron recordarlo. Por ello, la mayoría de los descendientes de las generaciones que la soportaron ignora la verdadera horrible realidad de aquella etapa.
Lo más demoledor de la historia española es que no solamente los herederos de los franquistas niegan la represión que ejerció su apreciado régimen, sino que los que no la vivieron directamente la minimizan. Las obras que se han publicado, las películas que se han filmado, los reportajes que se han realizado, no reflejan en todo su horror lo que fue la vida cotidiana, la lucha de los resistentes antifranquistas, la brutalidad y sordidez de las prisiones, la miseria del pueblo, los actos de tortura que se producían constantemente en las comisarías y cuarteles contra todo disidente o simplemente sospechoso. Porque los muertos no hablan, los exiliados lo hicieron allende los mares, los que quedaron aquí silenciados no pudieron dar testimonio de la profundidad de la destrucción de nuestra condición humana.
Por eso es posible que los que no se enteraron de la verdadera miseria de nuestra vida consideren que no vale la pena remover las historias del pasado, porque piensan que lo que no me ha pasado a mí no le ha pasado a nadie. Por eso es posible que sigan oyéndose todavía más altos los gritos fascistas que los de las víctimas.
Lidia Falcón es abogada y escritora. Presidenta del Partido Feminista de España
Cuando César Falcón, mi padre –escritor, periodista, director del periódico del Partido Comunista Mundo Obrero y de la emisora de radio que retransmitía las crónicas de la guerra, Altavoz del Frente–, salió de España en marzo de 1939 huyendo de la persecución de las tropas franquistas para exiliarse en Francia y posteriormente en México, nunca creyó que jamás podría regresar a aquel país que había sido su patria durante 20 años y por cuyo progreso había luchado hasta el último minuto.
Cuando Carlota O’Neill de Lamo –hermana de mi madre, Enriqueta O’Neill–, esposa del capitán de aviación Virgilio Leret Ruiz, fue detenida en Melilla dos días después de que su marido fuese fusilado por las tropas facciosas que se habían alzado en armas contra el Gobierno de la República, nunca pudo imaginar que 72 años después, y en plena democracia española, no se habrían investigado y juzgado todavía los crímenes cometidos por los responsables de la dictadura que encabezaba Franco. Tampoco hubiera podido imaginarlo cinco años más tarde, cuando salió de la prisión melillense, viuda, sin conocer siquiera la tumba de su marido, y recogió a sus dos hijas, María Gabriela y Carlota, de ocho y diez años, en el asilo de huérfanos de militares de Aranjuez.
Ni cuando tuvieron que exiliarse en Venezuela, ocho años más tarde, ni ella ni mi madre ni mi abuela, Regina de Lamo, pudieron imaginar, terminada la II Guerra Mundial y abandonada España por las potencias democráticas a los horrores de la dictadura, que en 2008 la Audiencia Nacional española, ya en democracia, impidiese que los descendientes de las víctimas buscasen los restos de sus antepasados, tirados en las cunetas de las carreteras y en las peñas de los montes, como si de perros abandonados se tratase.
Las décadas han transcurrido, indiferentes al sufrimiento de las víctimas de la represión franquista: 200.000 desaparecidos, 250.000 fusilados, 600.000 encarcelados, un millón de exilados (en proporción a su población, 22 millones de habitantes, España es el país con más pérdidas humanas derivadas de una guerra civil). Durante los interminables años de la dictadura, luchábamos por sobrevivir y acabar con aquel infame régimen que se prolongó más que ningún otro régimen fascista europeo, pero al fin conquistamos toda la democracia que nos dejaron, y desde entonces, otros 30 años más, estamos exigiendo que se reconozca la injusticia de los juicios espúreos que se celebraron manu militari y que acabaron con el fusilamiento o la prisión de miles de personas, por sus actividades políticas o sindicales. Que se investigue el paradero de los miles de desaparecidos, que se indemnice a las víctimas o a sus herederos.
Nada de esto se ha producido todavía, a pesar de la esforzada labor que durante 20 años han realizado particulares y asociaciones en reclamación de la verdad, de la justicia, de la dignidad. En este año 2008, el auto del juez Baltasar Garzón iniciando diligencias para investigar los crímenes del franquismo había dado un poco de esperanza a los solicitantes, pero los ilustres magistrados de la Audiencia Nacional, tan parecidos a aquellos que juzgaron la represión desde el Tribunal de Orden Público, se la han quitado. Los franquistas siguen rigiendo la justicia española.
