Francisco Espinosa: «A tantos años de la transición, seguimos sin saber las verdaderas consecuencias de la represión franquista»
Francisco Espinosa Maestre es de los historiadores españoles que en el ámbito de la memoria histórica no necesita presentación. Conoce de primera mano lo que costaba preguntar por determinados asuntos de la represión franquista cuando estaba recién estrenada nuestra actual democracia. Sus investigaciones se han centrado especialmente en los territorios de Andalucía y Extremadura, y es autor, por poner sólo unos ejemplos, de obras imprescindibles como la monumental La guerra civil en Huelva, La justicia de Queipo (prologada por una autoridad de la talla de Paul Preston) o La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz. Advierte de que el revisionismo histórico del franquismo que hoy practica sin tapujos la derecha procede de una Transición que favoreció el reciclaje de las élites de la dictadura. Nosotros te advertimos a ti, lector, de que las opiniones de Francisco Espinosa –avaladas por sus datos y sus décadas de investigación– podrán no dejarte indiferente.
¿Qué le lleva a uno a investigar un periodo que tantas personas querían olvidar (ya fuera por miedo al pasado o por miedo al futuro)?
Fundamentalmente la evidencia de que hubo y hay quienes lo han querido y lo quieren tapar, incluidas las instituciones encargadas de la transmisión del conocimiento. El miedo a las posibles consecuencias del pasado fue cortado de raíz con la amnistía del 77. En consonancia con esto, vino la decisión de poner todo tipo de trabas para la investigación de ese pasado. Había que borrar todo (en griego amnistía significaba borrar, olvido, pero su antónimo no era recuerdo sino verdad).
En los comienzos… ¿había alguna historia familiar que le inclinara a indagar con especial interés sobre lo que pasó a raíz del 18 de julio de 1936?
Lo he contado en algún libro. Nací a mediados de los 50 (hacía quince años que había terminado oficialmente la guerra y hacía solo dos años del último asesinato/fusilamiento en las tapias del Cementerio de San Fernando de Sevilla). Mi padre, muy joven, había tomado parte en la guerra en el bando franquista y todo aquello, de un modo o de otro, formaba parte de nuestras vidas. Muchos hijos de vencidos tuvieron que olvidar el pasado para sobrevivir y muchos hijos de los vencedores, si es que llegaron a enterarse, trataron de olvidarlo o aligerarlo por pura vergüenza y por la dificultad de conllevar la relación familiar con las divergencias ideológicas. Algunos historiadores –pocos, todo hay que decirlo– afrontamos el reto de analizar y hacer público nuestro pasado familiar.
Cuando usted comienza a indagar, las piedras puestas intencionadamente en el camino serían innumerables…
Salvo alguna excepción siempre ha sido así. Además, volviendo a la excepción, siempre hemos tenido enfrente a encargados, secretarios, archiveros y funcionarios diversos, alcaldes inclusive, contrarios a dichas investigaciones. No obstante, lo más grave es que durante años e incluso hoy mismo hay parte de los archivos militares, de la Guardia Civil y de la Policía a los que no hemos tenido acceso. Es como si fueran suyos.
Sirva de ejemplo el caso de los archivos judiciales militares. De haberse aplicado la Ley de Patrimonio Documental de 1985 esa documentación tan importante debería haberse abierto a la investigación en 1986 (a los 50 años después de su fecha), sin embargo no pudimos verlos hasta 11 años después. Esto supuso que en una época de investigaciones importantes como fueron los años ochenta se nos privó de una documentación fundamental que hubiera afectado considerablemente a todos estos trabajos.
De aquí viene una de las grandes deformaciones que sufrimos: la represión no fue cosa de falangistas perturbados sino de militares y guardias civiles que contaban para las tareas sucias con cientos de falangistas, requetés, simples soldados, etc.
