El ‘caso Gerardo Rivas’ o la sombra del franquismo

Artículo Extraído de Memoria Pública

Francisco Espinosa Maestre
Historiador

Foto cedida por Francisco Espinosa

Fue en un artículo publicado el año pasado en El Plural cuando Gerardo Rivas, periodista y economista, recordando el juicio contra el juez Garzón, se refirió de pasada a Falange como una organización “con un amplio historial de crímenes contra la humanidad”. La reacción de Falange Española de las JONS no tardó en llegar, de modo que, tras un fallido acto de conciliación, FE-JONS presentó una querella en enero de 2013. Contra toda previsión esta fue aceptada a trámite por la magistrada-juez del Jugado nº 37 de Madrid, Purificación Elisa Romero Paredes. Los procuradores que representan a la organización falangista son Pablo Domínguez Maestro y Jorge Garrido San Román.

Google nos permite saber que la juez Romero Paredes fue la que en abril de 1997 desestimó la querella de SOS Racismo –antes lo habían denunciado sus propios alumnos– y justificó las palabras del profesor de Psicología de la Universidad Complutense Guillermo Quintana, quien había llegado a escribir en la obra que se utilizaba como libro de texto que los negros, los orientales y las mujeres son seres inferiores.

En cuanto a los procuradores, de Pablo Domínguez Maestro sabemos que representó a FE-JONS en la querella por prevaricación que esta presentó contra el juez Garzón en 2009, y de Jorge Garrido San Román es la propia Wikipedia la que nos informa de que, además de ser militar en excedencia y abogado, preside desde 2008 el sindicato nacionalsindicalista Unión Nacional de Trabajadores y es vicesecretario general de FE-JONS.

Los querellantes solicitan el pago de 15.000 euros, la divulgación de la sentencia y que Rivas cargue con las costas. En la querella se lee que este publicó la frase antes aludida “con temerario desprecio hacia la verdad” y “con la intención de menospreciar y menoscabar públicamente la fama y el honor de dicha organización política, ya que el autor no aporta ni hace referencia a ningún hecho concreto ni a ninguna sentencia judicial condenatoria de FE-JONS por ninguno de los hechos criminales aludidos que pudieran avalar sus temerarias y graves afirmaciones gratuitas”.

Y sigue: “… imputar a FE-JONS un amplio historial de crímenes contra la humanidad constituye una afirmación indudablemente injuriosa como mínimo, pues hace desmerecer a su destinatario de la consideración ajena al hacerlo pasar directamente (ella misma pues y no alguno de sus miembros –aunque aunque tampoco haya sido condenado jamás por ninguno de esos presuntos crímenes), por una organización criminal que ha causado directamente crímenes contra la humanidad”.

Por lo demás, los querellantes afirman que la libertad de expresión “no puede acoger ningún motivo o excusa que justificara el escarnio, la humillación y la denigración de FE-JONS que hizo el querellado”.

Resulta sorprendente leer a estas alturas afirmaciones como estas y carece de sentido alguno que la juez haya aceptado a trámite una querella semejante. Me explico. Hace ya varias décadas que la investigación histórica ha expuesto rigurosamente el papel jugado por Falange en el golpe militar de julio de 1936. Hay decenas de libros que lo explican con detalle. Estas investigaciones a pie de archivo nos han enseñado que Falange formó parte importante de la estructura represiva que segó miles de vidas en las regiones donde triunfó el golpe militar. En este sentido, ya que contamos con abundantes y variadas pruebas, no es temerario ni gratuito hablar del “historial de crímenes” de un partido que se reconocía fascista y que acató disciplinadamente las exigencias de la gran tarea.

Dicen los querellantes que no existe “ninguna sentencia judicial condenatoria de FE-JONS por ninguno de los hechos criminales aludidos” y que “jamás” ninguno de sus miembros ha sido condenado por esos “presuntos crímenes”. Se equivocan. A pesar de que lo lógico es que no las hubiera –¿cómo iban a juzgar los golpistas a los componentes del principal grupo paramilitar que estaba a su servicio?–, existen sentencias contra falangistas por hechos criminales. La causa es simple: los falangistas constituían el principal brazo ejecutor de los designios de los militares y de los sectores que propiciaron la sublevación. Tenían permiso para asesinar a quienes se les indicaba y a su vez formaban parte de la cúpula decisora. Sin embargo, fueron las extralimitaciones las que los llevaron en ocasiones ante un consejo de guerra y las que incluso acabaron con alguno en el paredón.

La historiografía es amplia. El acceso a los archivos judiciales militares, antiguas Auditorías de Guerra, nos ha permitido conocer numerosos expedientes relativos a falangistas por asesinatos, violaciones, robos, desfalcos y delitos de todo tipo. Los sumarios están a disposición de quien quiera verlos y los historiadores llevamos ya más de una década utilizándolos en nuestros trabajos. La huella de violencia que fue dejando Falange cabe seguirla en Andalucía, Extremadura, Castilla-León, Galicia, etc. Se trata del mapa de la España en la que triunfa el golpe militar y donde Falange se convierte en el rostro visible del “movimiento depurador”. Estas historias terribles no son ya cuestión de opiniones, sino hechos probados de los que nos informa hasta en sus detalles más escabrosos la propia documentación generada por los vencedores.

Me refería antes al hecho insólito de que la juez haya aceptado a trámite la querella. Tiene su explicación. Importantes sectores del mundo político y judicial no aceptan en modo alguno que el franquismo pueda ser enjuiciado y sus víctimas reconocidas plenamente y recompensadas. La defenestración del juez Garzón muestra hasta dónde han sido capaces de llegar para que todo siga en su sitio. Pero si puede caer un juez de la Audiencia Nacional, ¿por qué no ir contra un periodista? Es cuestión de probar. Las posibilidades son amplias.

Cuesta trabajo creer que un hecho como este ocurra treinta y cinco años después de la aprobación de la Constitución. Si un grupo de extrema derecha, asociado al golpe y a la dictadura, presenta una querella contra un periodista que dice algo ya establecido por la historia y hay una juez que la acepta a trámite, es que algo falla. Lo cierto es que el 25 de este mes tendrá lugar el juicio contra Gerardo Rivas. ¿Será posible poner fin a este despropósito?

*Artículo publicado originariamente en todoslosnombres.org