Para DIME/ CONTAMINAME.ORGEl magistrado del Tribunal Supremo Martín Pallín asegura que la Ley de Amnistía del 77 representó para muchos su “ley de punto final”
La ley consagró la impunidad para las élites franquistas, según Emilio Silva
El fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín aseguró ayer “esto sí que para muchos es una ley de punto final”, al analizar la Ley de Amnistía durante su participación en la mesa redonda Justicia y Derechos Humanos en transición, la segunda mesa redonda prevista en el programa del Encuentro Iberoamericano de Derechos Humanos y Ciudadanía Memorias en Transición, que se celebra en el Círculo de Bellas Artes de Madrid hasta este jueves.
La reflexión de Martín Pallín sobre la transición a la democracia en España se basó en un análisis de la Ley 46 de 1977 de Amnistía, que, según el magistrado, “se resiste a someterse a los designios e imperativos de la legislación internacional”, al haber suscrito España unos meses antes de redactar la ley el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que en su artículo 15.2 establece “nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”.
La ley de amnistía, por tanto, al favorecer a los responsables de delitos cometidos durante la dictadura, en la práctica establece un mecanismo de “autoamnistía” que este artículo prohíbe. Por otra parte, indicó el jurista, en el caso de que se pudiera discutir la interpretación del citado artículo, paralelamente, el Comité de Derechos de Naciones Unidas ha advertido “más de quince veces” que las autoamnistías no están contempladas, al tiempo que ha pedido a España al menos cuatro veces que derogue esta ley, la última de las veces hace aproximadamente un año
Por estos motivos, contrariamente a lo que se proclama, el Magistrado calificó la transición de “jurídicamente chapucera e insostenible en el ámbito del derecho internacional”; desde el punto de vista jurídico, mantener en vigor la ley de Amnistía es una posición “insostenible, absurda, incluso inconstitucional”, dijo.
Al abordar otros de los contenidos de la documento legal, el jurista recordó que el artículo segundo condena los delitos de rebelión y sedición, que en la historia reciente de España llevan a pensar en el golpe de Franco, ahora mismo amnistiado. De forma que, “cuando un juez dice que aquello fue delito contra una forma de gobierno en forma de rebelión o sedición, está diciendo lo que dice la ley de amnistía, y además tipificado como delito en los códigos de justicia militar, en los dos, el republicano y el franquista”.
De esta manera, lo que hicieron “las élites franquistas fue construir un periodo de protección de sus privilegios, y de construcción de la impunidad, que, al parecer fue muy bien construida, pues 34 años después, todavía persiste sin una grieta”, aseguró Emilio Silva, co-fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y coordinador de este encuentro.
La ley citada permitió, a juicio de Silva, la creación de dos impunidades: la política, “porque durante muchísimos años el Parlamento vivió ajeno a las violaciones de los derechos humanos en el franquisto”, y la jurídica, “un blindaje que puede hacer que quizás un juez de la Audiencia Nacional que trata de investigar esos hechos quizás se vea sentado en un banquillo para responder por una acusación de prevaricación que ha hecho un grupo de extrema derecha”, aseguró refiriéndose al juez Baltasar Garzón.
Preocupación por Garzón
En declaraciones previas al desarrollo del encuentro Memorias en transición, dos de los ponentes participantes, a demanda de Contamíname, han expresado su opinión sobre la situación que afecta al juez Garzón, referida por Emilio Silva. El filósofo experto en justicia transicional Pablo de Greiff indicó que “a nivel internacional, el juez Garzón, sobra decirlo, tiene un prestigio inmenso, en parte por su papel en el caso contra Pinochet, pero no sólo en ese caso y, por tanto, desde el punto de vista internacional, acciones que debilitan la posibilidad de que jueces como el juez Garzón utilicen los instrumentos a nivel nacional e internacional que están disponiendo para lograr el poco de justicia que en este campo normalmente se logra, son vistos con profunda preocupación”.
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos argentino, Eduardo Luis Duhalde, sin ánimo de “entrometerse en asuntos internos de otro país”, aseguró que “el juez Baltasar Garzón, sobre todo en América Latina, y en Argentina y Chile, es una figura emblemática que ha cumplido un papel fundamental en los momentos en que se negaba la justicia en nuestros países y debió apelarse a los principios de la justicia universal y, por ende, le diría que esto se ve con preocupación, con preocupación porque pensamos que este trabajo que Garzón ha realizado desde la Audiencia Nacional ha sido muy meritorio”.
Pie de foto: de Izquierda a derecha, Elbio Monteira, abogado uruguayo, José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo, Francisco Soberón, militante por los derechos humanos en Perú, y Emilio Silva, de la ARMH.
