para DIME/ Paqui Maqueda
Ante la celebración del Día de las Víctimas de Desapariciones Forzosas, la AMHyJA, mediante el presente comunicado quiere trasmitir a la opinión pública lo siguiente:
- Transcurridos 76 años desde el golpe militar fascista del 36, cientos y cientos de hombres y mujeres que defendieron la legalidad democrática del gobierno de la II República española continúan enterrados en cunetas, campos, pozos, fosas comunes en cementerios públicos y clandestinos, fincas públicas y privadas y otros lugares del extenso estado español, sin que sus familiares hasta día de hoy hayan podido recuperar sus cuerpos para darles digna sepultura.
- Esta situación se da en la España de 2012, la España democrática que guarda en sus entrañas la cifra de 114.000 desparecidos y desaparecidas, la España moderna que sin embargo y según Amnistía Internacional es el segundo país a nivel mundial que cuenta con el mayor número de desparecidos (después de Camboya) denunciado a las autoridades judiciales. Mientras esta situación es pública y notoria dentro y fuera del territorio español, el Consejo de Ministros del viernes 24 de agosto, elabora una declaración en la que se constata que “el Gobierno de España sigue trabajando en todos los ámbitos en la prevención y la lucha contra las desapariciones forzadas, de manera que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos y disfrutar así de una ciudadanía democrática verdadera y plena. Ello se enmarca, además, en la promoción y el respeto de los derechos humanos y en la lucha por erradicar de la sociedad toda violación a los derechos humanos y, muy específicamente, las desapariciones forzadas, que constituyen una absoluta prioridad del Gobierno de España."
- La AMHyJA DENUNCIA públicamente la postura hipócrita y cínica del actual gobierno de España con respecto a las Desapariciones Forzosas; el gobierno miente cuando habla de la absoluta prioridad con las desapariciones forzadas, al menos las derivadas de la larga noche del franquismo, que parece curiosa y llamativamente olvidar. La AMHyJA solicita al gobierno menos homenajes y menos declaraciones públicas que en definitiva son papel mojado y más compromiso con la memoria de las víctimas y con sus familiares, más medidas efectivas de cara a eliminar la existencia de las miles y miles de fosas comunes que existen en nuestro país y más voluntad de cumplimiento con sus obligaciones internacionales. Es deber del gobierno de España, sea del signo que sea y gobierne el partido que gobierne, cumplir con sus obligaciones y asumir las consecuencias de tales incumplimientos.
- Mientras, los hombres y mujeres que trabajamos día a día en el movimiento asociativo memorialista si que cumpliremos con el compromiso que nos hemos trazado: luchar para que la memoria de las víctimas se dignifique de una vez por todas y de que se cumplan los tres pilares básicos del Derecho Internacional: VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN.
Sevilla, a 30 de agosto de 2012.
AMHyJA.
Memoria Histórica: Verdad, Justicia y Reparacion
jueves, 30 de agosto de 2012
martes, 21 de agosto de 2012
POR LA DESAPARICIÓN DE LOS SÍMBOLOS FRANQUISTAS
La asociación DIME apoya y se adhiere a la iniciativa y campaña:
POR LA DESAPARICIÓN DE LOS SÍMBOLOS FRANQUISTAS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS.
LA CRUZ DE LOS CAIDOS EN CÓRDOBA
DEBE DESAPARECER
El Grupo de Trabajo; Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA de CGT.A) ha iniciado una campaña pública para que la cruz de los caídos de Córdoba capital desaparezca inmediatamente, para ello se ha comenzado a remitir al alcalde de la ciudad solicitudes en ese sentido firmado, hasta el momento, por entidades memorialista como: Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX), Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA), Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera (AMECADEC), Asociación de Aguilar de la Frontera( AREMEHISA), Grupo Memoria Libertaria, Asociación Dignidad y Memoria DIME de Marchena, así como personas a nivel individual.
En Manifiesto Público dice:
En la ciudad de Córdoba, en un lugar significado por las instituciones que en ella se sitúan (Delegación del Gobierno, Juzgados...), y cerca de la Plaza de La Constitución, se erige ese símbolo del martirologio franquista que es la cruz de los caídos. Todavía. A pesar de la Ley conocida como de la Memoria Histórica (52/2007); a pesar de ser la capital de provincia regida durante más años por la izquierda (I.U. y PSOE); a pesar, también, de las campañas llevadas a cabo por entidades memorialistas que no sólo la encuentran ofensiva, sino ilegal desde la entrada en vigor de dicha Ley. Al parecer, la eliminación del águila preconstitucional y un texto que hacía referencia a la guerra civil se consideró suficiente por el anterior y el actual equipo de gobierno para que pueda conservarse.
Sin embargo, el lugar seguirá estando connotado por la imagen principal (la cruz, los años en números romanos que duró “la guerra”...), pero sobretodo porque está asociada a lo que realmente es: la victoria del golpe militar que dio lugar al Estado franquista, y todo lo que ello comportó de represión brutal sobre el pueblo.