Esas “piedras” a las que alude existen desde la primera investigación que hice allá por el año 1980 y alcanzan hasta nuestras días, en que algunos no nos resignamos a que los famosos “10.000 documentos” relativos al período 1936-1968 sigan sin desclasificar. O a los expedientes personales de los curas, en archivos subvencionados por el Estado, pero a los que solo tienen acceso privilegiado algunos. Además, en este caso de la Iglesia, la culpa la tuvieron los gobiernos de turno (da igual PSOE que PP), que permitieron que estos importantes fondos documentales fueran catalogados por gente elegida por ellos y no por miembros del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado, con una copia para el Estado y otra para ellos. Esto ha dado lugar al problema de los dobles catálogos: el que se ofrece al usuario, que ha sido expurgado de documentos delicados, y el que guarda la institución para ellos.
¿Le han acarreado problemas sus investigaciones?
Los únicos con los responsables de los archivos. Con los aludidos en los libros, muy pocos y leves. Digamos que algunos de los primeros han abusado de su posición de dominio. Pondré un ejemplo. Cuando quise en los ochenta consultar la llamada Causa General en el Archivo Histórico Nacional, primero tuve que obtener el permiso de la Fiscalía General del Estado, luego pasar por una funcionaria de despacho poco amable para que le diera el visto bueno al documento y finalmente por un señor de aspecto sacerdotal que me interrogó sobre qué quería ver y con qué objetivo.
Otro ejemplo. En el Archivo Militar de Segovia, en la sección de expedientes, algunos no te los servían. Cuando pregunté me dijeron que contaban los 50 años prescritos por la ley a partir de la fecha del último documento, con lo cual bastaba que la familia hubiera pedido un certificado en las últimas décadas para que te denegaran la consulta hasta el año que correspondiera.
Un último ejemplo entre los muchos que podría contar. El Tribunal de Cuentas ocultaba que tenía digitalizado todo lo referente a los gastos relativos a los campos de concentración. Si querías verlos te decían que los documentos se encontraban en un almacén fuera de Madrid al que no se podía acceder por el mal estado de la techumbre. Todo acabó el día en que un archivero me dijo que todo eso estaba digitalizado pero lo ocultaban. Nos juntamos un grupo de gente, pusimos un recurso de alzada y tuvieron que abrirlo. Cuando vieron lo que se les venía encima desde todos lados, lo entregaron al Ministerio de Cultura, como si fuera un acuerdo de ambas partes. Todo ello sin la más mínima alusión a la intervención ciudadana.
Durante muchos años el único archivo al servicio del ciudadano fue el de la Guerra Civil de Salamanca, hoy Centro Documental de la Memoria Histórica. En los demás seguíamos siendo súbditos que se inmiscuían en asuntos que no les incumbían. Esa era entonces la sensación en los archivos militares, otros a los que solo se accedía con permisos especiales. Hablo de los ochenta, ya con la mayoría absoluta del PSOE.
Una obra de tanto rigor y volumen como La guerra civil en Huelva (editada por primera vez en 1996) tuvo necesariamente que levantar muchas ampollas…
Evidentemente tuvo que levantarlas, pero lo más importante es que dicha obra mostró de manera contundente, aunque incompleta por la carencia de algunas fuentes, lo ocurrido en la provincia de Huelva. Quiero decir con esto que la cosa pudo ser aún peor. Recordemos que desde la misma universidad andaluza y la Fundación Blas Infante se había mantenido poco antes que Huelva pertenecía a la “Andalucía de la doble represión”, equiparando ambas.
Semejante barbaridad se debía a la absoluta falta de investigación y a la absurda confianza en los historiadores franquistas. Los listados de víctimas resultaron demoledores. La historiografía de derechas y sus seguidores solo podía cerrar la boca.
Precisamente esos listados fueron los que asustaron a cierta gente desde la entrega del texto a comienzos de 1993. Esto y ver en su sitio (lugares, momentos y compañías incómodas y poco gratas) a ciertos personajes sagrados de Huelva fueron el motivo de que la publicación se retrasara por parte del Servicio de Publicaciones de Diputación casi tres largos años. También intentaron impedir su salida, de ahí su retraso, algunos de los “académicos” que asesoraban a dicho Servicio, procedentes de la Universidad de Sevilla. Alguno de ellos, del Departamento de Historia de España (incluso implicaron a uno de Hª Moderna y a otra que necesitaba hacer méritos para trepar), llegó a criticar el exceso de páginas y el abuso de notas a pie.
