La represión económica afectó a unas 200.000 familias derrotadas. Varios estudios arrojan luz sobre la dimensión del expolio. El Estado impide la reparación del dañoPúblico.es/ ÁNGEL MUNÁRRIZ SEVILLA 10/10/2010 00:00
Rafael F. Vázquez, párroco de la antigua población de Guájar, en Granada, traza un semblante crudo de la acusada. "Profesa ideas avanzadas", afirma. La suerte de Dolores Mancilla, de profesión sus labores, ya está echada. Pero la apuntala el guardia civil Miguel Aguilera: "Pésima conducta. Votó siempre que fue necesario al Frente Popular". El Tribunal de Responsabilidades Políticas no necesita más para decretar la incautación de sus bienes: tres camas, casa y plantación de almendros. La multa es de 500 pesetas.
Un grupo de 32 investigadores de ocho universidades ha rescatado de los comités de incautación y los tribunales de responsabilidades políticas de Andalucía más de 53.000 expedientes personales como el anterior, acreditativos de la justicia militar totalitaria que el franquismo arbitró hasta el fin de la primera posguerra con curas, falangistas, guardias civiles y alcaldes como delatores. La iniciativa, financiada por la Junta, supone la primera investigación que pone negro sobre blanco la dimensión en una región española del expolio económico, aún hoy el más desconocido de los pilares sobre los que se asentó la represión franquista.
Andalucía ultima el primer informe autonómico completo
"Es el gran tema tabú. Sólo se ha hablado en voz baja", explica Cecilio Gordillo, activista destacado del memorialismo andaluz. Tampoco lo tocó la Ley de Memoria Histórica. Llegada la democracia, los principales partidos y sindicatos sí pactaron la devolución de sus bienes. Pero los particulares pagaron otro de los peajes de olvido de la Transición.
Paqui sabe en qué consiste ese pacto. Fruto de una reclamación ante el Estado, posee un papel remitido por Hacienda que deja bien claro que España no contempla la devolución de bienes incautados a particulares. Pero también tiene otro papel, del Registro de la Propiedad, que demuestra que la casa que tenía en un pueblo de Sevilla su bisabuelo Juan era eso, su casa, o al menos lo fue hasta que le fue incautada tras su asesinato en 1936. "Un hijo suyo aún me pregunta qué pasa con la casa y no sé qué decirle", cuenta Paqui. La mayoría de los que están en su misma situación ni se plantearon intentar recuperar los bienes. En realidad muchos ni siquiera saben que sus familias fueron expoliadas.
Sí hay en marcha una ambiciosa iniciativa colectiva, aunque sin éxito hasta la fecha: la Asociación de Perjudicados por la Incautación Franquista, que desde Catalunya ha reunido a 2.000 afectados, todos ellos con recibos de multas pagadas. "Hemos dialogado con los partidos, pero sin conseguir compromisos formales. Vamos a seguir hasta el final. Si hace falta, a los tribunales, en España y en Europa", cuenta María Casals, portavoz. La asociación no se encarga de bienes, sólo de multas. María ignora cuál es el importe total de las sanciones, pero sí adelanta que pedirán al Estado cinco euros por cada peseta de la época en que se abonaron.
Las cifras de la humillación
Al margen de las dificultades para la reparación de las víctimas, les queda el consuelo parcial de que el manto de silencio está empezando a descorrerse con algunos datos. En octubre de 1941, los tribunales habían incoado casi 125.000 expedientes de incautación y quedaban unas 100.000 denuncias pendientes, según los datos recopilados por Manuel Álvaro en el libro colectivo La gran represión (2009), coordinado por Mirta Núñez, profesora de la Complutense.
Más de 200.000 familias sufrieron en España la investigación, retención o expolio de sus bienes, según los cálculos más fiables. Y eso en un país que en 1940 rondaba los 26 millones de habitantes. Fernando Martínez, coordinador del proyecto andaluz, cifra en "cerca de 60.000" las personas familias, en realidad afectadas entre 1936 y 1945.
2.000 afectados se han organizado para pedir el importe que pagaron en multas.
La historiadora Ángela Cenarro, que coordina en Aragón un proyecto similar al andaluz, cifra en unos 13.000 los expedientes abiertos en la región. En Galicia el ambicioso proyecto Nomes e voces también ha abarcado la investigación de la represión económica entre 1936 y 1939. A falta de datos globales, su coordinador, Lourenzo Fernández, destaca la "clara voluntad" del régimen de cebarse con los derrotados, así como otras formas de expolio, como la expropiación de montes comunales.
La rapiña de los sublevados comienza de forma espontánea el mismo 18 de julio del 36 y con el tiempo se va amparando en bandos, decretos y, finalmente, en la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939. La maquinaria funcionó a tal ritmo que en 1941 el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas advirtió de la incapacidad del Estado para contar o gestionar los bienes.
Por ello en 1942 se suavizó la ley, multiplicando los sobreseimientos. En 1945, con el franquismo intentando dulcificar su imagen, cesaron los expedientes, aunque hubo familias que pagaron plazos hasta finales de los 60. Aparte del expolio, el régimen se había hecho con un detallado fichero de rojos y había extendido por toda España una cultura indeleble de miedo y delación.