Pero no podemos dar por zanjada la cuestión mientras siga ahí. Y no valdrán las excusas que puedan poner como telón de fondo la crisis económica y las prioridades que se deriva; o que se podría haber hecho antes por equipos de gobierno más afines... ¿a qué? ¿al Estado democrático y social como dice la Constitución que da nombre a la Plaza de al lado? ¿acaso no va con ellos los principios constitucionales?
Las entidades memorialistas que suscriben este comunicado consideran una falta de respeto democrático que persistan símbolos en los espacios públicos, y en sus denominaciones, que faltan a la verdad y a los valores que representa la actual sociedad. No se puede exaltar mediante símbolos ideas y personas que representan un periodo negro de la historia más reciente. No ocurre en ningún país europeo que ha pasado por regímenes totalitarios semejantes, y no podemos permitir que en esto España también sea diferente. El espacio público, por el contrario, debe representar los valores de una sociedad democrática, y eso es incompatible con cualquier tipo de simbología que representen al franquismo en nuestros jardines, calles y plazas.
.....................................................................................................
LA CRUZ DE LOS CAÍDOS
ES UN INSULTO PARA LA CIUDADANÍA
Y UNA FLAGRANTE ILEGALIDAD
Si compartes esta sensibilidad envía tu mensaje al Alcalde de Córdoba al correo-e:
alcaldia@ayuncordoba.es o cpd@ayuncordoba.es, al fax nº: 957485805, o por
correo postal, Calle de los Capitulares, 1 (14002 Córdoba). Sugerimos uno de los siguientes textos con las adaptaciones que considere oportuno:
MODELO A: D. José Antonio Nieto Ballesteros, Alcalde de Córdoba
La permanencia de la cruz de los caídos, precisamente cerca de la Plaza de la Constitución y
de edificios administrativos, hiere mi sensibilidad democrática y constituye una ofensa para
la sociedad que sufrió la represión, en numerosas y variadas formas, por el régimen
dictatorial surgido del golpe de Estado de 1936. Considero urgente que desaparezca este
símbolo franquista que representa la victoria y la dominación militar sobre nuestro pueblo. El
espacio público no puede albergar expresiones contrarias a los valores de una sociedad
democrática.
Lugar, fecha y firma
MODELO B: D. José Antonio Nieto Ballesteros, Alcalde de Córdoba
La asociación que suscribe, afirma que la permanencia de la cruz de los caídos, precisamente cerca de la Plaza de la Constitución y de edificios administrativos, de la ciudad de Córdoba, hiere la sensibilidad democrática de cualquier ciudadano y constituye una ofensa para la sociedad que sufrió la represión, en numerosas y variadas formas, por el régimen dictatorial surgido del golpe de Estado de 1936. Considero urgente que desaparezca este símbolo franquista que representa la victoria y la dominación militar sobre nuestro pueblo.
El espacio público no puede albergar expresiones contrarias a los valores de una
sociedad democrática.
Es evidente, que en la Ley 52/2007, en concreto su artículo 15.1º, y así lo reafirma su exposición de motivos, se vienen a establecer una serie de medidas en relación con la retirada de los símbolos y monumentos conmemorativos de la Guerra Civil o de la Dictadura, esto es, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva; medidas de retirada que están sustentadas en la Ley, en el principio de evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión franquista de la Dictadura, en el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que así sea, y a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio, como el caso de cruz de los caídos de Córdoba, donde la permanencia y la pervivencia del citado monumento, supone de una clara exaltación de la sublevación con ofensa para la memoria de las víctimas del franquismo y sus familiares, al margen de suponer una exaltación de la sublevación militar, inaceptable de asumir en pleno siglo XXI, por un Ayuntamiento democrático y por la sociedad democrática andaluza y española.
Por todo ello, le solicitamos con el debido respeto, se adopten las medidas oportunas, en el
ámbito de las competencias de esa corporación y se proceda a la retirada del citado monumento
del espacio público.
POR LA DESAPARICIÓN DE LOS SÍMBOLOS FRANQUISTAS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS.
LA CRUZ DE LOS CAIDOS EN CÓRDOBA
DEBE DESAPARECER
El Grupo de Trabajo; Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA de CGT.A) ha iniciado una campaña pública para que la cruz de los caídos de Córdoba capital desaparezca inmediatamente, para ello se ha comenzado a remitir al alcalde de la ciudad solicitudes en ese sentido firmado, hasta el momento, por entidades memorialista como: Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX), Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA), Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera (AMECADEC), Asociación de Aguilar de la Frontera( AREMEHISA), Grupo Memoria Libertaria, Asociación Dignidad y Memoria DIME de Marchena, así como personas a nivel individual.
En Manifiesto Público dice:
En la ciudad de Córdoba, en un lugar significado por las instituciones que en ella se sitúan (Delegación del Gobierno, Juzgados...), y cerca de la Plaza de La Constitución, se erige ese símbolo del martirologio franquista que es la cruz de los caídos. Todavía. A pesar de la Ley conocida como de la Memoria Histórica (52/2007); a pesar de ser la capital de provincia regida durante más años por la izquierda (I.U. y PSOE); a pesar, también, de las campañas llevadas a cabo por entidades memorialistas que no sólo la encuentran ofensiva, sino ilegal desde la entrada en vigor de dicha Ley. Al parecer, la eliminación del águila preconstitucional y un texto que hacía referencia a la guerra civil se consideró suficiente por el anterior y el actual equipo de gobierno para que pueda conservarse.