O sea que estos también entran en el apartado de piedras o ampollas. Lo primero para impedir su publicación y lo segundo haciendo sentir que todo aquello era “coto privado” suyo. Todo esto duró hasta que Domingo Prieto, presidente de Diputación, y Antonio Ramírez Almanza, diputado de Cultura, ambos del PSOE, decidieron darle salida.
En 2010 nos hemos encontrado con silencios tensos e incluso con señales de molestia elocuente en un pueblo como Aracena al hablar en público sobre la represión. Cabe imaginar que en los años ochenta a usted lo tendrían señalado por preguntar sobre ciertas cosas y ciertas personas…
En los ochenta hablaba muy poca gente. Aún existía miedo. Por su parte, la derecha, salvo excepción, se negaba a hablar. Además, la propaganda de las décadas anteriores había hecho estragos: los crímenes causados por los “rojos” se habían inflado y los de los “azules” se habían reducido a la mínima expresión. Alguien de Huelva que sabía perfectamente lo que pasó, llegó a decirme cuando yo ya sabía la carnicería a que fue sometida la ciudad, que allí no caerían más de 10 o 12 personas de izquierdas. Yo pude hacer poca historia oral en los ochenta: la gente, por lo general, era reacia a hablar y si veían una grabadora se negaban en redondo a decir una palabra. Hubo hijos que impidieron a sus padres hablar por lo que pudiera pasar… En un pueblo escuché a una mujer decirle al padre: “No digas nada, podrían llevarte otra vez”.
De estas historias podría contar muchas porque tuve la paciencia de llevar no un diario pero sí notas de cosas que me llamaron la atención durante toda la investigación.
¿Cuánta documentación se llevó por delante la Transición? ¿Se produjeron pérdidas irreversibles?
Sabemos que se produjeron perdidas muy importantes, pero no lo que se llevó por delante la Transición. El Ejército, por ejemplo, quitó papeles de en medio cuyo destino se ignora. La Policía (antiguas Delegaciones Gubernativas Provinciales de Orden Público) trasladó todo a Madrid en los ochenta, pero no se sabe qué hicieron con aquella inmensa masa documental. La Guardia Civil también se llevó todo a Madrid. Las Prisiones Provinciales destruyeron parte de sus archivos (en la de Sevilla llegaron a hacer un gran pira en uno de los patios; el de Huelva, ya accesible hace varios años, no me dejaron verlo en su momento porque aunque contaba con el permiso de Instituciones Penitenciarias el director “se inhibió” (!) ante dicho permiso), y los juzgados de Instrucción y Primera Instancia hicieron otro tanto con las inscripciones fuera de plazo, los expedientes de incautación, las comunicaciones de sentencia, etc., material recogido en los sesenta y setenta cuyo destino se ignora. Recordemos que el fondo de Valverde del Camino y su importante partido judicial fue salvado (ocultado) por el funcionario judicial Arturo Carrasco, que sabía lo que se llevaban.
La situación de los archivos municipales fue muy variable (estaban ordenándose por entonces), pero cabe afirmar que, salvo varios casos, los demás no tenían nada que ofrecer sobre esos años, ya fuera por la desidia, abandono (simples habitaciones con pilas de papeles amontonados), o directamente por los expurgos. La labor de las llamadas “comisiones de expurgos” debieron ser temibles en todos los ámbitos de la administración.
Con la información que tiene, ¿cree que esa documentación desapareció efectivamente o puede ser que se conserve en algún lugar?
De alguna sabemos que desapareció quemada (¿cómo no recordar lo ocurrido con los llamados Archivos del Movimiento, con los expedientes personales de Falange –las bases del fascismo español–, desaparecidos al comienzo de la Transición por orden del entonces ministro de Gobernación Martín Villa?); otra sigue escondida en espera de que algún gobierno se decida a hacerla pública.