"Ha sido el gran tema tabú. Sólo se ha hablado en voz baja"
El volumen de bienes incautados y dinero recaudado por multas es difícil de precisar, más cuando hasta el régimen se confesaba incapaz de hacerlo. Pero varios datos dan una idea. En Toledo fue incautada más de la mitad de la propiedad rústica. El total de multas impuestas en Andalucía rondó los cien millones de pesetas de la época, cuando un bancal de tierra para alimentar a una familia podía costar cien pesetas y una casa obrera en un pueblo andaluz, entre 300 y 500.
No todas las multas se pagaban. En Madrid, Álvaro cifra las impuestas en 660 millones, aunque la mayoría fueron sanciones absurdamente altas, más ejemplares que prácticas, a prohombres de la República. "Las que sí se pagaban, y eran demoledoras para las clases medias y bajas, eran las de cientos o miles de pesetas. Y todo el proceso en sí, que suponía la inmovilización de los bienes, era un castigo", cuenta Martínez. Su intención, cuando acabe el estudio, es colgarla en la Red. Que se vea todo: víctimas, delatores, sentencias. Será una pequeña parte comparada con lo mucho que sigue oculto 70 años después.
Emilio Silva: "Esa puerta nadie se atreve a abrirla"
Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, lamenta que el Estado no haya dado nunca “ninguna facilidad” para el resarcimiento. “A los partidos y los sindicatos sí. Al ciudadano, nada”, denuncia. “Esa puerta nadie se ha atrevido a abrirla. ¿Por qué siempre ese rechazo a invalidar las sentencias de responsabilidades políticas? Porque habría que anular también las multas que ordenaban”, afirma. Silva lamenta la “hipocresía” que supone que “los mismos que argumentan que eso generaría el caos son los que defienden con uñas y dientes la inviolabilidad de la propiedad privada”.
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EN PRIMERA PERSONA
"Multaron a mi padre después de fusilarlo"
Un tribunal pasó a la viuda de Blas Infante una sanción heredada de 2.000 pesetas
Público.es/ Á. M . 10/10/2010 00:02
María de los Ángeles, hija de Blas Infante. - Laura leónBlas Infante, hoy oficialmente declarado por el Parlamento Padre de la Patria Andaluza, fue asesinado el 11 de agosto de 1936. Pero el régimen no se conformó. Uno de los rasgos de la represión económica es que no se extinguía con el exilio ni la muerte del procesado. El Tribunal de Responsabilidades Políticas dictó el 4 de mayo de 1940 una sentencia post mórtem que justificaba su fusilamiento por su actividad política andalucista. Y lo hacía, en el colmo de la aberración jurídica, apoyándose en una ley de 1939.
Infante murió en 1936 y la sentencia con la multa llegó en 1940
A su viuda, Angustias García, se le impuso una multa heredada de 2.000 pesetas. María de los Ángeles Infante tenía 6 años cuando se llevaron de su casa de Coria del Río (Sevilla) a su padre para matarlo. Y tres más cuando llegó la sanción. "¿Qué iba a hacer mi madre, la pobre? La pagó, claro", cuenta. En contra de lo que piden miembros de su familia y partidos andalucistas y de izquierdas, no quiere que la sentencia se anule. "Que se quede ahí. Que se vean las monstruosidades de las que eran capaces. Multar a un hombre después de fusilarlo".
La represión económica se cebó con personalidades políticas, con más saña cuanto más destacado fue su papel en la República. Largo Caballero, Casares Quiroga y Martínez Barrio, entre otros, fueron condenados a la pérdida total de los bienes. Otros, como Manuel Azaña, a multas estratosféricas de 100 millones de pesetas. La misma sanción que se le impuso a Juan Negrín, cuya familia emprendió hace años una lucha pionera por recuperar los bienes robados. Otras familias castigadas con el expolio, como la de Niceto Alcalá Zamora, han tenido la generosidad de ceder a las instituciones democráticas posesiones legítimas de las que fueron desposeídas por el régimen. Es el caso de la casa natal en Priego de Córdoba del que fuera presidente de la República, hoy sede de una fundación y un museo en su memoria.
Alcaldes republicanos
"¿Qué iba a hacer mi madre, la pobre? Pues pagar", cuenta María de los Ángeles
Especialmente cruel fue la persecución a los alcaldes. En el caso de José Ortiz, carpintero y regidor de Benacazón (Sevilla), los jefes locales de la Iglesia, la Guardia Civil y la Falange no tuvieron que molestarse en informar sobre la conducta del acusado, ya que había sido fusilado por bando de guerra en agosto de 1936. Así que, tal y como atestigua su expediente, se limitaron al frío conteo de sus bienes: "Dos mulas, una yegua, una cerda y cinco lechones. 400 arrobas de paja. Un carro de dos ruedas, un arado, un yugo y un trillo. Una suerte de viña".
Su viuda, Isabel Machuca, suplicó en un pliego de descargo la devolución de los bienes al tener varios hijos sin jornal y al mayor en el ejército. El tribunal dictó finalmente el sobreseimiento de la causa en 1945, pero sólo le devolvió los aperos. El resto ya había sido vendido en una subasta.
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