Sin embargo, el lugar seguirá estando connotado por la imagen principal (la cruz, los años en números romanos que duró “la guerra”...), pero sobretodo porque está asociada a lo que realmente es: la victoria del golpe militar que dio lugar al Estado franquista, y todo lo que ello comportó de represión brutal sobre el pueblo.
Pero no podemos dar por zanjada la cuestión mientras siga ahí. Y no valdrán las excusas que puedan poner como telón de fondo la crisis económica y las prioridades que se deriva; o que se podría haber hecho antes por equipos de gobierno más afines... ¿a qué? ¿al Estado democrático y social como dice la Constitución que da nombre a la Plaza de al lado? ¿acaso no va con ellos los principios constitucionales?
Las entidades memorialistas que suscriben este comunicado consideran una falta de respeto democrático que persistan símbolos en los espacios públicos, y en sus denominaciones, que faltan a la verdad y a los valores que representa la actual sociedad. No se puede exaltar mediante símbolos ideas y personas que representan un periodo negro de la historia más reciente. No ocurre en ningún país europeo que ha pasado por regímenes totalitarios semejantes, y no podemos permitir que en esto España también sea diferente. El espacio público, por el contrario, debe representar los valores de una sociedad democrática, y eso es incompatible con cualquier tipo de simbología que representen al franquismo en nuestros jardines, calles y plazas.
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LA CRUZ DE LOS CAÍDOS
ES UN INSULTO PARA LA CIUDADANÍA
Y UNA FLAGRANTE ILEGALIDAD
Si compartes esta sensibilidad envía tu mensaje al Alcalde de Córdoba al correo-e:
alcaldia@ayuncordoba.es o cpd@ayuncordoba.es, al fax nº: 957485805, o por
correo postal, Calle de los Capitulares, 1 (14002 Córdoba). Sugerimos uno de los siguientes textos con las adaptaciones que considere oportuno:
MODELO A: D. José Antonio Nieto Ballesteros, Alcalde de Córdoba
La permanencia de la cruz de los caídos, precisamente cerca de la Plaza de la Constitución y
de edificios administrativos, hiere mi sensibilidad democrática y constituye una ofensa para
la sociedad que sufrió la represión, en numerosas y variadas formas, por el régimen
dictatorial surgido del golpe de Estado de 1936. Considero urgente que desaparezca este
símbolo franquista que representa la victoria y la dominación militar sobre nuestro pueblo. El
espacio público no puede albergar expresiones contrarias a los valores de una sociedad
democrática.
Lugar, fecha y firma
MODELO B: D. José Antonio Nieto Ballesteros, Alcalde de Córdoba
La asociación que suscribe, afirma que la permanencia de la cruz de los caídos, precisamente cerca de la Plaza de la Constitución y de edificios administrativos, de la ciudad de Córdoba, hiere la sensibilidad democrática de cualquier ciudadano y constituye una ofensa para la sociedad que sufrió la represión, en numerosas y variadas formas, por el régimen dictatorial surgido del golpe de Estado de 1936. Considero urgente que desaparezca este símbolo franquista que representa la victoria y la dominación militar sobre nuestro pueblo.
El espacio público no puede albergar expresiones contrarias a los valores de una
sociedad democrática.
Es evidente, que en la Ley 52/2007, en concreto su artículo 15.1º, y así lo reafirma su exposición de motivos, se vienen a establecer una serie de medidas en relación con la retirada de los símbolos y monumentos conmemorativos de la Guerra Civil o de la Dictadura, esto es, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva; medidas de retirada que están sustentadas en la Ley, en el principio de evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión franquista de la Dictadura, en el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que así sea, y a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio, como el caso de cruz de los caídos de Córdoba, donde la permanencia y la pervivencia del citado monumento, supone de una clara exaltación de la sublevación con ofensa para la memoria de las víctimas del franquismo y sus familiares, al margen de suponer una exaltación de la sublevación militar, inaceptable de asumir en pleno siglo XXI, por un Ayuntamiento democrático y por la sociedad democrática andaluza y española.
Por todo ello, le solicitamos con el debido respeto, se adopten las medidas oportunas, en el
ámbito de las competencias de esa corporación y se proceda a la retirada del citado monumento
del espacio público.
Solicitan entrevista al Director de Memoria Democrática de la Junta
para DIME/ Cecilio Gordillo
Se le pedirá al nuevo Director General agilidad a la hora de “corregir” la posición, mantenida hasta ahora, de excluir las exhumaciones de la fosas comunes de la política de la Junta, así como más participación de las entidades y asociaciones en la toma de decisiones (lugares de la memoria), más transparencia en la selección de proyectos a financiar así como la modificación del decreto que excluye a algunas entidades a la posibilidad de presentar iniciativas (hasta ahora se les venía excluyendo directamente), mientras a otras se les financiaba por diferentes vías (Convenios de colaboración, concurso general y a través de otras Conserjerías).