En todo caso no perdemos la esperanza de que alguna vez pueda verse. Sería el caso de los “10.000 documentos” de carácter militar que ni Chacón ni Morenés han desclasificado pese a ser documentos que deberían ser accesibles hasta 1964 (2014 menos los 50 prescritos legalmente). La primera lo achacó a un error administrativo, como si nos lo fuéramos a creer, y el segundo ha aludido a “secretos oficiales” y, cómo no, del “derecho al honor”, al parecer patrimonio de la derecha española.
Sin embargo, por lo que respecta a la Causa General, un compendio de injurias sobre los que sirvieron a la República, subida parcialmente a Internet por Cultura hace años, no parecen darle mucha importancia al “honor de los vencidos”. En este sentido hay que destacar que gracias a la firme decisión del expresidente de Diputación José Cejudo, ya fallecido; al magnífico trabajo de José María García Márquez; la intervención de quien esto escribe y a la buena actitud de la autoridad militar judicial sevillana, Huelva es la única provincia que cuenta en Internet (web de Diputación) con todos los procedimientos judiciales completos que afectaron a la provincia. Hubo pegas por parte de alguna funcionaria (como siempre por los nombres que aparecían…) pero primó la decisión política.
¿Qué debemos pensar de un país en el que, aún a estas alturas, resulta imposible saber qué hay y dónde está?
Lo que hay que pensar es en el peso que la derecha tuvo en la Transición, en la firme actitud de apuesta por las políticas de olvido por parte del PSOE durante el largo período de 1982 a 1996 y en los efectos perniciosos de la política del PP, que, especialmente en su segunda legislatura (2000-2004), hizo una apuesta clara por la “dignificación del franquismo”.
En esos años el PSOE capta que la recuperación del pasado puede ser electoralmente rentable y promete una Ley de Memoria, de cuyo nombre oficial nadie se acuerda y cuyos resultados, aunque mencionables por las ayudas económicas para cuestiones varias, no cumplió en nada de lo fundamental (exhumaciones, anulación en bloque de las causas políticas de la represión franquista y creación de un gran archivo sobre la represión franquista; el otro ya existe: la Causa General).
¿Qué tanto por ciento de la represión conocemos sin esa documentación y solo con la que conserva el Tribunal Militar Territorial Segundo?
En mi trabajo sobre la guerra civil en Huelva yo logré demostrar con nombres y apellidos que mientras que solo hubo casos violentos por parte de la izquierda en contados pueblos y que la represión inicial, la de los llamados días rojos, aunque grave fue muy baja.
Sin embargo investigaciones locales posteriores y los datos obtenidos por García Márquez en el Archivo Militar de Sevilla hicieron que el número de víctimas de izquierdas subiera de 4.000 a 6.000 personas. Cantidad que sigue siendo incompleta. Pienso que la realidad, especialmente por la masacre realizada en la zona minera, debe rondar las 8.000 víctimas. Estamos ante una de las grandes matanzas del golpe militar de julio del 36 a escala nacional.
Este archivo prueba que la represión fue no sólo un dictado militar, sino que estuvo perfectamente planificada desde el principio, desde la misma trama de la sublevación militar organizada desde la primavera de 1936…
Recientes trabajos de Ángel Viñas y de Sánchez Asiaín prueban que la conspiración contra la República empieza a montarse el mismo día 14 de abril de 1931 con motivo de su proclamación. No es momento de entrar en detalle pero este plan fracasa parcialmente en agosto de 1932 con la “Sanjurjada”. Luego la actividad subversiva continuó hasta que a partir de febrero del 36 se consigue la importante implicación de Mussolini, el compromiso de Hitler y la colaboración portuguesa. Quiero decir con esto que para justificar el ataque a la República no hizo falta ni la quema de conventos de mayo del 31, ni los sucesos revolucionarios del 34, que posibilitaron un ensayo del 36 dirigido por Franco al frente del Estado Mayor, ni el asesinato del golpista José Calvo Sotelo.
El golpe estuvo en todo momento orientado y sustentado por los sectores privilegiados de la sociedad española (monárquicos, propietarios y eclesiásticos fundamentalmente, todos ellos incompatibles con la República) y controlado por los militares sublevados, acompañados por la comparsa paramilitar (Falange y Requeté).