En España, los franquistas, que siguen detentando los bienes de los que se apropiaron, continúan inundándonos con los mismos gritos destemplados de siempre, con su inaudita falsificación de la realidad, con sus burlas del genocidio que perpetraron, con su desprecio por los sufrimientos de un país que perdió en tres años el más consciente movimiento obrero, las mejores cabezas de la intelectualidad, la magistratura, el profesorado, la universidad, la investigación, los dirigentes sindicales y políticos, que fue sepultado en la miseria económica y moral durante medio siglo. Perdida la Guerra Civil, perdimos también la II Guerra Mundial, y por tanto nuestro destino no fue el de las potencias aliadas, pero tampoco el de la Italia fascista. Aquí quedamos los españoles hundidos en el pantano de corrupción y crimen de la dictadura, y después, cuando se celebró el nacimiento de una democracia modélica, y durante otros 30 años más, ni siquiera nos permitieron recordarlo. Por ello, la mayoría de los descendientes de las generaciones que la soportaron ignora la verdadera horrible realidad de aquella etapa.
Lo más demoledor de la historia española es que no solamente los herederos de los franquistas niegan la represión que ejerció su apreciado régimen, sino que los que no la vivieron directamente la minimizan. Las obras que se han publicado, las películas que se han filmado, los reportajes que se han realizado, no reflejan en todo su horror lo que fue la vida cotidiana, la lucha de los resistentes antifranquistas, la brutalidad y sordidez de las prisiones, la miseria del pueblo, los actos de tortura que se producían constantemente en las comisarías y cuarteles contra todo disidente o simplemente sospechoso. Porque los muertos no hablan, los exiliados lo hicieron allende los mares, los que quedaron aquí silenciados no pudieron dar testimonio de la profundidad de la destrucción de nuestra condición humana.
Por eso es posible que los que no se enteraron de la verdadera miseria de nuestra vida consideren que no vale la pena remover las historias del pasado, porque piensan que lo que no me ha pasado a mí no le ha pasado a nadie. Por eso es posible que sigan oyéndose todavía más altos los gritos fascistas que los de las víctimas.
Lidia Falcón es abogada y escritora. Presidenta del Partido Feminista de España
domingo, 9 de noviembre de 2008
El movimiento social MEMORIALISTA continúa( ...y continuará) en su lucha por la memoria.
21 de Noviembre:
UN VIERNES CARGADO DE MEMORIA
El próximo viernes 21 de Noviembre se presenta como un día cargado
de actividades relacionadas con la memoria histórica. Desde la presentación de un esperado libro, hasta la mesa redonda de Morón de la Frontera o la conferencia en Gerena, aunque seguro que habrá más.
En Córdoba, como no podría ser de otra manera, se presenta el libro del compañero, colaborador de www.todoslosnombres.org e historiador Francisco Moreno Gómez, que entre otras novedades nos suministra los últimos datos de las víctimas del franquismo en la provincia y que se eleva a 11.581. El acto se celebrará a las 19'30 horas, en el Instituto Góngora, Plaza de las Tendillas.
En Morón de la Frontera (Sevilla), también a las 19,30 en los salones de la Asociación de
vecinos de San Francisco, c/ Humanes, 39, se celebrará una mesa redonda sobre la MEMORIA
HISTORICA y los últimos acontecimientos relacionados con esta materia, donde participarán:
Francisco Salazar; Comisario de Memoria Histórica de Andalucía.
Miguel Guardado; investigador morenense.
José Mª García Márquez; investigador.
Cecilio Gordillo; Coord. www.todoslosnombres.org por CGT.A
Y también en Gerena (Sevilla), en la
Casa de la Cultura a las 19,30 horas presentados por el alcalde Jacinto Pereira Espada,
disertaran sobre la Recuperación de la Memoria Histórica y las Fosas Comunes:
José Villa Rodríguez, miembro de la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática
Francisca Maqueda, vicepresidenta de Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía.