Asimismo se le animará, a la dirección general, a que los trabajos financiados desde el 2003, publicados o no, sean accesibles a los investigadores e historiadores, incluso posibilitar el acceso público a ellos, ya sea a través de una exposición permanente o, al menos, de carácter periódico (anual). Así se podrán ver os monolitos instalados en muchas localidades por parte de los Ayuntamientos, los procesos de localización y exhumación de fosas comunes (Málaga capital, Granada (Alfacar), Sevilla (La Puebla de Cazalla, El Ronquillo, Gerena), Almería (Sierro), pero también los trabajos de investigación desarrollados por las universidades andaluzas (Responsabilidades Políticas, etc..), y los trabajos editados o coeditados con asociaciones.
El Grupo de Trabajo de CGT.A trasladará la preocupación por la “perdida efectiva” (a niveles económicos) de curso 2012/2013, al igual –hasta el momento- que el gobierno de España, pero aún así hay múltiples asuntos que no tienen costes económicos y en los que se puede actuar desde hoy mismo, como es la petición formal de la Dirección General y de la Consejería, de la intervención, de oficio, de la Fiscalía así como de los municipios para llevar a la práctica las inscripciones en los Registros Civiles de los desaparecidos (Asesinados / Fusilados) del franquismo, que en muchos municipios andaluces supera el 50% de los fusilados.
Evidentemente se invitará a la Dirección General a participar, directa o a través de otra institución de la Junta de Andalucía, como patrocinador en la página www.todoslosnombres.org de la que se excluyó unilateralmente en 2007.
Por último se le informará de la campaña que hemos puesto en marcha en torno a la “desaparición de la cruz de los caídos” de la ciudad de Córdoba, posiblemente la única ciudad importante de España que aún mantiene este símbolo de la victoria de los militares golpistas.
Sevilla 20 de Agosto de 2012
Cecilio Gordillo, Coord.
Alcalde Isacio Contreras 2b, local 8/ 41003 Sevilla
memoriahistorica@cgtandalucia.org
Asimismo se le animará, a la dirección general, a que los trabajos financiados desde el 2003, publicados o no, sean accesibles a los investigadores e historiadores, incluso posibilitar el acceso público a ellos, ya sea a través de una exposición permanente o, al menos, de carácter periódico (anual). Así se podrán ver os monolitos instalados en muchas localidades por parte de los Ayuntamientos, los procesos de localización y exhumación de fosas comunes (Málaga capital, Granada (Alfacar), Sevilla (La Puebla de Cazalla, El Ronquillo, Gerena), Almería (Sierro), pero también los trabajos de investigación desarrollados por las universidades andaluzas (Responsabilidades Políticas, etc..), y los trabajos editados o coeditados con asociaciones.
El Grupo de Trabajo de CGT.A trasladará la preocupación por la “perdida efectiva” (a niveles económicos) de curso 2012/2013, al igual –hasta el momento- que el gobierno de España, pero aún así hay múltiples asuntos que no tienen costes económicos y en los que se puede actuar desde hoy mismo, como es la petición formal de la Dirección General y de la Consejería, de la intervención, de oficio, de la Fiscalía así como de los municipios para llevar a la práctica las inscripciones en los Registros Civiles de los desaparecidos (Asesinados / Fusilados) del franquismo, que en muchos municipios andaluces supera el 50% de los fusilados.
Evidentemente se invitará a la Dirección General a participar, directa o a través de otra institución de la Junta de Andalucía, como patrocinador en la página www.todoslosnombres.org de la que se excluyó unilateralmente en 2007.
Por último se le informará de la campaña que hemos puesto en marcha en torno a la “desaparición de la cruz de los caídos” de la ciudad de Córdoba, posiblemente la única ciudad importante de España que aún mantiene este símbolo de la victoria de los militares golpistas.
Sevilla 20 de Agosto de 2012
Cecilio Gordillo, Coord.
Alcalde Isacio Contreras 2b, local 8/ 41003 Sevilla
memoriahistorica@cgtandalucia.org
lunes, 13 de agosto de 2012
Queipo de Llano incautó la casa del Cubero de Carmona al que mataron junto a un hijo, pero… aquí no ha pasado nada
Nuestra compañera y amiga Paqui Maqueda expone su lucha particular y la de su familia extensible a todos los represaliados por el golpe fascista y la situación actual....
Extraido de El Plural.com/AC
Ante el interés de la querella admitida por la justicia argentina que investiga los sucesos referidos a las víctimas del franquismo, EL PLURAL.COM continúa con la publicación todos los lunes de una serie de testimonios de los querellantes que prestarán declaración ante la jueza María Servini de Cubría, cuya llegada a España está anunciada para el próximo 10 de septiembre. Tras la inhabilitación del juez Baltasar Garzón quien fue juzgado por prevaricación y luego absuelto por declararse competente para investigar estos hechos, ha tenido que ser la justicia argentina quien en base a la jurisdicción universal haya abordado esta investigación que afecta a decenas de miles de ciudadanos españoles ejecutados, represaliados o desaparecidos y cuyo paradero, en muchos casos se desconoce.