Si los militares aplicaron tanto celo a la hora de borrar las huellas de la represión… ¿por qué se ha conservado el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo?
Por diversos motivos esos fondos documentales estuvieron activos durante muchos años con el objeto de certificar diversas situaciones personales. No obstante, sufrieron varios traslados que mermaron su contenido. Los de Sevilla, por ejemplo, pasaron de Plaza de España a las Atarazanas y de esta finalmente al archivo donde hoy se encuentran. Lógicamente estos traslados, dada la magnitud del archivo, siempre suponen pérdidas. De ahí que algunos procedimientos nunca hayan aparecido y otros muchos sufrieran las lamentables condiciones de los lugares donde fueron amontonados (sitios sin las más mínimas condiciones adecuadas).
En cualquier caso hay que destacar el abandono en que se les ha tenido y tiene. Sirva de ejemplo decir que a pesar de estar abiertos a la investigación desde 1997 aún no han sido completamente catalogados (¡en 17 años!). Ni el Archivo del Tribunal Militar ni el llamado Intermedio, otro archivo clave (el de la División).
¿Por qué en una obra como La gran represión, de ámbito general, la limpieza política ocurrida en la provincia de Huelva merece un capítulo propio?
Porque Huelva constituye una de las provincias mejor investigadas y representaba uno de los mejores ejemplos de lo que fue en la práctica aquella “gran represión”. No creo que exista ninguna otra provincia con tal abundancia de datos y de muestras concretas de cómo se llevó a cabo el proceso represivo.
La pena es que, al estar incluida en una obra colectiva publicada por la editorial Flor del Viento (Colección Con Franco vivíamos peor, Madrid 2009) y no existir alusión alguna a Huelva en el título, no circuló bien por dicha provincia. Hubiera merecido publicación aparte por el esfuerzo que supuso y su extensión.
En algunas de sus novelas el escritor albanés Ismail Kadaré cuenta cómo los partidarios de la gran Serbia tenían hechas listas meticulosas sobre albanokosovares a exterminar cuando llegara el día propicio. ¿Se dieron aquí también estas prácticas?
Sí se dieron. Era muy fácil porque la Guardia Civil tenía ficheros muy completos con los antecedentes políticos y sociales de buena parte de la población. Por si fuera poco, las columnas que ocuparon los pueblos siempre solían ir acompañadas por propietarios o cierto tipo de individuos de la localidad que asesoraban a los golpistas. Además estaban los curas, responsables de numerosas denuncias y desgracias ajenas, muerte inclusive, y toda la caterva de chivatos y colaboradores que surgen en estas situaciones.
Caso paradigmático de cura nefasto fue el de Luis Calderón Tejero, que durante la República llevó un fichero de izquierdistas, masones y gente de poco fiar, fichero que puso a disposición de los militares fascistas en cuanto tomaron el poder y fichero que en lo referente a masonería (en Huelva había habido varias logias, aunque la mayor parte de sus miembros ya no estaban activos), pasó íntegro al Tribunal Especial de la Masonería y el Comunismo creado en Salamanca por el llamado “Servicio de Recuperación de Documentos”.
Otro caso conocido fue el de Pablo Rodríguez, “Don Litro”, que surge de un testimonio oral procedente de alguien que asistió a uno de sus crímenes (era uno de los que dirigía las “brigadillas de ejecución” que actuaban en los cementerios) y de gente que recordaba su nada ejemplar vida pública y privada.
Constituye una vergüenza que aún Huelva le rinda honor y recuerde su nombre en el callejero y que siga en activo la cofradía que creó en plena posguerra: la de la Virgen de la Victoria nada menos. Es prueba de la sensibilidad de la Iglesia y de los políticos democráticos.
¿Es difícil hablar hoy de otros elementos de la iglesia católica de Huelva como el mencionado Pablo Rodríguez?
