El
magistrado tomará declaración este jueves a las 10 horas, junto a la
jueza argentina María Servini, a dos mujeres represaliadas por la dictadura.
Andreu también está realizando gestiones para que la jueza pueda visitar la
antigua Dirección General de Seguridad
ALEJANDRO
TORRÚS Madrid 27/05/2014 15:49 Actualizado: 27/05/2014 19:37
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La jueza argentina María Servini de
Cubría y los abogados de la querella argentina han encontrado un aliado
inesperado dentro de la Audiencia Nacional: el juez Fernando Andreu. El
magistrado ha rescatado de los juzgados de Plaza Castilla la comisión rogatoria
de la jueza argentina en la que solicitaba tomar declaración a dos víctimas de
la dictadura y ha citado a declarar a estas
dos mujeres en la
propia sede de la Audiencia Nacional este jueves a las 10 horas de la mañana,
según han informado a Público fuentes judiciales. Junto
a Andreu estará la juez María Servini de Cubría que podrá intervenir y, por
tanto, tomar declaración a las dos víctimas.
"Lo más probable es que la
declaración la tome el juez Andreu en presencia de la juez María Servini que
tendrá derecho a intervenir y a preguntar lo que considere
pertinente", han señalado a este medio fuentes judiciales, que afirman que
este movimiento de Andreu es "importantísimo" para la querella
argentina porque significa que la cúpula de la Audiencia Nacional
"asume" la obligación de la Justicia española de colaborar con la
Justicia Universal.
La jueza
Servini visitará el edificio de la DGS, donde está ahora la Comunidad de Madrid
Asimismo, el juez Andreu también ha
iniciado gestiones para que la jueza María Servini, que llega esta misma
tarde de martes a Madrid, pueda visitar el Archivo Histórico Nacional y
la Dirección
General de Seguridad(DGS), actual palacio de Gobierno de la Comunidad de Madrid y centro de
detención y tortura durante la dictadura franquista. Así, según ha podido
saber Público, la visita al Archivo Histórico Nacional está ya
confirmada con la directora del Archivo y en las próximas horas se tratará de
cerrar la cita en la DGS.
El movimiento del juez Andreu
muestra el apoyo del magistrado a la Justicia Universal, en general, y a la
querella argentina, en particular. Suya ha sido la decisión de rescatar la
comisión rogatoria enviada por jueza argentina de los juzgados de Plaza de
Castilla para elevar esta toma de declaración a una instancia superior como es
la Audiencia Nacional. Cabe recordar que el magistrado Andreu se ha mostrado
muy crítico con la reforma de la Justicia Universal del Gobierno de Mariano
Rajoy, que
fue calificadapor el juez como "chapucera".
Rescate del
requerimiento
La jueza argentina María Servini había
enviado al Ministerio de Justicia una serie de comisiones rogatorias en las
que solicitaba el auxilio de jueces españoles para la toma de declaración
de víctimas de la dictadura franquista, en virtud del Tratado de Extradición y
Asistencia Judicial en materia penal entre el Reino de España y la República
Argentina. Estas comisiones rogatorias fueron trasladadas a los jueces decanos
de cada ciudad donde la jueza tenía intención de tomar declaraciones o recabar
documentos que considera relevantes para su investigación.
Una vez en manos del juez decano,
estas comisiones fueron trasladadas al juzgado de turno o a aquel que tuviera
una causa abierta por los crímenes de la dictadura franquista, que debían
decidir si aceptaban o denegaban la petición de Servini y colaborar o no con la
Justicia argentina. En este caso, según ha podido saber Público,
las comisiones rogatorias enviadas por la jueza para la toma de declaraciones
en Madrid se encontraban paralizadas en el juzgado de instrucción número 17
de Plaza Castilla.
Sin embargo, tras tener conocimiento
de este hecho, el juez Andreu ha decidido elevar la comisión
rogatoria a la Audiencia Nacional y auxiliar él mismo a la jueza argentina
evitando, de esta manera, que los planes de la jueza puedan verse frustrados
como ya ocurrió en Miranda del Ebro, con la entrevista al miliciano Félix
Padín, y en Málaga, con la visita
almonolito homenaje a las víctimas del franquismo ubicado en elcementerio de
San Rafael.
Dos víctimas
nonagenarias
Las dos personas citadas a declarar
para este jueves son, tal y como adelantó Público, Faustina Romeral Cervantes, de 90
años, y Teresa Álvarez Alonso, de 93 años. En este sentido, fuentes judiciales
han señalado a Público que el único extremo que falta por confirmar es si estas
mujeres podrán trasladarse a la Audiencia Nacional dado su elevada edad.
Faustina Romeral relatará a la jueza, entre otros cosas, el fusilamiento de su
padre en noviembre de 1939 y los seis años que ella misma pasó en la cárcel
como enlace del PCE en Madrid. Por otro lado, Teresa Álvarez podrá contar a la
Justicia la tragedia de su familia. Su abuelo fue fusilado, su padre estuvo
encarcelado y se quedó sordo tras las torturas recibidos y un hermano suyo
desaparecería para siempre tras ser detenido por las autoridades franquistas
habiendo testigos que señalan que fue fusilado.
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