Paqui Maqueda, la vicepresidenta de la Asociación Andaluza de Memoria Histórica y Justicia, tiene mucho que contarle a la jueza argentina María Servini de Cubría en la querella que instruye. Le hablará de sus cuatro familiares asesinados o represaliados y de un hermanito que cree robado al poco de nacer. Además, se referirá a Gonzalo Queipo de Llano el militar golpista y marqués del que se refieren terribles hechos en el sur, cuyo nombre fue siempre una pesadilla para la familia de Paqui que mantiene un contencioso para que les devuelvan los bienes que el general ordenó incautar. La renovación del título nobiliario al nieto del insurgente supone una burla trágica “otro insulto para las víctimas”, manifestó a ELPLURAL.COM. Paqui se rebela contra el “aquí no ha pasado nada”.
“Aparte de la represalias personales, por indicaciones de Queipo de Llano la casa familiar en nuestro pueblo, Carmona (Sevilla) nos fue robada, a través de una incautación de bienes. Contratamos a un abogado que ha escrito a Hacienda solicitando la devolución, pero se nos ha contestado que la Ley no contempla la devolución de bienes de particulares”, explica Paqui quien tiene palabras duras hacia la reciente renovación del marquesado a favor del nieto del general: “Es un insulto más hacia las víctimas de la represión fascista y otra muestra del franquismo sociológico. Esto alcanza el calificativo de escarnio teniendo en cuenta que la fecha elegida para la firma del execrable acto haya sido el 18 de julio y que fuera rubricado por el máximo representante del Ministerio de Justicia, el ministro Gallardón, en su condición de representante de un gobierno democrático. Manda huevos”.
A Juan Rodríguez Tirado le conocían como “el Cubero” porque se dedicaba a hacer cubas de madera. Tenía 72 años cuando le fusilaron en las tapias del cementerio de Santa Ana en Carmona, su pueblo, el 22 de agosto de 1.936. Según la partida de defunción “fallece a consecuencia de operaciones militares habidas en esta ciudad”. El Cubero fue detenido cuando entraron las tropas nacionales el 22 de julio. Iban buscando a sus hijos mayores que participaron en la resistencia heroica que protagonizó la población. Le detuvieron y recluyeron en la cárcel de Carmona. Allí pasó tres días hacinado con otros hombres y mujeres aguardando “la saca” nocturna, el último viaje hacía el pelotón de ejecución. Su cuerpo yace en alguna cuneta o en alguna fosa anónima.
Un bando de Queipo de Llano
“Tras su asesinato sus bienes fueron incautados según el Bando de noviembre que el excelentísimo General del Sur, Don Gonzalo Queipo de Llano, urdió para quedarse con los bienes de las personas que eran “ajusticiadas” por su condición de rojos. Sin más tribunal ni juez que las órdenes que éste criminal de guerra (conocido como el “carnicero de Sevilla”) dictaba a placer. La casa pasó a manos del Estado y su mujer y sus dos hijos de 17 y 5 años de edad, fueron acogidos por familiares temporalmente”, resalta Paqui.
Condena a trabajos forzados
Los dos hijos mayores de 30 y 27 años habían logrado huir. Eran militantes anarquistas. Acudieron a defender Madrid y participaron en la batalla del Jarama. Enrique, el mayor, volvió a su pueblo con el compromiso de presentarse en el cuartel de la guardia civil para ser interrogado. Al parecer fue denunciado. A partir de la cárcel de Sevilla, y una condena a trabajos forzados en la construcción del Canal del Bajo Guadalquivir, “el Canal de los Presos”. Sobrevivió a la dictadura y acabó sus días en el asilo de las monjas de la Caridad, en 1993. “Asesinado por falangistas”
El otro hermano, Pascual, también estuvo en Madrid. Su expediente jurídico militar describe que la noche del 22 de agosto de 1.939 estando detenido en el Servicio de Información y Policía Militar (SIPM) de La Carolina, le sacaron para interrogarle y que Pascual se escapó de sus guardianes falangistas y salió corriendo por las calles. Los falangistas le dan el alto, le disparan varias veces y le hieren de muerte. Paqui Maqueda, añade: “Años más tarde. en una farsa de juicio, eximieron de culpa a estos falangistas. ¡Esa era la justicia de Franco! Sabemos que refugiado en un portal, viendo ya la muerte, sin escapatoria, llamó a gritos a su madre…”
El deshonor de ser de familia roja
Juan, otro hijo, fue obligado a alistarse a los 17 años. “Explicaron que al ser familia de rojos, en el ejército de Franco se haría por fin un hombre y limpiaría el deshonor de ser familia de republicanos. En plena guerra civil, consigue pasar al ejército de la República. Al final de la contienda, es conducido a un campo de concentración en Jaén, en el pueblo de Higuera de Calatrava. Desde allí pasó a prisión. Aún vive.
