Piden al Defensor del Pueblo Andaluz que haga un llamamiento a la colaboración de los ayuntamientos, y otras instituciones públicas, para documentar, ante Garzón, las victimas del franquismo.
En el día de hoy se ha celebrado una reunión, en la sede del Defensor del Pueblo Andaluz, entre su responsable José Chamizo y su adjunto Luis Pizarro, con Cecilio Gordillo, Coordinador de “RMHSA” de CGT.A a petición de este último.
En la reunión se le ha trasladado al Defensor la escasa –casi nula- colaboración de las corporaciones locales de Andalucía y Junta de Andalucía, a fin de suministrar información al titular del juzgado nº de 5 de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ya sea por iniciativa propia o suministrando documentación a las entidades denunciantes o personadas, todo ello a pesar de ser invitadas para hacerlo, todo bajo el argumento de que “...nosotros no hemos recibido ninguna notificación del juez para remitir información/documentación sobre el asunto”.
Asimismo se le ha trasladado que haga gestiones directas con los Ayuntamientos de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, así como con el rector de la Universidad de Granada para que recojan la información que los familiares de los fusilados en dichas localidades y provincia (caso del Rector) desean sean remitidas a Garzón, ya que personalmente no pueden hacerlo, al no estar personadas y no tener garantías de que las cartas remitidas directamente a la Audiencia sean tenidas en cuenta y añadidas a la documentación que está siendo remitida por las organizaciones personadas y que en estos días se encuentran desbordadas.
Para “RMHSA” de CGT.A “...es fundamental que no se quede, ningún ciudadano, sin la posibilidad de que un familiar –fusilado/desaparecido- suyo no figure en los listados de víctimas de la dictadura”.
En este sentido ya se viene recomendando -por las entidades andaluzas personadas (AMHyJA y CGT)- a los vecinos y/o naturales, o de aquellos que fueron fusilados en los municipios de Sevilla, Granada y Córdoba entreguen los datos a los alcaldes de dichas ciudades, pues entre otras razones, ellos tienen esas responsabilidad y están requeridos por el Juez Garzón para ello, además de que tienen más medios técnicos y recursos humanos para hacerse cargo, y tramitar, dichos datos.
En el día de hoy se ha celebrado una reunión, en la sede del Defensor del Pueblo Andaluz, entre su responsable José Chamizo y su adjunto Luis Pizarro, con Cecilio Gordillo, Coordinador de “RMHSA” de CGT.A a petición de este último.
En la reunión se le ha trasladado al Defensor la escasa –casi nula- colaboración de las corporaciones locales de Andalucía y Junta de Andalucía, a fin de suministrar información al titular del juzgado nº de 5 de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ya sea por iniciativa propia o suministrando documentación a las entidades denunciantes o personadas, todo ello a pesar de ser invitadas para hacerlo, todo bajo el argumento de que “...nosotros no hemos recibido ninguna notificación del juez para remitir información/documentación sobre el asunto”.
Asimismo se le ha trasladado que haga gestiones directas con los Ayuntamientos de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, así como con el rector de la Universidad de Granada para que recojan la información que los familiares de los fusilados en dichas localidades y provincia (caso del Rector) desean sean remitidas a Garzón, ya que personalmente no pueden hacerlo, al no estar personadas y no tener garantías de que las cartas remitidas directamente a la Audiencia sean tenidas en cuenta y añadidas a la documentación que está siendo remitida por las organizaciones personadas y que en estos días se encuentran desbordadas.
Para “RMHSA” de CGT.A “...es fundamental que no se quede, ningún ciudadano, sin la posibilidad de que un familiar –fusilado/desaparecido- suyo no figure en los listados de víctimas de la dictadura”.
En este sentido ya se viene recomendando -por las entidades andaluzas personadas (AMHyJA y CGT)- a los vecinos y/o naturales, o de aquellos que fueron fusilados en los municipios de Sevilla, Granada y Córdoba entreguen los datos a los alcaldes de dichas ciudades, pues entre otras razones, ellos tienen esas responsabilidad y están requeridos por el Juez Garzón para ello, además de que tienen más medios técnicos y recursos humanos para hacerse cargo, y tramitar, dichos datos.
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