SIEMPRE SERAS BIEN RECIBIDO EN CUALQUIERA DE ESTOS ACTOS.
Al igual que este sábado 8 en el cementerio de Calañas (Huelva) donde se
comienza la exhumación de 11 fusilados de Cerro de Andevalo.
.................................................................................................................
DIFUNDE
Alcalde Isacio Contreras 2b local 8 * 41003 Sevilla
spcgta@cgt.es
UN VIERNES CARGADO DE MEMORIA
El próximo viernes 21 de Noviembre se presenta como un día cargado
de actividades relacionadas con la memoria histórica. Desde la presentación de un esperado libro, hasta la mesa redonda de Morón de la Frontera o la conferencia en Gerena, aunque seguro que habrá más.
En Córdoba, como no podría ser de otra manera, se presenta el libro del compañero, colaborador de www.todoslosnombres.org e historiador Francisco Moreno Gómez, que entre otras novedades nos suministra los últimos datos de las víctimas del franquismo en la provincia y que se eleva a 11.581. El acto se celebrará a las 19'30 horas, en el Instituto Góngora, Plaza de las Tendillas.
En Morón de la Frontera (Sevilla), también a las 19,30 en los salones de la Asociación de
vecinos de San Francisco, c/ Humanes, 39, se celebrará una mesa redonda sobre la MEMORIA
HISTORICA y los últimos acontecimientos relacionados con esta materia, donde participarán:
Francisco Salazar; Comisario de Memoria Histórica de Andalucía.
Miguel Guardado; investigador morenense.
José Mª García Márquez; investigador.
Cecilio Gordillo; Coord. www.todoslosnombres.org por CGT.A
Y también en Gerena (Sevilla), en la
Casa de la Cultura a las 19,30 horas presentados por el alcalde Jacinto Pereira Espada,
disertaran sobre la Recuperación de la Memoria Histórica y las Fosas Comunes:
José Villa Rodríguez, miembro de la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática
Francisca Maqueda, vicepresidenta de Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía.
SIEMPRE SERAS BIEN RECIBIDO EN CUALQUIERA DE ESTOS ACTOS.
Al igual que este sábado 8 en el cementerio de Calañas (Huelva) donde se
comienza la exhumación de 11 fusilados de Cerro de Andevalo.
.................................................................................................................
DIFUNDE
Alcalde Isacio Contreras 2b local 8 * 41003 Sevilla
spcgta@cgt.es
sábado, 8 de noviembre de 2008
El movimiento social MEMORIALISTA continúa( ...y continuará) en su lucha por la memoria.
CALAÑAS (HUELVA) HALLAN LOS PRIMEROS HUESOS EN LA EXHUMACIóN DE LA FOSA.
Se cree que hay once personas enterradas en la zona.
.....................................................................................................................de agencias/ Para realizar los trabajos en Calañas, se han desplazado representantes de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Burgos, Madrid, Galicia o Barcelona, según ha explicado su portavoz, Santiago Macías. Se espera que los trabajos se prolonguen al menos durante tres días.
Huelva Información / 08.11.2008
Los voluntarios de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que trabajan desde este sábado en la exhumación de restos en una fosa común de Calañas (Huelva) han encontrado los primeros huesos de las 11 personas que se cree que están enterradas en la zona.
Así lo han explicad fuentes de la ARMH, que han indicado que el equipo multidisciplinar que trabaja en la zona se encargará ahora de clasificar los huesos con la ayuda de una forense.
Las once personas que supuestamente están enterradas en la fosa fueron asesinadas el 13 de noviembre de 1937 a las puertas del cementerio de Calañas, y todas pertenecían a la vecina localidad de El Cerro de Andévalo.
La exhumación se está haciendo cuatro años después de que el vecino de El Cerro Francisco Javier González iniciase los primeros trámites.
González es biznieto de una de las personas enterradas en la fosa, y es uno de los familiares que han acudido al cementerio de Calañas durante la mañana, entre los que estaba Antonia Trigo, una anciana cuyo padre también está enterrado en la fosa.
También están allí los restos del padre de Agustín Serrano, que ha explicado a los periodistas que vive la jornada "emocionado, satisfecho y tranquilo, porque se logra parte de lo que hubiera deseado al principio, pero no habría que haber llegado a estos términos".