El niño que nunca vieron
Pero la historia de esta familia no acabó ahí: El 22 de junio de 1963, Manuela Fernández Rodríguez madre de Paqui dio a luz un niño vivo en la residencia García Morato de Sevilla. La enfermera se lo llevó y no lo volvieron a ver. Luego les dijeron que había muerto. Fue enterrado en una fosa común del cementerio de Sevilla sin que enseñaran el cuerpo. Por sus antecedentes de familia de rojos se hizo imposible interponer acción alguna. “Hace un año, denunciamos el supuesto robo, junto con cientos de familias. La fiscalía de Sevilla abrió investigación, pero hemos recibido la notificación del archivo del caso. Seguimos buscándolo”. ¿Y con el contencioso de la incautación de Queipo de Llano? “También seguimos”.
Grave franquismo sociológico
“En julio, seis miembros de nuestra asociación nos adherimos a la querella argentina, en nombre de siete desaparecidos, dos represaliados en prisiones y campos de concentración y un niño robado, todos andaluces.” – Explica Paqui- “Exigimos verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus descendientes. Hay que acabar con la Impunidad con que este país ha resuelto o creído resolver todo lo acaecido durante la guerra civil, la dictadura y la transición a la democracia y que nos ha dejado el grave franquismo sociológico que sufre el estado español y muchas de sus instituciones
martes, 7 de agosto de 2012
Inician la toma de muestras de la fosa de Teba
El segundo enterramiento colectivo de demócratas fusilados en Andalucía ha permitido la localización de 151 cuerpos
A lo largo del mes de agosto, se iniciará la toma de muestras para la realización de pruebas de ADN en la segunda mayor fosa de fusilados que ha sido localizada en España, la del cementerio de Santo Toribio, en Teba (Málaga), donde han sido localizados 151 cuerpos sobre un listado inicial de 125 nombres. La excavación en sí, dirigida por el arqueólogo Andrés Fernández, concluyó a finales de junio y en la actualidad se lleva a efecto la memoria de los trabajos.
En cualquier caso, la investigación genética se inicia con la toma de muestras de saliva y gota de sangre a los familiares de quienes se supone que se encuentran allí. Se trata de parientes repartidos por toda la península e incluso asentados en otros países: de hecho, durante este mes, volverá a Teba una pareja domiciliada en Washington, en Estados Unidos, a fin de realizar dicho trámite. Los trabajos, con todo, son costosos y por dicha circunstancias no es posible aventurar una estimación sobre cuánto tiempo tardarán en completarse: "En cualquier caso, podremos contar con un banco de datos que permita identificar a los cuerpos que ya han sido identificados, depositados en cajas con sus datos antropológicos correspondientes. En el momento en que cuenten con la autorización de los familiares, se hará público el listado de nombres".
Las fosas excavadas, sin ningún tipo de identificación, no se encuentran lejos del patio central del camposanto, donde destaca una docena de tumbas en mármol blanco, fechadas en agosto de 1936, con los nombres de los difuntos y la leyenda: "Vilmente asesinado por los enemigos de Dios", aunque en otras lápidas no falta el latiguillo habitual de las "hordas marxistas".
Especialmente sangrienta fue la noche del 23 de febrero de 1937, cuando las tropas de Queipo de Llano, que llevaban cinco meses en el pueblo, festejaron a su manera que se hubiera roto finalmente el frente de Málaga. Así que vaciaron las dos cárceles improvisadas donde habían encerrado a numerosos vecinos muchos de los cuales habían regresado a dicha localidad malagueña confiando en la propaganda fascista que prometía el perdón a quienes no tuvieran delitos de sangre. Sin embargo, los presos fueron concienzudamente fusilados en grupos de diez junto a las tapias de ese mismo cementerio.
La noche del 23 de febrero de 1937 fue trágica: 84 fusilados para celebrar la ruptura del frente de Málaga
"Lo que hemos encontrado se corresponde mucho con los datos orales -afirma Andrés Fernández--. En toda la serie de ejecuciones, siempre se dijo que el momento más significativo fue el de la llamada Noche de los 80, el 23 de febrero de 1937, cuando fueron fusiladas 84 personas. Arqueológicamente, hemos identificado una fosa con ese número de cuerpos apilados, sin diferenciación entre unos y otros, ni separación de tierra entre los restos. Fueron arrojados a una misma fosa en un intervalo muy breve".
También allí, por contraste, se ha localizado una fosa con dos cadáveres, correspondientes a otras dos personas que fueron fusiladas juntas. Según la tradición local, entre los reos de muerte figuraron tres mujeres: una de ellas se encontraba embarazada, tenía 22 años y su único delito consistía en haber enarbolado una bandera republicana, durante la jornada del 1 de mayo de 1936. Junto a los cuerpos se han encontrado proyectiles de dos tipos, de pistola y de fusil, con el indicativo PS, Pirotecnia de Sevilla, en las balas. En muchos casos, hay indicio de tiro de gracia. Había tanta sed de sangre que ni siquiera registraron los bolsillos de los difuntos entre cuyos restos se han localizado ahora monedas, mecheros e incluso medallas de la Virgen del Carmen, patrona de la localidad.