Se sabe de otros casos. En un trabajo reciente conté el caso del cura de El Campillo, quien al pasar ante él un joven recién detenido, conducido casi a rastras y pedirle ayuda, lo que hizo fue darle una patada en la cara. Lo presenció Manuel Carcela. También cabría citar el caso de Carlos Sánchez Fernández, “Don Carlitos”, íntimo y mano derecha de Siurot, implicado en la desaparición de varios maestros izquierdistas.
Por otra parte, en un trabajo reciente escrito junto con García Márquez se han podido documentar los terribles informes que desde los pueblos los alcaldes, falangistas, guardias civiles y curas enviaron a los consejos de guerra contra sus propios vecinos, informes que causaron inmenso daño y dolor, e incluso la muerte, sobre ellos y sus familiares.
¿Cómo definiría a un siniestro personaje como Gregorio Haro Lumbreras?
En cada provincia e incluso en cada pueblo hubo al menos un Gregorio Haro Lumbreras. Ya antes del golpe, los demás altos cargos militares destinados a Huelva, gente legalista en su mayor parte, casi todos asesinados, sabían de sus tendencias y debilidades. Cuando llegó el momento de la verdad Haro traicionó a la República y ya como gobernador asesinó a quien le vino en gana (hasta para cierta derecha resultó excesiva la limpieza) y llegó al extremo de violar a mujeres de presos a cambio de libertades que nunca vinieron.
Precisamente una de estas violaciones, ya cuando unos años después el “Héroe de La Pañoleta” se encontraba destinado en León, fue la causa de que un subordinado cuya mujer fue en esta ocasión la víctima acabara con él a tiros en la escalera del cuartel. Lo curioso de Haro, y fenómeno digno de estudio siquiátrico, es que casi nadie de derechas se acordaba de él cuando investigué en los ochenta. Hacían como si les sonara…
En la provincia de Huelva fracasó el golpe militar del 18 de julio de 1936 y desde el minuto 1 su ocupación fue objetivo prioritario del general golpista Queipo de Llano. ¿Hubo especial ensañamiento con Huelva?
Huelva pagó muy caro el hecho de ser la única provincia cercana que hizo frente a los golpistas sevillanos a menos de 24 horas de la salida de los sublevados a las calles sevillanas. Además constituía una provincia tradicionalmente izquierdista de la que los golpistas no podían pasar de largo. Existía un temor enorme, que la realidad demostró infundado, spor lo que pudiera surgir de la cuenca minera. De hecho fue una de las primeras zonas bombardeadas por aviones de Tablada, bombas que causaron víctimas y situaciones en las que las autoridades republicanas lograron con mucho esfuerzo controlar los deseos de venganza contra los presos derechistas.
¿Cree que, a nivel local (o a todos los niveles), hubo pactos de silencio en la Transición, entendiendo por Transición la etapa que va desde 1973 a 1982?
Por muy tácito que fuera hubo pacto de silencio. Dicho en palabras de Felipe González “nosotros decidimos no mirar atrás”. Y de Carrillo, ¿qué decir? La derecha, además, estaba muy fuerte y preparada para la situación desde que Franco dejó de funcionar (mucho antes del 75). Se entiende que no hubiera posibilidad de ruptura alguna; lo que no se comprende es que se apostara por las políticas de olvido que venían de muy atrás y se pusiera todo tipo de trabas a la investigación.
Existía tal miedo al pasado que, por ejemplo, la Junta de Andalucía decidió que los documentos serían consultables 100 años después de su fecha. Yo padecí esto en Huelva capital en 1988. La archivera municipal me dijo que “ciertos libros” de actas (cabe imaginar cuáles) seguían en poder del secretario del Ayuntamiento (un tal don Emilio creo recordar). La explicación del secretario fue la aludida de los 100 años, pero tuvo que ceder ante la evidencia que la ley nacional de los 50 años era de superior rango que la andaluza. Así que, tras ciertas escenas tensas, pude ver lo que quería ver. Luego me enteré de que, ya perdido el encanto de la posesión, los entregó al archivo. Como los del Tribunal de Cuentas…
En la última década ha habido un auge evidente del movimiento memorialista y parece que asistimos a cierto declive. ¿A qué cree que pudiera deberse?
