Sugiere un acercamiento entre el Gobierno y las asociaciones de víctimas, restablecer y aumentar los recursos dedicados a la memoria histórica, anular todas las sentencias de tribunales creados durante la guerra civil y prevenir que la ley de amnistía obstaculice todas las investigaciones
El relator especial de la ONU, Pablo de Greiff.EFE
La visita de diez días del relator especial de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de los crímenes del franquismo ha concluido esta tarde en Madrid después de un viaje en el que el relator ha visitado las comunidades autónomas de Galicia, Andalucía y Catalunya.
Aunque los resultados de su informe no se verán hasta principios de septiembre, el relator ha querido hacer unas recomendaciones preliminares. Entre ellas, de Greiff ha querido destacar la “inmensa distancia” que ha visto que existe entre las asociaciones de víctimas del franquismo y el Estado español y ha querido, además de promover un acercamiento, advertir de “la necesidad de una verdadera política de Estado que no dependa del vaivén de resultados electorales, porque la cuestión que aquí se trata es una cuestión de Derecho, no de política”, ha manifestado.
El relator ha remitido sus recomendaciones a los campos que ocupa su trabajo e investigación, a saber: La verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición. Ha agradecido al Gobierno español por su colaboración y por el respeto en todo momento a su independencia y también a todas las instituciones públicas y asociaciones de víctimas con las que se ha entrevistado.
En su discurso, ha comenzado por alabar los esfuerzos democráticos de la transición como un paso importante en las garantías de no repetición. Ha expresado que, en su experiencia, la mayor garantía es la fortaleza de la democracia en sí misma y que “España es un país con instituciones fuertes y con una democracia consolidada, lo cual es uno de los logros insignes de la Transición”. Asimismo, ha querido resaltar particularmente el positivo proceso de transformación institucional de las Fuerzas Armadas, dado que la mayor parte de estos procesos “ocurren bajo la sombra de la amenaza de un quiebre propugnado por fuerzas militares”.
Sin embargo, no ha podido olvidar mencionar que las garantías de reparación y no repetición se ven comprometidas todavía con la cantidad de símbolos franquistas recogidos en monumentos, calles y plazas que, a sus ojos, suponen un motivo de "indignación profunda". Caso aparte, ha querido hacer mención al Valle de los Caídos, el cual ha dicho “constituye una exaltación en si mismo del franquismo”. De este mausoleo, De Greiff ha insistido en la necesidad de la contextualización y de la implementación de técnicas pedagógicas en favor de la promoción de la verdad y la memoria histórica con función preventiva, siguiendo el mismo camino que otras naciones con pasados de dictaduras militares han recorrido antes.
Ha urgido al Gobierno a restablecer y aumentar los recursos que se dedican a la reparaciónde víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y a seguir las iniciativas de algunas asociaciones que piden dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1977. Asimismo, ha recomendado que se agilice e incentive la colaboración de la justicia española con procesos judiciales en el extranjero, en alusión a la querella argentina. Ha pedido que se evalúe “rigurosamente” la implementación de la Ley de Memoria Histórica y que se establezcan canales de comunicación entre las autoridades competentes, archivos, historiadores y víctimas para trabajar mejor con una información ingente que “no es completa, está sumamente dispersa, y en la que se han utilizado metodologías diferentes para su estudio”.
Sobre la cuestión de la apertura de las 2.382 fosas localizadas, ha celebrado los esfuerzos de las diferentes asociaciones que trabajan sobre el tema pero ha recomendado que se revise el modelo actual en el cual el Estado es quien delega en esas asociaciones y particulares la responsabilidad de las exhumaciones, un modelo que en su opinión “facilita la indiferencia de las instituciones” y genera la “renuencia del Estado de asumir su responsabilidad sobre este tema”.
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