"Estamos trabajando en cuadrar la secuencia de tiempo de las ejecuciones. Empiezan a matar en octubre de 1936, cuando las tropas franquistas toman el pueblo, y siguieron haciéndolo hasta diez años después, en 1946, según la documentación que tenemos localizada. Las últimas víctimas fueron de la guerrilla, del maquis, pero sus cuerpos no están en la fosa. No hemos excavado todavía en el llamado Patio Civil o Patio de los Colgados".
El coste de las excavaciones
Andres Fernández arrastra una larga experiencia como arqueólogo de las fosas ocultas de la guerra civil. De hecho, participó de forma activa en la excavación de la del cementerio de San Andrés en Málaga, la mayor existente hasta la fecha y en donde se localizaron 2.838 cuerpos. Ahora, le aguarda un reto personal, el de la excavación del cementerio de su propio pueblo, Villanueva de Cauche, también en Málaga, donde se encuentran enterrados ocho vecinos de Casabermeja y uno de Periana, ejecutados durante los primeros días de la represión que siguió al Golpe de Estado del 36.
Esta vez, será él mismo quien asuma los costes.
En otros casos, ha formado parte de equipos, como el de San Rafael, que ha contado con subvenciones públicas, que en esa fosa alcanzaron la cota de 500.000 euros correspondientes a varias instituciones que sumaron fuerzas para afrontar un esfuerzo presupuestario y arqueológico de tanto calibre. En el caso de Teba, el importe de los trabajos ha oscilado en torno a 54.000 euros, que hubo que estirar con imaginación para cubrir el coste de los estudios pormenorizados de las 151 victimas, tanto a nivel arqueológico, antropológico e individualizado, así como la presencia de cinco personas a lo largo de seis meses.
En la Asociación de la Memoria de Málaga, que actualmente titula Miguel Zenón tras un relevo en su junta, existen ciertos prejuicios sobre el coste de las excavaciones: "La memoria no puede ser negocio, no puede generar ingresos para nadie", afirma Zenón.
No nos conformamos con sacar cuatro huesecitos -asevera--. No difunden nada. En estos casos, se buscan familiares para que lloren y luego se llevan los restos a su pueblo, todo está oculto. En San Rafael no se va a conseguir identificar ni siquiera a uno de los 2.700 que dicen que sacaron. No nos permiten acceder a los restos que están en los sótanos de Pacemasa, la empresa del cementerio, pendientes de que algún día se haga el monumento. Tenemos pruebas fotográficas de las barbaridades que han cometido y un dossier que hemos enviado a diferentes administraciones, que no nos hacen caso porque esto le hace daño a los grandes partidos, con el apoyo de Izquierda Unida".
Esa Asociación también pretende llevar a cabo ahora una exhumación particular, en la localidad de Istán en donde con cargo a su propio presupuesto, sin subvención alguna pero a partir de un acuerdo entre los familiares y el ayuntamiento, procederá a sacar cuatro cuerpos, durante esta primera semana de agosto: "Se encuentran en una cuneta, muy cerca del pueblo. Y queremos hacerlo con dignidad, como creemos que se deben hacer estas cosas".
En la Asociación de la Memoria de Málaga hay cierto prejuicio por el coste de las excavaciones
Fernández discrepa de este análisis crítico y celebra que en San Rafael pudieran localizarse tantos miles de cuerpos. Su equipo llevó a cabo una memoria en la que ahora pretende basarse el protocolo de actuación oficial para poner en valor tan siniestro hallazgo y brindar la mayor dignidad posible a los restos recobrados tanto en Málaga como en Teba: "Yo no voy a valorar mi trabajo. Al principio éramos los mejores del mundo y ahora somos los peores, al menos para algunos. Lo cierto es que ahora mismo, en San Rafael, todo está parado, aunque ya existe un acuerdo con Medicina Legal para recoger las muestras de ADN a los restos óseos para contrastarlas con las de los familiares.
El problema es que en Málaga existe una relación con 4.500 nombres de víctimas y sólo tenemos localizado a un cuatro o cinco por ciento de los familiares. Hay otro problema por la cantidad de cal de los enterramientos, que provoca que el ADN se vaya perdiendo. La actual directiva de la Asociación no ha visita los trabajos de Teba, aunque al principio se pusieron en contacto con el coordinador, pero no han llego a ir, aunque si lo han hecho todos los medios de comunicación, los familiares, y los vecinos de Teba que han participado en las exhumaciones. Y todos ellos han visto lo meticulosos y lo pulcros que hemos sido con la excavación".
lunes, 6 de agosto de 2012
miércoles, 1 de agosto de 2012
Homenaje a las Treces Rosas...por Paco Narváez
Pronto el 5 de Agosto, aparece en el calendario y nuestro socio y compañero Paco hace su particular homenaje a las Trece Rosas y a todas las víctimas del fascismo, poniendo música a la carta de Julia Conesa.
Una juez obliga a Barberá a retirar el título de alcalde honorífico a Franco
Franco continúa en el cuadro de honores del Ayuntamiento de Valencia. Pero por poco tiempo. Un juzgado obligó este martes a la alcaldesa, Rita Barberá, del PP, a retirar oficialmente al dictador el título de alcalde honorario de la ciudad, algo a lo que la regidora se negó en dos plenos municipales en los que los socialistas primero, y Compromís después, le pidieron que aplicara la Ley de la Memoria Histórica.