El auge comienza en torno a 1996-97 y tiene su gran empuje con motivo la aparición de la ARMH y de la fosa de Priaranza del Bierzo en 2002. Luego hubo una década de gran actividad social gracias al esfuerzo de la gente y a las ayudas económicas recibidas del Estado y de algunas Comunidades Autónomas, caso de Andalucía, Extremadura, Galicia, País Vasco, Cataluña o Aragón. Otras zonas se apañaron como pudieron, caso de Castilla-León, región donde se ha producido el mayor número de exhumaciones. Luego llegó el PP, en cuyos dominios no habían apoyado exhumación ninguna salvo el caso especial de Málaga, ni habían hecho mapas de fosas e incluso se habían negado a borrar vestigios franquistas, y se acabó todo.
Produce vergüenza ajena, habiendo vivido desde dentro aquello desde la historia y la memoria, leer a Javier Cercas diciendo que la “memoria histórica” fue un negocio. Nos debe confundir con el autor de aquella ficción titulada Soldados de Salamina. Esa sí que debió ser un buen negocio. Todos estos reniegan de la “memoria histórica”, pero todos han hecho su novelita sobre el asunto, algunas tan lamentables como las de Trapiello o la del propio Cercas, con el fascista Sánchez Mazas de fondo.
Las declaraciones de algunos dirigentes políticos de la derecha apuntan a que todo lo referente a la memoria histórica aún suscita suspicacias. ¿Qué ocurre?
Dada la duración de la dictadura y el modelo de Transición la derecha nunca ha roto abiertamente con el franquismo. Es más, cada vez ha ido sintiéndose más libre, envalentonándose, para expresar sus simpatías, sus verdaderos sentimientos, por aquel régimen. Nadie les ha explicado que de haber triunfado la República aquello hubiera acabado en un Nuremberg español cuajado de criminales de guerra, el primero Franco. Al contrario que en Europa aquí la derecha no es antifascista.
Su odio a la “memoria histórica” surge de que se niega a escuchar la verdad. Su rechazo visceral a la República sigue intacto, su estigmatización de la izquierda igual y su justificación del golpe, de la represión y de lo que vino después, el hambre y la miseria de dos décadas, no ha hecho sino crecer.
La idea de fondo es hacernos creer que la verdadera democracia la trajo el fascismo. Desde este punto de vista, de los sesenta en adelante serían “los años predemocráticos”, como de hecho hay quien los ha llamado. Para todo esto resultó fundamental la fundación FAES y la prensa afín, que es casi toda.
¿Cree entonces que un partido como el PSOE, con tan extensa nómina de fusilados, exiliados y represaliados por el franquismo, muestra cierta tibieza con respecto a la memoria histórica?
Lo de “cierta tibieza” resulta un eufemismo. El PSOE hacía en este sentido gestos privados y mostró cierto interés por el exilio, pero en todo momento tuvo claro que aquello de que el primer deber de la democracia es la memoria no iba con ellos. Querían mantenerse en el poder todo el tiempo posible y sabían que ese tema les quitaba votos. Primó el pragmatismo más absoluto en todo momento. Quién sabe si ese fue uno de los asuntos tratados en las reuniones secretas previas a su llegada al poder que González y Guerra mantuvieron con los militares. Por eso todavía a tantos años de la Transición seguimos sin saber las verdaderas consecuencias de la represión franquista, miles de personas siguen tiradas por las fosas, reina la impunidad más absoluta y España sigue siendo una democracia extraña e inacabada. Las razones: una derecha cerril que se niega a asumir el pasado y una supuesta izquierda a la que dicho pasado nunca le ha importado demasiado o, al menos, en menor medida que resolver su futuro personal.
¿Cree que la investigación de esta etapa en Huelva ha avanzado?
Habría una serie de trabajos muy interesantes que citar desde el de Manuel Tapada sobre Encinasola al de Antonio Orihuela sobre Moguer. Me constan también algunos otros en marcha, pero creo sinceramente que la existencia desde 1996 de una obra general básica sobre la provincia y el acceso a la represión judicial militar por la web de Diputación se han aprovechado poco desgraciadamente. Habrá que esperar mejores tiempos.
