Carta enviada para su difusión, por Cecilio Gordillo:
No es la “derechona”, son los que gobiernan en Andalucía los que desde hace años vienen jugando, cuando no “entreteniendo” a las víctimas –familiares de los asesinados / fusilados- por el franquismo cuando plantean la ne-cesidad, de una vez por todas, de me-terle mano, de verdad, justa y responsablemente al tema de las fosas comunes. No se habla aquí de actitudes personales, ni tampoco de Castilla-León (donde más exhumaciones se han realizado en los últimos años), hablamos de Andalucía.
El Gobierno Andaluz ha colaborado, por inacción, para que se vuelvan a “enterrar” los restos de los fusilados en la Puebla de Cazalla (exhumación parcial financiada por el Gobierno Central). Algo inaudito –por utilizar un término flojo- que dudamos que otros gobiernos (locales o autonómicos) se atrevieran sin que ello provocara una reacción social o política. ¿Hasta donde controlan los movimientos sociales?.
Las “fosas comunes” del franquismo, que en un principio (año 2003) iba a ser uno de los argumentos fundamentales en la política progresista -en materia de memoria histórica- que se ponía en marcha en España, desde Andalucía, se quedó paralizada a raíz de la primera actuación (El Bosque 2004), propiciada por la intervención de los familiares (se arrojaron a la fosa y paralizó –de hecho- la expoliación prevista por el Ayuntamiento para la construcción de nuevos nichos. Ver documental “señalados” de Pau Savall) lo que provocó que una política, Bibiana Aido, entonces Delegada de Cultura en Cádiz y hoy Ministra de Igualdad, mandara a los funcionarios –arqueólogos- a trabajar, aunque no llegaron a terminar su trabajo, sino a resolver el problema del Ayuntamiento. ¿Realizaron el informe de la exhumación?, ¿Se ha enviado –si lo realizaron- al juez Garzón?. Costó un año de trabajo reanudar, hasta terminar, la exhumación de la fosa común.
Después de aquello, solo una excepción –muy especial, en todos los sentidos, también en el político: la firma de un convenio de colaboración con el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Málaga para comenzar las tareas de exhumación del Cementerio de San Rafael en dicha ciudad. Actuación que aún continua dada las dimensiones.
Al margen de esto, el apoyo “personal” y simbólico a actuaciones en Guillena (buscando al Concejal Botella), o simplemente “las declaraciones y compromisos públicos” de los Comisarios (dos por ahora y dimitidos a causa de su cambio de actitud en el tema de las fosas comunes, tras escuchar a las familias) en Zalamea la Real, La Palma de Condado, Aguilar de la Frontera, Puebla de Cazalla, El Marrufo, Grazalema .... han puesto sobre la mesa hasta que punto los gobernantes de la Junta están dispuesto a intervenir. Y eso sin entrar a analizar, con todo lo que lo rodea, el caso de Orgiva.
Tampoco –aunque sería necesario el análisis- vamos a entrar en el tema de los mapas de fosas, y como se han elaborado. Lo que sí ha conseguido la Junta es tener a las asociaciones y colaboradores durante dos años pateándose los pueblos y dedicándole cientos de horas de reuniones, para que en estos momentos no se sepa que se va a hacer con esa información, aparte de ocupar algún titular en los medios de comunicación, y un cajón en algún despacho oficial.
Entendemos que ya es hora de presentarse, físicamente, y acompañados por “nuestros muertos” ante el Presidente de la Junta exigiéndole intervenciones inmediatas, al menos, para hacer realidad la exhumación de las fosas donde existen compromisos adquiridos y una “garantía jurídica” que proteja aquellas que se encuentran en cementerios o fuera de ellos.
Cecilio Gordillo, Coordinador “RMHSA” de CGT.A
Alcalde Isacio Contreras 2b. Local 8 * 41003 Sevilla.spcgta@cgt.es
No es la “derechona”, son los que gobiernan en Andalucía los que desde hace años vienen jugando, cuando no “entreteniendo” a las víctimas –familiares de los asesinados / fusilados- por el franquismo cuando plantean la ne-cesidad, de una vez por todas, de me-terle mano, de verdad, justa y responsablemente al tema de las fosas comunes. No se habla aquí de actitudes personales, ni tampoco de Castilla-León (donde más exhumaciones se han realizado en los últimos años), hablamos de Andalucía.
El Gobierno Andaluz ha colaborado, por inacción, para que se vuelvan a “enterrar” los restos de los fusilados en la Puebla de Cazalla (exhumación parcial financiada por el Gobierno Central). Algo inaudito –por utilizar un término flojo- que dudamos que otros gobiernos (locales o autonómicos) se atrevieran sin que ello provocara una reacción social o política. ¿Hasta donde controlan los movimientos sociales?.
Las “fosas comunes” del franquismo, que en un principio (año 2003) iba a ser uno de los argumentos fundamentales en la política progresista -en materia de memoria histórica- que se ponía en marcha en España, desde Andalucía, se quedó paralizada a raíz de la primera actuación (El Bosque 2004), propiciada por la intervención de los familiares (se arrojaron a la fosa y paralizó –de hecho- la expoliación prevista por el Ayuntamiento para la construcción de nuevos nichos. Ver documental “señalados” de Pau Savall) lo que provocó que una política, Bibiana Aido, entonces Delegada de Cultura en Cádiz y hoy Ministra de Igualdad, mandara a los funcionarios –arqueólogos- a trabajar, aunque no llegaron a terminar su trabajo, sino a resolver el problema del Ayuntamiento. ¿Realizaron el informe de la exhumación?, ¿Se ha enviado –si lo realizaron- al juez Garzón?. Costó un año de trabajo reanudar, hasta terminar, la exhumación de la fosa común.
Después de aquello, solo una excepción –muy especial, en todos los sentidos, también en el político: la firma de un convenio de colaboración con el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Málaga para comenzar las tareas de exhumación del Cementerio de San Rafael en dicha ciudad. Actuación que aún continua dada las dimensiones.
Al margen de esto, el apoyo “personal” y simbólico a actuaciones en Guillena (buscando al Concejal Botella), o simplemente “las declaraciones y compromisos públicos” de los Comisarios (dos por ahora y dimitidos a causa de su cambio de actitud en el tema de las fosas comunes, tras escuchar a las familias) en Zalamea la Real, La Palma de Condado, Aguilar de la Frontera, Puebla de Cazalla, El Marrufo, Grazalema .... han puesto sobre la mesa hasta que punto los gobernantes de la Junta están dispuesto a intervenir. Y eso sin entrar a analizar, con todo lo que lo rodea, el caso de Orgiva.
Tampoco –aunque sería necesario el análisis- vamos a entrar en el tema de los mapas de fosas, y como se han elaborado. Lo que sí ha conseguido la Junta es tener a las asociaciones y colaboradores durante dos años pateándose los pueblos y dedicándole cientos de horas de reuniones, para que en estos momentos no se sepa que se va a hacer con esa información, aparte de ocupar algún titular en los medios de comunicación, y un cajón en algún despacho oficial.
Entendemos que ya es hora de presentarse, físicamente, y acompañados por “nuestros muertos” ante el Presidente de la Junta exigiéndole intervenciones inmediatas, al menos, para hacer realidad la exhumación de las fosas donde existen compromisos adquiridos y una “garantía jurídica” que proteja aquellas que se encuentran en cementerios o fuera de ellos.
Cecilio Gordillo, Coordinador “RMHSA” de CGT.A
Alcalde Isacio Contreras 2b. Local 8 * 41003 Sevilla.spcgta@cgt.es
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