En ambos plenos, el equipo de gobierno del PP alegó que no era necesario eliminar la distinción porque Franco murió hace muchos años. La titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 5 de Valencia no acepta este argumento y estima el recurso que presentó el grupo municipal de Compromís contra el acuerdo del pleno del 29 de julio de 2011 que rechazó su moción para cancelar los honores a Franco. La sentencia anula aquella decisión y ordena al Consistorio “llevar a cabo las actuaciones necesarias para retirar el título de alcalde honorario de la ciudad de Valencia al general Francisco Franco”.
“En Compromís estamos muy contentos porque ya era hora de que Valencia no tuviera que padecer esta democracia tan ligada a la dictadura”, destacó el portavoz del grupo municipal, Joan Ribó, tras conocer el fallo.
El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, resaltó que el grupo municipal del PP solo se opuso a retirar el título porque entendía que “con la muerte del dictador se extinguía totalmente su personalidad civil y el derecho honorífico que se le concedió”. No obstante, el Ayuntamiento no recurrirá y “procederá a cumplir la sentencia en los términos que se indiquen, sin más”.
La juez señala que la Carta Magna busca “una sociedad democrática avanzada”
“Me da la sensación de que no quieren levantar polvareda sobre la sentencia porque no les conviene”, replicó Ribó, y añadió: “Espero que hayamos contribuido a limpiar las costras dictatoriales que aún posee este Ayuntamiento”.
A la alcaldesa no le gustó nunca la Ley de la Memoria Histórica. En su opinión, es una norma que abre heridas y divide al país. Su postura quedó patente en la polémica en torno a los nichos que iban a construirse sobre fosas comunes del cementerio de Valencia en las que el Fòrum per la Memòria defendía que estaban enterradas víctimas del franquismo. También en su rechazo a analizar la retirada de símbolos franquistas de fachadas públicas de la ciudad y en eliminar los honores municipales a Franco, como sí hicieron otros alcaldes del PP, entre ellos, la de Alicante, Sonia Castedo. Al final, una juez obligará a borrar al general del libro de honor municipal porque mantenerlo resulta “incompatible” con la Constitución y contrario a la Ley de la Memoria Histórica.
En el pleno de marzo de 2009, los socialistas lanzaron el primer intento de que se revocara el título de alcalde honorario concedido a Franco por el Consistorio en mayo de 1939. “Su preocupación es retirar el nombramiento honorífico a un cadáver de hace casi 35 años”, alegó entonces el vicealcalde Grau, que consideró “extinguido” el título por la muerte del dictador. El concejal socialista Juan Soto, ahora diputado autonómico, pidió sin éxito a Barberá que aprobara la moción “por convicción democrática”.
Compromís vio rechazada su petición en otro pleno dos años después con los mismos argumentos y el portavoz, Joan Ribó, decidió llevar el asunto a los juzgados. En su recurso, resaltó que mantener el cargo honorífico “a favor del máximo responsable de la sublevación militar y posterior dictadura atenta claramente contra el ordenamiento jurídico”.
PSPV y Compromís pidieron sin éxito la retirada del título al dictador
Antes de entrar en el fondo de la materia, la juez María Amparo Ivars rechaza la petición del Ayuntamiento de que no admita el recurso de Compromís por ser “una moción de impulso y orientación política”. También rechaza desestimarlo por “carecer de objeto” al haber muerto Franco, según alegó el Consistorio.
La magistrada considera aplicable al caso la Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007, y concretamente el artículo que se refiere a la retirada de escudos, insignias, placas o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar contra la República, la Guerra Civil y la posterior represión. La sentencia considera que la retirada del título a Franco “ha de ser incardinada en los supuestos” antes mencionados, “por cuanto que quien ostenta aquel título no accedió a la jefatura del Estado por las vías democráticas”.
Además, subraya que el mantenimiento de la mención honorífica al dictador “resulta incompatible” con la Constitución, que expresa en su preámbulo la voluntad de “establecer una sociedad democrática avanzada”. El rechazo del grupo municipal del PP también resulta incompatible con el artículo de la Carta Magna en el que se fija que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, recuerda el fallo. Por todo ello, la magistrada admite el recurso de Compromís y anula el acuerdo que impidió suprimir el cargo honorífico al general Franco.
El vicealcalde, Alfonso Grau, tras anunciar que no se recurrirá el fallo, insistió en que “la única razón” para no haber aceptado las propuestas de la oposición “fue que tanto el Ayuntamiento como el Consejo Jurídico Consultivo entendían que con la muerte del dictador se extinguía totalmente la personalidad civil y el derecho honorífico que se le concedió y, por tanto, no cabía suprimir dicho título”. La juez recuerda que se dan títulos honoríficos a personajes fallecidos, y que la ley no impide retirarlos. “El PP ha hecho el ridículo más espantoso”, sentenció Joan Ribó.
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