Extraido de la Voz de Marchena
Dignidad y Memoria celebra el rapapolvo de la ONU al Estado Español por no investigar crímenes del franquismo
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Durante el pasado otoño, colectivos de recuperación de dignidad y memoria histórica de toda España, entre ellas la de Marchena se reunieron con delegación de la ONU que ha estudiado la situación actual en la que se encuentran estos cientos de miles de casos. El relator de las Naciones Unidas, Pablo de Greiff, lo tienen claro y ha pedido al Gobierno español en sus conclusiones provisionales que "abandone la excusa de que resarcir a las víctimas del franquismo reabre heridas", considerando "especialmente sorprendente que no se haya hecho más en favor de los derechos de las víctimas" y recomendando la colaboración de la justicia con los procedimientos judiciales que se siguen en el exterior. (Antonio Narváez sostiene en primer plano las imágenes de Enrique Narváez, su padre y Concha Hernández, su madre, víctimas del Golpe en Marchen. Imagen de www.eldiario.es).
Las asociaciones de recuperación de la memoria y dignidad de toda España, entre las que las de Marchena ha asumido un activo papel en la reunión que tuvo lugar en Sevilla, entre otras muchas a lo largo del país, han calificado de "bochornoso" el espectáculo del Gobierno en todo lo concerniente a la materia, y más aún después del concluyente informe de conclusiones provisionales del relator de las Naciones Unidas, como se refleja en www.eldiario.es.
El caso es que ahora estas conclusiones no las está realizando un 'radical de izquierda' como está de moda decir en los medios de comunicación 'centristas' de este país ni 'un rojo', sino que provienen de un observador internacional de un organismo de reconocido prestigio a nivel mundial.
Es cierto que son informes que el Gobierno central actual y los venideros, podrán asumir o no, conclusiones que podrán atender o desatender, si bien el rapapolvo del relator al Gobierno es de magnitudes más que constatables, como se aprecia en prensa nacional estos días, y también en la internacional, justo precisamente después de que la justicia española se haya negado a extraditar a argentina al acusado de múltiples torturas, Billy El Niño, caso en el que el propio relator ha manifestado que se ha de juzgar en España si nuestro Estado no decide extraditarlo, afirmando en todo caso que no es la actuación más oportuna limitarse a decidir sobre ello y solicitando la colaboración con las actuaciones que se lleven a cabo en el exterior.
Pablo de Greiff ha criticado al Estado español por no enjuiciar ni investigar los graves crímenes de la Guerra Civil y la Dictadura en un contexto que no implicaría riesgos para nuestro sistema democrático y ha solicitado la derogación de la Ley de Amnistía del 77, que no es una ley de punto y final tal y como se ha utilizado hasta el momento para que muchos casos queden en el archivo. Es más, muchos de ellos los considera de naturaleza "crímenes de lesa humanidad", incluyendo torturas no catalogadas así hasta la fecha, por lo cual son "imprescriptibles", en contra así del criterio de prescripción de la Fiscalía española en numerosos casos.
Las conclusiones provisionales son tajantes por cuanto señalan que no ha existido ni existe una "política de Estado" que defienda los derechos de las víctimas más allá de criterios partidistas o políticos.
Asimismo, el relator de la ONU ha profundizado en temas como su solicitud de que se amplíe la ley de memoria histórica, obstaculizada y paralizada en los últimos años tal y como han denunciado las asociaciones de recuperación y dignificación, abarcando aspectos como trabajos forzados, robos de bebé, muertes en bombardeos o distintas formas de represión a las mujeres, que no se incluyen en la ley aprobada hace varios años en nuestro país.
De Greiff expresa el impacto que le ha producido el Valle de los Caídos y que se hiciera con trabajo forzado de presos, recomendando que así se indique en el acceso al monumento de los héroes del franquismo y señala también la "ambigüedad" con la que la Guerra Civil se ha enseñado en las aulas educativas de colegios e institutos españoles.
Desde las asociaciones memorialistas se declara que el informe merece "todos los respetos", se cataloga de "digno" y realizado a partir de ponerse en el lugar de las víctimas por parte del relator de la ONU y se ve como una esperanza futura para que se descubra la verdad.
Mientras tanto, Carlos Slepoy, abogado de la querella argentina contra el franquismo, insiste en que España "nunca" quiso investigar los crímenes del franquismo amparándose en la Ley "de punto y final" de Aministía de 1977 y se pregunta que después de esta crítica "demoledora" del relator de la ONU a la actuación española en este importante episodio de nuestra historia, "¿hasta cuándo la administración de justicia española seguirá protegiendo a los criminales y humillando a las víctimas? ¿Hasta cuándo se mantendrá esta monstruosidad humana y jurídica?".
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