La ley consagró la impunidad para las élites franquistas, según Emilio Silva
El fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín aseguró ayer “esto sí que para muchos es una ley de punto final”, al analizar la Ley de Amnistía durante su participación en la mesa redonda Justicia y Derechos Humanos en transición, la segunda mesa redonda prevista en el programa del Encuentro Iberoamericano de Derechos Humanos y Ciudadanía Memorias en Transición, que se celebra en el Círculo de Bellas Artes de Madrid hasta este jueves.
La reflexión de Martín Pallín sobre la transición a la democracia en España se basó en un análisis de la Ley 46 de 1977 de Amnistía, que, según el magistrado, “se resiste a someterse a los designios e imperativos de la legislación internacional”, al haber suscrito España unos meses antes de redactar la ley el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que en su artículo 15.2 establece “nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional”.
La ley de amnistía, por tanto, al favorecer a los responsables de delitos cometidos durante la dictadura, en la práctica establece un mecanismo de “autoamnistía” que este artículo prohíbe. Por otra parte, indicó el jurista, en el caso de que se pudiera discutir la interpretación del citado artículo, paralelamente, el Comité de Derechos de Naciones Unidas ha advertido “más de quince veces” que las autoamnistías no están contempladas, al tiempo que ha pedido a España al menos cuatro veces que derogue esta ley, la última de las veces hace aproximadamente un año
Por estos motivos, contrariamente a lo que se proclama, el Magistrado calificó la transición de “jurídicamente chapucera e insostenible en el ámbito del derecho internacional”; desde el punto de vista jurídico, mantener en vigor la ley de Amnistía es una posición “insostenible, absurda, incluso inconstitucional”, dijo.
Al abordar otros de los contenidos de la documento legal, el jurista recordó que el artículo segundo condena los delitos de rebelión y sedición, que en la historia reciente de España llevan a pensar en el golpe de Franco, ahora mismo amnistiado. De forma que, “cuando un juez dice que aquello fue delito contra una forma de gobierno en forma de rebelión o sedición, está diciendo lo que dice la ley de amnistía, y además tipificado como delito en los códigos de justicia militar, en los dos, el republicano y el franquista”.
De esta manera, lo que hicieron “las élites franquistas fue construir un periodo de protección de sus privilegios, y de construcción de la impunidad, que, al parecer fue muy bien construida, pues 34 años después, todavía persiste sin una grieta”, aseguró Emilio Silva, co-fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y coordinador de este encuentro.
La ley citada permitió, a juicio de Silva, la creación de dos impunidades: la política, “porque durante muchísimos años el Parlamento vivió ajeno a las violaciones de los derechos humanos en el franquisto”, y la jurídica, “un blindaje que puede hacer que quizás un juez de la Audiencia Nacional que trata de investigar esos hechos quizás se vea sentado en un banquillo para responder por una acusación de prevaricación que ha hecho un grupo de extrema derecha”, aseguró refiriéndose al juez Baltasar Garzón.
Preocupación por Garzón
En declaraciones previas al desarrollo del encuentro Memorias en transición, dos de los ponentes participantes, a demanda de Contamíname, han expresado su opinión sobre la situación que afecta al juez Garzón, referida por Emilio Silva. El filósofo experto en justicia transicional Pablo de Greiff indicó que “a nivel internacional, el juez Garzón, sobra decirlo, tiene un prestigio inmenso, en parte por su papel en el caso contra Pinochet, pero no sólo en ese caso y, por tanto, desde el punto de vista internacional, acciones que debilitan la posibilidad de que jueces como el juez Garzón utilicen los instrumentos a nivel nacional e internacional que están disponiendo para lograr el poco de justicia que en este campo normalmente se logra, son vistos con profunda preocupación”.
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos argentino, Eduardo Luis Duhalde, sin ánimo de “entrometerse en asuntos internos de otro país”, aseguró que “el juez Baltasar Garzón, sobre todo en América Latina, y en Argentina y Chile, es una figura emblemática que ha cumplido un papel fundamental en los momentos en que se negaba la justicia en nuestros países y debió apelarse a los principios de la justicia universal y, por ende, le diría que esto se ve con preocupación, con preocupación porque pensamos que este trabajo que Garzón ha realizado desde la Audiencia Nacional ha sido muy meritorio”.
Pie de foto: de Izquierda a derecha, Elbio Monteira, abogado uruguayo, José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo, Francisco Soberón, militante por los derechos humanos en Perú, y Emilio Silva, de la ARMH.
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