Los dos sabían desde siempre de la existencia de la fosa porque el sepulturero del cementerio se lo dijo a la familia poco después de enterrarlos, e inicialmente recorrían en burro los siete kilómetros que separan El Cerro de Calañas para visitar la tumba.
La Asociación ha terminado a las 14:00 horas la primera parte de los trabajos para continuar esta tarde, aunque durarán tres días.
Por las noches, la zona donde se encuentren los huesos será precintada y cubierta con plásticos, y se cerrará el cementerio hasta que terminen los trabajos de exhumación por completo.
.....................................................................................................................La Asociación Memoria Histórica (ARMH) exhumará hoy la fosa de Calañas.
Los familiares de trece fusilados y el Ayuntamiento estarán presentes y confían en que la decisión de la Audiencia de paralizar la causa abierta por Baltasar Garzón no afecte a este enterramiento
Huelva Información: Rafael Moreno / 08.11.2008 - 05:01
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó ayer por diez votos contra cinco paralizar la exhumación de todas las fosas comunes de la Guerra Civil autorizadas por el juez Baltasar Garzón, incluida la que alberga los restos del poeta Federico García Lorca. Los magistrados adoptaron esta decisión con carácter "cautelarísimo" a petición de la Fiscalía y ordenan al Juzgado Central de Instrucción número 5 que "paralice todas las actuaciones" acordadas por Garzón y que en Huelva afectaba a las fosas comunes de La Palma del Condado, Bonares y Niebla. El Ministerio Fiscal había planteado una cuestión de incompetencia de Garzón aún no resuelta.
Sin embargo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) tiene previsto para hoy en Calañas la exhumación de una fosa común en el cementerio en la que se prevé encontrar los restos de trece vecinos de El Cerro de Andévalo que fueron fusilados. Un trabajo documentado a raíz de las investigaciones realizadas por Francisco Javier González Troncoso.
La ARMH comenzará los trabajos a las nueve de la mañana y entiende que la paralización de las exhumaciones anunciada ayer por la Audiencia Nacional solo afecta a las autorizadas por Garzón y Calañas no está entre ellas porque estaba prevista con anterioridad.
El presidente de la andaluza Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Rafael López, asegura que la fosa de Calañas se abrirá a menos que "llegue una autoridad judicial y ordene lo contrario". López añadió que los familiares de las víctimas enterradas en la fosa calañesa han dado su autorización, se ha realizado un proyecto global de exhumación y cuenta con el permiso municipal, de quien depende la normativa mortuoria en este caso. Rafael López indicó que "es de justicia" dar un enterramiento digno a estas personas fusiladas por el simple hecho de defender sus ideas".
La mayoría de los fusilados eran campesinos y están identificados en los archivos locales. La exhumación aclarará las condiciones en las que murieron, si tienen agujeros de bala, fueron torturados y hasta su posición. Sus restos se meten en unas cajas para posteriormente ser identificados, entregados a sus familias y darles una sepultura digna.
El alcalde de Calañas, el socialista Fernando Recio subrayó ayer que tanto él como los hijos y nietos de las víctimas estarán presentes en el cementerio para ser testigos de la exhumación. Recio dijo "no entender" como puede haber gente que se opongan a dar un enterramiento digno a estas personas que sufrieron tanto.
La Asociación Memoria Histórica calcula que en Huelva existen 118 fosas comunes, la mayoría ubicadas en el interior de los cementerios de los pueblos. El auto de Garzón reconocía cerca de 4.000 desapariciones entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951 solamente en la provincia de Huelva. Las fosas comunes más grandes se encuentran en los camposantos de Huelva, Nerva, Aracena, Aroche y Riotinto.
Se cree que hay once personas enterradas en la zona.
.....................................................................................................................de agencias/ Para realizar los trabajos en Calañas, se han desplazado representantes de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Burgos, Madrid, Galicia o Barcelona, según ha explicado su portavoz, Santiago Macías. Se espera que los trabajos se prolonguen al menos durante tres días.
Huelva Información / 08.11.2008
Los voluntarios de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que trabajan desde este sábado en la exhumación de restos en una fosa común de Calañas (Huelva) han encontrado los primeros huesos de las 11 personas que se cree que están enterradas en la zona.
Así lo han explicad fuentes de la ARMH, que han indicado que el equipo multidisciplinar que trabaja en la zona se encargará ahora de clasificar los huesos con la ayuda de una forense.
Las once personas que supuestamente están enterradas en la fosa fueron asesinadas el 13 de noviembre de 1937 a las puertas del cementerio de Calañas, y todas pertenecían a la vecina localidad de El Cerro de Andévalo.
La exhumación se está haciendo cuatro años después de que el vecino de El Cerro Francisco Javier González iniciase los primeros trámites.
González es biznieto de una de las personas enterradas en la fosa, y es uno de los familiares que han acudido al cementerio de Calañas durante la mañana, entre los que estaba Antonia Trigo, una anciana cuyo padre también está enterrado en la fosa.
También están allí los restos del padre de Agustín Serrano, que ha explicado a los periodistas que vive la jornada "emocionado, satisfecho y tranquilo, porque se logra parte de lo que hubiera deseado al principio, pero no habría que haber llegado a estos términos".
Los dos sabían desde siempre de la existencia de la fosa porque el sepulturero del cementerio se lo dijo a la familia poco después de enterrarlos, e inicialmente recorrían en burro los siete kilómetros que separan El Cerro de Calañas para visitar la tumba.
La Asociación ha terminado a las 14:00 horas la primera parte de los trabajos para continuar esta tarde, aunque durarán tres días.
Por las noches, la zona donde se encuentren los huesos será precintada y cubierta con plásticos, y se cerrará el cementerio hasta que terminen los trabajos de exhumación por completo.
.....................................................................................................................La Asociación Memoria Histórica (ARMH) exhumará hoy la fosa de Calañas.
Los familiares de trece fusilados y el Ayuntamiento estarán presentes y confían en que la decisión de la Audiencia de paralizar la causa abierta por Baltasar Garzón no afecte a este enterramiento
Huelva Información: Rafael Moreno / 08.11.2008 - 05:01
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó ayer por diez votos contra cinco paralizar la exhumación de todas las fosas comunes de la Guerra Civil autorizadas por el juez Baltasar Garzón, incluida la que alberga los restos del poeta Federico García Lorca. Los magistrados adoptaron esta decisión con carácter "cautelarísimo" a petición de la Fiscalía y ordenan al Juzgado Central de Instrucción número 5 que "paralice todas las actuaciones" acordadas por Garzón y que en Huelva afectaba a las fosas comunes de La Palma del Condado, Bonares y Niebla. El Ministerio Fiscal había planteado una cuestión de incompetencia de Garzón aún no resuelta.
Sin embargo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) tiene previsto para hoy en Calañas la exhumación de una fosa común en el cementerio en la que se prevé encontrar los restos de trece vecinos de El Cerro de Andévalo que fueron fusilados. Un trabajo documentado a raíz de las investigaciones realizadas por Francisco Javier González Troncoso.
La ARMH comenzará los trabajos a las nueve de la mañana y entiende que la paralización de las exhumaciones anunciada ayer por la Audiencia Nacional solo afecta a las autorizadas por Garzón y Calañas no está entre ellas porque estaba prevista con anterioridad.
El presidente de la andaluza Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Rafael López, asegura que la fosa de Calañas se abrirá a menos que "llegue una autoridad judicial y ordene lo contrario". López añadió que los familiares de las víctimas enterradas en la fosa calañesa han dado su autorización, se ha realizado un proyecto global de exhumación y cuenta con el permiso municipal, de quien depende la normativa mortuoria en este caso. Rafael López indicó que "es de justicia" dar un enterramiento digno a estas personas fusiladas por el simple hecho de defender sus ideas".
La mayoría de los fusilados eran campesinos y están identificados en los archivos locales. La exhumación aclarará las condiciones en las que murieron, si tienen agujeros de bala, fueron torturados y hasta su posición. Sus restos se meten en unas cajas para posteriormente ser identificados, entregados a sus familias y darles una sepultura digna.
El alcalde de Calañas, el socialista Fernando Recio subrayó ayer que tanto él como los hijos y nietos de las víctimas estarán presentes en el cementerio para ser testigos de la exhumación. Recio dijo "no entender" como puede haber gente que se opongan a dar un enterramiento digno a estas personas que sufrieron tanto.
La Asociación Memoria Histórica calcula que en Huelva existen 118 fosas comunes, la mayoría ubicadas en el interior de los cementerios de los pueblos. El auto de Garzón reconocía cerca de 4.000 desapariciones entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951 solamente en la provincia de Huelva. Las fosas comunes más grandes se encuentran en los camposantos de Huelva, Nerva, Aracena, Aroche y Riotinto.
COMUNICADO DE LA PLATAFORMA POR LAS VÍCTIMAS DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS DEL FRANQUISMO ( PVDF)
La Plataforma por las Victimas de las Desapariciones Forzadas del Franquismo (PVDF) manifiestan su profundo malestar por la actuación del Ministerio Fiscal al instar la paralización de las exhumaciones autorizadas hasta el día de hoy por el Juzgado de instrucción nº 5 en relación con el proceso sumario 53/08. y su honda preocupación por la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al suspender cautelarmente la abertura de las fosas comunes, como solicitaron las partes en el proceso.Estas actuaciones contradicen la legalidad internacional y ponen en evidencia una vez más el desamparo de los familiares de los desaparecidos en relación con la guerra civil española, como ha constatado recientemente el Comité de Derechos Humanos de la ONU al denunciar los obstáculos con que han tropezado hasta ahora las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas. A estos obstáculos habrá que añadir ahora la labor del Ministerio fiscal y la última decisión de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional.Es inaudito que el Ministerio Fiscal, que debe velar por la legalidad, incluida la legalidad internacional, así como los intereses de los ciudadanos, en vez de actuar de oficio se dedique a mantener una situación anómala en cualquier democracia y en un estado de derecho: la de miles de personas detenidas ilegalmente y ejecutadas extrajudicialmente, enterradas en fosas comunes ilegales, cunetas y pozos, sin que se garantice una investigación imparcial y completa sobre las circunstancias de su desaparición y se ofrezca a sus familias una reparación justa.Con el auto de instrucción de 16 de octubre los familiares de desaparecidos conseguimos confiar por primera vez en la justicia española al iniciarse la investigación de crímenes contra la humanidad que habían quedado en la más absoluta impunidad aún en democracia.Paralizando las exhumaciones se trunca esta confianza y se perpetúa la injusticia y la tortura a que se somete a nuestras familias desde hace setenta años.POR TODO ELLO, MANIFESTAMOS NUESTRA FIRME VOLUNTAD DE RECUPERAR A NUESTROS FAMILIARES DESAPARECIDOS Y BUSCAR LA JUSTICIA QUE SE MERECEN ELLOS Y NOSOTROS MISMOS, AUNQUE HAYA QUE ACUDIR A OTROS TRIBUNALES QUE DEFIENDAN EFECTIVAMENTE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS A LA JUSTICIA, A LA VERDAD Y A LA REPARACIÓN.Paqui Maqueda y Manuel PeronaSecretaria de la PVDF Portavoz de la PVDF
viernes, 7 de noviembre de 2008
LA AUDIENCIA NACIONAL PARALIZA LA APERTURA DE FOSAS
DIARIO PÚBLICO 7-11-2008
La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha accedido este viernes a la petición de la Fiscalía de que se paralice la apertura de fosas para exhumar los restos de desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo, han informado fuentes jurídicas.
El pleno de la sala de lo penal se ha reunido con carácter extraordinario para estudiar la solicitud del Ministerio Público, que había alegado que, mientras este órgano no decida si el juez Baltasar Garzón es competente o no para investigar los hechos, éste debe limitarse a practicar las diligencias que sean "urgentes o inaplazables" y no autorizar la apertura de fosas
La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha accedido este viernes a la petición de la Fiscalía de que se paralice la apertura de fosas para exhumar los restos de desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo, han informado fuentes jurídicas.
El pleno de la sala de lo penal se ha reunido con carácter extraordinario para estudiar la solicitud del Ministerio Público, que había alegado que, mientras este órgano no decida si el juez Baltasar Garzón es competente o no para investigar los hechos, éste debe limitarse a practicar las diligencias que sean "urgentes o inaplazables" y no autorizar la apertura de fosas
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